INTERVENCIÓN
ANTE LA 61 ASAMBLEA DE LA ONU
Septiembre 21 de
2006 (Nueva York – Estados Unidos)
Señoras y señores:
Quiero felicitarla
a usted, Señora Presidenta,
y desearle todos los éxitos en esta nueva Asamblea
General.
Hace cuatro años acudí por primera vez
ante este foro del mundo a anunciar que Colombia empezaba
una era de seguridad democrática. Explicaba por
qué la seguridad es en nuestro tiempo un valor
democrático sin el cual no prosperan las libertades
y es también una fuente de recursos, en cuya ausencia
no afluye la inversión y son esquivas las posibilidades
para eliminar pobreza y construir igualdad.
Hace cuatro años referí a ustedes por
qué nuestro concepto de seguridad es democrático
y, por ende, merecedor del apoyo y confianza de todos
los pueblos y de las Naciones Unidas.
Soy consciente que
hoy no podría dirigirme a
ustedes para proponer una teoría de seguridad
democrática. La oportunidad de haber estado cuatro
años en la Presidencia de mi País, me obliga
a presentar los resultados de esta política. Colombia
ha realizado en este periodo cuatro elecciones generales
y un sinnúmero de elecciones locales. El Referendo,
la elección de alcaldes y gobernadores de 2003,
fueron eventos que pusieron a prueba nuestro significado
democrático de seguridad. Este año, las
elecciones en fecha separada de Congreso y Presidente
de la República, altamente amenazadas por terroristas,
resultaron, sin embargo, las más pacíficas
en muchas décadas. Todas las opciones políticas
disfrutaron de garantías efectivas, sin importar
su grado de apoyo o de oposición al Gobierno.
Colombia ha elegido,
bajo la seguridad democrática,
alcaldes, gobernadores y congresistas de todas las tendencias.
La seguridad ha contenido al terrorismo para que se exprese
la democracia.
Aún nos falta mucho en seguridad y todavía
no se vislumbra la paz definitiva, pero los avances son
innegables. La protección efectiva de los colombianos
se traduce en la caída del número de homicidios,
secuestros, actos terroristas, crímenes y amenazas
contra periodistas y líderes de organizaciones
de trabajadores. La totalidad de gobernadores y alcaldes
ejercen sus funciones en sus propias jurisdicciones,
superando la pesadilla del destierro a que muchos fueron
sometidos por acciones terroristas no contrarrestadas
por el Estado.
Para garantizar
la sostenibilidad en el tiempo de la seguridad, se
requiere que la ciudadanía la rodee
con credibilidad. Nuestra tarea se orienta a construir
credibilidad basada en eficacia y transparencia. En consecuencia,
los derechos humanos son un imperativo de la seguridad.
En los últimos años hemos crecido la Fuerza
Pública en un 30 por ciento, las operaciones militares
se han multiplicado por tres y simultáneamente
las quejas contra la Fuerza Pública se han reducido
en un 38 por ciento. Esto cobra más importancia
al tratarse de un País con plena democracia interna
y totalmente abierto a la supervisión y crítica
internacional, como ha ocurrido a través de la
presencia de la oficina permanente de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos.
A pesar del camino
que queda por recorrer, el logro más importante es la valoración positiva
que los ciudadanos le asignan a la seguridad y la determinación
colectiva para consolidarla.
Para nosotros la
violencia organizada, con móviles
políticos ficticios, es terrorismo y la seguridad
es camino de paz. Cuando hay una democracia de por medio,
pluralista, vigorosa, garantista, la acción armada
contra ella es puro terrorismo. Negarlo haría
que no hubiese diferencia entre el combate armado a las
dictaduras, que ameritó en otros países
el reconocimiento a grupos insurgentes y la agresión
violenta padecida por nuestra democracia, agresión
que es terrorismo.
La desmovilización de más de 40 mil integrantes
de agrupaciones violentas, como resultado de la seguridad
democrática y los esfuerzos que el País
adelanta para reinsertarlos a la vida Constitucional,
acreditan plenamente que para nosotros la seguridad es
camino de paz y reconciliación.
Hablar de 40 mil
desmovilizados es fácil, sumarlos
es muy difícil, lograr que se desmovilicen es
aún más difícil y reinsertarlos
es obra monumental. En medio de comprensible controversia
hemos avanzado en el desmonte de poderes irregulares.
Las autodefensas ilegales, que hasta hace dos años,
conjuntamente con la guerrilla, parecían poderes
superiores al Estado, hoy, en su inmensa mayoría
están desmovilizados y un alto porcentaje de los
jefes están recluidos a órdenes de la justicia.
Son resultados más elocuentes que la retórica.
Debo anotar que
en la guerrilla ha sido superior el número de
desmovilizados que los dados de baja por las Fuerzas
institucionales.
