PALABRAS
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ÁLVARO URIBE
VÉLEZ, EN LA CEREMONIA DE INSTALACIÓN DEL
CONGRESO
Julio 20 de 2007
(Bogotá D.C. - Cundinamarca)
“Respetados Senadores y Representantes:
El 18 de junio el grupo criminal de las FARC asesinó a
11 diputados vallecaucanos, fechó un comunicado el
23 y lo publicó el 28. Hoy es 20 de julio y estos
criminales aun no han entregado los cadáveres. Desde
el primer momento el Gobierno pidió el apoyo de la
Cruz Roja Internacional y de la Organización de Estados
Americanos, OEA. Además, hemos propuesto una comisión
forense internacional que con la Fiscalía determine
la modalidad del asesinato. Los criminales extorsionan con
la vida y con la muerte; no devuelven los cadáveres
porque saben que mientras más los demoren más
difícil será el examen pericial. Estos terroristas
son criminales y mentirosos. Nuestros muertos siguen secuestrados.
El Gobierno ha buscado el acuerdo humanitario con la salvedad
de no conceder zona de despeje y no liberar presos para que
se integren al asesinato y al secuestro. A pesar del crimen
hemos cumplido con la excarcelación de 150 presos
y Rodrigo Granda, decisión que ha tenido el buen cuidado
de garantizar que no regresen al terrorismo y la buena fe
de crear condiciones para la libertad de los secuestrados.
Decimos no al despeje porque el país estuvo despejado
por décadas y por eso de él se apropiaron los
terroristas. El despeje permite eludir la Seguridad Democrática
y somete la población a los terroristas, quienes interpretan
la decisión como debilidad del Estado Democrático
que quieren destruir. La maraña terrorista que crea
el despeje es difícil de superar, como aun se advierte
en el Caquetá.
Para que no haya confusión: Ralito no fue zona de
despeje, fue lugar de desmovilización y desarme, de
tránsito hacia la justicia, con presencia de la fuerza
pública tantas veces como se requirió.
Debe conocerse la huella del despeje en los ciudadanos del
Caquetá, o el temor por su posibilidad en los de Pradera
y Florida, antes que promover esa solución desde la
comodidad de las capitales o el extranjero.
El acuerdo humanitario debe pensar en las víctimas
del secuestro no en los aprovechadores del despeje.
El acuerdo humanitario debe ser para liberar a los secuestrados
no para desmotivar a la fuerza pública. Nuestras Fuerzas
Armadas no han sido golpistas pero han vivido períodos
de desmotivación, durante los cuales para nada sirven
presupuestos, helicópteros, aviones y otros apoyos.
Línea fundamental de nuestra acción es mantener
en alto el espíritu de lucha en nuestras Fuerzas Armadas.
Línea fundamental de nuestra acción es trasmitir
firmeza al pueblo para reclamar del pueblo firmeza.
El acuerdo humanitario no puede afectar la motivación
de las Fuerzas Armadas ni la firmeza del pueblo, pilares
sobre los cuales reposa la esperanza de la victoria final
sobre el terrorismo.
Los objetivos del Gobierno
Son tres los objetivos principales del Gobierno: La Seguridad
Democrática, la confianza inversionista y la política
social. Están transitivamente unidos: la seguridad
estimula la inversión, y ésta, con responsabilidad
social, permite avanzar en la superación de la pobreza
y en la construcción de equidad. Mientras la seguridad
y la inversión hacen sostenible la política
social, ésta legitima las dos anteriores.
Hemos ganado un gran valor en el pueblo colombiano: antes,
el discurso dirigente hizo creer que la Seguridad Democrática
y la política social eran excluyentes; hoy, el pueblo
reclama por igual más seguridad y más inversión
social, más policía, más educación,
más salud.
Las pruebas difíciles no impiden el avance de la
Seguridad Democrática. En los tres años que
restan no la descuidaremos un segundo. Aplicaremos con esmero
la contribución de los sectores más pudientes
de la Nación, que el Congreso aprobó en la
reforma tributaria.
Confiamos que la Seguridad Democrática se adopte
finalmente como un valor de Estado, cimentado en la adhesión
de la conciencia popular.
Confianza inversionista
Hablamos más de confianza inversionista que de crecimiento
económico. El crecimiento puede darse un día
por el descubrimiento de un pozo petrolero o el aumento del
precio de un producto básico y al otro día
puede no darse.
La confianza inversionista es lo único que permite
un crecimiento alto, sostenido en el largo plazo.
Buscamos la confianza inversionista con nuestro modelo de
Estado y Sociedad, la determinación de seguridad,
la tributación, las nuevas zonas francas, los contratos
de estabilidad en las reglas de juego y la salud fiscal de
la Nación, elementos todos vinculados a la magnífica
agenda aprobada por el Congreso.
Para la confianza inversionista es muy importante que el
país tenga visión de largo plazo y estrategia
de competitividad. La Visión Colombia: Segundo Centenario,
al año 2019 rige nuestro Plan Cuatrienal de Desarrollo.
La agenda de competitividad está ajustada al Plan
y como la visión de largo plazo, también ha
sido construida en concertación democrática.
