RATIFICACIÓN DE COLOMBIA A
LA CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Febrero 16 de 2007 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Agradezco inmensamente que
nos podamos reunir en este momento para celebrar
la ratificación de Colombia
a la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción. Creo que es un paso bien importante
de nuestro país.
Nosotros hemos dicho que una
democracia moderna tiene que ser una democracia en
la cual los ciudadanos tengan
seguridad, que la seguridad es un valor democrático,
una fuente de recursos. Para nosotros el concepto de
seguridad es un concepto profundamente democrático
y tiene que ser una causa determinante de profundización
de pluralismo democrático.
El segundo elemento, el respeto
a las libertades; el tercer elemento, la cohesión social; el cuarto
elemento, el respeto a la independencia relativa de
las entidades institucionales que integran el Estado
de Leyes, y el último y más importante,
la transparencia.
En su conjunto deben producir
el funcionamiento armónico
del Estado de Leyes, que se sostiene en la medida que
los ciudadanos tengan confianza en ese Estado de Leyes.
La palabra clave nuestra es
buscar más confianza
en Colombia. ¿Por qué la Seguridad Democrática?
Para buscar más confianza en Colombia. ¿Por
qué el esfuerzo que se está haciendo
en materia de inversión en nuestro país?
A través de buscar más confianza en Colombia
y de generar más confianza en Colombia.
El tema de la lucha contra
la corrupción es
un factor necesario para que en el país haya
más confianza: más confianza para invertir
en Colombia, más confianza para vivir en Colombia,
más confianza para generar empleo en Colombia,
más confianza para hallar posibilidades de vivir
felizmente en Colombia.
Entonces, cuando la palabra
clave de nuestro Gobierno es la búsqueda de
confianza, el camino de la transparencia es un camino
esencial para lograr esa
confianza.
Hemos estado dirigidos estos
años por el señor
vicepresidente de la República, doctor Francisco
Santos Calderón, en el tema de lucha contra
la corrupción. Hemos emprendido una serie de
acciones de gran importancia. Confío que todas
vayan dando resultados. Y hay toda la voluntad emprender
y emprender más acciones.
Quiero referirme a algunas
de esas acciones: el Decreto 2170. Yo creo que fue
un gran paso. ¿Por qué?
Porque introdujo elementos muy importantes de control
de opinión.
Y déjenme hacer allí un paréntesis
para hablar del control de opinión. El control
fiscal; el control político en el Congreso,
en las asambleas, en los concejos; el control penal;
el control administrativo, disciplinario, todos son
muy importantes. Pero en el Estado de Leyes, finalmente,
el más importante es el control de opinión.
Que es también lo que caracteriza finalmente
al Estado de Derecho. Porque cuando se estudia la evolución
del Estado de Derecho, se mira que, primero, se quiso
un Estado en el cual las normas fueran externas al
gobernante, heterónomas. Hoy es común
en el mundo: no diferencia al Estado de Derecho, no
obstante que lo diferenciaba en sus orígenes.
Que tuviera el ejercicio del
poder separado en ramas. Hoy cualquier modelo estatal
puede aparentar la separación
en ramas.
Que tuviera órganos de control. Nadie niega
hoy la presencia en la conformación del Estado
de los órganos de control.
La Constitución escrita, aun los que querían
la Constitución en la tradición oral,
la han estado escribiendo, así sea a través
de las sentencias de los jueces.
¿Entonces qué es lo que diferencia el
Estado de Derecho? El alto grado de participación
de opinión, que finalmente es lo que logra la
derrota de la corrupción.
Por eso nosotros, con mucho entusiasmo, implementamos
el Decreto 2170. Ese Decreto 2170 introdujo elementos
como el prepliego: que la ciudadanía conozca
lo que se propone como pliego para una licitación,
que la ciudadanía pueda leerlo, que la ciudadanía
pueda decir: tienen que corregirle esto o aquello.
