SEMINARIO INTERNACIONAL
“
TRANSPARENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
Julio 14 de 2006 (Cartagena
de Indias – Bolívar)
Compatriotas:
Celebro muchísimo que este seminario internacional
por la transparencia, contra la corrupción,
se lleve adelante en Colombia, haya tenido como
sede la ciudad de Cartagena.
Agradezco a usted, doctor
Antonio Hernández
Gamarra, contralor general de la República,
la feliz iniciativa de que un seminario de esta
importancia tenga sede en la Patria colombiana.
¡Qué bueno que ustedes, distinguidos
contralores de tantos países, hayan tenido
la oportunidad de acompañarnos en Colombia
en virtud de este seminario!
Permítanme, con todo el respeto, desde
la óptica del Gobierno que presido, presentar
algunos elementos que creemos importantes en la
lucha por la transparencia.
En primer lugar, nuestros conceptos de Estado,
de sociedad.
Creo que América Latina no se puede anclar
en las luchas retóricas entre izquierda
y derecha, en las luchas retóricas entre
acusaciones de neoliberalismo y acusaciones de
burocratismo.
Por ejemplo, la vigencia
que tenía la división
entre izquierda y derecha en los años de
las dictaduras, es una vigencia que hoy ha desaparecido.
De Europa vino la doctrina
de lucha por la democracia en contra de las dictaduras,
que se recogió en
América Latina y que ubicó a los
luchadores latinoamericanos en la misma corriente
de izquierda de los luchadores democráticos
de Europa.
Superadas las dictaduras,
sometidos todos nuestros países a la regla de la democracia, esa
división empieza a ser polarizante. No cobra
actualidad y no tiene sentido práctico.
Polarizante, como ha querido
expresarse en recientes decisiones de la comunidad
latinoamericana. Está obsoleta,
no cobra actualidad.
Es muy difícil cuando, por ejemplo, se
terminan las campañas y los gobiernos inician
acción, comprometidos con la regla democrática,
clasificar a los unos de izquierda o de derecha
para polarizarlos.
He tenido la experiencia
de varios periodistas internacionales que me
dicen: “Presidente, ¿cómo
puede dirigir usted un gobierno de derecha en una
América Latina de izquierda?”.
Y he respondido con una
pregunta. Les he dicho: distinguidos periodistas, ¿díganme
por qué clasifican, por ejemplo, de izquierda
al gobierno del Presidente Lula, en el Brasil,
y de derecha al gobierno que yo presido en Colombia?
Y mis distinguidos interlocutores periodistas
han enmudecido.
El ejercicio del gobierno
en la democracia moderna obliga necesariamente
a borrar esas fronteras. ¿Y
por qué? Porque ese ejercicio obliga a la
construcción de una democracia moderna,
y esa democracia moderna tiene que equilibrar conceptos,
desarrollos prácticos que en algún
momento quisieron ser apropiados por la derecha
y otros por la izquierda.
Una democracia moderna requiere agruparlos, ponerlos
en buen balance, aplicarlos en equilibrio.
Por eso hemos estado proponiendo
a todos nuestros interlocutores de América Latina que dejemos
las divisiones polarizantes atrás, que pensemos
en una democracia moderna, caracterizada por la
Seguridad Democrática, el respeto a las
libertades públicas, la cohesión
social, el respeto a las instituciones independientes,
y con un elemento transversal: la transparencia.
Durante años se pensó que la seguridad
era un patrimonio de la derecha, y la lucha por
las libertades públicas y por la cohesión
social, un patrimonio de la izquierda. Hoy hay
que aceptar que van de la mano.
Felipe González, el ex presidente del Gobierno
de España, en alguna ocasión, cuando
empezaba mi campaña por la Presidencia de
la República en el año 2000, me decía
que había que persistir con las tesis de
la seguridad, porque eran necesarias como valor
democrático y como fuente de recursos.