Reformamos el Estado pero no lo desmantelamos como se intentó en
América Latina en décadas recientes. Tampoco
aceptamos el estatismo como ahora se promueve. Nuestro Estado
Comunitario busca eficiencia y transparencia, da todas las
garantías a la inversión privada y exige responsabilidad
social.
La responsabilidad social debe expresarse en tres áreas:
la transparencia en las relaciones entre la inversión
y el Estado, los contratos, concesiones, solución
de disputas, tributación; la solidaridad de la inversión
con las comunidades, que se niega, por ejemplo, cuando los
habitantes de una zona minera son afectados en su salud y
bienestar, o el turismo maltratado por la contaminación
emanada de un puerto; y, las relaciones laborales, que no
pueden regirse por el capitalismo salvaje ni por el odio
de clases, sino por la fraternidad cristiana.
Una sociedad que opera en democracia y se rige por la ley
genera confianza. El debate constructivo, ávido de
opciones que superen contradicciones, también genera
confianza. Por oposición, el espíritu destructivo,
la rencilla personal, el desespero de poder que se manifiesta
en arribismo social, causan desconfianza y miseria.
Este Congreso ha tenido la acertada intuición de
jugarse a fondo con la herramienta tributaria como factor
de atracción de inversión.
Aquí no ha imperado la reducción de tarifas
impositivas para que los más pudientes apropien más
utilidades. En lugar de ello, Congreso y Gobierno hemos puesto
en marcha los estímulos a la inversión. Se
premia a aquel que hace el esfuerzo de crecer, no a quien
se estanca.
Los estímulos específicos a biocombustibles,
cultivos de tardío rendimiento, turismo y ecoturismo,
vivienda social, la deducción general del 40% a nuevas
inversiones y la tarifa del 15% a zonas francas de empleo,
no necesariamente vinculadas a exportaciones, hacen parte
del conjunto normativo de atracción de inversión,
aprobado por el Congreso.
Hace cinco años no producíamos un solo litro
de alcohol carburante, hoy destilamos 1.200.000 litros diarios
más 50.000 de biodiesel. Hay gran entusiasmo y proyectos
en marcha, que contribuirán al empleo con calidad,
a la lucha contra el calentamiento global y a la reinvención
de la agricultura.
Tenemos 43 millones de hectáreas en pastos y sabanas,
que nos permiten proyectarnos como una potencia en biocombustibles,
sin afectar la seguridad alimentaria y sin destruir un milímetro
cuadrado de selva.
Hemos fijado los plazos para que en 2012 los motores que
se importen o fabriquen en el país sean flexibles
al uso de biocombustibles. Con fechas intermedias aumentaremos
las mezclas obligatorias para que en ese año sean
del 20% tanto en alcohol carburante para la gasolina como
en biodiesel para el diesel fósil.
Contamos con cinco mil nuevas habitaciones hoteleras en
proceso de construcción. Recibíamos 530.000
visitantes internacionales por vía aérea, este
año podremos llegar a 1.300.000.
Procuramos un capitalismo vigoroso, social, diferente del
anacrónico capitalismo de Estado o del desacreditado
capitalismo de monopolios. Buscamos que haya muchas grandes
empresas y que prospere el emprendimiento de millones de
medianas y pequeñas empresas, como se deduce de la
orientación del crédito, de la ley Agro Ingreso
Seguro, de las medidas aduaneras para proteger pequeños
industriales y de la Banca de Oportunidades.
Recientemente la Organización Internacional Monitora
de Emprendimiento, certificó a Colombia como el segundo
país del mundo, en su nivel de ingreso, con mayor
nuevo emprendimiento.
Sostener una tasa elevada de inversión debe conducirnos
a mejores niveles de empleo con afiliación a la seguridad
social, a mayores éxitos de emprendimiento y a superar
pobreza e inequidad.
Una economía abierta, que pretende dignificar el
empleo, no puede buscar soluciones laborales con carreteras
que se construyan con pico y pala.
No podemos pensar en ser competitivos con salarios de miseria
y desprotección en seguridad social. Tenemos que ser
competitivos con agregación de valor, ascenso en la
escalera tecnológica, esfuerzo de los trabajadores
y más esfuerzo de propietarios, que en lugar de vivir
como rentistas deben aspirar al merecimiento de gentes de
labor y empresa.
En consecuencia, pensamos que los mejores estímulos
al empleo son los estímulos a la inversión
con responsabilidad social, introducidos por el Congreso,
a cuyos resultados debemos dar tiempo.
En consecuencia, no somos partidarios de desmontar los aportes
de nómina, a cargo de los empleadores, con destino
al SENA, a las cajas de compensación y al Instituto
de Bienestar Familiar. Al contrario, la unificación
de la declaración y pago de parafiscales y cotizaciones
a la seguridad social, y el proceso de hacerlo de modo electrónico,
empiezan a mostrar magníficos resultados en control
de evasión.
Estas entidades cada día mejoran su labor, y de decidir
que dependan del presupuesto nacional, se marchitarían
en el tiempo.
