SEMINARIO “LIBERTAD
ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO”
Noviembre 8 de
2006 (Bogotá - Cundinamarca)
Compatriotas:
Mil, gracias por darle a Colombia
la oportunidad de este foro tan importante. Mil gracias,
(ex) presidente
(de España, José María) Aznar por
su permanente respaldo. De usted hemos aprendido mucho,
nos ha inspirado y nos ha dado un gran respaldo.
Llame desde ayer a Plinio Apuleyo
a contarle la dificultad que tenía para asistir hoy porque estamos discutiendo
con el Congreso de la República el tema de la
capitalización de la Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol). Hoy hemos tenido una sesión extensísima
con las Comisiones Quintas de Senado y Cámara
para avanzar en esa dirección que la necesita
el país, y para desvirtuar una serie de argumentos
que se vienen esgrimiendo para oponerse a esa capitalización.
Esta economía tiene algo
muy bueno hoy, que es una bonanza de confianza, y tiene
vulnerabilidades. Una
de esas vulnerabilidades es la falta de hallazgos de
hidrocarburos.
Bonanza de confianza: en la historia
económica
reciente de Colombia encontramos una bonanza de inversión
cuando se recibió la indemnización por
el Canal de Panamá, inversión que hizo
fundamentalmente el Gobierno del General Pedro Nel Ospina.
Encontramos varias bonanzas del
precio del café.
Bonanzas petroleras cuando aparecieron Caño Limón,
Cusiana, Cupiagua. Bonanza de inversión en la
televisión cuando se abrió la televisión
en los canales privados para pagar esas inversiones.
Bonanza de inversión en la telefonía móvil
cuando el país abrió la posibilidad de
prestar ese servicio por parte de los particulares.
Creo que empezamos a tener hoy
una bonanza no específica,
sino una bonanza de confianza general, como lo acreditan
las inversiones en todos los sectores de la economía.
Esa bonanza de confianza, en
mi concepto, se contradice con la calificación que le dan a Colombia las
diferentes instituciones que examinan las libertades.
Y ahí es bien importante referirnos o tener una
reflexión sobre lo que ha dicho el ex ministro
Hugo Palacios. Creo que estos calificadores no han asimilado
bien el caso colombiano, y los hechos y los resultados
están demostrando que ellos han subestimado el
avance de Colombia, que lo empieza a medir el nivel de
inversión en el país.
En efecto, hace cuatro años Colombia estaba recibiendo
700 millones de dólares de inversión extranjera.
El año pasado tuvimos una inversión neta
superior a los 5.400 millones de dólares. Y este
año, sin casos excepcionales, vamos a estar rayando
los 6.000 millones de dólares. Y lo más
importante es que es un inversión que empieza
a verse distribuida en todos los sectores, no solamente
en hidrocarburos. Hay una gran inversión en la
industria, una gran inversión en el comercio,
una gran inversión en el sector forestal, etcétera.
Al mirar los elementos que tienen en cuenta los calificadores,
quisiera referirme a algunos.
Embajador Plinio, ¿cómo ve usted el tiempo
para poder abrir esta intervención a preguntas
y a preocupaciones? Yo tengo por allá unos tiempos
de los sábados, entonces lo tengo que decidir
pero totalmente al contrario.
Entonces voy a hacer unos comentarios
ojalá no
muy extensos sobre algunos de estos conceptos que tienen
en cuenta los calificadores de libertades, y con el mayor
gusto atiendo algunos comentarios y preocupaciones de
ustedes.
Política comercial: hace cuatro años se
veía imposible el acuerdo de Comunidad Andina – MERCOSUR.
La primera vea que hablé con nuestro sector privado
sobre le tema, me dijeron: ‘imposible, Brasil nos
devora’. Hoy es un acuerdo en plena ejecución.
Yo creo que un gran paso.
Los opositores al TLC con los
Estados Unidos me decían: ‘constitucionalmente
primero hay que avanzar en la integración con
Suramérica’. Ese acuerdo de Comunidad Andina – MERCOSUR
fue un gran paso en esa dirección.
Creo que hemos superado buena
parte el trayecto extenso para la negociación del TLC con los Estados Unidos.