Y esa posibilidad de que la
ciudadanía mire
ese prepliego, garantiza control de opinión
para evitar que los pliegos de condiciones se ajusten,
corruptamente, al interés de determinados proponentes.
Muy importante lo que hemos
hecho con el Decreto 2170, que es exigir que, por
lo menos en el Gobierno Nacional,
donde nosotros tenemos mayor injerencia, todas las
licitaciones públicas se adjudiquen en audiencia
pública.
Mientras más audiencia pública se dé,
más confianza de opinión, menos riesgos
de corrupción. Y que eso se haga, ojalá,
a través de los medios masivos de comunicación.
Me ha parecido muy importante
adjudicar, por ejemplo, una licitación controvertida, como la de la
doble calzada Bogotá-Girardot, en un proceso
de audiencia pública en televisión. Adjudicar
la concesión del aeropuerto El Dorado en un
proceso de audiencia pública en televisión.
Adjudicar las recientes concesiones viales en un proceso
de audiencia pública en televisión.
De gran importancia en este
proceso de estimular los controles de opinión, las veedurías comunitarias.
Mañana, en Melgar, vamos a revisar el Plan 2500
en lo que corresponde al Huila, al Tolima, a Cundinamarca
y al Eje Cafetero. Lo hacemos por televisión,
con una gran presencia allí de opinión,
cada contratista, cada interventor, tiene que contar
en qué va su contrato, y tiene que atender los
reclamos de la ciudadanía. Ese programa lo llamamos
Contratistas Visibles.
La verdad es que yo creo que
empieza a marcar una reforma muy importante en Colombia,
a marcar una diferencia,
porque en el pasado eran pocos los contratistas visibles.
La gente se quejaba porque no avanzaba una carretera,
o no se pavimentaba una calle, o no se avanzaba en
la construcción de un distrito de riego. Y la
gente decía: se robaron la plata. Pero la ciudadanía
no tenía la oportunidad de saber quién
era el contratista, quién era el interventor,
y de reclamarle.
Yo creo mucho en aquello de
que no solamente los funcionarios del Estado le demos
la cara a la opinión pública,
sino que también los contratistas y los interventores
le den la cara a la opinión pública para
facilitar la derrota de la corrupción, vía
control de opinión.
Confío que Planeación Nacional y el
doctor Rodrigo Lara Restrepo, dentro de pocos días,
puedan hacer el primer Consejo Comunitario para los
interventores visibles de regalías.
Hemos tenido en regalías unos interventores
que simplemente hacen sumas y restas, pero no se le
ha dado a la opinión de las regiones una rendición
de cuentas exhaustiva sobre la aplicación de
regalías. Aspiramos que el primero sea en el
Meta.
Me han pedido aplazamientos,
porque ha sido necesario ajustar los convenios con
los interventores. Allí necesitamos
interventores visibles.
¿Qué esperamos? Por ejemplo, que cuando
lleguemos a Villavicencio, los interventores de regalías
en la nueva modalidad de interventores visibles, se
enfrenten a la comunidad, le expliquen a la comunidad
cuánto ha recibido el Meta en determinado período
fiscal por regalías y cómo se ha gastado,
y que absuelvan todas las dudas de la comunidad.
Y que allí estén los representantes
de los organismos de control y de administración
de justicia, para poder escuchar las quejas de la comunidad,
apreciar cuáles han sido debidamente absueltas,
y cuáles no, y proceder a ejercer sus competencias.
Eso es algo que tenemos previsto para los próximos
meses.
Nuestra idea es fomentar, en
todo lo que esté a
nuestro, alcance los controles de opinión.
Nosotros encontramos un país en el cual las
concesiones de aeropuertos, de ferrocarril, de carreteras,
los contratos de asociación con Telecom, en
su inmensa mayoría estaban en pleito.
Pero encontramos dos obstáculos para resolver
esos pleitos. Primer obstáculo: la desconfianza
de la ciudadanía, la suspicacia de la ciudadanía,
frente a los funcionarios que se atrevieran a hacer
conciliaciones. Y un segundo obstáculo: el temor
de los funcionarios a realizar conciliaciones.