La confianza inversionista con responsabilidad social es
la fuente de provisión de recursos para el logro de
las metas de política social.
En ausencia de confianza inversionista, la política
social se reduce a más demagogia y más pobreza.
Con confianza inversionista, la política social puede
expandir prosperidad.
En los últimos cinco años la inversión como porcentaje
del PIB ha pasado del 12% al 15%, al 22%, al 26% y en el primer trimestre del
año al 27%. Solamente la inversión privada ha saltado del 6.5%
al 19% del PIB. La inversión ha estado creciendo entre el 20% y el 31%
por año.
En materia de confianza, Colombia está de moda para
el capital nacional e internacional. Sostengamos esa posibilidad
y veremos mejores aires sociales.
La salud fiscal de la Nación, su estabilidad, es
requisito para sostener la tendencia de confianza en Colombia.
La mayor eficiencia en el recaudo, la racionalidad en el
gasto público y la reforma administrativa son piezas
claves de la estabilidad.
Hemos ampliado la base de contribuyentes de renta de menos
de 400.000 a más de 1.400.000. Esperamos que en poco
tiempo la relación de la mayoría de los contribuyentes
con el Estado sea a través de Internet, más
simple, más rápida, transparente y con menor
costo. El 90% del recaudo proviene ya de declarantes virtuales.
El recaudo ha superado el crecimiento de la economía.
Año tras año nos hemos esforzado en la racionalidad
del gasto público. El nuevo recorte, para lo que resta
de la vigencia de este año, es de 1 billón
100 mil millones.
La carencia de infraestructura es obstáculo al ritmo
de crecimiento que quiere tomar nuestra economía.
Hemos superado casi todos los pleitos en que se encontraban
concesiones y contratos de diferente naturaleza. Estamos
pendientes del fallo del Tribunal de Cundinamarca sobre la
transacción con el consorcio internacional COMSA,
que fuera adjudicatario de la carretera de Bogotá al
Río Magdalena. También de la necesidad de prestar
servicio en el Ferrocarril del Pacífico, cuya ferrovía
ha sido reconstruida en alto porcentaje.
El Plan 2.500, que se propone pavimentar 3.125 kilómetros
de carretera, a pesar de atrasos, dificultades, aumentos
de precios de materiales, ha acumulado ya un avance de 1.300
kilómetros. Son 227 tramos en 167 contratos, con problemas
en 17 contratos. Es una mezcla entre vías que mejoran
el acceso a cabeceras municipales y a las zonas productivas.
Cuando me reúno con empresarios, me piden que de
prelación a vías de comercio exterior y no
a accesos municipales. Cuando me encuentro con alcaldes reclaman
que necesitan más vías municipales. Ambos reclamos
tienen razón; es la expresión de un país
al que aun le falta mucha infraestructura.
Nuestra decisión es concluir el Plan 2.500, cumplir
al Congreso el compromiso sobre las vías municipales
con la partida anual para cada municipio, ayudar con créditos
a los departamentos para que mejoren carreteras departamentales
y dedicar todos los esfuerzos nacionales a los corredores
de competitividad de comercio exterior. Sobre este concepto,
estamos en la adjudicación de tramos de dobles calzadas
y en la preparación de otros.
Los acuerdos recientes sobre las concesiones portuarias
traerán cuantiosas nuevas inversiones. Solamente Buenaventura,
con la Sociedad Portuaria y los puertos de Agua Dulce y Consorcio
Industrial, incrementará su capacidad de 11 millones
a más de 43 millones de toneladas por año.
Confiamos que en poco tiempo empiece a verse la construcción
de la segunda línea en el Ferrocarril del Atlántico.
Adjudicamos la concesión del aeropuerto El Dorado,
que solamente en pasajeros le ampliará la capacidad
de 8 a 16 millones por año.
La obligatoriedad de las audiencias públicas de contratación,
en todas las licitaciones con recursos del Estado, hace parte
de nuestro compromiso de transparencia, que se fortalece
con la aprobación de la nueva ley de contratación,
la 1150 de 2007, sancionada el pasado lunes. Ésta
tapona la corrupción, evita evadir la licitación
a través de cooperativas o de instituciones educativas;
uso indebido que las desacreditaba. Generaliza la selección
objetiva aun en cuantías pequeñas. Democratiza
el acceso a la contratación pública al prohibir
el cobro de los pliegos de condiciones. Incorpora de modo
definitivo instancias de participación ciudadana,
como la discusión del prepliego y las audiencias públicas
de adjudicación. Participación de opinión
ciudadana, que en adición a los controles fiscales,
administrativos, judiciales y políticos, se convierte
en medio efectivo de transparencia y confianza popular.
Comprendo la angustia de ustedes, respetados Congresistas,
por las vías de todas las regiones. Sabemos además
que esta infraestructura tiene alta tasa de retorno, pero
pedimos su comprensión porque el cuidado fiscal obliga
al Gobierno a concentrar cualquier nuevo esfuerzo en las
carreteras de comercio exterior.
El mejor legado que este Gobierno aspira dejar para la estabilidad
fiscal de la Nación es la confianza inversionista
y la reforma administrativa.
