PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE AL INSTALAR FORO DE INVERSIONES DE
LA REGIÓN ANDINA
Julio 10 de 2007
(Bogotá D.C.- Cundinamarca)
“Quiero saludarlos muy respetuosamente y agradecer
esta nueva convocatoria que nos hacen hoy la CAF y Latinfinance,
que es muy estimulante para Colombia. Y repetir algunos temas.
Ojalá tuviéramos unos minutos para mirar algunas
inquietudes de ustedes.
Me parece que en este momento en América Latina es
bien importante redefinir el modelo: qué papel se
le asigna al sector público, qué papel se le
asigna al papel privado.
América Latina ha vivido modas que llegan a excesos
peligrosos. Se dio la moda del desmantelamiento del Estado,
y eso produjo una tremenda reacción política
en contra. Colombia reforma al Estado, pero no lo desmantela.
Y ahora en América Latina avanza con mucha fuerza,
en algunas partes, la idea del estatismo. Eso causa enorme
preocupación en la comunidad inversionista.
Colombia ha venido reiterando, poniendo todo el énfasis,
en una idea central: garantías para la inversión
privada con responsabilidad social.
Responsabilidad social expresada en tres fases: en la transparencia
en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia
en la adjudicación de concesiones, en la contratación,
en la superación de litigios. Transparencia en la
tributación.
Solidaridad en las relaciones de los inversionistas con
las comunidades. En el consejo comunitario del sábado
veíamos un caso de solidaridad, que si no se atiende,
deslegitima, crea fricciones, produce reacciones negativas
de la comunidad contra los inversionistas.
Por ejemplo, el embarque de carbón en Santa Marta.
Allí tiene que haber solidaridad: adecuar los puertos,
hacer las inversiones para el cargue directo con bandas transportadoras
encapsuladas, evitar que se presenten esos fenómenos
de volatilidad en el polvillo del carbón, de contaminación
a las playas, a los hoteles, etcétera. Si esas cosas
no se corrigen, por esa falta de solidaridad con las comunidades
se afecta la confianza.
Y el tercer tema de expresión de la responsabilidad
social se da, a nuestro juicio, en las relaciones laborales.
Relaciones laborales no de capitalismo salvaje, no de odio
de clases. En Colombia las guerrillas marxistas, su penetración
en sectores de la institucionalidad, crearon mucho daño
con el tema del odio de clases. Relaciones laborales fraternas.
Relaciones laborales cristianas.
Nosotros hemos traído otra discusión: ¿qué es
lo importante para América Latina? ¿Una polarización
entre supuestas derechas o supuestas izquierdas o unos compromisos
para profundizar la democracia?
Creemos que la división entre izquierda y derecha
es obsoleta, polarizante. Tenía razón de ser
cuando aquí se enfrentaba a las dictaduras. Los luchadores
contra las dictaduras trajeron de Europa Occidental el catálogo,
buena parte del catálogo de ideas de izquierda para
combatir las dictaduras.
Hoy, cuando todo el mundo gira, anuncia girar alrededor
de la regla democrática, esa división aparece
totalmente obsoleta, es polarizante. Incluso cuando uno mira
la necesidad de una democracia moderna, hay que mezclar valores
que históricamente alegaba la izquierda, que históricamente
alegaba la derecha.
Por eso nosotros hemos creído que esa visión
hay que sustituirla por la exigencia de una democracia cada
día más profunda, con cinco elementos: la seguridad
con alcance democrático, el respeto a las libertades,
la construcción de cohesión social, la transparencia
como factor de confianza, y el respeto a formas de Estado
donde las instituciones procedan con relativa independencia
para garantizar los equilibrios y evitar los excesos.
Creemos que esos pueden ser los cinco valores que conduzcan
a América Latina a una profundización de la
democracia, y que es mucho más útil el planteamiento
alrededor de ellos que la polarización alrededor de
izquierda o derecha.
Nuestro Gobierno tiene tres objetivos: la consolidación
de la seguridad, la consolidación de la confianza
inversionista y el cumplimiento de las metas sociales.
En el tema de la seguridad hemos avanzado, pero hay dificultades.
Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía.