Ya se ha confirmado que el 22 de noviembre, justo el
día cuando se cumplen los 90 días que la
ley norteamericana le exige a su Gobierno para poner
a consideración del Congreso cualquier tratado
antes de firmarlo, ese día, y es un precedente
en los Estados Unidos, se va a firmar. ¿Por qué?
Porque no se conocen casos recientes en los Estados Unidos
en los cuales un tratado de esta naturaleza se firme
el mismo día en el cual se vencen los 90 días
de plazo que tiene que dar el Ejecutivo al Congreso.
Negociamos en términos de días, pero queda
un trayecto difícil, complicado, sobre nuestro
TLC con los Estados Unidos. La aprobación en el
Congreso norteamericano, la aprobación en el Congreso
nuestro, la revisión de constitucionalidad de
nuestra Corte Constitucional, y además la Ley
de Implementación del Tratado, cuyos temas más
importantes miramos ayer en la reunión del Consejo
de Comercio Exterior.
Vienen otros tratados en un plazo
récord. Pudimos
cerrar el tratado con Chile. Lo vamos a firmar el 27
de noviembre. Y le asignó gran importancia a lo
que es el capítulo de inversiones. Chile es un
país que tiene hoy un gran sobrante de capacidad
de inversión y han visto en Colombia el mejor
destino de inversión en la región. El país
ha sentido una gran afluencia de capital chileno en los últimos
años, que queremos consolidar con este tratado.
Adicionalmente, Chile ha tomado
la decisión de
hacer un Tratado con la Comunidad Andina, lo cual le
ayuda muchísimo en el fortalecimiento de la Comunidad
Andina y en las negociaciones que la Comunidad Andina
tiene que adelantar, como la que ya está en la
etapa preliminar, que es el acuerdo entre la Comunidad
Andina y la Unión Europea que, por fortuna, cuenta
con el consentimiento y el apoyo de Bolivia.
Habíamos examinado con los dos anteriores gobiernos
de Canadá la posibilidad de los acuerdos de comercio.
Inicialmente dijeron que sí, no se pudieron concretar.
Con el nuevo Gobierno ya se están poniendo las
bases para poder concretar ese acuerdo de comercio con
Canadá.
Confío en que en los próximos meses firmemos
el acuerdo de comercio con los tres países del
Triángulo Norte de Centroamérica: con Guatemala,
con El Salvador y con Honduras.
A mí me preocupa muchísimo, muchísimo,
que Colombia, que ha dado un gran paso político
en la integración a Centroamérica, al participar
ya como miembro del pleno derecho del Plan Panamá-Puebla,
no siga profundizando esas relaciones con Centroamérica.
Y nos preocupa muchísimo que lo poco que la industria
del sector agroindustrial de Colombia, nuestros sectores
productivos, le venden a Centroamérica, sea desalojado
de esos mercados porque Centroamérica, en virtud
del Cafta, empiece a comprar esos productos a los Estados
Unidos. Vemos de gran importancia este tratado con Centroamérica.
Y además, Colombia ha tomado la decisión
de reconocer las asimetrías que sean necesarios
reconocerles a esos tres países centroamericanos.
La semana pasada el Ministro
Botero cerró un
tratado con Cuba, que da una gran señal política
en la región y que tiene que ayudarnos también
en lo que se necesita, que es el tratado bilateral con
la hermana República Bolivariana de Venezuela,
para que en cinco años, cuando termine el período
de transición, una vez Venezuela denunció su
participación en la Comunidad Andina, podamos
tener ese tratado bilateral que mantenga este mercado
entre Colombia y Venezuela.
Hemos ya firmado los primeros
tratados de protección
recíproca de inversiones, y en esa dirección
vamos a continuar.
Esto para dar alguna respuesta
a las entidades calificadoras que califican mal a Colombia
en materia de política
comercial.
El segundo tema es el de carga
impositiva. Tema difícil.
El doctor Hugo Palacios hacía ver la necesidad
de recursos que, por ejemplo, en el tema de seguridad,
ha tenido Colombia. Pero, miren qué paradoja:
ha crecido más como porcentaje sobre el PIB y
como porcentaje sobre el presupuesto la inversión
social, que los propios recursos destinados a seguridad.
