CONMEMORACIÓN DE LOS 120 AÑOS
DE LA CSJ
Noviembre 17 de
2006 (Bogotá - Cundinamarca)
Compatriotas:
Acudo hoy a rendirle un homenaje
a la institucionalidad colombiana, a la justicia, en
cabeza de la Honorable
Corte Suprema de Justicia que ha adquirido la mayor credibilidad
nacional, en un proceso largo y sólido, ya añejo
para bien de la República, de contribución
a la profundización del Estado de Derecho, del
Estado de Leyes.
La larga tradición colombiana de fomento, de
práctica, de perfeccionamiento del Estado de Derecho
está, en muy buena parte, atada a la solidez de
la Corte Suprema de Justicia.
Con su práctica, nos ha facilitado aprender la
enseñanza básica del Estado de Derecho,
el estado en el cual el gobernante, por encima de cualquier
otro, se tiene que someter de manera más rigurosa
a la ley heterónoma, externa a él, no producto
de su capricho, sino del procedimiento legislativo riguroso,
controlado, originado en el debate popular.
Al rendir este homenaje a la Corte Suprema de Justicia,
quiero agradecer inmensamente la presencia de los Presidentes
de las diferentes Cortes, de los diferentes Tribunales
Internacionales. Honran a Colombia, honran a nuestra
justicia.
Llegan ustedes al país
en un momento institucional muy importante, de prueba
de instituciones.
Permítanme decir que he venido sosteniendo la
tesis que a nuestra América Latina no se le puede
seguir dividiendo con los polarizantes criterios de izquierda
o de derecha que quedaron en el pasado. Hay que mirar
es, cómo avanza cada país en grados de
democracia y para ello es fundamental la justicia que
representa nuestra Corte Suprema de Justicia y que ustedes
encarnan en las instituciones que esa justicia representa
en cada uno de sus países.
Nosotros estamos defendiendo
la tesis de que en esta época
en la cual las dictaduras quedaron atrás, donde
lo que tenemos que hacer es mejorar las democracias,
hay cinco elementos que las configuran: la seguridad
con alcance democrático —que solamente es
perdurable, sólida y creíble en la medida
que haya una justicia eficaz, imparcial, transparente-,
el goce de las libertades públicas, la construcción
de cohesión social, la transparencia y el respeto
a la independencia de las diferentes instituciones que
conforman el Estado. Los viejos conceptos de izquierda
o de derecha han quedado sometidos a lo que tiene que
ser una democracia moderna.
La seguridad fue muchas veces
rechazada por quienes eran voceros de las izquierdas,
pero finalmente han tenido
que reivindicarla porque es la única manera como
ha sido posible que desarrollen su proyecto político,
tal cual como se demuestra en Colombia.
Lo que ha evolucionado muy favorablemente
y que aquí en
Colombia lo hemos entendido y practicado, es que la seguridad
no puede ser un concepto de la derecha para excluir,
eliminar el disenso, maltratar la controversia. Tiene
que ser un valor democrático para el pluralismo.
La derecha reclamaba libertades
para sí y las
negaba para la oposición.
La izquierda denostaba de las
libertades, les daba un tratamiento peyorativo, señalándolas simplemente
como unas libertades formales que realizaban la tarea
de reproducir las condiciones de inequidad y de explotación.
Hoy todo el mundo las requiere,
sin esas libertades, ningún proyecto político puede avanzar
y esas libertades están totalmente sustentadas
en la Seguridad Democrática y en ese elemento
tan importante de la Seguridad Democrática que
es la justicia.
La relación entre seguridad y cohesión
social ya se entiende que es totalmente convergente,
que no son categorías excluyentes. La seguridad
es una fuente de recursos sin la cual no se puede construir
la cohesión social. Y la cohesión social
es un imperativo sin el cual la seguridad no se hace
sostenible.
Las instituciones independientes
son una garantía
del perdurable funcionamiento del Estado de Derecho.
Y la transparencia se constituye en la garantía
de credibilidad. Tan importante como el sometimiento
del funcionario, del gobernante, a la ley y que constituyen
los dos principios esenciales, diferenciales por excelencia,
del Estado de Derecho.
Esa credibilidad en la transparencia
es lo que permite que haya una opinión pública participativa
y legitimadora de las instituciones y ese grado de participación
de opinión pública, de la mano del sometimiento
del gobernante a la ley, configuran los principios fundamentales
del Estado de Derecho.
Y la protección de ese Estado de Leyes, durante
todas estas décadas, ha reposado fundamentalmente
en la Corte Suprema de Justicia, a la cual el país
entero y la comunidad democrática internacional,
le rinde merecido homenaje en esta semana.
Permítanme, honorables magistrados —y muy
especialmente pido la licencia de los visitantes internacionales-
para referir esta mañana a tres temas de importancia
en la vida del país en este momento: el tema de
la reglamentación de la acción de tutela,
el tema del proyecto de la ley de penas y el tema de
la investigación y juzgamiento por parte de la
Corte Suprema de Justicia a congresistas vinculados a
grupos paramilitares.
LA TUTELA
La Constitución del 91 —con aciertos y
desaciertos- entre los aciertos más notables está la
acción de tutela. Logró en este país
que la ciudadanía empezara a percibir la Constitución
como algo material, tangible, asible, inmanente, no trascendente;
como algo cercano al pueblo, a cada ser humano, a la
vida cotidiana. Y eso ha ganado mucha legitimidad para
el Estado de Derecho en Colombia.
