PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE DURANTE EL CONSEJO COMUNAL DE GOBIERNO EN SANTA MARTA
Julio 05 de 2007 (Santa Marta - Magdalena)

“Nos reunimos hoy en Santa Marta para examinar el avance y las perspectivas de uno o quizás el reglón más promisorio de la economía colombiana: la producción de biocombustibles.

Hace cinco años el país no los producía. Con la ayuda del Congreso de la República, del sector privado, tomamos una serie de decisiones que permiten que el país esté produciendo hoy un millón 200 mil litros de alcohol carburante, los primeros 50 mil litros de biodiesel, y que haya cantidad de proyectos en marcha.

Creo que es la gran oportunidad de la agricultura colombiana, de la agroindustria, de la generación de empleo con afiliación a la seguridad social. La gran oportunidad para hacer el mejor uso de las praderas. La gran oportunidad para sustituir cultivos ilícitos.

En el transcurso del día vamos a examinar el tema. Es el tema que nos ha convocado.

Quiero hacer llegar desde aquí a todos los familiares y amigos del doctor José Ignacio Vives Echeverría, nuestro sentimiento de pesar por su fallecimiento. Oriundo de esta ciudad de Santa Marta, representó al Magdalena muchísimas veces en el Congreso de la República. Al doctor Juan Carlos Vives, a sus hermanos y a toda la familia, nuestra voz de condolencia.

Lo mismo a los familiares de Libardo Zapata Echeverri, fundador del sector democrático del liberalismo de Antioquia, quien falleciera en el día de ayer en la ciudad de Medellín. Desde aquí le hacemos llegar a la familia nuestra más sentida voz de condolencia.

Compatriotas: ayer fue asesinada en una carretera de la Cordillera Occidental la alcaldesa de San José del Palmar, Chocó, Blanca Inés Marín Osorio, una gran líder en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la violencia.

Esa cordillera allí ha estado muy maltratada por los cultivos ilícitos. Estamos en una tarea de erradicación manual, de eliminación de esos cultivos. La alcaldesa era una líder sin temor.

Nos duele mucho, en un Gobierno que ha tenido como uno de los principales afanes de la política de Seguridad Democrática, la protección de los alcaldes de la patria. Eran 400 los amenazados y 300 los que no podían estar en su municipio hace cinco años. Ahora, cuando todos están despachando en su municipio, nos duele mucho este asesinato, en una carretera entre el Valle del Cauca y el Chocó, de Blanca Inés Marín Osorio.

Su municipio, gracias a su buena gestión, acaba de ganarse el premio de Planeación Nacional 2007 por el mejor recaudo tributario, por las inversiones con recursos propios, por lo logrado en cobertura de vacunación de salud. Una maravilla de municipio. Una maravilla de gestión. Y nos han asesinado a la alcaldesa, a la líder de este gran proceso.

Planeación Nacional entrega 800 millones de pesos a ese municipio, como premio que se entrega anualmente por la gestión administrativa, por lo eficiente.

Le pido a la directora de Planeación Nacional, a la doctora Carolina Rentería, que hagan presencia varios compañeros de Gobierno, cuanto antes, en San José del Palmar, para exaltar esa administración. Para que el país conozca que nos acaban de asesinar a quien se había ganado el premio, con una gran eficiencia administrativa. Un ejemplo para el Chocó y para Colombia.

El señor General Óscar Naranjo, en la mañana de hoy, ofreció 200 millones de pesos de recompensa a aquellos ciudadanos que con su información nos permitan la captura de quienes han perpetrado este vil asesinato.

Quiero saludar aquí también la presencia del honorable representante Vladimiro Cuello.

Hoy es 7 de julio, los diputados fueron asesinados el 18 de junio, y todavía los criminales de las Farc no devuelven los cadáveres. ¡Qué infamia!

Miren el proceso: el video muestra la fiesta en que iban esos criminales desde una cordillera hacia la ciudad de Cali para secuestrarlos. Para secuestrarlos, degollaron al policía que cuidaba la Asamblea. Cuando salieron con ellos secuestrados, el video muestra ese jolgorio en que iban estos criminales.

Durante todos esos años, torturaron a las familias, los asesinaron, mintieron. Y para consumar la mentira, no entregan los cadáveres. Porque estos criminales, que son entendidos y avisados, conocen muy bien que mientras más demore la entrega de los cadáveres, más difícil es para la ciencia médica, en el examen pericial, decir con exactitud la causa determinante y la modalidad el crimen.