Cuando la seguridad es
democrática, diferente
de la doctrina de la seguridad nacional que recorrió América
Latina; diferente de lo que hizo la seguridad nacional
en América Latina, que fue cercenar las
libertades, maltratar el disenso, anular la oposición,
cuando la seguridad es para todos los ciudadanos,
para todas las expresiones de la política,
para proteger a los amigos del Gobierno y a sus
críticos, cuando la seguridad busca proteger
por igual la líder empresarial que al líder
sindical, esto es, cuando la seguridad es democrática,
no es un patrimonio de la derecha, es un imperativo
de la sociedad, es un valor democrático
presupuesto para que funcionen otros valores democráticos
consecuencia, es una fuente de recursos para financiar
la cohesión social.
Por supuesto, la sostenibilidad
de una sociedad de libertades no se puede garantizar
sin seguridad,
y tampoco se puede garantizar sin cohesión
social.
El mismo (Norberto) Bobbio,
que se convirtió en
el gran inspirador de las luchas europeas contra
las dictaduras y de las tesis latinoamericanas
contra las dictaduras, se encargó de armonizar
estos presupuestos.
Hay ensayos muy importantes
de Bobbio, donde nos demuestra cómo es necesario llevar de la
mano las libertades públicas con la cohesión
social, la seguridad democrática con lo
uno y con lo otro.
Y por supuesto eso exige
Estados formados por instituciones independientes,
pero también
que en función del bien público cooperen
con armonía.
Y tiene esta concepción democrática
un elemento transversal: la transparencia. ¿Por
qué? Porque no se puede entender un Estado
de democracia moderna, en una sociedad que avance
hacia la cohesión, sin confianza, y el elemento
fundamental para esa confianza es la transparencia.
No se puede entender ciudadanía de un Estado,
si cada ser de ese colectivo no se siente integrado
a los demás a través de la confianza
que depara la transparencia, por ejemplo, en la
aplicación de la normatividad que garantiza
la unión de ese colectivo como Estado, la
unión de ese colectivo como expresión
sociológica del pueblo del Estado.
La transparencia, pues, es el factor generador
de esa confianza, que a su vez es el elemento vinculante
de todos los ciudadanos para formar el Estado.
Y ese Estado tiene que
ser el Estado Social de Derecho en su moderna
concepción.
Inicialmente se hablaba
del Estado de Derecho como aquel Estado en el
cual el gobernante se sometiera
a leyes heterónomas, externas a él,
a leyes dictadas por órganos independientes
a él.
El Estado de la constitución escrita, el
Estado de las instituciones independientes, el
Estado de los órganos de control, el Estado
de las pesas y de las contrapesas. Y por supuesto,
hay que agregarle el Estado de la solidaridad social
y el Estado de participación de opinión.
Permítanme conectar allí el tema
de la transparencia como razón de confianza,
con dos de los elementos de este Estado de Derecho
moderno: el de los órganos de control independientes,
y el de la participación de opinión.
Sobre los órganos de control independientes,
se ha referido ampliamente el señor Contralor
General de la República, en la brillante
exposición que acabamos de escucharle, conceptos
de los que participamos plenamente.
Además de ello, nosotros creemos profundamente
que para tener eficacia en la democracia moderna,
hay que abrir todos los canales de participación
de opinión.
Es muy importante la acción de los órganos
de control, muy importante la acción de
la justicia, pero la gran fuente alimentaria de
los unos y de los otros es una creciente participación
de opinión, para poder garantizar la transparencia.
El Gobierno Nacional, con
el total respeto a la autonomía de los órganos de control,
ha trabajado en armonía con ellos, para
impulsar muchísimos mecanismos de participación
de opinión que nos conduzcan hacia la transparencia,
que nos dé la confianza que necesita un
colectivo.
Dictamos el Decreto 2170
que, por ejemplo, obliga a que antes de abrir
una licitación pública,
de dar a conocer un pliego de condiciones, se agote
una etapa de prepliego, que se difunda ampliamente,
para que la opinión conozca esas condiciones
iniciales, pueda entrar a criticarlas y se evite
un fenómeno de corrupción, cual es
el de diseñar las condiciones de la contratación
pública al amaño de determinados
proponentes.
