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RATIFICACIÓN DE COLOMBIA A LA CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Febrero 16 de 2007 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Agradezco inmensamente que nos podamos reunir en este momento para celebrar la ratificación de Colombia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Creo que es un paso bien importante de nuestro país.

Nosotros hemos dicho que una democracia moderna tiene que ser una democracia en la cual los ciudadanos tengan seguridad, que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Para nosotros el concepto de seguridad es un concepto profundamente democrático y tiene que ser una causa determinante de profundización de pluralismo democrático.

El segundo elemento, el respeto a las libertades; el tercer elemento, la cohesión social; el cuarto elemento, el respeto a la independencia relativa de las entidades institucionales que integran el Estado de Leyes, y el último y más importante, la transparencia.

En su conjunto deben producir el funcionamiento armónico del Estado de Leyes, que se sostiene en la medida que los ciudadanos tengan confianza en ese Estado de Leyes.

La palabra clave nuestra es buscar más confianza en Colombia. ¿Por qué la Seguridad Democrática? Para buscar más confianza en Colombia. ¿Por qué el esfuerzo que se está haciendo en materia de inversión en nuestro país? A través de buscar más confianza en Colombia y de generar más confianza en Colombia.

El tema de la lucha contra la corrupción es un factor necesario para que en el país haya más confianza: más confianza para invertir en Colombia, más confianza para vivir en Colombia, más confianza para generar empleo en Colombia, más confianza para hallar posibilidades de vivir felizmente en Colombia.

Entonces, cuando la palabra clave de nuestro Gobierno es la búsqueda de confianza, el camino de la transparencia es un camino esencial para lograr esa confianza.

Hemos estado dirigidos estos años por el señor vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón, en el tema de lucha contra la corrupción. Hemos emprendido una serie de acciones de gran importancia. Confío que todas vayan dando resultados. Y hay toda la voluntad emprender y emprender más acciones.

Quiero referirme a algunas de esas acciones: el Decreto 2170. Yo creo que fue un gran paso. ¿Por qué? Porque introdujo elementos muy importantes de control de opinión.

Y déjenme hacer allí un paréntesis para hablar del control de opinión. El control fiscal; el control político en el Congreso, en las asambleas, en los concejos; el control penal; el control administrativo, disciplinario, todos son muy importantes. Pero en el Estado de Leyes, finalmente, el más importante es el control de opinión.
Que es también lo que caracteriza finalmente al Estado de Derecho. Porque cuando se estudia la evolución del Estado de Derecho, se mira que, primero, se quiso un Estado en el cual las normas fueran externas al gobernante, heterónomas. Hoy es común en el mundo: no diferencia al Estado de Derecho, no obstante que lo diferenciaba en sus orígenes.

Que tuviera el ejercicio del poder separado en ramas. Hoy cualquier modelo estatal puede aparentar la separación en ramas.

Que tuviera órganos de control. Nadie niega hoy la presencia en la conformación del Estado de los órganos de control.

La Constitución escrita, aun los que querían la Constitución en la tradición oral, la han estado escribiendo, así sea a través de las sentencias de los jueces.

¿Entonces qué es lo que diferencia el Estado de Derecho? El alto grado de participación de opinión, que finalmente es lo que logra la derrota de la corrupción.
Por eso nosotros, con mucho entusiasmo, implementamos el Decreto 2170. Ese Decreto 2170 introdujo elementos como el prepliego: que la ciudadanía conozca lo que se propone como pliego para una licitación, que la ciudadanía pueda leerlo, que la ciudadanía pueda decir: tienen que corregirle esto o aquello.

Y esa posibilidad de que la ciudadanía mire ese prepliego, garantiza control de opinión para evitar que los pliegos de condiciones se ajusten, corruptamente, al interés de determinados proponentes.

Muy importante lo que hemos hecho con el Decreto 2170, que es exigir que, por lo menos en el Gobierno Nacional, donde nosotros tenemos mayor injerencia, todas las licitaciones públicas se adjudiquen en audiencia pública.

Mientras más audiencia pública se dé, más confianza de opinión, menos riesgos de corrupción. Y que eso se haga, ojalá, a través de los medios masivos de comunicación.

Me ha parecido muy importante adjudicar, por ejemplo, una licitación controvertida, como la de la doble calzada Bogotá-Girardot, en un proceso de audiencia pública en televisión. Adjudicar la concesión del aeropuerto El Dorado en un proceso de audiencia pública en televisión. Adjudicar las recientes concesiones viales en un proceso de audiencia pública en televisión.

