Señoras y señores:
Hace tres años vine a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a hablar sobre nuestra política
de Seguridad Democrática. La denominamos democrática
por razones históricas y de vocación.
¿Cuál es la razón histórica?
El continente fue recorrido por la doctrina de la seguridad
nacional, en nombre de la cual se suprimieron las libertades
públicas, se impusieron dictaduras, se persiguió a
los disidentes, se descalificó a la oposición,
se anuló la democracia. Entonces la nuestra
es democrática para establecer una diferencia
con lo que fue el fantasma de la seguridad nacional
que recorrió el continente.
¿Cuál es nuestra vocación con
esta Seguridad Democrática? Profundizar el pluralismo
a través de proteger por igual a todos los estamentos
de la sociedad colombiana. Seguridad Democrática
implica seguridad para los amigos de las tesis del
Gobierno y seguridad para los críticos. Seguridad
Democrática implica proteger por igual al campesino
que al empresario del campo, al líder gremial
que al líder sindical.
Lo que antes parecía un concepto teórico,
con cuatro años de vigencia la Seguridad Democrática
ha brindado todas las garantías y la protección
en cuatro procesos electorales: el Referendo y las
elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales
y diputados en 2003, y las elecciones para Presidente
de la República y Congreso en 2006.
Las tipificaciones de terrorismo
se han basado en la circunstancia de que Europa Occidental
es respetuosa
del pluralismo. Y eso les ha dado la razón para
señalar en sus legislaciones, tipificar en sus
legislaciones como terrorismo, toda acción de
fuerza o de amenaza de fuerza, por razones políticas,
ideológicas, religiosas.
En nuestro continente americano
muchos grupos guerrilleros recibieron la calificación, que en alguna forma
ennoblece, de insurgentes, porque luchaban contra dictaduras.
En Colombia la lucha de estos grupos es contra la democracia.
Son sicarios de la democracia, además alimentados
por el narcotráfico.
En el continente se pudieron
llevar a cabo procesos de paz, como lo dicen tantos
investigadores, ahora
que se conmemoró un nuevo aniversario del proceso
de paz de El Salvador. Porque esos grupos entendieron
que había llegado un punto de no avance en la
lucha armada y porque perdieron financiación
internacional.
En Colombia ellos hoy desprecian
la financiación
internacional. No la necesitan. Son muy ricos por el
narcotráfico. Por eso se nos dificulta mucho
la paz y por eso tenemos que derrotar el narcotráfico.
De los aproximadamente 60 mil
que encontramos hace cuatro años, se han desmovilizado 40 mil: 30
mil de los paramilitares y el resto de las guerrillas.
En las guerrillas es la desmovilización más
grande de la historia de Colombia.
Desmovilizar casi 10 mil guerrilleros
sin un proceso formal de paz con ellos, rebasa las
cifras de los desmovilizados
en antiguos procesos de paz con la guerrilla: el ELN
desmovilizó 900, el EPL 2 mil, la Corriente
de Renovación Socialista 300.
Esos procesos de paz del pasado
no desmovilizaron más de 4 mil. Nosotros hemos
desmovilizado casi 10 mil guerrilleros.
La entrega de armas ha sido
muy importante, en términos
relativos nacionales e internacionales.
Nacionales: cuando el M-19
se desmovilizó,
los 900 desmovilizados entregaron 270 armas. Los 30
mil paramilitares desmovilizados de Colombia han entregado
más de 18 mil armas.
O sea que son cifras elocuentes.
Además verificadas
por la OEA, que ejerce una tarea de vigilancia, tutoría,
apoyo a esos procesos en Colombia, lo cual indica que
es un proceso efectivo de desarme.
¿Qué sigue con el paramilitarismo? Siguen
dos caminos. A los desmovilizados, aplicarles la Ley
de Justicia y Paz. A quienes no se han desmovilizado
no se les debe llamar más paramilitares.
Las circunstancias históricas son otras. Ellos
surgieron como una respuesta a un avance guerrillero
contra la población que no tenía confrontación
de parte del Estado. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo
para que el Estado, el Estado de Libertades, el Estado
de Orden, el Estado de Derecho, cope con sus instituciones
todo el territorio.