Eso tenía paralizadas las posibilidades de
superar todas esas disputas legales. Y un país
que tiene toda su contratación en disputas legales,
es un país que pierde el ritmo de inversión.
¿Entonces qué hicimos? Empezamos a resolver
los 21 problemas que encontramos en Telecom. Creo que
se está acabando de resolver el que faltaba,
el de Alcatel.
Y para resolver el problema
del temor de los funcionarios y el tema de la suspicacia
de la opinión pública,
llamamos a los contratistas asociados a la Presidencia
y les dijimos: nosotros queremos hacer una transacción.
Esa transacción tiene que ser transparente,
equitativa, y le tiene que dar confianza a la ciudadanía.
Y para ello se requiere lo
siguiente: una vez se tengan convenidos los términos del acuerdo de transacción,
antes de perfeccionar la transacción se tiene
que publicar ampliamente y dejarla conocer a los órganos
de control.
Qué protesta inicial. Que ellos no estaban
acostumbrados a eso, que en ninguna parte del mundo
se hacía. Pues bien, así lo hicimos en
Colombia y ha resultado bien. Y finalmente todo el
mundo ha quedado contento.
Estábamos el señor Vicepresidente y
yo en campaña y nos dijeron que la transacción
sobre los contratos asociados de Telecom iba a costar
1.800 millones de dólares. Creo que este procedimiento
nos ha llevado a un costo de no más de 400 millones
de dólares, y lo más importante: ha generado
confianza.
Lo propio estamos haciendo
con las transacciones que se han hecho para resolver
problemas de ferrocarriles,
problemas de carreteras. Hemos resuelto los pleitos
de todas las concesiones viales, salvo Commsa. El proceso
de Commsa depende ahora del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo,
con toda la transparencia y manteniendo informada a
la opinión pública y a los órganos
de control, paso a paso.
Antes de radicar la transacción sobre Commsa
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha sido
puesta en conocimiento de la Procuraduría General
de la Nación y de la Contraloría General
de la República. Y sería la última
transacción que nos queda en el tema de las
concesiones viales.
En el tema de las concesiones
ferroviarias, las dos estaban con litigio. Resolvimos
el problema del litigio
de la concesión del Caribe y nos queda ahora
el litigio de la concesión del Pacífico.
Anoche, en una reunión que terminó pasadas
las 12 de la noche, amplia, en Cali, muy amplia, para
examinar la participación del Valle del Cauca
en el nuevo Plan de Desarrollo, veíamos lo siguiente:
nosotros recibimos el contrato de la Concesión
del Ferrocarril del Pacífico, lo continuamos,
le hemos pagado al contratista concesionario 148 millones
de dólares, prácticamente está recuperada
la línea, y ahora no presta el servicio so pretexto
de que no es competitivo. ¿Por qué no
pensó eso cuando propuso que le adjudicaran
esa concesión?
¿Y por qué nosotros no objetamos esa
concesión? Porque la encontramos contratada.
Porque no le queda bien a un gobierno llegar y simplemente
por vanidades, estancar el desarrollo del país,
parando la ejecución de las obras públicas
en marcha. Nuestra filosofía fue continuar con
todas obras públicas que venían en marcha.
Ahí nos queda un problema bastante delicado
por resolver con esa concesión del Pacífico.
Qué distinta estaría la situación
de Buenaventura si ese contratista hubiera respondido
bien, y si ese contratista estuviera prestando el servicio.
Para resolver eso necesitamos participación
de opinión.
En el tema, por ejemplo, de
la transparencia política,
todo lo que se pueda hacer en materia de normas de
financiación de campañas, inhabilidades,
incompatibilidades, está bien. Lo más
importante es posibilitar participación de opinión.
Por eso fue muy oportuno el
esfuerzo del señor
Vicepresidente en las elecciones de 2003, para exigir
pactos de transparencia en muchas regiones de Colombia,
en las elecciones de Cartagena de hace año y
medio, para exigir pactos de transparencia.