Creemos que la etapa del
prepliego ha abierto debates muy importantes
en Colombia, ha estimulado
mucha participación de opinión, todo
en el camino de derrotar la corrupción.
El Gobierno, a la luz de
ese Decreto, ha practicado como norma general
y sin excepciones la audiencia
pública, para discutir allí las evaluaciones
sobre las diferentes propuestas en las licitaciones
de contratación del Estado.
Muchas de esas audiencias
han sido televisadas, han durado días, han tenido un gran seguimiento
de la opinión, han garantizado transparencia,
y por supuesto confianza de la ciudadanía.
Hemos venido estimulando,
con una gran ayuda de la Contraloría y de la Procuraduría,
el programa de contratistas visibles.
Uno de los problemas que
encontramos en nuestras sociedades, es que la
responsabilidad la asumimos
solamente quienes estamos en la vida pública,
y los contratistas del Estado generalmente pasan
en el anonimato.
Nosotros, en aras de ese
principio de la participación
ciudadana, creamos el mecanismo de contratistas
visibles. Hoy Colombia está pavimentando
3.200 kilómetros de carretera, adelantando
unas obras muy importantes aquí en la ciudad
de Cartagena, de gran implicación social,
y muchas de las cuales habrán de estrenarse
mañana, con motivo de la inauguración
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El programa contratistas
visibles, para ceñirnos
solamente a la ciudad de Cartagena, ha permitido
que periódicamente, en audiencias públicas
en esta ciudad, todos los contratistas e interventores
de esas obras tengan que entrar a dar explicaciones
sobre el avance de las obras, a recibir todas las
preguntas y cuestionamientos de los diferentes
sectores de opinión, amén de su necesaria
sujeción a los órganos de control.
Particularmente he sentido
tranquilidad democrática
cuando asisto a estas audiencias y veo que los
contratistas del Estado le tienen que dar la cara
a la comunidad, y que la comunidad, con todo respeto,
pero sin cohibiciones, los increpa, les pregunta,
les exige.
Persistir en ese camino,
creo que ayuda mucho a la transparencia en la
contratación pública.
Colombia ha tenido muchos
litigios en concesiones viales, en concesiones
aeroportuarias, en concesiones
ferroviarias, muchos litigios por ejemplo en el
tema de las telecomunicaciones. Creo, y me rectificaran
el señor Contralor y el señor Procurador,
que hace cuatro años encontramos 21 litigios
en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones con
asociados internacionales.
Antes de asumir yo la Presidencia,
me decían:
pagarlos valdrá alrededor de dos mil millones
de dólares.
Nos hemos dado a la tarea
de manejar eso con toda transparencia, y creo
que no nos va a costar más
de 400 millones.
Hemos propuesto el camino,
y recorrido ese camino en más de un 90
por ciento, de las conciliaciones con transparencia.
¿Por qué se dificulta mucho la conciliación?
Porque el funcionario del Estado, del Gobierno,
no se atreve a adelantar esa conciliación,
por temor a las sanciones de los órganos
de control y por temor a las sanciones pecuniarias
y penales, y porque la ciudadanía mira esas
conciliaciones con suspicacia, no hay confianza.
¿Qué hemos hecho? Nos hemos propuesto
dos cosas: primero, un informe en todas las etapas
a los órganos de control, y segundo, una
vez se acuerda el texto del acuerdo de la conciliación,
antes de perfeccionar la transacción, se
publica profusamente para que la conozca la opinión.
Creo que nos falta uno
de los 21 litigios, en el área de las
comunicaciones, por resolver.
En las concesiones viales
hemos resuelto todos los litigios, faltándonos uno muy grande,
el de Bogotá al río Magdalena, el
de Commsa.
En las concesiones ferroviarias
acabamos de resolver uno de mucho fondo, aquí en el ferrocarril
carbonero del Magdalena. Y ha habido finalmente
tranquilidad en los órganos de control,
tranquilidad en los funcionarios, y confianza en
la opinión.