De gran importancia en este proceso de estimular los controles de opinión, las veedurías comunitarias. Mañana, en Melgar, vamos a revisar el Plan 2500 en lo que corresponde al Huila, al Tolima, a Cundinamarca y al Eje Cafetero. Lo hacemos por televisión, con una gran presencia allí de opinión, cada contratista, cada interventor, tiene que contar en qué va su contrato, y tiene que atender los reclamos de la ciudadanía. Ese programa lo llamamos Contratistas Visibles.

La verdad es que yo creo que empieza a marcar una reforma muy importante en Colombia, a marcar una diferencia, porque en el pasado eran pocos los contratistas visibles. La gente se quejaba porque no avanzaba una carretera, o no se pavimentaba una calle, o no se avanzaba en la construcción de un distrito de riego. Y la gente decía: se robaron la plata. Pero la ciudadanía no tenía la oportunidad de saber quién era el contratista, quién era el interventor, y de reclamarle.

Yo creo mucho en aquello de que no solamente los funcionarios del Estado le demos la cara a la opinión pública, sino que también los contratistas y los interventores le den la cara a la opinión pública para facilitar la derrota de la corrupción, vía control de opinión.

Confío que Planeación Nacional y el doctor Rodrigo Lara Restrepo, dentro de pocos días, puedan hacer el primer Consejo Comunitario para los interventores visibles de regalías.

Hemos tenido en regalías unos interventores que simplemente hacen sumas y restas, pero no se le ha dado a la opinión de las regiones una rendición de cuentas exhaustiva sobre la aplicación de regalías. Aspiramos que el primero sea en el Meta.

Me han pedido aplazamientos, porque ha sido necesario ajustar los convenios con los interventores. Allí necesitamos interventores visibles.

¿Qué esperamos? Por ejemplo, que cuando lleguemos a Villavicencio, los interventores de regalías en la nueva modalidad de interventores visibles, se enfrenten a la comunidad, le expliquen a la comunidad cuánto ha recibido el Meta en determinado período fiscal por regalías y cómo se ha gastado, y que absuelvan todas las dudas de la comunidad.

Y que allí estén los representantes de los organismos de control y de administración de justicia, para poder escuchar las quejas de la comunidad, apreciar cuáles han sido debidamente absueltas, y cuáles no, y proceder a ejercer sus competencias. Eso es algo que tenemos previsto para los próximos meses.

Nuestra idea es fomentar, en todo lo que esté a nuestro, alcance los controles de opinión.

Nosotros encontramos un país en el cual las concesiones de aeropuertos, de ferrocarril, de carreteras, los contratos de asociación con Telecom, en su inmensa mayoría estaban en pleito.

Pero encontramos dos obstáculos para resolver esos pleitos. Primer obstáculo: la desconfianza de la ciudadanía, la suspicacia de la ciudadanía, frente a los funcionarios que se atrevieran a hacer conciliaciones. Y un segundo obstáculo: el temor de los funcionarios a realizar conciliaciones.

Eso tenía paralizadas las posibilidades de superar todas esas disputas legales. Y un país que tiene toda su contratación en disputas legales, es un país que pierde el ritmo de inversión.

¿Entonces qué hicimos? Empezamos a resolver los 21 problemas que encontramos en Telecom. Creo que se está acabando de resolver el que faltaba, el de Alcatel.

Y para resolver el problema del temor de los funcionarios y el tema de la suspicacia de la opinión pública, llamamos a los contratistas asociados a la Presidencia y les dijimos: nosotros queremos hacer una transacción. Esa transacción tiene que ser transparente, equitativa, y le tiene que dar confianza a la ciudadanía.

Y para ello se requiere lo siguiente: una vez se tengan convenidos los términos del acuerdo de transacción, antes de perfeccionar la transacción se tiene que publicar ampliamente y dejarla conocer a los órganos de control.

Qué protesta inicial. Que ellos no estaban acostumbrados a eso, que en ninguna parte del mundo se hacía. Pues bien, así lo hicimos en Colombia y ha resultado bien. Y finalmente todo el mundo ha quedado contento.

Estábamos el señor Vicepresidente y yo en campaña y nos dijeron que la transacción sobre los contratos asociados de Telecom iba a costar 1.800 millones de dólares. Creo que este procedimiento nos ha llevado a un costo de no más de 400 millones de dólares, y lo más importante: ha generado confianza.