¿Cuál ha sido nuestra posición
sobre la materia? Cuando empezaba el Gobierno en 2002,
el entonces ministro (del Interior y Justicia) Fernando
Londoño Hoyos presentó un proyecto —que
yo como Presidente de la República apoyé-
con varios puntos de reforma a la justicia, uno de los
cuales era el artículo de que en el órgano
de cierre de cada jurisdicción, se surtiera un
proceso especial que reemplazara la competencia atribuida
a la Corte Constitucional, para ser finalmente, el órgano
que conoce de tutelas sobre sentencias de las diferentes
Cortes.
Ese proyecto no tuvo éxito. Creo que posibilitó que
una discusión nacional que se surtía en
voz baja, se expresara ampliamente y eso es bueno. No
hay nada mejor que lograr que los rumores se extroviertan.
No hay nada peor que mantener debates solamente a nivel
de rumores. No hay nada mejor para la asepsia democrática
que abrir los debates sobre todos los temas.
Esa iniciativa del ex ministro
Fernando Londoño,
permitió que ese debate aflorara y permitió que
quienes habían estimulado esa tesis en el rumor,
en la tertulia, tuvieran que confrontarla de cara a la
opinión. Y empezamos a advertir una sensata reacción
popular contra esa propuesta, que el Gobierno tiene que
oír, el Gobierno democrático.
Después, el Gobierno buscó acuerdos entre
las diferentes Cortes. Búsqueda infructuosa, no
se lograron. Se intentó presentar un nuevo proyecto
de reforma constitucional, no fue posible. Particularmente,
me comprometí en público, en privado, a
que haríamos todos los esfuerzos para buscar el
mayor nivel de consenso entre las diferentes Cortes para
definir la competencia de conocimiento de las acciones
de tutela contra sentencias de los órganos de
cierre. Hicimos todos los esfuerzos, infructuosos.
Entró en consideración, en mi persona
como Presidente de la República, este elemento:
estemos o no de acuerdo con ellos, la Constitución
del 91 vigente en Colombia, le atribuyó a la Corte
Constitucional la competencia de órgano de cierre
de la jurisdicción de protección de la
Constitución.
Algunos pensamos —y me pronuncié públicamente
en la época- que el control constitucional que
durante décadas había ejercido la Corte
Suprema de Justicia, había sido correcto, adecuado,
sólido. Pero todas esas discrepancias quedan anuladas
en el momento que aparece un nuevo órgano consagrado
por la Constitución: la Corte Constitucional.
Y a ese órgano se le atribuye la misión
superior de guarda de la Constitución.
Cuando uno mira la tesis de que
se debe respetar el órgano
de cierre de cada jurisdicción, también
tiene que reconocer que el órgano de cierre en
materias constitucionales es la Corte Constitucional.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la tesis
de la reglamentación que no del despojo de la
competencia a la Corte Constitucional. Es el órgano
de cierre de materias constitucionales en el ordenamiento
jurídico colombiano.
Yo he preferido asignarle toda
la importancia a la búsqueda
de consenso, pero cuando avanza lo que ha sido la disputa
de jurisdicciones, el Presidente de la República
tiene que cumplir la misión de Jefe de Estado
y proponer iniciativas que, sin afectar la independencia
de las ramas del poder, puedan superar esas querellas.
Querellas dañinas para la armonía que debe
primar dentro de la independencia.
Por eso, fracasados los intentos
de encontrar el mayor consenso sobre la materia entre
las diferentes Cortes.
Por eso, profundizadas las querellas, angustiado el país
por el choque de jurisdicciones, tomé la decisión
de impulsar una reglamentación, que sin despojar
a la Corte Constitucional del conocimiento de la competencia
de conocer tutelas sobre sentencias de las otras Cortes,
sometiera ese conocimiento a reglas que, a la Nación
y a todas las instituciones, dieran mayor tranquilidad.
Así lo dije, en la campaña presidencial
que terminó el 28 de mayo, públicamente.
Posteriormente, el 5 de julio fuimos invitados a celebrar
los 15 años de la promulgación de la Constitución
del 91 —se cumplieron un día festivo 4 de
julio- y acudimos a un foro a celebrar esos tres lustros
del 5 de julio. Allí repetí la necesidad
de incorporar la reglamentación.
Antes de asumir la Presidencia
de la República,
visité todas las Cortes en compañía
del entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas
Pretelt y recuerdo que, cuando expresé esta tesis,
con respeto pero con franqueza, en el hemiciclo de la
Corte Suprema de Justicia, hubo mucha reacción
en contra que la recibí respetuosamente. Un debate
sano. Los debates con argumentos, con total respeto personal,
ayudan inmensamente en el diario proceso de construcción
democrático.
El 20 de julio, al anunciar la agenda legislativa en
el momento en que instalábamos el nuevo Congreso,
también me referí a la necesidad de reglamentar
el ejercicio, por parte de la Corte Constitucional,
de su competencia —de la cual no debe ser despojada-
de conocer de acciones de tutela contra sentencias
de las otras Cortes. Y en congruencia con todo ello,
el Gobierno presentó el proyecto de acto legislativo
a consideración del honorable Congreso.
Quiero insistir en ello y lo
hago con todo el respeto y con toda la admiración por la Corte Suprema
de Justicia e insistir aquí, donde tiene que ser,
de cara a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Creo que no le queda bien al país que sigamos
con la incertidumbre de la pugna de jurisdicciones. Creo
que el consenso sobre la reglamentación se puede
lograr. Pienso que para evitar distorsiones jurisprudenciales
sobre ese consenso, en aras de la seguridad jurídica,
es mejor que esa reglamentación quede en el nivel
constitucional, que en el nivel de ley estatutaria.