Eso todavía no lo ha asimilado la opinión
pública y nos tocará responderlo y contarlo
en todos los foros.
Estamos adelantando una reforma tributaria, no tan ambiciosa
como la propuso inicialmente el Ministerio de Hacienda,
pero creo que va a corregir algunos aspectos.
Cuando el lunes festivo hablaba
con el Ministro y me contaba los puntos que se le estaban
aceptando al Congreso
de la República, por lo menos hay uno en el cual
el Gobierno tiene que ser, sumamente cuidadoso. Nosotros,
salvo que se presentara una emergencia, tenemos que aprobar
una reforma tributaria que por lo menos para el cuatrienio
que nos corresponde, le garantice al país que
no habrá más reformas tributarias.
En cuanto a la carga impositiva,
se han venido introduciendo unos correctivos. Yo diría que lo importante no
es la reducción general de tarifas, que lo importante
es estímulo a la inversión. Si alguna diferencia
marca nuestra orientación tributaria, con la que
fue la orientación tributaria de los años
ochenta del gobierno Reagan en los Estados Unidos, del
gobierno de la señora Thatcher en Inglaterra,
de la reforma tributaria de Colombia, es que nosotros
creemos que no se pueden rebajar las tarifas por igual
para todo el mundo. Nosotros creemos que no se puede
dar el mismo tratamiento a quien crece que a quien no
crece. Nosotros creemos que hay que darle un incentivo
al crecimiento.
Y esa es una característica de la reforma tributaria
que introdujimos hace tres años, que creó una
deducción provisional durante cuatro años
del 30 por ciento para las nuevas inversiones generadoras
de renta, que para el caso de los inversionistas se constituye
en una disminución de la tarifa efectiva de renta.
Hay que empezar a mirar cuál es el resultado
de la tarifa efectiva de renta, cuando se tienen en cuenta
estas deducciones que estimulan la inversión.
Segundo: los críticos de estas deducciones han
dicho que estas deducciones estimulan la apropiación
de utilidades y estimulan la especulación, por
ejemplo, en el caso inmobiliario.
Allí aparece una profunda diferencia entre lo
que han sido los estímulos en la legislación
norteamericana y los estímulos que nosotros proponemos.
El estímulo nuestro es un estímulo a la
inversión, no es un estímulo para mayor
apropiación de utilidades.
Por ejemplo, en el capítulo de vivienda nosotros
tenemos unos estímulos para fomentar la vivienda
social, necesidad básica insatisfecha en nuestro
país, no para estimular la especulación
inmobiliaria.
Entonces, la reforma tributaria
colombiana incluirá como
normas de carácter indefinido, estímulos
a la inversión, a la inversión productiva.
Lo consideramos de gran importancia. No de otra manera,
no de otra manera, se pueden generar empleos de buena
calidad.
Y se han tomado, por lo menos
a nivel de ponentes algunas decisiones. En el tema
del cuatro por mil, que preocupa
mucho algunos sectores productivos, se ha tomado la decisión
de permitir la deducibilidad del 25 por ciento y de aumentar
a siete millones las cuentas, a siete millones el tope
de movimientos financieros, en cuentas de ahorro, tope
mensual que no pagará el impuesto al cuatro por
mil.
Sin la condición que existe actualmente, que
exige que para tener derecho a esa exención, que
es para movimientos financieros hasta de cuatro millones,
la persona que abra esa cuenta de ahorros tenga que tenerla
vinculada a un crédito hipotecario.
La decisión de los ponentes es: subir el tope
a siete millones, tope exento, persona mes, contribuyente
mes, y no exigir que esa cuenta de ahorros esté vinculada
a un específico crédito hipotecario.
También hay otros avances
importantes, como es el de deducir el ciento por ciento
de las contribuciones
locales.
Y otros avances importantes,
como es el avance de permitir que con la deducción, que ya no será del
30 por ciento sino del 25, a las nuevas inversiones generadoras
de renta –¿por qué no del 30 sino
del 25? Porque también se está bajando
la tarifa nominal del 38 y medio al 35–, permitir
que se flexibilice el tema de pérdidas, a fin
de que las nuevas empresas puedan utilizar esa deducción
para poder compensar pérdidas que la legislación
vigente no lo permitía.