Lo propio estamos haciendo con las transacciones que se han hecho para resolver problemas de ferrocarriles, problemas de carreteras. Hemos resuelto los pleitos de todas las concesiones viales, salvo Commsa. El proceso de Commsa depende ahora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo, con toda la transparencia y manteniendo informada a la opinión pública y a los órganos de control, paso a paso.

Antes de radicar la transacción sobre Commsa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha sido puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. Y sería la última transacción que nos queda en el tema de las concesiones viales.

En el tema de las concesiones ferroviarias, las dos estaban con litigio. Resolvimos el problema del litigio de la concesión del Caribe y nos queda ahora el litigio de la concesión del Pacífico.

Anoche, en una reunión que terminó pasadas las 12 de la noche, amplia, en Cali, muy amplia, para examinar la participación del Valle del Cauca en el nuevo Plan de Desarrollo, veíamos lo siguiente: nosotros recibimos el contrato de la Concesión del Ferrocarril del Pacífico, lo continuamos, le hemos pagado al contratista concesionario 148 millones de dólares, prácticamente está recuperada la línea, y ahora no presta el servicio so pretexto de que no es competitivo. ¿Por qué no pensó eso cuando propuso que le adjudicaran esa concesión?

¿Y por qué nosotros no objetamos esa concesión? Porque la encontramos contratada. Porque no le queda bien a un gobierno llegar y simplemente por vanidades, estancar el desarrollo del país, parando la ejecución de las obras públicas en marcha. Nuestra filosofía fue continuar con todas obras públicas que venían en marcha.

Ahí nos queda un problema bastante delicado por resolver con esa concesión del Pacífico.

Qué distinta estaría la situación de Buenaventura si ese contratista hubiera respondido bien, y si ese contratista estuviera prestando el servicio. Para resolver eso necesitamos participación de opinión.

En el tema, por ejemplo, de la transparencia política, todo lo que se pueda hacer en materia de normas de financiación de campañas, inhabilidades, incompatibilidades, está bien. Lo más importante es posibilitar participación de opinión.

Por eso fue muy oportuno el esfuerzo del señor Vicepresidente en las elecciones de 2003, para exigir pactos de transparencia en muchas regiones de Colombia, en las elecciones de Cartagena de hace año y medio, para exigir pactos de transparencia.

Y creo que al señor Vicepresidente le corresponde desde ya un recorrido por todo el país, para que candidatos a gobernaciones, a alcaldías, candidatos a asambleas y a concejos, firmen unos pactos de transparencia, que el país lo conozca y la opinión pública les haga seguimiento.

La ciudadanía me dice, y me dicen algunos parlamentarios: más reformas políticas legales. Ayer analizábamos, regresando de Cali, con el ministro Carlos Holguín, que la urdimbre legal está bastante completa. Uno lee los textos legales y están bastante completos en materia de inhabilidades, de incompatibilidades, de financiación de campañas, de sanciones a quienes incumplan las normas de financiación de campaña. Lo que se necesita es que eso opere.

Y la operación no depende tanto de los jueces, del Consejo Electoral, del Consejo de Estado, como de la vigilancia de la opinión, para que la opinión sea la que produzca un fenómeno de disuasión a quienes quieran violar esas normas, y para que la opinión sea el conducto que haga llevar las quejas con las correspondientes pruebas a los órganos competentes de investigación y de sanción.

Creo que el gran esfuerzo político –y mañana lo diré en el Consejo Comunitario de Melgar– es un esfuerzo político dirigido por el Vicepresidente de la República, con las personas e instituciones que él quiera, para exigir que todos los candidatos, en el proceso electoral que inicia, firmen unos pactos de transparencia, sencillos, ojalá de dos párrafos, no más, en letra grande, que el país todo los asimile, para que la ciudadanía sepa cómo exige la observancia de esos pactos de transparencia.

Muy importante el control penal, muy importante el control disciplinario, muy importante el control fiscal, muy importante el control político en las cámaras legislativas, en las asambleas, en los concejos. El más importante de todos, el elemento singular por excelencia del Estado de Derecho: el control de opinión. Todo lo que podamos hacer para avanzar en el control de opinión, magnífico.

La Jagua, ese problema de la Jagua, estaba escondido por dos razones: por la guerrilla y por los paramilitares.

A medida que ha avanzado la Seguridad Democrática, la ciudadanía de La Jagua les ha perdido temor a unos y temor a otros. Y la Seguridad Democrática desmonta allí el paramilitarismo, y quieren llegar los guerrilleros a pescar en río revuelto. La Seguridad Democrática no puede permitir que regresen. Primero se los robaban unos y después se los robaban otros.