Y, en favor de esa reglamentación, independientemente
de que hubiéramos estado de acuerdo o no, con
las definiciones de la Constitución del 91, reconociendo
objetivamente el derecho institucional vigente hoy en
nuestra Patria, invoco estos tres argumentos: primero,
la Corte Constitucional es el órgano de cierre
en materia constitucional. Segundo, los derechos fundamentales —que
son los llamados a ser protegidos mediante la acción
de tutela- están en el nivel constitucional. Derechos
sociales que han sido también tutelados, se han
tutelado no por tutelar en sí el derecho social,
sino por su relación con el derecho fundamental.
Y esa materia es tan delicada, que no admite dispersión
jurisprudencial.
Y ahí llegamos al tercer argumento, para tener
unificación jurisprudencial, que le da más
certeza, más seguridad jurídica al país
a futuro, que despojar a la Corte Constitucional de esta
competencia, es mejor tener unificada esa competencia
en cabeza de una sola Corte, de la Corte Constitucional.
Cuando algunos compatriotas se
acercan a mi me dicen que ellos se oponen a algunos
fallos de la Corte Constitucional,
que esos fallos han creado inseguridad jurídica
en Colombia, que por eso hay que despojar a la Corte
Constitucional de la competencia para conocer de las
acciones de tutela contra las sentencias de las otras
Cortes, les he dicho: es menos difícil lograr
seguridad jurídica a través de la jurisprudencia
cuando una sola Corte es la competente sobre la materia,
es la que le tiene que responder a la opinión
pública sobre la materia, que cuando esa responsabilidad
se dispersa entre las diferentes Cortes.
Finalmente, lo que garantiza
la certeza jurídica
es la legitimidad de opinión a los fallos de las
Cortes. Eso es lo normal en el Estado de Derecho. Y esa
legitimidad de opinión necesita saber a quién
hace responsable. La asignación de responsabilidad
política es una institución esencial del
moderno Estado de Leyes.
Cuando se dispersan las competencias,
como se ha propuesto con la tesis de que cada órgano de cierre conozca
de un recurso equivalente al de la acción de tutela,
en lo que tiene que ver con su jurisdicción, al
dispersar esas competencias, se le dificulta a la ciudadanía
asignar responsabilidades. Al contrario, al unificar
esa competencia bien reglamentada, se le facilita a la
ciudadanía asignar responsabilidad. Y esa asignación
de responsabilidad es lo que finalmente llama la atención
de la Corte competente para no repetir errores, para
darle al país total estabilidad jurídica
y económica.
Sé que esta tesis es controversial pero prefiero,
honorables Magistrados cumplir el deber de decirlo acá,
con todo el respeto personal y no incurrir en la práctica
que da mal ejemplo de salvar en frente de los interlocutores,
las reglas de cortesía y después proceder,
en ausencia de los interlocutores, a ventilar los desacuerdos.
Los invito a unas reflexiones
sobre esta materia, con todo el respeto que profeso
por la Corte Suprema de Justicia,
los invito a buscar el acuerdo sobre el contenido de
la materia reglamentaria para que la Corte Constitucional
continúe ejerciendo el conocimiento de las acciones
de tutela sobre sentencias de los órganos de cierre,
de las diferentes jurisdicciones.
LEY DE PENAS
Permítanme referir a un segundo tema, el tema
de la ley de penas propuesta por el Gobierno Nacional
al Congreso de la República.
Para nosotros la justicia es
una pieza fundamental de la Seguridad Democrática. He dicho que la acción
militar y policiva es el gran factor que tiene que producir
un quebrantamiento a las mafias de crimen, con lo cual
se facilita la sostenibilidad de la política de
Seguridad Democrática, que a la postre reposa
en la acción de la justicia.
El país ha dado importantes pasos: la reforma
constitucional que introduce el régimen acusatorio,
el paso de incorporar la oralidad en el proceso, la actualización
de los códigos. Pero, en el diario trabajo de
la Seguridad Democrática en Colombia, encontramos
que el exceso de excarcelación está distorsionando
la finalidad del sistema acusatorio, la finalidad garantista
y está perturbando el avance de la seguridad.
Por eso, muy respetuosamente
urgimos al Congreso de la República a aprobar esta ley. Creo que no podemos
permitir que, por una distorsión de la tarea garantista
de los jueces, que por exceso de dignidad en penas de
ciertos tipos delictivos, se de cómo resultado
un exceso de excarcelación, que afecta el avance
de la seguridad y le crea a los colombianos la noción
tergiversada de que ha fracasado el sistema acusatorio.
El problema no es de la esencia
del sistema acusatorio. Una cosa es un sistema acusatorio
que tiene que ser garantista,
expedito y eficaz y otra cosa es un sistema acusatorio
que por el conjunto normativo que lo rodee, se convierta
en un sistema permisivo, con una gran permisividad en
la excarcelación.
Por eso, pido esta reflexión a la justicia de
mi Patria, al Ministerio Público —el Procurador
(Edgardo Maya) aquí presente-, al Congreso. Hemos
visto un crecimiento preocupante de muchos tipos delictivos
y sentimos una Fuerza Pública bastante abatida
porque ve ineficaz su tarea y la gran preocupación
se llama: el exceso de excarcelación.
El sistema acusatorio, con la
oralidad, nos está mostrando
una justicia más expedita. Nadie discute la noble
tarea de los jueces de garantías. “Hoy por
ti mañana por mi”. Ese es un recurso presente
para unos y latentes para otros, lo requiere toda la
comunidad. Pero cuando la acción garantista se
convierte en una acción en contra de la justicia,
entonces se pierde la finalidad tercera del sistema acusatorio,
que es la eficacia. No olvidemos que en su estructura,
no solamente están las competencias de los jueces
de garantías, también la reforma de las
competencias en la relación fiscales y jueces.