Me decían los inversionistas internacionales: ¿pero
cómo nos va a llevar usted a publicar un
preacuerdo sobre una transacción y a que
lo conozca ampliamente toda la opinión?
Y recuerdo que les dije: ¿Qué prefieren
ustedes? ¿Conciliaciones con confianza de
opinión o pleitos que jamás habrán
de tener un buen final? Y con eso fuimos abriendo
ese camino, que lo consideramos muy útil.
En el tema, por ejemplo,
de venta de capitalización
de activos del Estado, hemos procurado proceder
con total pulcritud, manteniendo los órganos
de control al día, sobre cada uno de los
pasos que damos, y a la opinión pública.
El señor Contralor, el año pasado,
cuando nos propusimos buscar un socio para capitalizar
la empresa de telecomunicaciones, hacerla sostenible
y prospera, presentó unas objeciones, discutió la
Contraloría con mis compañeros de
Gobierno.
¿Por qué se propusieron esas objeciones
a tiempo? No sólo porque el Contralor al
proponerlas estuviera ejerciendo sus competencias,
sino porque la voluntad de Gobierno fue que el órgano
de control conociera oportunamente, tempranamente,
cada uno de los detalles de esa negociación. ¿Y
por qué hubo otra decisión, que se
le advirtió al interesado? El Gobierno no
perfecciona el acuerdo, sin publicarlo ampliamente
para el conocimiento de los órganos de control
y de la opinión ciudadana.
Cuando se hace la cuando
se hace la publicación,
en cumplimiento de esa condición, la Contraloría
presenta sus objeciones, entramos en un proceso
de discusión. El Gobierno acepta y se reorienta
el proceso para cumplir con las instrucciones,
con las objeciones del órgano de control.
Y finalmente se consiguió un socio que capitalizó la
empresa, y yo creo que el país recibió la
transacción con confianza y con optimismo.
Hemos procurado, muy distinguidos
visitantes y compatriotas, que los propios funcionarios
del
Estado denuncien los programas que se presentan
en sus entidades. Hemos trabajado con celo para
que eso ocurra con la Fuerza Pública y en
el Gobierno civil. El ex presidente colombiano
Alfonso López Pumarejo solía repetir
que los gobiernos que más legitimidad ganan
son aquellos que reconocen, con incurable buena
fe, sus errores y vicisitudes.
Inspirado en ese pensamiento
de López Pumarejo,
el Gobierno ha procurado que cuando haya un error
en la Fuerza Pública, no tengan que llegar
las ONGs internacionales a descubrirlo y a denunciarlo.
No tengan que llegar los órganos de investigación
de la prensa a hacerlo, no tenga que ir a destaparlo
la Procuraduría o la Fiscalía, sino
que el propio Gobierno, la propia Fuerza Pública,
por iniciativa, les cuente a la opinión
y a los órganos de control lo que ha ocurrido.
No hemos tenido la fortuna
aún de que en
todos los casos se haya procedido así, pero
todos los días hay más conciencia
al interior de la Fuerza, de que de esa manera
hay que proceder.
Y lo mismo del gobierno
civil. Hace pocos meses antes de elecciones estuve
aquí en Cartagena.
Mi buen amigo el senador Javier Cáceres
me dijo: tengo una prueba sobre una transacción
indebida en Incoder. Llamé al Ministro de
Agricultura y le dije: míralo con el Senador.
A las horas me llamó: Presidente, he valorado
la prueba, el grado, eso amerita unas decisiones.
Dije: cuéntale ya a la opinión pública.
Estamos a un mes de elecciones, el Gobierno no
puede someter el interés público
al interés electoral.
Fue el propio Gobierno
el que publicó y
denunció ante órganos de control
y ante opinión ciudadana, la anomalía
en la adjudicación de unos predios del sector
agropecuario.
No en todos los casos se
ha podido proceder de esa manera, pero es nuestra
voluntad política
e inquebrantable, y procuraremos que en el nuevo
Gobierno la experiencia de estos cuatro años
haya creado la convicción en cada funcionario
de que para construir confianza nos tenemos que
anticipar a denunciar nuestros propios errores
y vicisitudes.