Y creo que al señor Vicepresidente le corresponde
desde ya un recorrido por todo el país, para
que candidatos a gobernaciones, a alcaldías,
candidatos a asambleas y a concejos, firmen unos pactos
de transparencia, que el país lo conozca y la
opinión pública les haga seguimiento.
La ciudadanía me dice, y me dicen algunos parlamentarios:
más reformas políticas legales. Ayer
analizábamos, regresando de Cali, con el ministro
Carlos Holguín, que la urdimbre legal está bastante
completa. Uno lee los textos legales y están
bastante completos en materia de inhabilidades, de
incompatibilidades, de financiación de campañas,
de sanciones a quienes incumplan las normas de financiación
de campaña. Lo que se necesita es que eso opere.
Y la operación no depende tanto de los jueces,
del Consejo Electoral, del Consejo de Estado, como
de la vigilancia de la opinión, para que la
opinión sea la que produzca un fenómeno
de disuasión a quienes quieran violar esas normas,
y para que la opinión sea el conducto que haga
llevar las quejas con las correspondientes pruebas
a los órganos competentes de investigación
y de sanción.
Creo que el gran esfuerzo político –y
mañana lo diré en el Consejo Comunitario
de Melgar– es un esfuerzo político dirigido
por el Vicepresidente de la República, con las
personas e instituciones que él quiera, para
exigir que todos los candidatos, en el proceso electoral
que inicia, firmen unos pactos de transparencia, sencillos,
ojalá de dos párrafos, no más,
en letra grande, que el país todo los asimile,
para que la ciudadanía sepa cómo exige
la observancia de esos pactos de transparencia.
Muy importante el control penal,
muy importante el control disciplinario, muy importante
el control fiscal,
muy importante el control político en las cámaras
legislativas, en las asambleas, en los concejos. El
más importante de todos, el elemento singular
por excelencia del Estado de Derecho: el control de
opinión. Todo lo que podamos hacer para avanzar
en el control de opinión, magnífico.
La Jagua, ese problema de la Jagua, estaba escondido
por dos razones: por la guerrilla y por los paramilitares.
A medida que ha avanzado la
Seguridad Democrática,
la ciudadanía de La Jagua les ha perdido temor
a unos y temor a otros. Y la Seguridad Democrática
desmonta allí el paramilitarismo, y quieren
llegar los guerrilleros a pescar en río revuelto.
La Seguridad Democrática no puede permitir que
regresen. Primero se los robaban unos y después
se los robaban otros.
A mí me gustó la protesta social de
la semana pasada, y así se los dije el domingo
que estuve allá: muestra que la ciudadanía
le perdió el temor a quienes la tenían
amordazada. Amordazada por la guerrilla y amordazada
por los paramilitares.
Y nos dio a nosotros la oportunidad
de establecer la diferencia entre lo que es la acción severa
del Estado contra el crimen y la acción comprensiva
del Estado frente a la protesta social. Esa distinción
que se hizo el pasado domingo fue de gran importancia.
Me comprometí a regresar en 20 días,
a ver cómo va el acuerdo ambiental con las diferentes
compañías extractoras de carbón
que hay allí. Allá ha estado toda la
semana la señora Viceministra del Medio Ambiente.
Ayer hablamos por teléfono. Creo que tiene que
hacer lo siguiente: primero, establecer un canal de
comunicación muy sincero entre la comunidad
y las empresas de carbón.
Segundo, que las empresas de
carbón cumplan
con las normas ambientales. Tercero, para no afectar
las fuentes de empleo, decirles a las empresas de carbón:
tienen la oportunidad de cumplir con las normas ambientales,
sin paralizar la producción. Cuarto, evitar
que los cascos urbanos tengan que ser relocalizados.
Entonces que haya una zona de protección de
los cascos urbanos, para que no sean afectados por
temas ambientales, y, finalmente, que las nuevas licencias
se concedan con diligencia, pero con mucha severidad
en las normas ambientales.