Yo creo que en el tema de la
renta corporativa, para estimular el crecimiento de
la inversión en Colombia,
la reforma tiene aspectos muy importantes, mirada ya
hoy a la luz de lo que están presentando los ponentes.
En IVA, las reformas son intrascendentes.
En la campaña
yo propuse que, por responsabilidad política de
todos los colombianos, debería haber un IVA general,
no con una tarifa gravosa sino con una tarifa simbólica.
No hemos podido llegar a un acuerdo sobre esa materia
con el Gobierno.
Se mantienen todos los estímulos a las rentas
de trabajo. Y unas exenciones que no fueron objeto de
presiones, sino de identificar cuáles son los
sectores de la economía colombiana en los cuales
tenemos grandes posibilidades de crecimiento, y que necesitaban
estímulos tributarios, el Ministro ha aceptado
la propuesta del Congreso de la República de mantener
estas exenciones, exenciones a los cultivos de tardío
rendimiento, exenciones a la madera, unos estímulos
a la producción de energías alternativas,
unos estímulos a la industria del turismo, etcétera.
Se criticaban mucho esas exenciones,
y ahora que el Ministerio de Hacienda propuso desmontarlas,
todos los
foros del país se rebelaron contra el desmonte
de esas exenciones.
Yo creo que lo que ha pasado
en al realidad de la discusión
política de estos cuatro meses en Colombia, nos
va a hacer pensar que lo que teníamos no era tan
malo como algunos lo desconceptuaban.
La dificultad de reformarlo todo,
pero después
de asistir a muchísimos foros a los cuales ya
discutido de cara al país cada uno de los artículos,
nos indica que vamos a tener que ser más cuidadosos
en aquello de estar proponiendo todos los días
que lo que tenemos en materia tributaria hay que demolerlo,
que se necesita es una reforma estructural de tal o tal
orientación, que lo que tenemos es muy malo, y
va a tener que darle a los gobiernos más seguridad
en el sentido de pensar que, a pesar de la crítica,
lo que hemos introducido tiene muchas bondades.
Yo confío, Presidente Aznar y muy distinguidos
asistentes y patrocinadores, que en la parte de impuesto
corporativo, la reforma debe llevarnos, la reforma que
se está aprobando, debe llevarnos a que Colombia
tenga una mejor calificación de parte de estos
organismos.
En el tema de intervención
gubernamental, nosotros hemos reformado hasta el momento
293 entidades del Estado.
Nosotros no participamos de lo
que sucedió en
América Latina en las décadas del 70 y
80. Allí, teorías políticas en nombre
de la equidad social impidieron reformas a empresas del
Estado, mantuvieron privilegios de excesos sindicales
y politiqueros, y esas empresas, cuya reforma no se pudo
adelantar, terminaron en la ruina.
Nosotros tampoco participamos
de la tesis del año
90, de desmantelarlo todo.
Nosotros creemos en un Estado
al servicio de la comunidad, no de intereses, no de
privilegios sindicales, no de
la politiquería. Creemos en un Estado sostenible,
en un Estado que no sea interferencia a la inversión
privada.
La primera empresa grande que
reformó este Gobierno
fue Telecom. Yo recuerdo que encontré argumentos
para una u otra salida, desde los diferentes extremos.
Unos sectores decían: ‘ustedes no la pueden
reformar, están los derechos de los pensionados,
de los trabajadores’. Mi respuesta es: ‘¿y
con qué les vamos a pagar?’.
Y seguían esos sectores: ‘ustedes van a
desmontar, van a acabar con el capital del Estado’.
Y les contestaba yo: ‘¿y cuál capital,
cuál patrimonio? Si eso tiene hoy valor negativo’.
Y desde otro extremo se decía: ‘déjenla
morir, acábenla, que el capital privado entra
y suple todas esas necesidades’.
Y mi respuesta fue: ‘este país tiene comunidades
muy remotas, este país tiene mucha pobreza, mucha
inequidad, nosotros no podemos exponernos a fallas de
mercado’.
¿Qué hemos logrado
con la reforma de Telecom? Primero, la seguridad del
pago a los pensionados; segundo,
a los trabajadores.