Se criticaba mucho que cuando
el fiscal investigaba y decidía, dejaba de investigar cuando tenía
que producir una decisión y que eso afectaba la
eficacia de la justicia. Se dijo que había que
corregirlo, asignando la competencia decisoria en todas
las fases investigativas sobre juzgamiento al juez, para
que en aras de la eficacia, el fiscal se dedicase exclusivamente
a la investigación del hecho, al recaudo de las
pruebas, a formular y a sustentar la acusación.
Esa eficacia se pierde, cuando el marco normativo que
vincula al juez de garantías, lo obliga a hacer
indulgente y a conceder, en exceso, el recurso de la
excarcelación.
En aras de la seguridad, honorables
Presidentes de las Cortes Internacionales, la nuestra
es una Seguridad Democrática
consistente en el discurso, congruente entre el discurso
y la práctica. La Seguridad Democrática
necesita este correctivo. Y creo que es mejor introducir
este correctivo a tiempo, que permitir que llegase a
deteriorarse el concepto popular sobre el sistema acusatorio.
INVESTIGACIONES CONTRA CONGRESISTAS
El punto tercero al cual me quiero referir, es el relativo
a las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de
Justicia sobre congresistas vinculados presuntamente
a organizaciones criminales.
Para el Gobierno de la Seguridad
Democrática,
para el Presidente que la ha liderado, que ha luchado
por esa Seguridad Democrática sin desmayo, que
ha contribuido a crear una atmósfera de opinión
favorable a la Seguridad Democrática, lo primero
y fundamental es venir a decir aquí que reiteramos
todo el apoyo a la justicia.
Necesitamos una Patria sin guerrilla
y sin paramilitares, con transparencia en el ejercicio
de la actividad pública,
sin corrupción. Una Patria donde prevalezcan las
instituciones democráticas.
Vengo a decir eso, sin mayores
adjetivos, con total convicción, como con total convección hemos
procedido en todas las etapas de estos cuatro largos
años, para defender nuestra propuesta de Seguridad
Democrática.
Si hay sujetos que tienen que
dar ejemplo en el Estado de Leyes, son quienes tienen
el privilegio y los deberes
del ejercicio de tareas públicas, bien en el ejecutivo
o en el Congreso.
Y si hay que proceder con severidad
frente a quienes quebrantan las leyes, es cuando se
dan los casos de que
esas leyes son quebrantadas por figuras de liderzazo
público, bien en el Ejecutivo o que estén
actuando en el Legislativo.
¿Qué es la Seguridad Democrática —distinguidos
Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia que nos
visitan-? Es seguridad para todos.
Adoptamos esa tesis y la concebimos
para establecer en nuestro país la diferencia entre un concepto,
el nuestro de Seguridad Democrática y la doctrina
de la Seguridad Nacional que recorrió el Continente.
En nombre de la doctrina de la
Seguridad Nacional se sustentaron dictaduras, se cercenaron
libertades, se
eliminó el pluralismo, se conculcaron los derechos
de crítica de oposición.
La nuestra es Democrática, la nuestra es para
todos los colombianos. Y creo que los episodios que ha
vivido el país, como las elecciones de Congreso,
de Presidente de la República de este año,
empiezan a demostrar —en virtud de los hechos-
el alcance ilimitadamente democrático de nuestro
concepto de seguridad, que nos releva de profundizar
en la teoría.
Dijo la comunidad internacional
que Colombia había
tenido este año las elecciones más pacíficas
en décadas, no obstante que eran las más
amenazadas. Voceros de la oposición y amigos del
Gobierno, fueron rodeados plenamente por las instituciones
del Estado, el Presidente de la República se preocupó más
de las garantías efectivas —sobre todo en
materia de seguridad- a los voceros de la oposición,
que de la propia seguridad de los amigos del Gobierno
o del Presidente de la República.
La manera como transcurrió ese debate, primero
para elegir el Congreso y después para elegir
al Presidente de la República, honra nuestro concepto
democrático de seguridad.
El único que se podría quejar y no lo
hizo, es el Presidente, porque mientras la oposición
tuvo garantías en todas partes, la falta de avances
en nuestra política de Seguridad llevó a
que en algunos departamentos las guerrillas amenazaran
a los potenciales electores amigos de la reelección
del Presidente.
Podemos hoy mirar a los ojos
a todos los compatriotas y a la comunidad internacional,
por la manera como hemos
sido congruentes en la práctica con nuestro postulado
teórico de Seguridad Democrática. Seguridad
para los voceros de la oposición, para los amigos
del Gobierno, para los líderes sindicales, para
los periodistas, para los empresarios, para los agricultores.
Hemos logrado unos avances importantes
a pesar de lo que falta es más.
Hace cuatro años, Colombia tenía 68 asesinatos
por cada 100 mil habitantes, el año pasado 39.
Este año se presenta una nueva disminución
entre el 7 y el 8, pero falta mucho.
No quiero fatigarlos con todas
las cifras, hay que mirar la disminución en el secuestro, la disminución
en el asesinato de líderes sindicales. Un país
que conoció años en los cuales se asesinaban
a 168 líderes sindicales, todavía no puede
cantar victoria porque todavía se asesinan 13,
pero la tendencia es buena y mejor que la tendencia,
es nuestra determinación de luchar para que Colombia
pueda decir que aquí no se asesina un solo líder
sindical.
Una prensa amordazada no por
el Estado sino por el terrorismo y la falta de decisión del Estado para combatir
al terrorismo, es hoy una prensa más libre. En
unas regiones tenía que estar censurada por la
guerrilla para poder sobrevivir y en otras regiones tenían
que someterse a la censura del paramilitarismo para poder
sobrevivir.