No fácil. Es un país de un millón
164 mil kilómetros, y la mitad de su territorio
está todavía en selva. Para bien del
medio ambiente, pero para dificultades en la recuperación
del orden.
Los grupos remanentes derivados
del paramilitarismo son hoy tratados como delincuentes
comunes. Y la instrucción
que la Fuerza Pública ha recibido de mi parte,
en público y en privado, es perseguirlos y derrotarlos.
Y las cifras son elocuentes.
¿Qué sigue con la guerrilla? Entra en
un proceso de paz, o el Estado colombiano terminará derrotándola.
Hay avances, pero falta mucho.
El proceso de paz, en medio
de dificultades, yo creo que tiene unos puntos muy
importantes para destacarlos.
Primero: hoy está aplicándose la Ley.
En la cárcel están 90 líderes
paramilitares, los importantes, en la cárcel.
Y quedan 3 o 4 de ellos que están huyendo, y
el Estado los está persiguiendo con toda decisión.
Aquellos que están en la cárcel, si cumplen
con todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz,
van a tener unas sentencias reducidas.
¿Pero cuáles son las características
de nuestra ley y de nuestro proceso? Es ley de paz,
pero sin impunidad. Ley de paz, pero con imperativo
de verdad. Y ley de paz, pero con búsqueda o
imperativo de reparación.
Eso marca diferencias con el pasado colombiano y con
muchos procesos del mundo.
En el pasado colombiano los
procesos de paz fueron de perdón sin verdad, de paz con impunidad.
Gentes de procesos de paz en Colombia del pasado, hicieron
el tránsito de haber producido con dineros del
narcotráfico el holocausto de la justicia. Hicieron
el tránsito al Congreso de Colombia o a aspirar
a la Presidencia. La verdad apenas la ha esclarecido
una comisión informal, reciente. Nunca se esclareció.
Ahora, por ejemplo, como ustedes
lo saben, nuestra ley no permite amnistía ni indulto para delitos
atroces. No remueve las talanqueras jurídicas
de Colombia que impiden que los responsables de delitos
distintos al homicidio culposo o al delito político,
lleguen al Congreso. Es bien importante.
Yo creo que lo que se está haciendo en Colombia
es un ejemplo para el mundo. Porque uno ve que en una
parte hubo un proceso de paz basado en la verdad, muy
bien difundido internacionalmente, pero hubo muy poca
verdad. Simplemente se impusieron unas nuevas mayorías
electorales.
En otras partes se han superado
problemas, pero simplemente con aparente reconciliación y con impunidad.
En otras partes donde hubo leyes de punto final o de
perdón y olvido, llegaron gobiernos de oposición
y revivieron los procesos, no para construir la paz
sobre la verdad, sino para estimular retaliaciones.
El proceso de Colombia marca
diferencias con los procesos nuestros del pasado
y con los del mundo. Y yo creo
que debe producir los siguientes efectos: primero,
nuevos procesos en Colombia, los que se den en el futuro
con las guerrillas, no podrán ser menos exigentes
que el actual que se da con los paramilitares. Y va
a producir otra consecuencia: a Colombia, que se le
señalaba como un país de impunidad, el
mundo le va a tener que hacer ahora el reconocimiento
por este proceso.
En este momento hay una gran
discusión en el
país, porque las audiencias se están
transmitiendo en televisión y se ha producido
mucho debate, porque, en nombre de la verdad, estas
personas que están siendo juzgadas han acusado
a mucha gente. El primero que ha estimulado que digan
la verdad es el Gobierno.
Inclusive de los acusados hay
personas que me apoyan a mí en el Congreso. Pero he aplicado una tesis:
se le hace mucho daño a la democracia cuando
se es severo con los adversarios e indulgente con los
amigos.
Nosotros estimulamos una justicia
imparcial que, además,
en Colombia es independiente. Y la verdad es que no
puede tener sesgos.
He dado mi opinión de que esas audiencias se
deben seguir transmitiendo por muchas razones: primero,
para que no haya interpretaciones mediáticas.