Yo diría que entre las reformas que nosotros
hemos hecho, y que vamos a tenerlas que repetir, porque
los críticos dicen que nuestra economía
ha crecido simplemente por influencia de la economía
internacional, sin que hayamos hecho esfuerzos, y los
hemos hecho, y muchísimos. Este esfuerzo de haber
reformado 293 entidades del Estado es un esfuerzo descomunal.
Vencer solamente esos obstáculos políticos
es un esfuerzo descomunal, y la determinación
es: reformar todas las empresas del Estado que aún
quedan por reformar.
Cuando yo veo el ahorro que ha
hecho este Gobierno, porque cuando presentamos el proyecto
de transferencias,
que es equilibrado, el país no puede quebrar a
la Nación, ni frenar la descentralización.
Y por eso vamos a tener que defender en la interlocución
con cada colombiano este proyecto de transferencias,
y lo vamos a tener que hacer con toda convicción
y con toda determinación. Nosotros no podemos
en nombre de la descentralización, quebrar a la
Nación. El peor servicio que se le presta a la
descentralización es quebrar a la Nación.
Entonces cuando defiendo este
proyecto de transferencias, oigo que la oposición dice: ‘el Gobierno
Nacional no ha hecho ahorro’. Miren los ahorros:
hace cuatro años nosotros teníamos un déficit
en el Gobierno Nacional Central de casi el 7 por ciento,
este año será del 4 y medio (por ciento).
Y hay que tener en cuenta que este Gobierno tuvo que
hacerse cargo de un costo que equivale a 1.3 del PIB
(Producto Interno Bruto), que es el costo de transferirle
cuatro billones y medio, cinco billones, al Instituto
de los Seguros Sociales, para que pueda honrar el pago
de pensiones.
Alí hay un tremendo ahorro. Nosotros, si no tuviéramos
el problema de pensiones, que lo hemos corregido bastante
pero a futuro, con las reformas constitucionales, con
las reformas legales y con la reforma en 293 entidades
del Estado, si no hubiéramos tenido ese problema,
que afecta directamente la Tesorería de la Nación,
terminaríamos este año con un déficit
en el Gobierno Nacional Central del 3.2. Y venimos casi
del 7.
Otro tema muy importante del
ahorro de la Nación.
Este país perdió le grado de inversión,
y no lo perdió en este Gobierno. Lo perdió en
los años 98 y 2000. Y no lo perdió por
el período 98-2002. Lo perdió por todo
lo que se vino incubando de atrás.
La historia económica no produce hechos de un
día para otro. Cuando este país llegó a
la pérdida del grado de inversión por el
tema de inseguridad, por el tema de alto endeudamiento,
que tocó niveles en endeudamiento bruto del 54
por ciento y de endeudamiento neto del 48 por ciento,
que lo perdió por haber llegado a ese déficit
en el Gobierno Nacional Central casi del 7 por ciento,
que lo perdió por haber llegado a un déficit
consolidado, que cuando nosotros llegamos en agosto de
2002 era del 4.2, esas condiciones no se crearon de la
noche a la mañana. Se crearon en muchos años,
se crearon en muchos años.
Y eso nos atemoriza a nosotros
para poder regresar a la fórmula inicial de transferencias de la Constitución
del 91. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Entonces a
mí se me dice: ‘no ha habido ahorro’,
y allí habido otro ahorro muy importante.
Y en endeudamiento: nosotros
hemos pasado de un endeudamiento neto del 48 por ciento,
a un endeudamiento neto del 33
por ciento. Allí hay un gran ahorro.
Y en inversiones en Ecopetrol.
Hace cuatro años
las inversiones anuales de Ecopetrol eran de 500 millones
al año, este año son de 1.400 millones
de dólares.
Un gobierno irresponsable habría podido traerse
esos 900 millones de dólares al gasto público
y dejar que a Ecopetrol le pasara lo que le ha pasado
a otras empresas estatales de otras naciones del Continente.
Me decía el Presidente Calderón de México
que ellos apenas están agregando a las reservas
que consumen el 24 por ciento. Eso los lleva anualmente
a una pérdida en relación con lo que consumen
en el año de aproximadamente el 80 por ciento
en reservas. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo,
pero tenemos que llegar a 2.500 millones de dólares
de inversión al año en Ecopetrol. Por eso
necesitamos la capitalización, que encuentra mucho
obstáculo y que lo vamos a tener que vencer con
una gran tarea de persuasión a los colombianos
para que nos apoyen esto.