Hemos reformado 390 entidades públicas y aspiramos
continuar en esa tarea hasta el último día
de la administración.
Han sido suprimidos 38 mil cargos.
El ahorro entre la caja y la proyección de las pérdidas
evitadas asciende a un punto del PIB.
Empezamos en TELECOM, ahora al día con pensionados,
con valor patrimonial positivo y promisorio y capacidad de
inversión que no tenía. Con esta empresa y
los demás operadores de telecomunicaciones, avanza
el desatraso en banda ancha e Internet, así como en
la primera administración lo obtuvimos en telefonía
móvil, que saltó de 4 millones de usuarios
a cerca de 30 millones.
Recientemente se concluyó la primera democratización
de ISAGEN. Hubo una demanda por compra de acciones cinco
veces superior a lo ofrecido en venta. Estamos en el análisis
de la propuesta de venderla, formulada por la Comisión
de Gasto Público, para prepagar deuda. Parece prudente
esperar el resultado de las ofertas públicas para
que generadores de energía, oficiales y privados,
construyan nuevas plantas, con la garantía del pago
estatal por disponibilidad.
Hemos tenido exitosas experiencias con contratos sindicales
y participación de trabajadores. Debo resaltar Paz
del Río, antes dolor de cabeza, ahora una esperanza.
Ya avanzan los nuevos inversionistas en la tarea de incrementar,
en poco tiempo, la producción de hierro y acero de
360 mil toneladas por año a más de un millón.
Trabajadores y pensionados de Paz del Río han invertido
en ISAGEN parte de los ingresos provenientes de la venta
de sus acciones. Confiamos que hagan otra inversión
importante en ECOPETROL.
Vemos con optimismo la capitalización de ECOPETROL.
Este Congreso la aprobó en franco desafío a
viejos dogmas ideológicos que la avivaban con el discurso
y la deprimían en la práctica. Tenemos la certeza
del futuro brillante de la empresa. Ha empezado a incursionar
en biocombustibles.
Discrepamos de la idea de vender la participación
estatal en ISA. Hemos buscado socios pero no hemos desmantelado
empresas estatales estratégicas. Además de
tener esta condición, la participación estatal
le abre camino en el terreno internacional, donde ISA ya
cuenta con un patrimonio igual al que registra en Colombia.
En similares casos, analistas nacionales e internacionales
afirman que para entidades mixtas como PETROBRAS de Brasil,
la participación estatal ha contribuido muy positivamente
al posicionamiento internacional.
Queremos en el Seguro Social y sus clínicas una solución
social eficiente y no un problema burocrático estatal.
Confiamos que la asociación con las cajas de compensación
familiar nos traiga esa solución social. Las primeras
reformas en las clínicas de Cartagena y Santa Marta,
que respectivamente han sido entregadas en administración
a una comunidad religiosa especializada en salud y a la Fundación
Cardiovascular de Bucaramanga, han generado gran alivio a
los pacientes. Nuestro empeño será la reforma
de todas las clínicas del Seguro Social.
La experiencia con buenos asociados, privados o sin ánimo
de lucro, en empresas estatales, ha sido exitosa en eficiencia
administrativa y se erige en talanquera que evita politiquería.
El Acto Legislativo de Transferencias ha sido esencial para
garantizar la descentralización sin afectar la salud
fiscal de la Nación. En buena hora el Congreso prefirió la
responsabilidad con el mediano y largo plazo que la crítica
política inmediata. El aumento de recursos para las
regiones debe garantizar las plenas coberturas de educación
básica y salud, la mejora en calidad y el progreso
en saneamiento básico.
Colombia debe estar orgullosa de su nivel de descentralización.
Mientras en otros países latinoamericanos las regiones
gastan el 30% del total de los gastos del Estado, en nuestro
país, departamentos y municipios gastan el 51% del
gasto estatal. Este porcentaje no incluye los aportes extraordinarios
que generalmente se giran por el presupuesto nacional, como
partidas para sistemas de transporte masivo, vivienda social,
complementos educativos, de salud y agua potable, que ejecutan
las autoridades regionales y locales.
Durante nuestro Gobierno, departamentos y municipios, con
excepciones, han logrado superávit, descenso en el
endeudamiento y considerable aumento de recursos. En pesos
constantes, los departamentos han crecido ingresos en 13%,
los municipios en 34% y Bogotá en un 40%.
El Acto Legislativo de Transferencias da sostenibilidad
a las normas de descentralización de la Constitución
de 1991.
Los excesos de la Constitución de 1863 precipitaron
su derogatoria. La Constitución de 1886 tuvo una vida
centenaria gracias a las enmiendas introducidas en momentos
oportunos. Los ajustes a la Constitución de 1991 consolidan
su vigencia.
Frente a la revaluación que golpea sectores intensivos
en empleo, el equipo económico y el Banco Central
han tomado decisiones cuyos resultados están en observación.
El presupuesto nacional debe apoyar este año, con
no menos de medio billón, a los sectores afectados,
con exigencias como la de mantener al día los pagos
laborales y parafiscales. Constituye un apoyo empresarial
dirigido a la protección del empleo. Y estudiamos
nuevas decisiones.