Estos criminales los asesinaron vilmente, mienten y quieren consumar la mentira.

Organismos internacionales están trabajando a ver si estos criminales devuelven los cadáveres. Además hemos pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA), que nos ayude a los colombianos con otros organismos internacionales para que estos criminales entreguen los cadáveres.

Y como lo dije el 28 de junio, en la alocución ante los compatriotas, el Gobierno, que procura decirles a los colombianos con total franqueza todo lo que conoce sobre estos hechos, como se dijo en la alocución del 28 de junio, el Gobierno ha pedido una comisión forense internacional que le diga al país y al mundo la modalidad del asesinato.

Esta semana, directamente al doctor (José Miguel) Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, le pedimos que integre esa comisión forense internacional, que esté lista para el momento en que estos criminales entreguen los cadáveres, a fin de que esa comisión forense internacional se pueda pronunciar sobre la modalidad, sobre las circunstancias en que se dio el asesinato.

Cuando se ha procedido de buena fe, las circunstancias y los hechos causan dolores, pero nunca remordimientos. Cuando se ha procedido de buena fe, los hechos criminales causan dolor, los hechos criminales causan amargura, atormentan, pero no causan rendición. Cuando se ha procedido de buena fe, los hechos criminales tratan de desorientar, pero finalmente el pueblo se sabe orientar.

Es lo que vimos esta semana en el país. Esa inmensa movilización de los colombianos es un golpe democrático final contra el secuestro, contra el terrorismo. Esa inmensa movilización es el mejor apoyo a los familiares de las víctimas. Es la notificación a la comunidad internacional de la dignidad del pueblo colombiano, del carácter del pueblo colombiano, que llora a sus muertos pero no se rinde. Y que tiene toda la decisión de derrotar el terrorismo.

Esa inmensa movilización es una notificación al Gobierno sobre que atrás quedaron las épocas en que el Estado claudicaba. Esa inmensa movilización es la expresión clara de que los colombianos tienen hoy absoluta conciencia de que lo único que derrota al terrorismo es la firmeza en la relación para derrotarlo entre el pueblo, las instituciones armadas de la Nación, la justicia y el Gobierno.

Vamos a seguir procediendo en consecuencia, apreciados compatriotas.

Esa inmensa movilización es la advertencia de que no podemos, en esta hora de dolor, claudicar ante los criminales, entregar zonas de despeje, dejar a los ciudadanos de Pradera y Florida en poder de los criminales.

Una zona de despeje es una zona para que los criminales eludan la acción de la Fuerza Pública. Una zona de despeje es una zona para que los criminales eviten la política de Seguridad Democrática. Una zona de despeje es una zona para que los criminales maltraten a la ciudadanía.

Despejado estuvo el país cuarenta años. Por eso del país se apoderaron guerrilla y paramilitares. Ahora, en lugar de seguirles despejando territorios a los criminales, lo que hay que hacer es despejar todo el territorio de la Patria de la presencia de criminales.

El pueblo habló. Ahora nos toca proceder con más eficacia a la Fuerza Pública, a la justicia y al Gobierno.

El pueblo habló. Cada uno de los policías de Colombia, cada uno de los soldados, cada uno de los comandantes de Policía municipal, departamental, de los comandantes de Brigada, de División, de los Altos Comandantes, el Ministro de la Defensa, el Presidente de la República, debemos esforzarnos para proceder con más eficacia. Tenemos que estar a la altura del carácter y de la firmeza del pueblo.

En el pasado, cuando los colombianos se volcaban a la calle a rechazar el secuestro, había unas políticas oficiales débiles que no derrotaban el secuestro. Ahora, cuando los colombianos se han volcado a las calles a derrotar el secuestro y el terrorismo, no puede ser que esta política, que es firme, no sea más eficaz.

Llamo desde Santa Marta a cada uno de los soldados y policías, a esos que están en la Cordillera Occidental entre el Valle del Cauca y el Chocó, donde asesinaron a la alcaldesa, para capturar a los criminales.

Llamo a cada uno de los policías y de los soldados que hay en el Magdalena, para que lo que quede aquí de guerrilla, que ya es poco, podamos reducirlo o eliminarlo. Para que bandas reincidentes que están en zona bananera o en algunos municipios, a sus integrantes los capturemos. Y cuanto antes, mejor.

Llamo a cada uno de los soldados y policías para que nuestra respuesta a la firmeza del pueblo, sea más eficacia en nuestros resultados.