Y viene el problema de las
regalías. Tenemos
congeladas 40 mil millones de regalías de La
Jagua. Yo les dije: muy bien, los descongelamos, pero
no para que se gasten eso aquí en órdenes
de servicio. Un municipio pequeñito, con 40
mil millones de regalías congeladas, y allá no
hay agua, y las calles son un desastre.
Entonces vamos a descongelar
esos 40 mil millones, pero 6 mil millones para el
acueducto y alcantarillado.
Hay que hacer un esfuerzo en unas carreteras, en la
vía principal, el tema de salud, el tema de
educación, y eso tiene que tener una gran vigilancia
de los órganos de control y una gran vigilancia
comunitaria de que no se roben un peso.
Y ojalá el ejecutor, inicialmente, de esos
dineros descongelados, sea Fonade, sometido a la más
rigurosa vigilancia, porque en términos generales
Fonade ha procedido con transparencia en el país.
Tenemos que seguir posibilitando
controles de opinión.
Me parece que lo del domingo fue muy bueno allí,
porque la ciudadanía se desahogó, pero
también escuchó. Yo creo que de allá salimos
con la reflexión de que todos tenemos que trabajar
para que esos recursos se apliquen con eficiencia y
esos recursos de apliquen con transparencia.
Lo que está apareciendo ahora: yo pienso que
uno de los factores, de las consecuencias más
graves de la corrupción, fue que los colombianos,
por pánico, se dejaron someter de las presiones
del ocultamiento y de las presiones del silencio.
¿Qué ha pasado en este Gobierno, pero
no en este sino en muchos procesos? La gente ha recuperado
la confianza, ha perdido el miedo. Entonces la gente
ha renunciado al ocultamiento, al encubrimiento, pero
en muchos procesos. No quiero referir con nombre propio
a ninguno de ellos, porque cuando el Presidente de
la República dice esas cosas aparecería
picando pleitos.
Pero la conciencia de los colombianos
puede hacer memoria hoy y mirar cuántos procesos que estaban
históricamente estancados se han revivido en
este Gobierno, por una sola razón: porque la
gente le ha perdido el miedo a las presiones del ocultamiento
y a las presiones del encubrimiento.
Y a mí me parece eso sano para la sociedad
colombiana. Que, por supuesto, faltan muchas verdades.
Aquí nunca se ha sabido cuál ha sido
la penetración en la sociedad colombiana de
esa práctica guerrillera, que les proviene del
marxismo, de la apelación a todas las formas
de lucha.
Ellos fueron los que le enseñaron al país
a contaminar todo lo lícito, en nombre de la
necesidad de lo ilícito de combinar todas las
formas de lucha. Engendraron el paramilitarismo con
sus funestas consecuencias. Y pienso que la combinación
de la política de Seguridad Democrática
con la Ley de Justicia y Paz, que estimula la verdad,
ha creado una conciencia colectiva en Colombia muy
importante en contra del ocultamiento, en contra del
encubrimiento, en contra de la complicidad.
Y eso hay que destacarlo. Y
por eso hay que mirar con tranquilidad estos procesos,
que finalmente le
van a ayudar a la Nación, para que la Nación
recobre totalmente el camino institucional.
Les agradezco muchísimo a todos ustedes el
esfuerzo que se hace contra la corrupción. De
mi parte, como se lo he dicho al Vicepresidente de
la República, díganme qué hay
que firmar, qué nuevas leyes, qué nuevos
decretos, qué nuevas políticas, y estamos
dispuestos a hacerlo.
Antes de anoche vino Rodrigo
Lara a consultarme un proyecto que está examinando con el señor
Vicepresidente, y lo veo muy bien, échalo para
adelante, estén listos para presentarlo ahora
el 16 de marzo, a ver si se convierte en Ley de la
República.