El Gobierno comparte la preocupación del Banco Central
por las señales inflacionarias. Sin embargo, el ajuste
en tasas de interés no debe llevarse a niveles que
impidan crecer con prudentes niveles de endeudamiento, como
sucedió en el pasado.
Debemos lograr una tasa de cambio estable y competitiva
y preservar una tasa de interés asequible en el largo
plazo.
Además del recorte adicional de gasto público,
nos hemos comprometido a llegar a diciembre con la misma
cantidad de deuda de enero. Congelar el endeudamiento absoluto
se traduce en reducir el endeudamiento relativo en los mismos
puntos del crecimiento de la economía.
Hemos descendido de un déficit fiscal consolidado
del 4.2% del PIB en agosto de 2002, al actual cercano al
1% del PIB.
El déficit del Gobierno Nacional central ha disminuido
del 7.5% del PIB, que incluye los traslados al Instituto
de los Seguros Sociales para pagar pensiones, a una cifra
entre el 3.5% y el 4% del PIB en que deberá situarse
este año.
De cada 100 pesos que producíamos debíamos
50, hoy 28 pesos.
Para endeudarnos teníamos que pagar 700 puntos por
encima de los bonos de los Estados Unidos, hoy 100 puntos.
Ha mejorado nuestro grado de inversión pero debemos
hacer el esfuerzo adicional para recuperarlo plenamente.
Política social
La confianza de inversión y el crecimiento de la
economía, son medios para el gran fin que es la superación
de la pobreza y la construcción de equidad.
Progresamos en el empeño de las plenas coberturas
en educación básica y salud. Los ajustes a
la Ley 100 hacen posible ese sueño en el Régimen
Subsidiado de Salud.
Los planes departamentales de agua potable y saneamiento
básico son un instrumento ordenado y general, para
todos los municipios, que integran recursos de transferencias,
regalías y complementos nacionales para tan necesario
presupuesto.
A finales de agosto completaremos 1.500.000 Familias en
Acción, familias pobres, desplazadas y de estrato
uno, que reciben un subsidio para garantizar la educación
y alimentación de sus hijos.
Con entusiasmo impulsamos la Banca de Oportunidades, que
además del Estado, ha obtenido la participación
del sector privado, comercial y de fundaciones. En nuestro
primer Gobierno cumplimos con la meta de 1.800.000 créditos
a microempresarios. Nos esforzamos con ahínco para
cumplir con la nueva meta de 5.000.000 de créditos
a igual número de familias pobres de la Patria.
Entre agosto de 2006 y mayo de 2007, de la meta de 5.000.000
de microcréditos para el cuatrienio, se desembolsaron
1.106.000 por valor de 3.4 billones de pesos. En el mismo
período, 290.000 colombianos pobres recibieron por
primera vez un crédito institucional. Muchos de ellos
eran deudores de la usura.
Depender de la usura es discriminación y exclusión
del ciudadano pobre, es anular su ánimo de emprendimiento.
Trasladar al crédito institucional a estos compatriotas,
es objetivo esencial de la Banca de Oportunidades.
En agosto de 2002 la cartera para los microempresarios valía
732.000 millones, en julio de 2006, 3.4 billones y en mayo
de 2007, 5.14 billones.
En julio de 2002 la cartera de los microempresarios representaba
el 1.5% de la cartera financiera del país, en mayo
de 2007 se situaba en el 5.2%. Es una evolución de
evidente democracia social.
Continuamos con la revolución del SENA y del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. El SENA, que ha multiplicado
por 4 el número de estudiantes y por 3 las horas de
enseñanza, gracias a los nuevos equipos de sistemas
llegará a una cobertura permanente de 1.200.000 estudiantes
en ambiente virtual. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar tenía 6.121.000 usuarios en agosto de 2002,
ahora 10.230.000 que serán muchos más y sumará también
la responsabilidad en la aplicación de la nueva ley
de niñez.
El crecimiento de la vivienda social tendrá nuevos
refuerzos en Cali y Buenaventura con los dineros hallados
en escondrijos de narcotráfico.
Nos preocupa para los años venideros la disponibilidad
de terrenos de vivienda social en las grandes ciudades. El
Gobierno invita a los alcaldes a utilizar los incentivos
tributarios para adelantar programas de renovación
urbana, que demuelan sectores deprimidos, recuperen el espacio
público y construyan vivienda social en altura. Esta
solución es mejor y menos costosa que ampliar indefinidamente
los perímetros urbanos, afectar tierras como la Sabana
de Bogotá, y pagar los costos de extensión
y operación de servicios públicos y transporte.
Se expedirá un decreto para premiar soluciones de
vivienda social en altura, que renueven urbanismo.
Hemos concebido y lanzado el programa JUNTOS, que pretende
hacer coincidir en 1.500.000 de familias de extrema pobreza
las herramientas de equidad a fin de reivindicar a esos compatriotas.