Otro tema muy importante: hemos
contribuido a sanear las finanzas de los departamentos
y de los municipios
con dineros de la Nación, pero eso no se refleja
en el balance del Gobierno Nacional Central.
Cuando el Hospital González Valencia de Bucaramanga
está en déficit, ese déficit golpea
las finanzas del departamento de Santander. Cuando con
aportes del Gobierno Nacional se sanea, como hemos saneado
128 hospitales públicos, ese superávit
favorece las finanzas del departamento de Santander.
Le ayuda a la Nación en el consolidado del balance,
pero nunca se reflejan en el balance del Gobierno Nacional
Central, no obstante que el esfuerzo para sanearlo lo
hizo el Gobierno Nacional Central.
Y lo más importante: esas 293 entidades del Estado
que hemos reformado, generan un ahorro no cuantificado.
Las finanzas públicas no nos hablan hoy del ahorro
de haber reformado a Telecom o a Inravisión o
el ahorro de haber reformado a Adpostal. Pero, ¿qué hubiera
pasado si no hubiéramos hecho esas reformas y
hoy llegará el señor Presidente de Telecom
a decirle al Ministro de Hacienda: ‘présteme
500 mil millones para pagar las pensiones’?
¿Y qué estaría pasando en un país
tan atrasado en, por ejemplo, internet y banda ancha?
Dimos un gran salto, dimos un gran salto en telefonía
móvil: pasamos en cuatro años de 4 millones
aparaticos a 27 millones de aparatitos. Pero tenemos
un gran atraso en internet, tenemos un gran atraso en
banda ancha. Y gracias a esa reforma y a la confianza
del sector privado en Colombia, nosotros vamos a poder
crecer al 32 por ciento en comunicaciones en los años
que vienen, vamos a poder dejar al final de este cuatrienio
al 78 por ciento de los estudiantes de educación
básica con conectividad, vamos a poder dejar conectadas
todas las bibliotecas y vamos a poder dejar conectadas
todas las oficinas públicas y vamos a poder dejar
conectado buena parte del sector agropecuario.
O sea que yo creo que hay unos
avances bien importantes, pero reconozco: tenemos en
frente una tarea descomunal,
la reforma tributaria, la reforma a las transferencias,
la capitalización de Ecopetrol, y tenemos en frente
la reforma de todas las entidades del Estado que no se
han podido reformar, empezando por las clínicas
del Seguro Social, donde apenas hemos podido reformar
tres de la Costa Caribe, que en pocas semanas de haber
introducido esas reformas ya empiezan a mostrar un gran
alivio para los usuarios.
Ahora, algunos nos critican y
nos dicen: ‘bueno,
pero ¿por qué en lugar de reestructurar
hospitales públicos, no los eliminan? ¿Por
qué en lugar de reestructurar Telecom no lo eliminan?’.
Este es un país con mucha pobreza, con muchas
dificultades, y es un país que tiene que tener
en muchos casos la opción pública. En ocasiones
para poder enfrentar eventuales fallas de mercado, y
en ocasiones para llegarles a los sectores más
vulnerables de la población.
Ahora, allí donde sin duda se ha podido privatizar,
lo hemos hecho sin temor. Una vez recuperados Granahorrar,
Megabanco, el Banco Cafetero, salimos a venderlos, y
con éxito. Vamos a vender a Ecogas, sin ninguna
duda. Hace dos años, cuando ofrecíamos
Banco Cafetero, le daban la espalda. Yo lo dije gráficamente
hace pocos días: hace dos años la gente
no se lo llevaba ni que le diéramos encime. Ahora
se vendió por una suma muy aceptable que nos va
a ayudar al financiamiento, a frenar las tendencias de
endeudamiento.
Hemos recuperado las electrificadotas,
y vamos a proceder a venderlas. No es fácil el tema con las regiones.
Estamos convenciendo a las regiones que le permitan a
la Nación venderlas y que el compromiso de la
Nación es invertir esos recursos en obras nacionales
de competitividad, que tengan asiento en la geografía
de las Naciones.