El pueblo habló. El pueblo cumplió marcando un punto de quiebre en la vida de Colombia. El pueblo expresó el dolor, pero expresó la firmeza en una Nación que llora pero no se rinde. Ahora les toca es a los policías, a los soldados, a los comandantes, a la justicia, a los ministros, al Presidente de la República, esmerarse para tener más eficacia en la lucha contra los criminales.

Esta mañana me decía el doctor Luis Carlos Restrepo: “Presidente, explique qué fue Ralito, para quitar la confusión de que Ralito fue una zona de despeje”.

Las zonas de despeje de Colombia han sido zonas de tránsito de los terroristas hacia la casi toma del poder. Ralito fue una zona de tránsito de grupos armados hacia la cárcel. En Ralito estuvieron, pero de Ralito no salieron premiados como campeones del delito. De Ralito salieron primero para La Ceja y después para Itagüí. Eso marca la diferencia.

En Ralito estuvieron, concentrados, en un proceso de desarme y de desmovilización. En Ralito no estuvieron como campeones de una criminalidad que se les aplaudía. En Ralito estuvieron desmovilizándose y desarmándose, como seguramente habrá que hacer con los grupos guerrilleros en el futuro.

En Ralito intervino la justicia cada vez que se requirió. En Ralito y en su área del vecindario no había policía durante los últimos 20 años. Allí instalamos 400 policías. Allí llegó una misión de la OEA a proteger a los ciudadanos. Cuando se requirió la presencia de la Fuerza Pública al interior de esa zona, el Presidente de la República, sin vacilación, ordenó esa presencia. Y esa presencia se hizo.

Llegó un día la noticia de que habían secuestrado al ex senador Jorge Gnecco y que le habían atribuido ese secuestro a unos de los presentes en Ralito. Tan pronto se supo, el Presidente de la República dio la orden de entrar a capturarlo. Y en horas se consiguió la libertad del senador Jorge Gnecco.

Cuando un juez de la República vinculó al señor Murillo Bejarano, conocido con el nombre de ‘Don Berna’, a la investigación por el asesinato de un diputado de Córdoba, el Presidente de la República no vaciló. De inmediato dio la orden al comandante de la Policía, para que él se pusiera al frente de entrar a buscar al señor Murillo Bejarano en la zona de Ralito. Y hoy el señor Murillo Bejarano está sometido a la Ley de Justicia y Paz, con una extradición condicional, y se encuentra en la cárcel de Itagüí.

Una cosa es entregar a Pradera y Florida, para que las Farc se recuperen criminalmente, para que domine a su ciudadanía, para que la ciudadanía quede en las fauces de los criminales, para que pase el tiempo y se pierda la oportunidad de avanzar con la política de Seguridad Democrática, y otra cosa es haber tenido a Ralito para desarmar a 32 mil personas vinculadas al crimen. Para hacer el tránsito con sus cabecillas de la selva, pasando por Ralito, a la cárcel de Itagüí. Para liberar al país de 32 mil de los 60 mil armados que encontramos cuando empezó el Gobierno.

Le pedí al doctor Luis Carlos Restrepo que le cuente hoy y mañana en detalle al país sobre Ralito.

Claro que nosotros no estábamos en una negociación con arcángeles. Es que nosotros encontramos 60 mil terroristas. Y los que han negociado, han tomado la decisión de negociar porque han sentido la presión de nuestra Fuerza Pública.

La negociación con los paramilitares ha sido seria, no de compinches. Mil 700 dados de baja inicialmente. De los reincidentes han sido dados de baja más de 400. Y han sido llevados a la cárcel más de 800. Aquí hay un proceso serio. Unos resultados serios. Hoy hay debate sobre paramilitarismo en Colombia, cuando el paramilitarismo, gracias a este Gobierno, está prácticamente exterminado.

Se habló con mucha preocupación de que reincidirían. Han reincidido algunos. Porcentualmente pocos. Lo que pasa es que, así 1.200, 1.600 ó 1.800 constituyan un número bajo frente a los 32 mil desmovilizados, 1.200 ó 1.800 en armas hacen mucho daño. Pero el país tiene hoy una certeza y una tranquilidad: los que han tratado de reincidir no van a pelechar. Este Gobierno no permite ‘Águilas’ negras o blancas o amarillas o azules. Hay que acabarlos a todos.