Hoy, gracias a nuestra Seguridad
Democrática,
esa prensa es más libre, esa prensa se ha sacudido
la censura, esa prensa denuncia tranquilamente.
Paradójicamente, muchos de mis críticos
vivían en el extranjero y gracias a la Seguridad
Democrática han regresado al país, pero
no a ser condescendientes conmigo, sino a ejercer la
actividad crítica con más dureza contra
mi, pero ya sin tener que vivir refugiados en el extranjero.
¡Qué paradojas! El Presidente a quienes
ellos señalaban como un peligro, como aliado del
paramilitarismo, como fascista, como conculcador de la
democracia, es el Presidente que ha creado las condiciones
para que puedan regresar al país.
Esta Nación tienen 1.098 alcaldes, elegidos democráticamente,
por voto popular directo. Hace cuatro años, 400
de ellos no podían ejercer en sus municipios,
desterrados por la guerrilla o por el paramilitarismo,
hoy todos ejercen en sus municipios. Han sido rodeados
por la Seguridad Democrática, independientemente
del origen político de su elección. No
importa que hayan sido elegidos por partidos contrarios
al Gobierno, al Presidente de la República o por
partidos afectos a nuestras tesis.
Es bien importante recordar todo
esto para poner el problema actual en el contexto de
un proceso de recuperación
institucional de Colombia.
La Nación era una Nación en la cual el
poder del Estado, en la mayoría de sus regiones,
empezaba a ser un poder formal más no eficaz.
El poder real, el poder de la eficacia, se lo distribuían
guerrilleros y paramilitares, ambos apoyados por el narcotráfico
y las instituciones de la democracia ya no se atrevían
a denunciar con la beligerancia con que hoy denuncian.
Hemos logrado algo muy importante:
ese estado que encontramos y que todavía no se ha resuelto plenamente, no
se dio súbitamente de la noche a la mañana,
fue el resultado de un proceso largo en el país,
con muchas causas. Una de ellas: a varias generaciones
de colombianos, incluida la mía, se le formó en
el equivocado criterio de que la seguridad era una postura
fascista. En el equivocado criterio de que para practicar
la civilidad, había que ser indiferente frente
a la Fuerza Pública y mantenerse en coqueteo con
los grupos alzados en armas. En el equivocado criterio
de justificar todo crimen, de asignarle a todo crimen
una causa social eficiente, de calificar como famélico
todo crimen.
Y esa equivocada formación llevó a que
aquí no se le prestara atención a la seguridad.
La gente en las regiones sufría, décadas
de guerrillas y no acudían los gobiernos a respaldarlos,
a apoyar a la ciudadanía. La Fuerza Pública
vivía desmotivada.
Muchos episodios de desmotivación de la Fuerza
Pública. Habrá que hacer historia: en los
años 70’s el Ejército tenía
rodeado al ELN, el Gobierno de entonces dio la orden
de levantar ese círculo militar al ELN, so pretexto
de que ya iban a negociar y apenas hoy, en el Gobierno
de la Seguridad Democrática, se perfilan posibilidades
de negociación.
Este país no ha tenido Fuerza Pública
golpista, pero sí Fuerza Pública desmotivada
y la desmotivación en la Fuerza Pública
se convierte en causa de ineficacia y también
en causa de violación de derechos humanos.
La FuerzaPúblicamás eficaz, la más
transparente, es la más apoyada por el gobierno
civil y por la opinión pública y en esa
tarea estamos.
Esas regiones abandonadas, en
medio del desespero vieron que al crecimiento guerrillero
le iban llegando el crecimiento
del narcotráfico. Los universitarios de los 70’s,
veíamos en la guerrilla y en el narcotráfico
antípodas, hoy con una mixtura. Y posteriormente
llegó la otra plaga: el paramilitarismo. Y todos
aprendieron a proveerse de recursos a través del
narcotráfico y de la corrupción administrativa
y lo que se conocía en la tertulia, apenas hoy
se empieza a destapar ante el país gracias a que
este profeso de Seguridad Democrática ha venido
debilitando a las organizaciones criminales y creando
condiciones para que impere la justicia en nuestra Patria.
Nos falta mucho en resultados, pero tenemos unos resultados
muy importantes.
Un resultado: haber modificado
esa conciencia colombiana. Hoy las grandes mayorías colombianas entienden
que la Seguridad Democrática es un valor democrático
y una fuente de recursos. Ese es un intangible muy importante.
El otro: lograr que la ciudadanía, en lugar de
dejarse condicionar por paramilitares o por guerrilleros
o de someterse al narcotráfico, entienda que tienen
que trabajar a toda hora con la administración
de justicia. Por eso hay hoy menos denuncia temeraria,
más denuncia eficaz que en el pasado y que tiene
que cooperar con la Fuerza Pública.
Esos son valores que hemos ganado y que en los momentos
de dificultad no podemos permitir que retrocedan.
Asumí la Gobernación de Antioquia el 2
de enero de 1995, hacía poco se había dado
un cambio de administración presidencial en Colombia,
la realidad que encontramos allá —y no se
había creado el día anterior, producto
de muchos años como en todo el país-: una
tierra disputada entre guerrilla y paramilitares, donde
no imperaba la guerrilla avanzaban los paramilitares.
Todos, todos, financiándose con el narcotráfico.
Y cuando llamo la atención de mis compatriotas —y
vengo a reiterarle todo el apoyo a la administración
de justicia, para que derrotemos la corrupción
administrativa-, es que en medio de tantas dificultades,
en esos tres años de Gobernación, no hay
un acto indelicado, no hay un acto de indignidad, no
hay un acto de corrupción.