¿Para qué vender a Corelca, para qué vender
la Electrificadora de Santander, la Electrificadora de
Norte, la Electrificadora del Llano, la Electrificadora
de Cundinamarca, la Chec de Caldas, la del Quindio? Porque
están bastante recuperadas, es el momento de venderlas.
Creemos que puede haber una administración más
transparente en manos del sector privado
En un país donde están las Comisiones
de Regulación, donde no importa hoy para los precios
que la empresa sea estatal o pública, donde para
la calidad del servicio que se le presta al usuario,
empieza a ser mejor que sea privada, porque hay más
verticalidad para controlarlas cuando son privadas que
curando son estatales. Cuando son estatales recorre un
tufillo paternalista, que lleva muchas consideraciones,
para no ser severo, en las exigencias a estas empresas.
Y ahora nos proponemos enajenarlas
y resolver el problema político con las regiones,
con el compromiso de que esos recursos se van a invertir
en obras de competitividad
en las regiones.
A política monetaria no me refiero, el Gobierno
ha ayudado con todo lo que ha estado a su alcance en
materia de gasto público, para que sea exitosa
la política del Banco Central.
En tema de inversión extranjera, yo creo que
el país ha avanzado mucho en libertades. Ayer
re-examinábamos nuevamente lo pasa por ejemplo
en materia de propiedad intelectual. Los tratados de
comercio son un gran avance en materia de ese tema tan
sensible a la inversión extranjera, como es el
tema de propiedad intelectual.
En tema de actividad bancaria,
yo creo que lo que obliga ahora en Colombia es profundizar
los acuerdos con el
sector financiero para poder llegarles con financiación
a los sectores más pobres de la población.
Vamos a lanzar aquí en Bogotá, ya con los
primeros créditos, el próximo 21 de noviembre,
la Banca de Oportunidades.
Pasamos en el anterior Gobierno
de 736 mil millones de cartera a los microempresarios
a 3 billones, y ahora
queremos la nueva etapa que profundice el crédito
a los sectores populares de la Nación, y ahí aparece
un tema filosófico: el tema de intervención
o el tema de concertación.
Aquí está la señora Directora de
la Asociación Bancaria. A lo largo de estos cuatro
años nosotros hemos adelantado un buen nivel de
concertación con el sector financiero, queremos
profundizarlo ahora, y eso tiene un enorme significado
político en América Latina, porque una
banca comprometida con los sectores populares a través
de políticas concertadas con las instituciones
gubernamentales, es una banca que impide que florezcan
ideas gubernamentales de intervención, ideas gubernamentales
de obstaculización. Entre más podamos llegar
a los sectores populares, vía concertación
con los sistemas de crédito, menores serán
las presiones para la interferencia pública al
sistema financiero colombiano.
El tema de salarios y precios.
En el tema de precios tal vez hemos tenido un problema,
que es el tema del
cemento. El Gobierno amenazó con intervenir el
precio del cemento, finalmente se llegó a un buen
acuerdo con las cementeras. Recibí ese reclamo
el pasado viernes en la Asamblea de Camacol. Dije, ‘mire,
este es un Gobierno que cree en la empresa privada, en
la empresa privada como función social, tal cual
lo definió la Constitución del 36. Pero
en el ambiente político latinoamericano y colombiano,
los gobiernos que creen, y no se avergüenzan de
ello, en la empresa privada, que la defienden públicamente
sin actitudes vergonzantes, necesitan que la empresa
privada ayude con una permanente legitimación
popular’.
Cuando en un producto tan importante
como el cemento, se baja el precio de 21 mil pesos
a 8 mil, porque entró un
tercer oferente de cemento, se le compra a ese tercer
oferente, y enseguida sube el precio a 12 mil, se logra
un acuerdo para que se estabilice allí, es imposible
que ese acuerdo lo mantengan y sube a 16 mil pesos la
bolsita de cemento, allí empiezan a presentarse
fenómenos que legitiman la empresa privada.
El Gobierno es un gobierno pro-empresa
privada, cree en la función social de la empresa privada, pero
la empresa privada se tiene que ayudar con unas decisiones
que la conecten y la legitimen más en los sectores
medios y populares de la Patria.