A mí me gustó la protesta social de la semana pasada, y así se los dije el domingo que estuve allá: muestra que la ciudadanía le perdió el temor a quienes la tenían amordazada. Amordazada por la guerrilla y amordazada por los paramilitares.

Y nos dio a nosotros la oportunidad de establecer la diferencia entre lo que es la acción severa del Estado contra el crimen y la acción comprensiva del Estado frente a la protesta social. Esa distinción que se hizo el pasado domingo fue de gran importancia.

Me comprometí a regresar en 20 días, a ver cómo va el acuerdo ambiental con las diferentes compañías extractoras de carbón que hay allí. Allá ha estado toda la semana la señora Viceministra del Medio Ambiente. Ayer hablamos por teléfono. Creo que tiene que hacer lo siguiente: primero, establecer un canal de comunicación muy sincero entre la comunidad y las empresas de carbón.

Segundo, que las empresas de carbón cumplan con las normas ambientales. Tercero, para no afectar las fuentes de empleo, decirles a las empresas de carbón: tienen la oportunidad de cumplir con las normas ambientales, sin paralizar la producción. Cuarto, evitar que los cascos urbanos tengan que ser relocalizados.
Entonces que haya una zona de protección de los cascos urbanos, para que no sean afectados por temas ambientales, y, finalmente, que las nuevas licencias se concedan con diligencia, pero con mucha severidad en las normas ambientales.

Y viene el problema de las regalías. Tenemos congeladas 40 mil millones de regalías de La Jagua. Yo les dije: muy bien, los descongelamos, pero no para que se gasten eso aquí en órdenes de servicio. Un municipio pequeñito, con 40 mil millones de regalías congeladas, y allá no hay agua, y las calles son un desastre.

Entonces vamos a descongelar esos 40 mil millones, pero 6 mil millones para el acueducto y alcantarillado. Hay que hacer un esfuerzo en unas carreteras, en la vía principal, el tema de salud, el tema de educación, y eso tiene que tener una gran vigilancia de los órganos de control y una gran vigilancia comunitaria de que no se roben un peso.

Y ojalá el ejecutor, inicialmente, de esos dineros descongelados, sea Fonade, sometido a la más rigurosa vigilancia, porque en términos generales Fonade ha procedido con transparencia en el país.

Tenemos que seguir posibilitando controles de opinión. Me parece que lo del domingo fue muy bueno allí, porque la ciudadanía se desahogó, pero también escuchó. Yo creo que de allá salimos con la reflexión de que todos tenemos que trabajar para que esos recursos se apliquen con eficiencia y esos recursos de apliquen con transparencia.

Lo que está apareciendo ahora: yo pienso que uno de los factores, de las consecuencias más graves de la corrupción, fue que los colombianos, por pánico, se dejaron someter de las presiones del ocultamiento y de las presiones del silencio.

¿Qué ha pasado en este Gobierno, pero no en este sino en muchos procesos? La gente ha recuperado la confianza, ha perdido el miedo. Entonces la gente ha renunciado al ocultamiento, al encubrimiento, pero en muchos procesos. No quiero referir con nombre propio a ninguno de ellos, porque cuando el Presidente de la República dice esas cosas aparecería picando pleitos.

Pero la conciencia de los colombianos puede hacer memoria hoy y mirar cuántos procesos que estaban históricamente estancados se han revivido en este Gobierno, por una sola razón: porque la gente le ha perdido el miedo a las presiones del ocultamiento y a las presiones del encubrimiento.

Y a mí me parece eso sano para la sociedad colombiana. Que, por supuesto, faltan muchas verdades. Aquí nunca se ha sabido cuál ha sido la penetración en la sociedad colombiana de esa práctica guerrillera, que les proviene del marxismo, de la apelación a todas las formas de lucha.

Ellos fueron los que le enseñaron al país a contaminar todo lo lícito, en nombre de la necesidad de lo ilícito de combinar todas las formas de lucha. Engendraron el paramilitarismo con sus funestas consecuencias. Y pienso que la combinación de la política de Seguridad Democrática con la Ley de Justicia y Paz, que estimula la verdad, ha creado una conciencia colectiva en Colombia muy importante en contra del ocultamiento, en contra del encubrimiento, en contra de la complicidad.