Los hechos dan en la vida pública autoridad o
la quitan. Nuestra vida pública da autoridad para
decir dos cosas: primero, que reconozcan los culpables —que
están vivos y muchos de los cuales hoy son críticos
de primera línea-, cómo con sus descuidos,
con la falta de eficaz cumplimiento del deber, llevaron
este país a que aquí primara la guerrilla
y el paramilitarismo y el narcotráfico y se desvanecieran
las instituciones. Y segundo, la circunstancia de haber
procedido honradamente, seguramente con errores pero
con total buena fe y transparencia, como hemos procedido
en estos años en la Presidencia, la invoco como
razón de autoridad moral para que haya toda dureza
en la justicia para desmontar los factores de corrupción
que siguen financiando al crimen en Colombia.
Por supuesto, emprendimos la
Seguridad Democrática
y hay procesos de paz.
La Seguridad Democráticaes un camino hacia la
reconciliación. Lo que nos ha probado la historia
reciente de Colombia, es que la reconciliación
no surge de actitudes vacilantes y de apaciguamiento
en los gobiernos, sino de firmeza para que prevalezcan
las instituciones, de firmeza para que impere la ley.
Este proceso de paz con los grupos paramilitares tiene
unos antecedentes.
Primero, a través de la Iglesia Católica
se traían conversaciones con ellos, el Gobierno
que presido dijo que continuaría esas conversaciones
si se comprometían a un cese de hostilidades.
El mediador fue la Iglesia Católica. El proceso
se ha adelantado abiertamente, el país lo ha podido
analizar y criticar en todo momento, gracias a que aquí no
ha habido nada clandestino.
Pero eso ha tenido una causa
eficiente. Lo que tenemos hoy tiene una causa eficiente.
Cuando nosotros llegamos
no había un solo líder del paramilitarismo
en la cárcel, de 68 líderes conocidos,
hay 65 hoy en la cárcel, 3 fugados y nuestra decisión
es que las autoridades militares y de policía
los persigan con toda la determinación, hasta
traerlos a la cárcel.
Cuando nosotros llegamos había crítica
en voz baja porque avanzaba el paramilitarismo, pero
no crítica abierta. Gracias a la Seguridad Democrática,
en el Gobierno que más crítica abierta
ha habido contra el paramilitarismo, es en el Gobierno
que ha perseguido al paramilitarismo. Es que antes no
los perseguían, antes no los criticaban públicamente
porque les temían y gracias a los avances del
Gobierno para desmontar el paramilitarismo, ahora el
país les ha perdido el temor y por eso critica
el fenómeno y está bien que así sea.
El país no conocía que se diera de baja
a paramilitares. En el Gobierno que presido —y
este es un país abierto al escrutinio riguroso
de la opinión internacional, ustedes lo pueden
corroborar Presidentes de las Cortes Internacionales
con nuestra administración de justicia- han sido
dados de baja por la Fuerza Pública más
de 1.500 paramilitares, han sido aprehendidos por la
Fuerza Pública alrededor de 12 mil.
¿Qué reflexión tuvieron que hacer
ellos? Que no les quedaba más camino que avanzar
en un proceso de paz o someterse a la derrota por parte
de las Fuerzas del Estado.
Y hemos hecho ese proceso de paz. Ese proceso de paz
tiene hoy unos resultados si ustedes miran las cifras
de criminalidad en las regiones donde actuaban, se han
reducido sustancialmente.
Lo bueno y lo malo: 65 de esos
líderes están
en la cárcel, 3 fugados que hay que perseguirlos,
30 mil —aproximadamente- de todos ellos se han
desmovilizado. Es que en este país hace 4 años
encontramos alrededor de 60 mil integrantes de organizaciones
terroristas.
Y algunos críticos dicen: ‘¿de dónde
se han desmovilizado 30 mil si eran 14 mil paramilitares?’ Hay
que recordar esto: cuando el Alto Comisionado de paz
por primera vez se reunió con ellos, Carlos Castaño
le dijo: ‘ustedes están equivocados, solamente
la agrupación que dirige Carlos Castaño
tiene 14 mil y sumen la del Magdalena Medio y sumen la
del Perijá y sumen las del centro y sur del país’.
Hay 30 mil desmovilizados, en
un proceso de reinserción
exigente, costoso, que no puede fracasar. Han reincidido
en el crimen más o menos 600. Como cifra relativa,
600 contra 30 mil es un porcentaje pequeño, pero
como cifra absoluta es un número muy peligroso.
Ahora aparecen unas formas de crimen, bandas emergentes,
que integran desmovilizados que reinciden, que integran
a la Farc, que integran al narcotráfico, la decisión
del Gobierno es perseguirlos con toda la determinación.
Y hagamos algunas comparaciones.
En este proceso, por primera vez, Colombia ha visto
desmovilizar gran cantidad
de guerrilla. Los procesos del pasado con el M — 19,
el EPL y otros grupos, desmovilizaron 3.500, 4 mil guerrilleros.
Hoy llevamos más de 8 mil guerrilleros desmovilizados. ¡Eso
es bien importante!
Cuando se desmovilizó el M — 19, se desmovilizaron
más o menos 900 personas, entregaron 270 armas.
Los 40 mil desmovilizados de ahora, han entregado alrededor
de 18 mil armas.
Todos estos procesos son difíciles, dejan problemas,
pero aquí hay unos resultados que demuestran la
verticalidad y la buena fe, como hemos practicado la
política de Seguridad Democrática y como
hemos avanzado en ese proceso de reconciliación.
Nuestra Ley de Justicia y Paz
es la primera en exigir justicia y reparación. Antes, todo lo que se hacia
en un proceso de paz en Colombia era perdonar, ahora
juegan un papel importantísimo la verdad, la justicia
y reparación. Y eso sí que es importante
para estos días y hacia adelante.