Ha sido muy útil, por ejemplo, en unas
instancias de diálogo comunitario que abrimos
semanalmente que se llaman Consejos Comunitarios,
estimular a los ciudadanos a denunciar sus quejas
sobre la salud. Creo que no hemos podido corregir
todas las anomalías que se presentan en
la salud, pero por lo menos hemos avanzado mucho
y la ciudadanía ha perdido el temor a denunciar.
La declaración de ustedes y las citas que
leyó el señor Contralor, previenen
a nuestros países sobre la financiación
privada de los procesos electorales.
La reforma reciente a la
Constitución colombiana
y la Ley de Garantías dieron un paso muy
importante.
En la reciente elección presidencial, además
de haber impuesto unos topes, inferiores en muchísimo
a los niveles de gasto de anteriores campañas
presidenciales, también se impuso como máxima
contribución del sector privado, el 20 por
ciento de esos costos. Yo creo que allí hay
un avance muy importante para la transparencia.
Ya lo ha dicho el señor Contralor. Claro
que las glosas incomodan a los gobiernos. Las críticas
enervan las vanidades de los gobiernos. Pero los
gobiernos tienen que someterse a los órganos
de control y someter sus vanidades.
Nosotros hemos hecho un
esfuerzo, año tras
año, para que las entidades públicas
colombianas mejoren la calificación de la
Contraloría, y para que puedan tener el
fenecimiento de sus cuentas.
El señor Contralor con su equipo, me ha
permitido reunirme con él en los momentos
oportunos. Me ha dicho: éstas han mejorado, éstas
no.
Muchas veces se reúnen los funcionarios
de la Contraloría, los funcionarios de un
Ministerio, discuten ampliamente, presentan los
recursos, pero pienso que allí ha habido
un avance muy positivo, y la instrucción
ha sido: atendamos esas sugerencias y mejoremos.
Permítanme decirles a nuestros distinguidos
visitantes internacionales que, en aras de la transparencia,
en el Gobierno que termina se eliminaron los auxilios
parlamentarios. Partidas casi que de libre disposición
de los parlamentarios, unas bien manejadas, otras
mal manejadas. Unas tramitadas con honradez, otras
con corrupción. Unas con seguimiento a la
planeación, otras de espaldas a la planeación.
Ha sido muy importante para la transparencia democrática
de Colombia, poder decir que en las últimas
elecciones no hubo influencia de auxilios parlamentarios,
que el Gobierno proscribió y el Congreso
aceptó eliminar.
Y fuimos a las elecciones
sin presupuesto adicional. Si hubiéramos aprobado un presupuesto adicional
el año pasado, se habría ejecutado
en pleno período electoral. Qué bueno
mirar a la comunidad latinoamericana a los ojos
y decir: acabamos de surtir un proceso electoral
en el cual el Gobierno no hizo uso de presupuestos
adicionales.
Cuando empezamos hace cuatro
años, teníamos
180 mil cargos del Estado en carrera administrativa.
Hoy hay 120 mil más.
E introdujimos un sistema
de meritocracia, todavía
con deficiencias pero muy importante para los cargos
de libre nombramiento y remoción.
Pero falta mucho por hacer.
Les he contado algunas cosas buenas. Por ejemplo,
yo comparto la preocupación
del Contralor y del Procurador de las regalías.
El Gobierno ha venido trabajando
con ellos en una serie de iniciativas, que aspiramos
que nos
ayuden a corregir, a derrotar la corrupción
en regalías.
Por ejemplo, no queremos
que los interventores de regalías sean unos interventores invisibles,
que reduzcan su función a unas sumas y a
unas restas. Necesitamos que sean supervisores
visibles.
En las próximas semanas convocaremos en
el departamento del Meta a un consejo comunitario
sobre regalías, televisado, para estrenar
la figura de los supervisores visibles. Entonces
esos interventores de regalías como supervisores
visibles, tendrán que contarle a la opinión
pública sobre el gasto de cada peso proveniente
de regalías en ese departamento. Y así lo
haremos en todo el país.