Vengo a pedirles a los comandantes del Magdalena que a esos grupos reincidentes que merodean por Fundación y zona bananera, los reduzcamos. Que acabemos lo que queda de las Farc y el Eln en la Sierra Nevada. Y que evitemos que esos criminales de las Farc, que están siendo presionados por nuestra operación en los Montes de María, sigan cruzando el río Magdalena a maltratar a los ciudadanos de Plato y los alrededores.

¡Eficacia, señores comandantes! El pueblo habló esta semana. Y el pueblo, en lugar de pedirnos a nosotros debilidad o claudicación, en medio del dolor nos dijo: ¡firmeza!

El pueblo no oyó a quienes querían desorientar. El pueblo habló autónomamente. Habló como un pueblo cansado por 40 años de terrorismo, y más cansado por 36 años de debilidad. Y ahora nos toca es a nosotros actuar.

Señor general Paredes, señor coronel Pacheco, señor coronel Lara: que no quede uno solo de esos criminales. Ni en el área de zona bananera y Fundación, ni en la Sierra Nevada, ni en Plato. Porque la operación que estamos adelantando en los Montes de María, que el fin de semana anterior dio de baja a dos, capturó a 10, decomisó 10 fusiles y capturó a un criminal conocido con el nombre de ‘Embera’, criminal al servicio de esos escuadrones de las Farc de los Montes de María, esa operación va bien. Pero hay que cuidar para que la presión militar que allá ejercemos, no traslade a esos criminales a reincidir en el Magdalena. ¡A acabarlos a todos!

Y que no haya extorsión en el comercio o en los hoteles de Santa Marta. En mi última visita a la ciudad, que son muy periódicas, alguien me dijo: “Presidente, cuidado que nos están extorsionando”. ¡A espantar a esos extorsionistas a la cárcel!

El Congreso nos acaba de aprobar dos leyes de gran importancia. En el último año siempre escuché en los consejos de seguridad que se nos estaba afectando mucho la seguridad en el hurto a personas, en el hurto a residencia, en el hurto al comercio, en el hurto de automotores, por la permisividad de la ley.

La ley que nos acaba de aprobar el Congreso, es una ley que para delitos que tengan penas de cuatro años, impide esa excarcelación que se venía dando. Es una ley que le dice al juez: usted me va a definir la excarcelación no por su apreciación subjetiva sobre la peligrosidad o no peligrosidad del imputado, sino por el delito.

Hoy, señores comandantes, gracias a la nueva ley aprobada por el Congreso, tenemos un gran instrumento para avanzar en favor de la seguridad.

Le he pedido al señor General Naranjo que sobre esta ley de penas y sobre la otra, la de las pequeñas causas, se haga un gran seminario nacional por la televisión, por el canal institucional, que empiece desde esta semana. Primero que las presenten el ministro Carlos Holguín y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y segundo, que la Policía instruya a cada comando departamental, a cada comando municipal, sobre cómo aplicarla.

Vamos a empezar este consejo comunitario con el anuncio de dos decretos. Un decreto que ordena que los importadores o ensambladores de motores vehiculares en Colombia, a partir de determinadas fechas, tengan que entregarle al país motores flexibles, que estén adecuados para funcionar con una alta mezcla de alcohol carburante o de biodiesel. Ese es el primer decreto.

El segundo, una respuesta concreta a la ciudad de Santa Marta. Llevo cinco años en el Gobierno y hemos logrado un acuerdo, pero no hemos logrado uno segundo.

Gracias al liderazgo del Ministro de Obras, se logró el acuerdo con los concesionarios del ferrocarril. Se cambió la concesión. Se mejoraron sustancialmente las condiciones. Se garantizó primero la posibilidad de pasar de 20 ó 22 millones de toneladas a 45 millones, construyendo los intercambios del ferrocarril. Se garantizó la segunda línea. Se permitirá que por ese ferrocarril salgan más de 60 millones de toneladas. Se garantizó que venga el ferrocarril de pasajeros, de turismo. Etcétera. Eso va bien y logramos un gran acuerdo.

Pero llevamos cinco años y no hemos logrado el segundo acuerdo. No hemos logrado el acuerdo para que el embarque de carbón no afecte la zona turística. Entonces hoy le entregamos a la ciudad de Santa Marta un decreto, debidamente firmado por los ministros y por mi persona, que pone una fecha para que todos los puertos se adecuen. Para que tengan que tener una zona de arrume, de almacenamiento de carbón, donde no haya riesgos de la volatilidad del carboncillo. Donde se exige que haya embarque directo y que el sistema de embarque sea encapsulado.