Encontramos temas como este:
hoy está en la cárcel,
en Medellín, un señor de los paramilitares
de apellido Murillo Bejarano, se conoce con el alias “Don
Berna”. Pues bien, ¿de dónde surgió de
este señor como personaje? Era integrante, al
decir de muchos ciudadanos, de mafias del narcotráfico
y en algún momento un grupo de narcotráfico
donde él estaba, realizó alianzas con instituciones
para derrotar a otro grupo del narcotráfico.
No se que pasó después, lo que sí se,
es que muchos de los críticos de nuestras políticas,
no le han dicho al país por qué estimularon
esas alianzas y nosotros tenemos la autoridad moral para
reclamar contra esas alianzas, porque hemos preferido
el difícil camino de recuperar la paz exclusivamente
a través de las instituciones, que por intermedio
de alianzas con grupos criminales.
El señor Murillo Bejarano, alias “Don Berna”,
lo heredo este Gobierno como vocero de los paramilitares.
Seguramente habríamos podido estimular una alianza
de las Fuerzas Institucionales con el paramilitarismo
y de pronto iríamos más adelante en la
lucha contra las FARC y el ELN. Pero nuestras convicciones
democráticas y cristianas, la manera como asumimos
los deberes frente al país, frente a las nuevas
generaciones —que las miramos con el afecto con
que miramos a nuestros hijos-, son talanqueras infranqueables
que no nos permiten violar principios.
Nuestra labor, a diferencia del
pasado, ha sido una labor ejecutada exclusivamente
por las instituciones
armadas de la Nación. Sin alianzas entre instituciones
armadas y grupos criminales.
Hoy, los paramilitares que están en la cárcel,
están en un centro con dignidad, que se adecua
como carcelario. Lo más importante: abierto al
examen riguroso de la opinión nacional e internacional.
Allí no hay escondites —eso es bien importante-.
Eso contrasta con experiencias del país como la
cárcel de La Catedral que más que cárcel,
fue un episodio triste de la vida colombiana y muchos
de nuestros críticos todavía no le explican
al país ese episodio.
Hace 6 años, como candidato a la Presidencia,
le dije a mis compatriotas —atendiendo un reclamo
ciudadano- que de ser Presidente, no tendríamos
cárceles privilegiadas para presos privilegiados,
a las dos semanas de haber asumido la Presidencia de
la República, después del 7 de agosto del
2002, el entonces ministro del interior, Fernando Londoño
Hoyos, llevó unos presos privilegiados que estaban
en casas con piscinas, a las cárceles ordinarias.
Esa norma no se ha violado.
La orden que hoy tiene la Policía Judicial —que
en nombre del Ejecutivo, tiene que apoyar a la justicia-,
es que aquellas personas, sujetos de órdenes de
captura emanadas por la Corte Suprema de Justicia, deben
ser llevadas a cárceles ordinarias.
Nuestros sitios de reclusión
contrastan con La Catedral y con los hoteles de cinco
estrellas, que para
presos privilegiados, se utilizaron en Colombia.
Esa Constitución del 91, la constitución
de logros muy importantes como la tutela, la carrera
administrativa, los derechos fundamentales, los derechos
sociales, la constitución de la nueva visión
de la seguridad social para hacerla solidaria, universal,
eficiente, también tuvo errores. En mala hora
suspendió la extradición y eso quedó en
el rumor. Finalmente, el país no sabe, a través
del fallo judicial, cuál fue la causa determinante
para que esa Constitución hubiera derogado la
posibilidad del que país extraditara. Y fue en
otro momento posterior, muy tortuoso, cuando se revivió la
extradición.
Mientras en el pasado suspendieron
la extradición
por causas e interferencias que todavía la justicia
no ha fallado o se revivió la extradición
en un momento de debilidad institucional, nacional y
de presiones internacionales, el Gobierno nuestro, autónomamente,
ha ordenado la extradición de más de 480
criminales.
Esto hay que juzgarlo por los
hechos, no por los sesgos ideológicos ni por
las malquerencias. Este no es un problema de afectos
o de desafectos. Este es un
problema de realidades.
Y hemos hecho una pedagogía ante el país
diciendo: si Colombia tomó la decisión
de ser parte de la Corte Penal Internacional, si es respetuosa
de la Corte Interamericana, de las instituciones internacionales
de justicia, debe entender que la extradición
es un elemento clave en el proceso de integración
global de la justicia, que lo necesita la democracia.
Es muy importante que estimulemos
la verdad. Lo que está apareciendo ahora es la verdad judicial que
se ocultó durante tantos años, porque la
seguridad no estaba al servicio de la justicia, porque
el crimen crecía y la justicia era impotente.
¡Que se de toda la verdad judicial! Durante los últimos
tres años, en el trámite de la Ley de Justicia
y Paz se reclamó la verdad. ¡Pues que todo
el mundo diga la verdad!
Que los fiscales y los jueces
y los magistrados reciban la verdad de quienes se someten
a la Ley de Justicia
y Paz. ¡La verdad total! Eso hay que enfrentarlo
con toda responsabilidad, es lo que se ha reclamado.
¡Y que se de también la verdad política!
Llamo a todos los congresistas para que, por propia iniciativa,
acudan a la Corte Suprema, a los fiscales delegados ante
la Corte Suprema, a contar la verdad que todavía
no se sepa.
¡Que todos aquellos que hayan tenido relaciones
de una u otra naturaleza con el paramilitarismo, lo digan
y se lo digan al país sin ambages y sin dilaciones! ¡Es
la verdad que está reclamando el país!
Y que en todas partes nos propongamos desmontar esas
mafias de crimen y de corrupción que aún
quedan.