Para evitar el derroche,
que es otra forma de corrupción, hemos venido trabajando para
que los departamentos que perciben regalías,
en su autonomía, acepten comprometer esas
regalías como contragarantías que
apoyen créditos gestionados por la Nación
ante los organismos internacionales, para hacer
desarrollos de agua potable y saneamiento básico.
Ya hemos logrado los primeros
acuerdos en los departamentos del Magdalena,
el Cesar y La Guajira,
y vamos a procurar hacerlo en todo el país.
En una visita reciente
que le hice al Contralor, me manifestó una preocupación por
las gerencias de esos proyectos, e inmediatamente
el Ministerio competente tomó las acciones
para que tengan magníficas gerencias.
Y para evitar el derroche
y garantizar transparencia y que esos recursos
sirvan a futuro, vamos a proponerle
al Congreso de la República un ahorro forzoso
en regalías, importante: que las entidades
territoriales acepten llevar un porcentaje de regalías
a una cuenta de ahorros.
Que debe funcionar como
un fondo de desarrollo regional, administrado
por una entidad seria, que
es la Financiera Territorial, que es un banco de
segundo piso. Colombia, y me da pena decirlo por
el ejemplo de mi comarca, tiene en esa tierra,
en Antioquia, un gran ejemplo: es un departamento
con una mínima percepción de regalías,
con muy poca tierra arable, tiene dos fortalezas:
sus empresas públicas manejadas con un historial
de transparencia, y un fondo de desarrollo que
creó en los años 60, que hoy tiene
alrededor de 300 mil millones de pesos de patrimonio,
y le ha dado suficiencia financiera para ser la
entidad crediticia de los 125 municipios de ese
departamento.
Queremos hacer algo parecido
en cada departamento y en cada municipio que
tenga regalías.
Un ahorro forzoso, que opere como un fondo de desarrollo
territorial. No un despojo. Por ejemplo, lo que
ahorre Arauca, que esté en Findeter, será de
propiedad de Arauca. Pero sometido a unas reglamentaciones
severas, a la vigilancia de la Contraloría,
de la Procuraduría, de la Oficina Anticorrupción
de la Vicepresidencia de la República, cuyo
titular nos acompaña, sin que pueda ser
banco de primer piso. Operará para proyectos
estratégicos que se deban financiar en esa
jurisdicción como banco de segundo piso.
Tarea fundamental en la
lucha contra la corrupción
es la información. Hemos avanzado mucho.
Colombia es un país de cifras creíbles.
Yo diría que la causa de ello es la independencia
entre instituciones y la madurez de la opinión
pública en esa materia. Pero todavía
nos hace falta avanzar muchísimo en información.
No puedo dejar de hacer
una mención a la
OEA y al Programa de Desmovilización y Reinserción.
Primero, para decirle al doctor José Miguel
Insulza, secretario general de la Organización
de Estados Americanos, nuestra gratitud, por el
apoyo de la OEA a este proceso, y para decirle
que el Gobierno no tiene sino un propósito,
que es conducirlo con transparencia.
Doctor Insulza, reinsertados
que cumplan, tienen todo el apoyo del Gobierno.
Reinsertados que reincidan,
la persecución severa, imparcial de la Fuerza
Pública. Esa es nuestra sincera voluntad,
puede haber errores pero jamás habrá defraudación.
Es la manera que tenemos de corresponder a su confianza
y a la confianza de la Organización de Estados
Americanos.
Esta mañana me decía el Alcalde
de Medellín, a raíz de unos comentarios
míos sobre seguridad: “Presidente,
tiene razón, porque el reinsertado que reincide
comete dos delitos. Un delito contra el ordenamiento
jurídico y otro delito contra la generosidad
ciudadana que le permitió la desmovilización”.
Por supuesto que nos falta
mucho. El país
ha mejorado mucho en seguridad. Creo que eso en
parte explica esta honrosa audiencia que ustedes
han formado en Cartagena. Y una de las cosas que
nos falta es eliminar elementos contraculturales,
que nos han dejado tantos años de narcotráfico,
corrupción y terrorismo.