Segundo, para que estos señores se vean obligados
a decir totalmente la verdad. Porque si no la dicen,
esos millones de colombianos que siguen las audiencias,
van a ser los primeros en decirles a los jueces: no
les den los beneficios porque están mintiendo.
Eso es bien importante.
Tercero, porque para que haya
reconciliación
tiene que haber verdad y propósito de enmienda.
Sin verdad, el propósito de enmienda no es creíble.
Cuando alguien considera que pudo engañar, se
siente que puede engañar en el propósito
de enmienda. Engañó en lo que reconoció,
va a engañar en lo que prometió.
A mí me parece muy importante estimular la
verdad, para que los colombianos reflexionen sobre
lo que pasó (un país en el cual la soberanía
real del Estado pasó a manos de paramilitares
y guerrilla), y los colombianos exijan que hacia delante
el país solamente tenga la vigencia de la instituciones
democráticas. Que el país no permita
más poderes de guerrillas, de paramilitares,
de narcotráfico, de corrupción.
A mí me parece muy importante la verdad total.
No solamente la verdad sobre la colusión de
la política con el paramilitarismo, sino que
hay que prepararnos para que se sepa la verdad de la
colusión de la política con la guerrilla.
Y que sean los jueces los que digan en qué casos
líderes colombianos estuvieron con estos grupos
por coacción insuperable, por estado de necesidad,
por falta de un Estado que los protegiera, y en qué casos
lo hicieron con el propósito de asociarse al
delito. Que eso lo digan los jueces.
Ahora, la búsqueda de la verdad no puede ser
para generar odios. Nosotros creemos que la búsqueda
de la verdad hay que hacerla tranquilamente, para buscar
reconciliación y para buscar un futuro institucional
del país. Ahí vamos. Respetamos todas
las decisiones de la Corte.
Por supuesto, en el país hay preocupaciones
por tantos temas, tantos costos, pero somos un país
de leyes, un Estado de Derecho inserto en la comunidad
internacional. Todo lo que podamos transigir allá,
estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá el Vicepresidente
de la República pudiera entregarle al mundo
una transacción con la UP. Y todo lo que ustedes
nos ordenen tenemos que aceptarlo con humildad democrática.
Estamos reformando profundamente la Justicia Penal
Militar. Inclusive creo que en un momento hay que llegar
a eliminarla. Y yo lo estoy pensando: que simplemente
haya un tribunal disciplinario en la esfera militar
y policiva.
Hemos dado varios pasos. El
año pasado, una
semana antes de elecciones, en una zona de narcotráfico,
cerca de Cali, en Jamundí, en hechos que a todos
nos sorprendieron, el Ejército asesinó a
unos policías: fuego amigo. La Policía
dijo que iba a esa zona a capturar a unos narcotraficantes.
Ustedes sabrán cuánto me preocupó eso,
por el impacto electoral. Se dio una semana antes de
las elecciones. La decisión que tomamos fue
decirle a la Justicia Penal Militar: No asuma el caso,
y pedirle a la justicia ordinaria que lo asumiera.
Algunos criticaron y me dijeron:
El Presidente de la República tiene que respetar
la independencia de la justicia, aun de la Penal
Militar, y no le puede
decir a la Justicia Penal Militar que se abstenga de
conocer un caso.
Por el bien de la democracia,
yo le exigí que
se abstuviera de conocer el caso. Hice una disección
entre lo que es el debido respeto a la investigación,
a la prueba, al contenido del fallo, que el Presidente
de la República debe profesarle también
a los fallos de la Justicia Penal Militar.
Separé ese tema de lo que es la jerarquía
administrativa. Dije: Yo, como Presidente, le respeto
sus fallos, sus investigaciones, pero tengo una jerarquía
administrativa. Y por el bien de la democracia voy
a utilizar esa jerarquía administrativa para
decirles: no conozcan del caso, que lo conozca la justicia
civil, la justicia ordinaria.
Ahora hay una mujer al frente
de la Justicia Penal Militar, una mujer civil. Y
confío en que le
podamos entregar al mundo un buen avance en esa materia.
Y voy a convencerlos de que la Justicia Penal Militar
la reduzcamos a una justicia disciplinaria para la
Fuerza Pública.