¡Que se diga la verdad en las relaciones de la
dirigencia política con el paramilitarismo!
¡Nunca se dijo la verdad, nunca se tocó el
tema de la dirigencia política que en su momento
apoyaba al M — 19, al EPL! ¡Nunca es tarde!
Es bueno que la dirigencia política en el Ejecutivo,
en las gobernaciones, en las asambleas, en los concejos,
en el Gobierno Nacional, en el Congreso, diga la verdad
sobre cualquier relación que haya tenido con el
paramilitarismo. Pero también es saludable que
el país conozca qué relaciones tuvo la
dirigencia política de todos los niveles con el
M — 19, con el EPL y qué relaciones conservan
sectores de la dirigencia política con el ELN
y con las Farc.
¡En esto no puede haber sesgo! A mí me
preocupa como Presidente de los colombianos ver que algunas
personas que le hacen el asco al proceso de paz con los
paramilitares, todos los días le hacen venias
al ELN y a las Farc. Si queremos un país sin terrorismo,
hay que desmontar por igual todas estas organizaciones
criminales.
Permítanme terminar con unos puntos. Primero,
la verdad, la decisión de contribuir a que la
justicia desmonte todas las organizaciones de corrupción,
debe fortalecer las instituciones, en lugar de resquebrajarlas.
Ustedes los juristas enseñan que la responsabilidad
penal es individual. La responsabilidad penal individual
no puede afectar ninguna de las instituciones políticas,
administrativas y estatales de la República.
Que haya que meter a la cárcel funcionarios,
eso no puede afectar la institución de las alcaldías,
de los concejos, de las asambleas, de las gobernaciones,
del Ejecutivo nacional.
Que haya que meter a la cárcel
congresistas, eso no puede afectar al Congreso.
Que haya que meter a la cárcel
jueces penales, eso no puede afectar la justicia.
Al contrario, la asepsia, posibilitada por esta hora
de lucha contra el terrorismo, fortalece, vigoriza las
instituciones.
Permítanme decir lo siguiente: en un debate,
antes de elecciones, expresé que cualquiera que
tuviera que decir algo contra el Presidente de la República,
lo dijera. Que si hay alguno de los 30 mil paramilitares
que puedan decir que el Presidente de la República
ha sido cómplice, que lo digan. He estado sometido
a estos retos durante años, porque he defendido
sin declive la Seguridad Democrática y eso ha
costado mucha crítica, pero a la hora de defender
las instituciones, hay que tener todo el valor civil.
Cuando llamo a los congresistas
a que le digan la verdad total al país y a los jueces, también les
digo: ¡si tienen algo qué decir en contra
de la pureza de la política de Seguridad Democrática,
como la ha entendido y la ha practicado el Presidente
de la República, que lo digan!
¡Yo soy un servidor público, no un jugador
del poder!, por eso, en aras de lo que considero conveniente
para mi Patria, he corrido todos los riesgos, he buscado
la credibilidad del pueblo en la tarea del afecto al
servicio público. ¡Jamás he buscado
la credibilidad del pueblo alegando para mí el
beneficio de la duda o jugando a que pase el tiempo para
favorecerme con prescripciones!
Invito a los colombianos a que
en este momento apreciemos que la crisis que está apareciendo, es porque
la medicina de la Seguridad Democrática la ha
hecho aflorar y a que no permitamos que nos desvíen
la atención. A que prime la verdad, a que apoyemos
a la administración de justicia sin vacilaciones.
Regresé de los Estados Unidos a urgir al DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad): “¿qué ha
pasado con la orden de la Corte Suprema de Justicia?
Hay que tomar nuevas decisiones para que estas personas
se sometan a la justicia o para que estas personas sean
capturadas”. Y las ha venido tomando.
¡Vengo hoy, no a rendirle un homenaje retórico
ni lisonjero a la Corte Suprema, sino a reiterar nuestro
apoyo a la justicia, como elemento fundamental para la
Seguridad Democrática!
Todas las armas, las facultades,
las obligaciones del Ejecutivo, están al servicio de la justicia. Nada
más importante para este homenaje, que prospectar
un futuro y repetir ante todos los colombianos, en este
importante aniversario de la Corte Suprema de Justicia,
que nuestro propósito es una Nación sin
paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico,
sin corrupción, sin mafias que escamotean el patrimonio
público.
¡Allí donde haya presupuestos públicos
al servicio del paramilitarismo, sus administradores
y ordenadores a la cárcel!
¡Allí donde hubo o todavía persistan
presupuestos públicos al servicio de la guerrilla,
sus administradores u ordenadores a la cárcel!
¡Allí donde haya recursos de la salud desviados
para mafias del crimen, sus administradores y ordenadores
a la cárcel y sus cómplices a la cárcel!
¡Y allí donde haya congresistas, líderes
de la política, funcionarios del Ejecutivo comprometidos
con el crimen, a la cárcel y con mayor severidad!
¡Porque quien está obligado como líder
a cumplir rigurosamente la ley, en el momento que la
quiebra tiene que ser sancionado con más severidad!
Felicitaciones, distinguidos magistrados, por este nuevo
aniversario. Muchas gracias a ustedes, Presidentes de
las Cortes Internacionales, por esta visita.
Me entenderán que no podía aparecer aquí con
un discurso histórico ni simplemente con una formulación
académica. Nos toca enfrentar los problemas de
carne y hueso de todos los días. Es una Nación
abierta, nuestro diálogo no s a hurtadillas de
la comunidad internacional ni de la nacional, por eso
pido la venia de ustedes, ex posfacto, para haber podido
pronunciar estas palabras.
Muchas gracias.