Que el conjunto de familias más pobres reciba el apoyo
integral del Estado, en lugar de la dispersión inocua
de entregar a alguien un crédito de Banca de Oportunidades,
a otro ciudadano un subsidio de vivienda, a los vecinos incluirlos
en familias en acción y a los de más allá apoyarlos
con el Instituto de Bienestar Familiar.
Estamos comprometidos con una política social estructural,
que rebase el asistencialismo y abra los senderos de movilidad
social, que son de la esencia de la democracia.
Nuestra política social, al incluir progresivamente
amplios sectores de compatriotas históricamente marginados,
se constituye además en factor de reactivación
de la economía. Familias en acción y los programas
nutricionales de bienestar familiar agregan millones de consumidores.
El microcrédito produce favorables efectos simultáneos
en la demanda, la oferta, el empleo y la estabilidad del
ingreso de hogares.
Hemos procurado, con la oficina de atención y prevención
de desastres, adscrita al Ministerio del Interior, hacer
presencia puntual y eficaz en las zonas de la Patria afectadas
por inundaciones y catástrofes de la naturaleza. El
costo ha exigido enormes esfuerzos presupuestales en primeros
auxilios, atención médica, alimentación,
albergues, subsidios de arrendamiento, reparación
de viviendas, apoyos a campesinos y agricultores. Y obras
de infraestructura en las estribaciones del Nevado del Huila,
o la Mojana, o el Bajo Magdalena o el Sinú. Hay avances
y tareas pendientes, pero procedemos con afecto y solidaridad.
Acuerdos Comerciales. El Obstáculo con los
Estados Unidos
Tenemos toda la determinación de impulsar los acuerdos
comerciales y de desmonte de la doble tributación,
entre países, para dar a los trabajadores más
oportunidades de empleo de calidad, con afiliación
a la seguridad social, y a emprendedores y empresarios el
acceso a más fuentes de provisión y a más
consumidores.
Hicimos el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur, suscribimos
otro con Chile, negociamos ahora con Perú el desmonte
a las barreras de inversión, en las próximas
semanas firmaremos con Guatemala, El Salvador y Honduras,
ya empezamos el proceso entre la Comunidad Andina y la Unión
Europea.
Buscamos acuerdos de protección recíproca
de inversiones con China e India.
Nunca antes, en más de 50 años de relaciones
entre las dos naciones, un Primer Ministro de Canadá había
visitado oficialmente a Colombia. Y acompañados de
Perú hemos iniciado la negociación con ese
país.
El Tratado firmado con los Estados Unidos, aprobado por
este Congreso, ha tenido una enmienda que lo mejora y cuya
ratificación respetuosamente solicitaremos de ustedes,
Honorables Congresistas.
En el Congreso Norteamericano algunos alegan el fenómeno
paramilitar y de inseguridad de líderes sindicales
como motivos de estancamiento del proceso de aprobación
de la ley ratificatoria.
Nuestra argumentación es de hechos. Éste es
el Gobierno que ha combatido al paramilitarismo y que puede
decir al mundo que Colombia ha dejado atrás la tolerancia
a grupos de justicia privada, así su propósito
fuera combatir a la guerrilla. Era difícil imaginar
hace cinco años que hoy la mayoría de líderes
paramilitares estén en la cárcel y se hayan
desmovilizado y desarmado 32.000 integrantes de esas organizaciones
y 10.000 guerrilleros. Una tarea llena de dificultades y
de fe en las instituciones.
Entonces se alega la parapolítica. La mayoría
de los hechos investigados se cometieron con anterioridad
a este Gobierno. La ley de Justicia y Paz y la Seguridad
Democrática han devuelto a los colombianos el coraje
y la confianza para acudir a la justicia. Gobierno y Congreso
han apoyado la justicia.
El 30% de Colombia estuvo directamente bajo el poder real
de guerrillas y/o paramilitares. El cambio es evidente. No
hemos ganado todavía pero vamos ganando.
Colombia ha superado el paramilitarismo. Si por éste
se entiende la organización de grupos armados ilegales
para combatir la guerrilla, hoy no hay paramilitarismo porque
el combate a la guerrilla es ya, en la práctica, tarea
exclusiva de nuestra institucionalidad democrática.
Si por paramilitarismo se entiende la colusión delictiva
de individuos de la fuerza pública con estos grupos
ilegales, hoy no hay paramilitarismo porque esa mezcla, que
nunca fue institucional, empieza a mostrar signos categóricos
de que ha dejado de existir.
Los paramilitares reincidentes, tres mil en número
aproximado, y aquellos que no se sometieron a la Ley de Justicia
y Paz, están dedicados al narcotráfico, aliados
o en competencia con la guerrilla, y son perseguidos severamente
por nuestras instituciones armadas.
Hemos recobrado algo que nunca debimos haber perdido: el
monopolio estatal del uso de la fuerza para combatir el terrorismo
guerrillero y la determinación institucional para
eliminar el paramilitarismo.
Si bien la Ley de Justicia y Paz marca un contraste con
las anteriores sobre la materia, al incorporar penas efectivas
y no amnistías o indultos, verdad y no olvido, reparación
y protección y no abandono a las víctimas,
también es precedente para las que habrán de
aplicarse en el futuro en negociaciones con la guerrilla.