Y eso hay que destacarlo. Y por eso hay que mirar con tranquilidad estos procesos, que finalmente le van a ayudar a la Nación, para que la Nación recobre totalmente el camino institucional.

Les agradezco muchísimo a todos ustedes el esfuerzo que se hace contra la corrupción. De mi parte, como se lo he dicho al Vicepresidente de la República, díganme qué hay que firmar, qué nuevas leyes, qué nuevos decretos, qué nuevas políticas, y estamos dispuestos a hacerlo.

Antes de anoche vino Rodrigo Lara a consultarme un proyecto que está examinando con el señor Vicepresidente, y lo veo muy bien, échalo para adelante, estén listos para presentarlo ahora el 16 de marzo, a ver si se convierte en Ley de la República.

Déjenme repetir con ustedes: nosotros queremos en Colombia cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción. La aspiración de un padre de familia es dejarles a los hijos educación y un principio patrimonial. Llamábamos en mi tierra ‘una madeja de trabajo’.

¿Para qué eso, si les deja uno un país con corrupción, con terrorismo? Entonces para que la nueva generación viva feliz, mi generación se pueda morir tranquila, hay que dejarles a las nuevas generaciones de colombianos un país sin corrupción, un país sin terrorismo, un país sin drogas ilícitas, un país sin narcotráfico, un país sin guerrilla, un país sin paramilitares. El conjunto de esos elementos nos creó un mar de corrupción, que tenemos que derrotar.

A todos, muchas gracias.

Vicepresidente, emprenda desde ya la tarea para garantizar pureza en las elecciones de octubre, que ha sido la característica de nuestro Gobierno.

La mayoría de los hechos que hoy se juzgan, son hechos que se dieron en un espacio de tiempo anterior a nuestro Gobierno. A nuestro Gobierno hay que juzgarlo por las elecciones del Referendo de 2003, por las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2003, que permitieron la elección de Luis Eduardo Garzón aquí.

Se decía: ¿Un Gobierno presidido por Uribe? Si Uribe es fascista, si Uribe es paramilitar, si Uribe es derecha. Matan a esos candidatos. Por Dios, la Seguridad Democrática por primera vez les dio garantías efectivas.

Pasamos de lo que eran las garantías retóricas a las garantías efectivas. Eso es muy importante. Y se vivió el año pasado, cuando el mundo reconoció que eran las elecciones más pacíficas en décadas en Colombia.

Yo recuerdo hace cuatro años, yo no podía ir a muchas partes de Colombia. Y muchos se quejaban de que no podían ir a muchas partes.

El año pasado, la oposición, que ha sido bien crítica del paramilitarismo, en los últimos años… Hace cuatro años, el paramilitarismo lo criticaban en los cócteles. Y más que criticarlo, lo celebraban. Eran comentarios emocionantes de la vida ciudadana. Empezaron a criticarlos cuando apareció la Seguridad Democrática. La Seguridad Democrática permitió que aflorara el sentimiento de muchas gentes y que se expresara en palabras y en actitudes críticas del paramilitarismo…

Y por eso el año pasado yo vi que la oposición iba a Tierralta, a Valencia, a muchas partes, a gritar: abajo el paramilitarismo. Lo que nunca habían hecho antes. Y lo hicieron gracias a nuestra política de Seguridad Democrática.

El año pasado solamente hubo presiones contra una candidatura: contra la nuestra, que se dieron en el Caquetá, en el Putumayo, que se dieron en Nariño por parte de las Farc, que no solamente intimidó a nuestros electores sino que también les dijo por quién tenían que votar. Pero como hubo tantos votos a favor, gracias a Dios, eso sí no cobró importancia. Habrá que escribir qué le habría pasado a este país si lo que nosotros denunciamos en el Referendo, lo hubiera podido denunciar la oposición.

¿Qué tal que los argumentos que nosotros esgrimimos y que nunca fueron rebatidos, para decir por qué no cruzamos en todos los artículos el umbral del Referendo, que la oposición hubiera podido decir que el Gobierno se robó el Referendo? ¿Qué tal que fuera hoy la oposición la que pudiera decir que en las elecciones presidenciales del año pasado fueron presionados y que por eso no pudieron votar?

Pero es muy importante para la historia que se sepa qué pasó en el Referendo y qué pasó en las elecciones presidenciales del año pasado.

Pero vamos para adelante, Vicepresidente, emprenda el tema de la nueva ley, con Rodrigo Lara, que la tramitamos, y el tema de los pactos de transparencia en el proceso electoral que se inicia.

Muchas gracias.

 
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