Vengo hoy a Naciones
Unidas a pedir apoyo resuelto a nuestra política de seguridad y al programa de
reinserción. La violencia colombiana ha tenido
mucha publicidad internacional, crítica constante
al Estado y poca ayuda para superarla. Es tiempo para
que la comunidad internacional emplace, de manera perentoria,
a los grupos violentos a hacer la paz sin más
dilaciones. El Gobierno es tan firme para implementar
la seguridad, como riguroso para respetar las reglas
democráticas y, abierto y generoso para buscar
la paz. Una muestra sincera de voluntad de paz no tropezará con
obstáculos gubernamentales para llegar a la reconciliación
definitiva.
La comunidad internacional
debe apoyar, de manera más
decidida, nuestra política de seguridad. De este
modo se acelerarán resultados de superación
de violencia y búsqueda de paz.
Las drogas ilícitas como fuente de financiación
de los grupos violentos, son uno de los aspectos que
marca la diferencia con antiguas guerrillas de otros
países latinoamericanos. Esa financiación
criminal, sin fondo y autónoma, es el principal
obstáculo para la paz.
En la lucha contra
las drogas ilícitas, expreso
con angustia que los progresos son pequeños si
se comparan con el sacrificio del pueblo colombiano y
la voluntad del Gobierno para erradicarlas.
Los esfuerzos en
número de ciudadanos extraditados,
confiscación de riqueza ilegítima, extensiones
fumigadas, son enormes, pero los resultados no son proporcionales.
Por segundo año consecutivo contamos con un programa
de erradicación manual masiva, que completará 70
mil hectáreas eliminadas de coca.
La producción
y el consumo requieren un compromiso global, que trascienda
las declaraciones formales, para
aplicar de manera creciente programas que reflejen acciones
de responsabilidad compartida.
Hay exitosos proyectos
de desarrollo alternativo. Hace pocas semanas Naciones
Unidas evaluó muy positivamente
el programa Familias Guardabosques, que cobija a 43 mil
familias campesinas, que han sustituido la droga por
el cuidado del bosque y la siembra de cultivos alternativos.
Algunos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya
ofrecen servicios de turismo ecológico. Según
la Agencia de Naciones Unidas Contra el Delito, la droga
ha sido eliminada en un 80 por ciento dentro del área
de las familias guardabosques, área que abarca
dos millones de hectáreas. Han sido recuperadas
más de 136 mil hectáreas de bosque tropical.
Gracias a los pagos que realiza el Gobierno, estas familias
ya han adquirido más de 30 mil hectáreas
de tierra productiva. Sin embargo, para cuidar un alto
porcentaje de la selva colombiana, tropical y amazónica,
necesitamos llegar a 120 mil familias, lo cual se constituye
en un gran reto presupuestal que demanda apoyo internacional
más general y decidido.
El programa frena
la tala del bosque tropical y de la selva amazónica, que por efecto de la droga han
sufrido en nuestro País la destrucción
de cerca de dos millones de hectáreas.
Pregunto al mundo: ¿por qué no hay un
compromiso mayor, menos retórico y más
eficaz, para que Colombia, que tiene absoluta voluntad
para lograrlo, supere definitivamente este flagelo de
las drogas ilícitas?
Los colombianos no queremos quedarnos en esfuerzos y
sacrificios, requerimos resultados. Estamos dispuestos
a revisar nuestra estrategia, a mejorarla, pero necesitamos
que el mundo entero se involucre con nosotros. Pido a
Naciones Unidas esfuerzos adicionales que nos ayuden
a encontrar senderos de eficacia.
Reiteramos ante
Naciones Unidas nuestro comprometido entusiasmo para
honrar las Metas Sociales del Milenio.
Cohesión social, superación de pobreza
y construcción de equidad, son aspiraciones esenciales
de nuestra democracia. En 2002, la pobreza alcanzaba
casi el 60 por ciento de la población; en 2005,
había bajado al 49 por ciento. Haremos lo posible
para que en 2010 no supere el 35 por ciento y alcanzar
la meta de 15 por ciento para el 2019, Segundo Centenario
de la Independencia de nuestro País. Por fortuna
el coeficiente Gini empieza a mostrar una tendencia de
corrección en la distribución del ingreso.
Nuestras metas son
ambiciosas para lograr en el cuatrienio que inicia,
plenas coberturas en educación básica
y salud, avances significativos en saneamiento básico
y microcrédito para cinco millones de familias.
Queremos una democracia
moderna con seguridad, libertades, cohesión
social, transparencia e instituciones independientes.
Esto es nuestro
sueño, el objetivo de nuestra
lucha: una Nación sin exclusiones y sin odio de
clases, con armonía, rectitud y prosperidad. Una
Nación en permanente debate democrático,
con fraternidad, sin antagonismos insuperables. Una Nación
integrada al multilateralismo, agradecida de los esfuerzos
de Naciones Unidas, receptiva a sugerencias de la comunidad
internacional y dispuesta a compartir sus experiencias
y a mejorar sus resultados.
Muchas gracias.