Yo les confieso que más hablar de paz, yo he
hablado de seguridad, porque he creído que la
paz es el resultado de la seguridad. En un país
que ha sufrido por tantas décadas, la seguridad
no se recupera de medianoche para el día. Necesita
sostenibilidad en el tiempo. Y esa sostenibilidad requiere
transparencia y eficacia. Por eso nuestra adhesión
a los derechos humanos.
En los últimos tiempos hay una tendencia muy
importante de disminución de quejas de derechos
humanos contra la Fuerza Pública. Por primera
vez, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para Derechos Humanos acaba de anticipar un reporte,
que hará público oficialmente en marzo,
reconociendo el mejoramiento en materia de derechos
humanos.
Las Ong’s han controvertido mucho conmigo. Cuando
yo empecé a hablar de Seguridad Democrática
en Colombia, era una especie rara. Entonces cuando
yo llegaba al 2 por ciento de las encuestas, decían:
De ahí no pasa, ya llegó al techo.
Colombia no es proclive a la seguridad. Cuando llegaba
al 4 por ciento, lo mismo. Al 10 por ciento, lo mismo.
Entonces me tocó abrirme paso en contracorriente.
Y eso me ha llevado a mucho debate nacional e internacional.
Por supuesto, he debatido mucho con las Ong’s,
pero con todo el respeto. Creo que en mi Gobierno han
sentido todo el espacio en Colombia.
Ayer me decía el congresista de la bancada
negra de los Estados Unidos, el congresista Donald
Payne, que ha tenido también buenos reportes
de unas Ong’s sobre el avance de los derechos
humanos. Y yo le dije: ¡Un milagro! Porque yo
entiendo que el oficio de las Ong’s no es el
de ‘complement’, sino el de ‘complaint’.
Y yo creo que esas cosas son buenas. Nos falta mucho,
pero tenemos toda la voluntad de acertar.
Quisiera terminar con esto:
Colombia ha reducido bastante la tasa de homicidios,
pero no lo suficiente. Yo la
encontré en 66 – 68 homicidios por cada
100 mil habitantes. Ahora está en 37. El promedio,
porque ya hay unas ciudades como Bogotá, que
presenta unas de las tasas más bajas del continente.
Y la reducción en Medellín ha sido sorprendente.
Todavía tenemos unas regiones que nos dañan
el promedio: Buenaventura en el Pacífico, nuestra
querida ciudad de Cali.
Pero nosotros no podemos estar
contentos por la reducción.
Entonces hemos llamado este año el Año
de la Vida, que deberían ser todos los años,
para crear mas sensibilización colectiva al
respeto a la vida.
Todos esos años de avance al terrorismo llevaron
a los colombianos, en medio de la debilidad del Estado,
a buscar justificar los crímenes, antes que
repudiarlos: asesinaban a alguien, y en la tertulia
comunitaria, en lugar de haber rechazo, se buscaban
justificaciones. ¿Que por qué lo asesinaron?
Que porque era mafioso. ¿Que por qué lo
asesinaron? Porque era guerrillero, porque era paramilitar,
porque era auxiliar de la guerrilla, de los paramilitares.
Y nosotros hemos dicho: cero
asesinatos. El don, que Nuestro Señor nos
dio, de la vida, hay que respetarlo en favor de todo
el mundo: del inocente y del culpable.
En los primeros cinco días de febrero empezaremos
algo, que vamos a cumplir todo este año: haremos
un acto público para hacer un reconocimiento
al establecimiento educativo del país que mejor
programa tenga en materia de derechos humanos y de
convivencia y de respeto a la vida. Para premiar la
brigada militar que esté trabajando en esa dirección.
El cuerpo de Policía que lo esté haciendo.
La ciudad que presente la mayor reducción de
homicidios. El pequeño municipio que presente
la mayor reducción de homicidios.
Y lo vamos a hacer durante
los cinco primeros días
de los meses de este año, empezando en febrero.
Con eso terminaría, señor
Presidente, distinguidas y distinguidos magistrados.
Lo que ustedes
quieran preguntarnos, objetarnos, lo escuchamos con
el mayor gusto.
Muchas gracias.