Por ejemplo, tenemos lugares del país con inmensas
dificultades. El departamento de Nariño y su Litoral
Pacífico. En general el Litoral Pacífico de
Buenaventura, de Málaga hacia el sur, y otras regiones:
el sur de Córdoba, el norte de Antioquia y alguna
parte entre el Meta y el Vichada. Pero con conciencia de
esos problemas, identificándolos bien, con toda la
voluntad para combatirlos, el país tiene que avanzar
hacia la consolidación de la seguridad día
tras día.
Colombia tuvo semestres en los cuales tuvo 1.700 secuestros
extorsivos. El semestre que terminó el 30 de julio
tuvimos 100 secuestros. Cien secuestros es mucho, pero venimos
de 1.700.
Tenemos que seguir haciendo ese gran esfuerzo y el sector
empresarial ha contribuido enormemente. La imposición
y la contribución del impuesto al patrimonio se constituyen
en un gran aporte del sector empresarial para ayudar a consolidar
la política de seguridad democrática, que tiene
muchos componentes: la acción policiva militar, el
tema de la justicia, el tema de la reinserción.
La reinserción es un tema muy complejo. Es un proceso
de 43 mil personas que se han desmovilizado en este Gobierno
y que están en ese esquema de reinserción,
es un proceso de suyo muy complejo, que exige diarias revisiones.
Imagínense ustedes: de los 1.100 municipios de Colombia,
hay 800 que tienen menos de 25 mil habitantes. Imagínense
ustedes dos de esos municipios cuyos habitantes sean todos
reinsertados. Esa es la cuenta del programa de reinserción.
El Gobierno reconoce las complejidades, las dificultades,
pero estamos con el mejor equipo humano tratando de acertar
en ese proceso tan exigente para nuestro país.
Y por supuesto, el tema del narcotráfico. Hoy completamos
633 órdenes de extradición en este Gobierno.
Creo que es una cifra que no tiene comparación en
el mundo. Años de fumigar 160 mil hectáreas.
Hace dos años erradicamos 31 mil 200 hectáreas
manualmente. Fue el primer año que introducíamos
la erradicación manual como una herramienta esencial.
El año pasado 43 mil hectáreas. La meta inicial
de este año era erradicar manualmente 50 mil. Vamos
a hacer un esfuerzo a ver como podemos llegar a 70 mil.
La conclusión a la que hemos llegado es que para
el presente y futuro del país, es mucho más
eficaz para eliminar la droga en la etapa de producción,
la erradicación manual que la fumigación. En
cuanto más podamos crecer la erradicación manual,
seremos más exitosos.
Allí tenemos dificultades en materia de cifras. Estados
Unidos dijo que tenemos 156 mil hectáreas. Naciones
Unidas dice que tenemos 79 mil. Estados Unidos dice que en
las mediciones iniciales ellos no incluyeron todo el territorio,
y que esas cifras escondieron mucha droga. Que esto lo han
venido incluyendo progresivamente y que han hecho extrapolaciones.
Naciones Unidas dice que en temas como las siembras de droga
no se puede extrapolar, porque puede haber una gran cantidad
de matas de droga en una región y en otras regiones
cero matas de droga. Naciones Unidas ha dicho que la última
medición que ellos acaban de reportar incluyó todo
el territorio, que la hicieron con todo el rigor metodológico
y que aparecen 79 mil hectáreas.
Por lo que hemos venido viendo, cuando se inició el
Plan Colombia el país tenía más de 250
mil hectáreas de droga. Lo que tenemos en cualquiera
de las dos cifras es muy alto todavía, pero es mucho
menos de lo que llegó a tener el país.
En esa materia hay algo bueno, que creo que es útil
compartirlo, dada la naturaleza en este foro. En la fortaleza
que va teniendo la economía colombiana, uno observa
hoy debilitamiento de la narcoeconomía. No quiero
entrar a buscar sofisticadas cifras. Quiero invitarlos a
ustedes a una observación sobre el panorama nacional
en esa materia. El país está construyendo este
año cinco mil habitaciones hoteleras. En ninguna parte
hay quejas de inversiones de dineros del narcotráfico
en este desarrollo hotelero.
Una de las primeras acciones en aplicación de nuestra
nueva ley de confiscación, fue confiscar unos hoteles
bellísimos que recientemente se habían construido
en el Eje Cafetero. Había una gran presencia, una
creciente presencia del narcotráfico en ese sector.