Todo lo que deslegitime la empresa
privada por su propia culpa, ayuda a que surjan gobiernos
adversarios, obstaculizantes
de la empresa privada, pero el tema salió bien.
Viene el tema de salarios, el
tema de parafiscales. Primero, quiero recordarles que
los costos parafiscales
y de seguridad social de Colombia son deducibles. Cada
vez que se habla de la necesidad de eliminar unos aportes
a cajas de compensación, al Sena, etcétera,
es bueno recordar que todos esos costos son deducibles.
Cada vez que se habla, que se
pregunta: bueno, ¿pero
por qué sí se puede deducir la inversión
y no se pueden deducir costos laborales? Todos esos costos
en Colombia hoy son deducibles. Eso es muy importante.
Enseguida se dice: ¿por qué Colombia sigue
fijando salario mínimo, si eso se considera que
es un atropello a las libertades económicas, y
en el caso colombiano se muestra una gran brecha entre
el salario promedio de las mayorías pobres, y
el salario mínimo? La verdad es que en un país
con esta pobreza y con esta inequidad, esos instrumentos
de intervención no se pueden abandonar.
En efecto, en los últimos tres años nosotros
hemos aumentado el salario mínimo por encima de
inflación, y no le ha hecho daño al sector
privado. Eso ha coincidido con grandes crecimientos de
inversión en el sector privado. El año
pasado la inversión privada creció en más
del 20 por ciento, y este año, dicho por los propios
dirigentes gremiales, la inversión privada está creciendo
alrededor del 30 - 32 por ciento.
Yo creo que no es el momento
de que Colombia abandone la obligación de cotizar a entidades como el Sena,
Bienestar Familiar, Cajas de Compensación. Constituyen
una gran institucionalidad social. Habría que
preguntarse qué sería de Colombia con los
graves programas sociales que tiene, si no contara con
estas instituciones.
La solución que algunos han dado es que esas
instituciones sean financiadas por el Presupuesto Nacional,
lo lograría uno dos años, después
las marchitan. Yo prefiero bajarle la renta al sector
privado, darle toda clase de estímulos para que
crezca, pero se garantiza la financiación de estas
instituciones, mucho mejor cuando están a cargo
de cotizaciones del sector privado, que cuando están
a cargo del Presupuesto Nacional.
En materia de salarios yo creo
que el esfuerzo que tiene que hacer Colombia no es
eliminar el salario mínimo
para ajustar más para que el salario que aparezca
sea el salario efectivo que reciben las mayorías
pobres. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer Colombia
es procurar que la economía se vaya formalizando
y vaya creciendo, de tal manera que el salario que perciben
las mayorías pobres se ajuste al salario mínimo.
Y aparece el tema de la flexibilización laboral.
Yo quiero decirles a los calificadores de libertades
de económicas que Colombia ha llegado a un punto
muy equitativo, a un punto equitativo entre esa flexibilidad
que necesitan los empleadores y esa estabilidad que necesitan
los trabajadores.
No nos podemos olvidar que el
país ha hecho dos
reformas laborales recientemente, profundas. Cuando hablo
con los jóvenes universitarios de hoy, ellos no
alcanzan a dimensionar lo que era la retroactividad en
las cesantías, que apenas las pudimos remover
y parcialmente en el año 1990 cuando se introdujo
la Ley 50, el daño que le estaba haciendo al crecimiento
empresarial y a los propios ahorros de los trabajadores.
Y la última reforma laboral
la hicimos cuando empezaba este Gobierno, fue aprobada
en diciembre de
2002.
Yo creo que estamos hoy en un
punto bastante equitativo, y surge esa calificación subjetiva, seguramente,
cuando comparamos las normas de estabilidad y las normas
de flexibilidad de nuestro estatuto laboral, con los
otros que hay en la región.
No me voy a referir al tema de
derechos de propiedad que, con los avances en propiedad
intelectual, creo que
han mejorado en Colombia. Al tema de regulaciones, el
país ha dado un gran avance en regulaciones, en
sus comisiones de regulación, en su supervisión,
estos son otros de los puntos que traen los calificadores.
Si ustedes tienen a bien y el tiempo nos permite, con
el mayor gusto escucho algunas de sus preocupaciones
en esta materia.
Muchas gracias.