Me sorprende mucho y déjenme confesarlo.
Esta mañana lo dije públicamente
en Medellín a raíz de dos crímenes
recientes. Hemos tenido la tendencia a justificar
primero el crimen, antes que reclamar la cumplida
justicia.
Eso se volvió usanza en Colombia, que queremos
derrotar, que cuando asesinan a alguien, como ocurrió recientemente
en una parte, uno llame y diga: ¿qué pasó?
Y dicen: es que era la mafia.
Lanzan una granada contra
un establecimiento de comercio. ¿Qué paso? No. Es que el
dueño debía un dinero.
Nosotros, ahora que estamos
celebrando el centenario del nacimiento del ex
presidente Alberto Lleras,
tenemos que recordarlo en algún reclamo
que él hacía. Decía el ex
presidente Alberto Lleras que un gran error de
la sociedad colombiana, era creer que había
violencia buena y violencia mala. Toda es mala.
Nos quedan, doctor Insulza,
remanentes de justicia privada. Los denuncié esta mañana
en mi ciudad, donde ha habido unas oficinas de
cobro, que son expresiones de justicia privada,
y quise hacerlo de nuevo allí, para transmitirle
a la Fuerza Pública, para transmitirle a
la justicia, toda la voluntad del Gobierno, darles
toda la confianza y todo el vigor en la tarea que
tenemos de lograr una Colombia sin justicia privada.
Peor expresión de corrupción que
la justicia privada, es imposible. En la lucha
por la transparencia, la eliminación de
la justicia privada, allí donde quedan remanentes,
tiene que ser un gran objetivo.
El Gobierno piensa, y me
gustó mucho también
ese capítulo de la intervención del
señor Contralor, que es obsoleta la discusión
política para que los órganos de
control sean del bolsillo del gobierno y del bolsillo
de la oposición.
Ni lo uno ni lo otro. Los órganos de control
en las democracias modernas tienen que ser independientes,
técnicos, competentes, constructivos, autónomos.
Ni creo que son un escenario
y un momento oportuno para plantear esto. El
Gobierno no cree que le
convenga a la democracia que los gobiernos tengan órganos
de control que los presuma suyos, el Gobierno no
cree que le convenga a la democracia que los órganos
de control sean manipulados por la oposición.
Ni manipulación del Gobierno ni manipulación
de la oposición. Órganos de control
constructivos, imparciales, técnicos, competentes,
independientes, autónomos.
Señor contralor Antonio Hernández
Gamarra, usted y su equipo se aproximan al final
de la gestión, con la autoridad moral de
la independencia con que usted ha procedido, que,
como generosamente lo ha reconocido, nunca el Gobierno
ha querido interferirla. Hemos debatido, hemos
tenido puntos de vista diferentes sobre una materia,
sobre otra, siempre con un gran respeto y con total
honradez intelectual, como tiene que ser en la
democracia, permítame felicitarlo por su
gestión, agradecerle en nombre de todos
los colombianos, que ha sido una gestión
limpia, independiente, de aportes intelectuales.
Discutimos usted y yo muchas
veces sobre un principio económico, sobre una reforma tributaria,
y eso está bien. ¿Qué tal
que no? Pero lo saludo hoy con admiración
de patriota y con reconocimiento a su gestión.
Muy distinguidos integrantes
de la comunidad internacional, ayúdennos en una lucha contra el narcotráfico,
contra el lavado de activos, contra la trata de
personas, contra el terrorismo.
Miren lo que pasa en la
frontera de algunos de sus países hermanos. Cuando se pensaba que
el terrorismo podía concentrarse dentro
de fronteras, la realidad hoy demuestra que frente
al terrorismo corrupto y corruptor no hay fronteras.
Por eso entre todos lo tenemos que derrotar.
Muchas gracias por haber
honrado a Colombia con este seminario en Cartagena,
y a todos muchos éxitos.