Déjenme repetir con ustedes: nosotros queremos
en Colombia cero corrupción, cero tolerancia
a la corrupción. La aspiración de un
padre de familia es dejarles a los hijos educación
y un principio patrimonial. Llamábamos en mi
tierra ‘una madeja de trabajo’.
¿Para qué eso, si les deja uno un país
con corrupción, con terrorismo? Entonces para
que la nueva generación viva feliz, mi generación
se pueda morir tranquila, hay que dejarles a las nuevas
generaciones de colombianos un país sin corrupción,
un país sin terrorismo, un país sin drogas
ilícitas, un país sin narcotráfico,
un país sin guerrilla, un país sin paramilitares.
El conjunto de esos elementos nos creó un mar
de corrupción, que tenemos que derrotar.
A todos, muchas gracias.
Vicepresidente, emprenda desde
ya la tarea para garantizar pureza en las elecciones
de octubre, que ha sido la
característica de nuestro Gobierno.
La mayoría de los hechos que hoy se juzgan,
son hechos que se dieron en un espacio de tiempo anterior
a nuestro Gobierno. A nuestro Gobierno hay que juzgarlo
por las elecciones del Referendo de 2003, por las elecciones
de alcaldes y gobernadores de 2003, que permitieron
la elección de Luis Eduardo Garzón aquí.
Se decía: ¿Un Gobierno presidido por
Uribe? Si Uribe es fascista, si Uribe es paramilitar,
si Uribe es derecha. Matan a esos candidatos. Por Dios,
la Seguridad Democrática por primera vez les
dio garantías efectivas.
Pasamos de lo que eran las
garantías retóricas
a las garantías efectivas. Eso es muy importante.
Y se vivió el año pasado, cuando el mundo
reconoció que eran las elecciones más
pacíficas en décadas en Colombia.
Yo recuerdo hace cuatro años, yo no podía
ir a muchas partes de Colombia. Y muchos se quejaban
de que no podían ir a muchas partes.
El año pasado, la oposición, que ha
sido bien crítica del paramilitarismo, en los últimos
años… Hace cuatro años, el paramilitarismo
lo criticaban en los cócteles. Y más
que criticarlo, lo celebraban. Eran comentarios emocionantes
de la vida ciudadana. Empezaron a criticarlos cuando
apareció la Seguridad Democrática. La
Seguridad Democrática permitió que aflorara
el sentimiento de muchas gentes y que se expresara
en palabras y en actitudes críticas del paramilitarismo…
Y por eso el año pasado yo vi que la oposición
iba a Tierralta, a Valencia, a muchas partes, a gritar:
abajo el paramilitarismo. Lo que nunca habían
hecho antes. Y lo hicieron gracias a nuestra política
de Seguridad Democrática.
El año pasado solamente hubo presiones contra
una candidatura: contra la nuestra, que se dieron en
el Caquetá, en el Putumayo, que se dieron en
Nariño por parte de las Farc, que no solamente
intimidó a nuestros electores sino que también
les dijo por quién tenían que votar.
Pero como hubo tantos votos a favor, gracias a Dios,
eso sí no cobró importancia. Habrá que
escribir qué le habría pasado a este
país si lo que nosotros denunciamos en el Referendo,
lo hubiera podido denunciar la oposición.
¿Qué tal que los argumentos que nosotros
esgrimimos y que nunca fueron rebatidos, para decir
por qué no cruzamos en todos los artículos
el umbral del Referendo, que la oposición hubiera
podido decir que el Gobierno se robó el Referendo? ¿Qué tal
que fuera hoy la oposición la que pudiera decir
que en las elecciones presidenciales del año
pasado fueron presionados y que por eso no pudieron
votar?
Pero es muy importante para
la historia que se sepa qué pasó en el Referendo y qué pasó en
las elecciones presidenciales del año pasado.
Pero vamos para adelante, Vicepresidente, emprenda
el tema de la nueva ley, con Rodrigo Lara, que la tramitamos,
y el tema de los pactos de transparencia en el proceso
electoral que se inicia.
Muchas gracias.