Vemos una gran recuperación de la construcción.
Yo pregunto en Cartagena donde hay esa cantidad de nuevos
edificios, aquí en Bogotá, en Medellín: ¿qué dineros
hay detrás de estas construcciones? La respuesta que
me da todo el mundo, gente muy seria, es: dinero transparente.
En las zonas rurales se ha frenado, pero notoriamente, la
adquisición de predios por parte del narcotráfico.
La combinación de las diferentes políticas
y la aplicación muy rigurosa de la política
de confiscación, creo que eso es algo bien bueno para
el país.
Yo les diría hoy al Presidente de la CAF, tan buen
amigo de Colombia, y al Director de Latinfinance, que un
elemento a destacar en la evolución de la economía
colombiana es que esta economía muestra hoy mucho
vigor y simultáneamente un gran debilitamiento de
la presencia del narcotráfico. Y se expresa en todas
las áreas de la vida nacional. Pienso que ese es un
elemento muy importante para destacar ante la comunidad nacional
e internacional.
Tenemos que continuar esta lucha por la seguridad democrática.
Eso se tiene que convertir en un valor de Estado. No puede
ser, a mi juicio, un objetivo de los tres años que
le faltan a este Gobierno. Eso tiene que ser un valor permanente
del Estado colombiano, de la democracia colombiana.
Y eso se convierte en un valor de la democracia colombiana,
del Estado colombiano, en la medida en que cada colombiano
lo interiorice y lo exija. Cualquiera sea el mandatario,
el nivel de gobierno, si cada ciudadano interioriza y exige
la seguridad democrática, finalmente terminará convertida
en un valor de Estado. Casi que en una premisa sociológica
de la nación colombiana y en un imperativo para todo
el ejercicio de la vida pública.
Un segundo tema es el de la confianza inversionista, como
objetivo de gobierno. El Gobierno se preocupa más
por la confianza inversionista que por los resultados de
crecimiento. Puede ser que en un año el descubrimiento
de un pozo de petróleo, en otro la explotación
de ese pozo, en un año el precio del carbón,
en otro el precio del café, produzcan años
de buen crecimiento de la economía. Pero producen
también muchas oscilaciones: un año bueno,
otro año malo.
Lo que en nuestro concepto tiene que generar un período
largo, un horizonte de futuro bien importante de altas tasas
de crecimiento, es consolidar en el país la confianza
inversionista. Por eso el gran esfuerzo del Gobierno es confianza
inversionista.
A ello tienen que contribuir, primero, el papel que nosotros
le asignamos al estado de la inversión privada en
nuestro modelo. La circunstancia de que Colombia dice: no
estatismo, todas las garantías a la inversión
privada, pero con responsabilidad social. A esa confianza
inversionista tienen que contribuir la insistencia, el vigor
oficial, la determinación en la política de
seguridad democrática, aceptando dificultades, aceptando
reveses, pero sin dejar debilitar la determinación
para que el país recupere plenamente la seguridad.
Al mundo hay que decirle: los resultados son importantes,
pero más importante que los resultados es la determinación
política. Porque con determinación política
convertiremos esa política en un valor de Estado,
en un axioma permanente que irá obteniendo el mejoramiento
creciente de sus resultados.
En la confianza inversionista, para nosotros ha sido muy
importante también la política fiscal financiera.
Me parece que lo que hemos hecho en materia tributaria está ayudando
en materia de inversión en Colombia.
En Colombia el Congreso, el Ejecutivo, la academia económica,
no eran muy amigos de utilizar la tributación para
estimular la inversión.
Este Gobierno, en concertación con los sectores de
la producción y de los servicios, estimó que
es necesario utilizar la herramienta contributiva para estimular
la inversión.
Creo que los incentivos específicos, la deducción
general del 40 por ciento, están contribuyendo a hacer
de Colombia un país más atractivo en materia
de inversión.
Fue muy difícil ese debate en el Consejo de Ministros,
en el Congreso de la República. Había el temor
de que eso no atraería inversión, de que era
un factor neutro en materia de atracción de inversión,
de que iba a producir una nefasta consecuencia en el recaudo.