La opinión calificada y la justicia deben dar un
tratamiento igual a guerrilla y paramilitares. Sus crímenes
no admiten tratamientos diferenciados ni en la ley ni en
la negociación de la paz. No puede ser que impere
el ánimo benigno del pasado en relación con
la guerrilla y la cólera de vindicta con paramilitares.
No basta con juzgar a políticos o a integrantes de
la fuerza pública por colusión con los paramilitares
y eventualmente por conciertos u omisiones frente a la guerrilla;
el ojo de la justicia, de los jueces de la historia y la
política, debe dirigirse a la voluntad que faltó en
el Estado para combatir estos flagelos terroristas. Esa ausencia
de Estado, de decisión de seguridad, hizo que los
ciudadanos e instituciones de las regiones se sintieran totalmente
abandonados, a merced del crimen y sus autores.
Se alega en el Congreso de Estados Unidos el asesinato de
sindicalistas, la desprotección y la impunidad.
Antes de nuestro Gobierno hubo años en los cuales
asesinaron 256 personas entre sindicalistas y maestros.
Antes de nuestra elección, en el punto 27 del Manifiesto
Democrático, propusimos la protección eficaz
de sindicalistas y empresarios como expresión concreta
del carácter democrático de nuestro proyecto
de seguridad. Y a esa tarea nos hemos dedicado.
En el año 2005, en la tendencia de reducción,
se llegó a 25 casos de estos asesinatos. En 2006 el
delito recrudeció llegando a 60 casos, resultado que
tuvo la influencia del enfrentamiento entre las FARC y el
ELN que se sumó al tradicional entre guerrilla y paramilitares.
En 2007 han sido asesinados 6 miembros sindicales y 12 maestros.
Hacemos seguimiento detallado con la justicia a cada caso
y ofrecemos recompensa por la información. Referente
a los sindicalistas, las investigaciones, hasta ahora, arrojan
que no hubo relación del crimen con la actividad sindical.
Se ha hecho un enorme esfuerzo contra la impunidad en general:
el Sistema Penal Acusatorio, la oralidad, la reforma de los
códigos, las leyes de justicia recién aprobadas,
las nuevas facultades para fortalecer la Fiscalía,
la coordinación con la Organización Internacional
del Trabajo. En los últimos meses se han dictado 48
sentencias que han condenado 89 personas, de las cuales 44
están en las cárceles, responsables de crímenes
contra sindicalistas.
No hemos ahorrado en materia de protección. Este
año, la protección individual de 6.000 personas,
de ellas 1.500 afiliadas a sindicatos, cuesta alrededor de
76 mil millones de pesos.
Salvo cualquier decisión en contrario de la justicia,
que acompañaré como es mi deber, y basado en
la propia observación durante un período largo
de la vida colombiana, afirmo que no son los empresarios
quienes han asesinado a los trabajadores ni éstos
quienes han secuestrado a los empresarios.
Las guerrillas marxistas de hace cuatro y cinco décadas,
que crecían validas de la indulgencia y de la reverencia
política, introdujeron la combinación de las
diferentes formas de lucha; asesinaban y penetraban sectores
del movimiento sindical, secuestraban e infiltraban grupos
políticos. Llegaron los paramilitares, las igualaron
en atrocidad. Éstos asesinaban sindicalistas acusándolos
de ser colaboradores de la guerrilla y ésta hacía
lo mismo acusándolos de ser cómplices del paramilitarismo.
Y sobrevino lo reciente: el enfrentamiento FARC y ELN ha
causado la muerte de muchos afiliados a las organizaciones
sociales.
Es menos difícil la reconciliación cuando
se construye sobre la verdad y no sobre el rumor que sirve
al sesgo, a la desorientación y a la impunidad de
los reales asesinos.
Hacemos el esfuerzo para algún día poder decir
al mundo que Colombia ha dejado de ser lugar de asesinato
y secuestro de sindicalistas y de empresarios. Hemos mejorado
sin lograr aun la meta plena.
Reconocemos ante la comunidad internacional todo cuanto
falta por hacer y obtener. Requerimos de la comunidad internacional
que se reconozca todo cuanto hemos logrado.
Pedimos a toda la comunidad internacional valorar que aquí libramos
una denodada lucha contra el terrorismo sin recortar las
libertades, al contrario, las hemos enaltecido en su eficacia.
Antes asesinaban hasta 15 periodistas en un año. Este
año cero. Y gracias a la Seguridad Democrática,
los periodistas están menos asediados por amenazas
terroristas.
Aquí llegan críticos de toda procedencia,
sin visa y sin filtros. Solamente pedimos a ellos que reporten
la verdad.
Primero se atacó al Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos porque era lesivo para nuestro pueblo
y benéfico para el imperialismo. Cuando los colombianos
rechazaron el ataque, los antiimperialistas de la víspera
se trasladaron a los Estados Unidos a pedir que no aprobaran
el tratado con Colombia por su Gobierno paramilitar.