Este es un Gobierno defensor, sin timideces, no vergonzante defensor, de la iniciativa privada.

He dicho que en el actual debate de América Latina es muy importante decir que Colombia no ha estado en el desmantelamiento del Estado sino en su reforma, pero que Colombia tampoco está en el estatismo. Que aquí hay plenas libertades para la iniciativa privada con responsabilidad social. Y que la responsabilidad social tiene que expresarse en tres áreas.

En la transparencia de las relaciones de los inversionistas con el Estado: transparencia en los contratos, en las concesiones, en la tributación, en los trámites. Segundo, en la solidaridad de los inversionistas con las comunidades. Y tercero, en las relaciones laborales. Relaciones laborales no salvajes de capitalismo. No marxistas de odio de clases. Relaciones laborales fraternas, cristianas.

Ese segundo punto de la responsabilidad social, de la solidaridad de los inversionistas con las comunidades: está bien que se extraiga el carbón del Cesar, el carbón de La Guajira, pero lo que no podemos permitir es que esa extracción cause incomodidad a los habitantes de esos municipios. Que esa extracción abuse de esos poblados, con el tránsito de tractomulas levantando un polvorín permanente y asfixiando a los ciudadanos.

Por eso, de cara a la comunidad, con la participación de la comunidad, hemos hecho dos reuniones en La Jagua de Ibirico (y haremos la tercera para evaluar), donde se exige que los inversionistas cumplan con todos los requisitos del medio ambiente y que hagan unas inversiones de solidaridad necesarias.

Por ejemplo, uno de los casos que hay allí, un pequeño poblado: antes pasaban por él dos vehículos al día. Ahora, con la furia del carbón, pasan 600 tractomulas al día por la calle del medio de ese pueblito, destapada. Y la ciudadanía enferma, respirando ese polvorín, ese tierrero. Las compañías tienen que pavimentar esa vía, inicialmente ese pedazo.

Solidaridad con la comunidad. Uno no puede explotar los recursos de un país, siendo insolidario con la comunidad de ese país. Eso ha generado tantos gobiernos dictatoriales en el mundo. Para defender esta democracia con firmeza, hay que exigir la responsabilidad social de los inversionistas.

Ellos han encontrado en este Gobierno y en este Congreso los más grandes amigos de la inversión privada. Tenemos hoy una tributación en Colombia que es totalmente atractiva a la inversión.

Miren, apreciados compatriotas: a 30 de mayo, la inversión extranjera directa registrada en Colombia ascendió a 4 mil 151 millones de dólares. En un país que llegó a tener años en los cuales apenas había 700 millones de inversión. Y ahora en el período de enero a mayo, 4 mil 151 millones de dólares. Eso es muy grande.

Cuando este Gobierno empezó, la tasa de inversión en Colombia estaba en el 12. En mayo se situó en el 27. Esto es: lo que representa la inversión en un año como porcentaje del PIB. Eso es muy grande.

Hemos dado todas las condiciones a la inversión, pero la inversión no puede ser antipática para la comunidad.

Si el explotador de carbón con sus tractomulas enferma a la comunidad, esa comunidad deslegitima esa extracción del carbón. Si el exportador de carbón, con sus zonas de acopio, con sus métodos de cargue, con sus barcazas, permite que haya volatilidad del carbón hacia las playas turísticas, esa inversión se deslegitima ante la comunidad.

Entonces quiero decir hoy desde Santa Marta que los inversionistas tienen todas las garantías en Colombia, pero tienen que cumplir con todas las normas de responsabilidad social.

Le pido al Ministro (de Minas y Energía) Hernán Martínez que nos explique el decreto de los motores para darle reglas de juego claras a este país a futuro sobre el tema de los biocombustibles. Y al ministro (de Transporte) Andrés Uriel Gallego, que nos explique el decreto sobre los puertos, tan importante para esta ciudad.

Uno lleva espinitas en su corazón. Una de las espinas que he llevado en estos cinco años tan gratos de trabajo con el pueblo colombiano, es no haberle podido cumplir a Santa Marta para eliminar el polvorín del carbón de las playas. Se ha hecho todo el esfuerzo de concertación. Pero como la concertación no ha servido, ha habido que proceder sensatamente, razonablemente, a hacer sentir las funciones del Estado.

El ministro Hernán Martínez nos explica el decreto de los motores como preámbulo de este consejo, y el ministro Andrés Uriel el de los puertos”.