Ni lo uno ni lo otro. Todas las encuestas empresariales han
demostrado que eso ha incidido bastante en el mejoramiento
de los flujos de inversión.
La discusión de la reforma tributaria del año
pasado fue muy importante, porque puso de presente que el
país tenía dos lecturas sobre la materia. Una
lectura en la academia económica, en la política.
Y otra lectura en los sectores productivos.
Yo asistí en el proceso de discusión de esa
reforma a más de 30 foros con los sectores productivos.
Todos cerraron filas alrededor de no afectar la política
de estímulos a la inversión, que nuestro Gobierno
venía introduciendo desde el año 2003.
Creo que hemos consolidado una tributación muy importante
para la inversión. Y políticamente hay que
destacar esto: sobre eso hay dos aproximaciones. Una aproximación
que dice: rebájele tarifas a todo el mundo, que eso
le incrementa la inversión. La otra aproximación
que dice: no insista tanto en la reducción de tarifas,
cree incentivos directos a la inversión.
Cuando se introdujo en la administración Reagan, en
los Estados Unidos, la idea de la reducción general
de tarifas como factor de promoción de inversión,
la respuesta no fue muy positiva. Y además políticamente
es un elemento que suscita mucho debate.
En el discurso político, la reducción general
de tarifas da la oportunidad de que se diga que es un paso
para permitir que los sectores más pudientes apropien
más utilidades, que eso no garantiza más inversión,
que no garantiza más empleo.
Lo que nosotros hemos hecho es una modesta reducción
de tarifas, pero una profunda creación de incentivos.
Incentivos específicos a la industria turística.
Al sector de los biocombustibles y a los cultivos de tardío
rendimiento, relacionados, porque el país tiene un
gran futuro en el sector de los biocombustibles.
Y el incentivo general: la deducción del 40 por ciento
a toda inversión, que equivale a que cualquier inversión
productiva hoy en Colombia, con esa deducción del
40 por ciento y dada la tendencia, lo que se ha definido
en materia de la tasa de renta, el Estado por cada 100 pesos
de inversión sale aportando 12,8.
Además tenemos la nueva ley para las zonas especiales
de producción, que sustituyó la ley de zonas
francas. Creo que es un gran paso que ha dado el país.
Un gran paso con la figura del monousuario. Ya los inversionistas
no tienen que irse a buscar los perímetros de las
zonas francas debidamente autorizadas. Pueden pedir que se
les autorice funcionar como zona franca especial en el lugar
donde la empresa opera.
Tienen que demostrar, además de otros requisitos
conceptuales que se cuantifican, una inversión no
inferior a 26 millones de dólares o la creación
de 600 empleos.
En el caso de los biocombustibles, a lo cual le asignamos
tanta importancia, el país tiene atributos excepcionales
para ellos. Uno de esos atributos es el siguiente (y pediría
que lo miraran ustedes muy bien y nos ayudaran con la comunidad
inversionista): no en todas partes se pueden producir biocombustibles.
Por ejemplo, Estados Unidos no puede crecer la frontera agrícola.
Si ellos van a producir más etanol de maíz,
tienen que sacrificar áreas agrícolas para
la alimentación, para la seguridad alimentaria o para
otros usos.
En América Latina uno ve bastante copada la frontera
agrícola, salvo que quisiéramos destruir la
selva. Colombia tiene 43 millones de hectáreas de
sabanas, con total aptitud para producir biocombustibles,
sin afectar la seguridad alimentaria y sin tener que tumbar
un metro cuadrado de selva, en un país que por fortuna
todavía tiene 578 mil kilómetros de selva.
Nosotros en el sector de los biocombustibles tenemos todo
el futuro.
Entonces esta ley de zonas francas permite, por ejemplo,
para esas empresas, que el requisito de empleo pueda ser
el resultado de sumar los empleos directos de la planta industrial,
más los empleos generados en los cultivos que habrán
de alimentar la planta industrial.
Y a esto se suma la ley que después de largos debates
nos aprobó el Congreso. La que autoriza al Gobierno
a firmar pactos de estabilidad con los inversionistas. Hay
que decirle al mundo que Colombia es un país cumplido
en reglas de juego. Contrariamente a lo que muchos opinan,
cuando uno estudia la tradición colombiana en esa
materia, el país ha sido respetuoso de las reglas
de juego. Pero para que no quede la menor duda, se aprobó la
ley que nos autoriza a firmar los pactos de estabilidad con
los inversionistas.