Con paciencia y sinceridad seguiremos haciendo pedagogía,
reportando la verdad de los aciertos y también de
las dificultades. Solamente un interés debe prevalecer:
el bienestar de los colombianos.
Debemos informar a los colombianos, que como otro esfuerzo
en contra de la impunidad, acaba de ser expedida la Ley 1141
de 2007, dirigida a reforzar la sanción de los delitos
que afectan la vida diaria de las personas, especialmente
la violencia física y sicológica que aflige
a las familias y los abusos contra menores, mediante la elevación
de penas, la mayor severidad con los reincidentes, la prohibición
de excarcelarlos, que desmoralizaba a la policía y
desamparaba las víctimas.
Plan Colombia
Además de la negociación comercial, adelantamos
con los Estados Unidos las conversaciones sobre lo que sería
la nueva etapa del Plan Colombia contra las drogas ilícitas.
Creemos que debe darse menos presupuesto a las fumigaciones,
que sean apenas un recurso marginal, y mucho más soporte
a la erradicación manual, introducida en gran escala
por nuestro Gobierno y financiada básicamente con
recursos propios, erradicación manual que produce
excelentes resultados. Abogamos por ampliar el programa Familias
Guardabosques, que ha dependido de las finanzas nacionales,
con notable éxito, como lo registra Naciones Unidas.
Los esfuerzos contra las drogas ilícitas se observan
en el debilitamiento de la narco-economía. En todo
el país es evidente que el dinero honesto financia
la recuperación de la construcción, las nuevas
factorías y hoteles. En la ruralidad existe la percepción
positiva de un creciente freno en la adquisición de
inmuebles por parte del narcotráfico.
Insistiremos en la norma que permita la sanción a
la dosis personal, convertida en camino de ingreso de niños
a la delincuencia. Incomprensible resulta la laxitud frente
al consumo, al constatar el elevado número de extradiciones,
los esfuerzos de erradicación y extinción de
dominio y el sufrimiento de los colombianos por el terrorismo,
soportado en la droga ilícita.
Nicaragua
Hemos debido atender en la Corte Internacional de La Haya
la demanda sobre San Andrés presentada por Nicaragua.
En concordancia con el Pacto de Bogotá de 1948 y el
retiro de jurisdicción y competencia de la Corte,
efectuado por la administración presidencial anterior,
hemos presentado el alegato de excepciones. La defensa de
la soberanía de la Patria, histórica, pacífica
e ininterrumpida, ha estado a cargo de un prestigioso grupo
de juristas. Ha tenido la coordinación de los ex cancilleres
y embajadores Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández
de Soto. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores
ha conocido en detalle cada uno de los pasos dados. Con prudencia,
la Cancillería ha informado el tema a representantes
de nuestras diferentes instituciones.
A voto limpio
Tenemos toda la voluntad para hacer de las elecciones de
octubre un certamen a la altura de nuestra Patria. Gracias
a la Seguridad Democrática, las elecciones de 2003,
regionales y referendo, marcaron un principio de no interferencia
de grupos armados ilegales en la democracia. En 2006 el avance
fue contundente, salvo acciones de las FARC en algunos departamentos.
Nuestra campaña A Voto Limpio busca comprometer el
espíritu democrático de la Nación, a
candidatos y electores, para rechazar y denunciar presiones
de delincuentes, financiar las campañas con austeridad
y recursos de origen transparente e impedir que la contratación
pública se convierta en botín de corrupción
electoral.
Agradecimiento
Quiero agradecer al Congreso la magnífica agenda
aprobada en el primer año de su nuevo período.
A cada uno de ustedes, Honorables Congresistas, y a las mesas
directivas encabezadas por la Presidenta del Senado, Doctora
Dilian Francisca Toro Torres y el Presidente de la Cámara,
Doctor Alfredo Ape Cuello Baute, el reconocimiento por tan
grande labor y positivo resultado.
Permítanme anexar a este informe el decreto expedido
por el Gobierno y copia de las palabras que leí en
la Catedral Primada, con ocasión de las exequias del
Ex Presidente Alfonso López Michelsen, a quien rindo
tributo de combatiente de la democracia.
Honorables Congresistas y compatriotas:
En buena hora hemos enfrentado las dificultades haciendo
que la institución del Congreso opere, produzca resultados,
sin aceptar invitaciones a constituyentes, derogatorias de
la rama, nuevas elecciones, que causarían más
perturbación y menos confianza.
La agenda legislativa aprobada ha obtenido más confianza
para nuestro país. Los colombianos debemos al Congreso
ese reconocimiento. La confianza genera progreso permanente,
los saltos al vacío, cuando menos, estancan.
Todos esperamos otra gran agenda legislativa.
Los secuestrados en vida siguen secuestrados en muerte.
Sabemos quienes son y conocemos a los criminales.
La firmeza del pueblo y del Gobierno es el único
camino de victoria.
Honorables senadores y representantes, compatriotas todos:
No conocimos el temor cuando el día era incierto.
No conozcamos la debilidad ni la vacilación ahora
que el amanecer está cerca.
Declaro instalado el Congreso de la República y abiertas
sus sesiones para el período 2007 – 2008”. |