El año pasado no se le dio aplicación, porque
estábamos en el estudio de la nueva reforma tributaria.
Pero definido ya el panorama tributario, aspiramos concluir
este año una gran cantidad de pactos con el sector
inversionista.
ESTABILIDAD FISCAL FINANCIERA
Quiero hacer algunas referencias también al tema
de la estabilidad fiscal financiera. Se ha hecho un gran
esfuerzo, pero hay que hacer esfuerzos adicionales.
El país tenía en agosto de 2002 un déficit
consolidado del 4,2. Terminó ese año con el
3,6. Este año el déficit consolidado debe estar
alrededor del punto cinco, punto nueve.
El Gobierno Nacional Central ha sido de gran preocupación.
Empezamos con un déficit del seis tres, seis cinco.
Pero a eso hay que sumarle lo que nos pasó con las
reservas del Seguro Social. Después de que se había
anticipado muchísimo que esas reservas se iban a agotar,
le correspondió el agotamiento a este Gobierno. Eso
nos implica hacerle un traslado de recursos del presupuesto
central al Seguro Social que vale 1,3 del PIB.
En esas condiciones nosotros tendríamos que referirnos
al punto de arranque del Gobierno, con un déficit
del Gobierno Nacional Central de alrededor del siete y medio.
Este año puede estar alrededor del tres y medio o
tres siete. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reducirlo
año tras año.
El país vio llegar un endeudamiento del sector público
del 48 – 50. Nosotros confiamos que terminemos este
año no más arriba del 25 – 28. Pero en
todos esos frentes queremos seguir haciendo grandes esfuerzos.
Quería referirme aquí a tres temas: qué está pasando
con el control de la evasión, qué se ha definido
en transferencias, y tema de la reforma administrativa.
Confío que las reformas que se han venido introduciendo
en la administración de impuestos de Colombia, le
van a permitir a los colombianos relacionarse con una administración
de impuestos totalmente transparente, menos caprichosa, más
amigable. Todo lo que es el programa Muisca, la ampliación
de la base de contribuyentes, el crecimiento de la sistematización
como conducto de relación entre los contribuyentes
y la administración de impuestos.
Nosotros empezamos con 400 mil contribuyentes de renta.
En este momento tenemos casi millón y medio. Y seguimos
en el esfuerzo de ampliar esa base. Creo que es un tema bien
importante.
TRANSFERENCIAS
El tema de transferencias Es otra de las reformas constitucionales
que hemos logrado aprobar, en medio de un muy difícil
debate político. Diría que ha habido dos reformas
constitucionales en este Gobierno de impacto fiscal financiero
que eran bien difíciles de anticiparles su éxito,
con un debate político agrio, muy complicado.
Primero, la reforma constitucional de pensiones, que eliminó los
regímenes privilegiados, y ahora la reforma constitucional
de transferencias. Una cosa es hablar de esos números
en los auditorios calificados, y otra cosa es enfrentar el
debate político en todas las plazas públicas
de la patria.
Año de elección de alcaldes y gobernadores,
y el cuento: “Uribe está acabando con la descentralización,
el Gobierno de Uribe está rompiendo el pacto constitucional
de 1991”. Etcétera. Ha sido un debate muy difícil
y nos toca ahora, especialmente entre esta fecha y las elecciones
de octubre, explicar en todo el país el alcance de
la reforma.
Pienso que es una reforma que le da tranquilidad de largo
plazo al país. Equilibra el propósito de descentralización,
con el imperativo de la salud fiscal de la nación.
Descentralización sin quebrar a la Nación.
Es bien importante.
Algunos dicen: se echó para atrás la descentralización.
Otros dicen: ¿por qué el aplazamiento hasta
el año 2016? Y otros dicen: se rompió el pacto
constitucional del 91.
Primero, no se echó para atrás la descentralización.
Se hace sostenible. Nada más riesgoso para la descentralización
que imponerle al Estado Central unos compromisos que no sean
sostenibles. El país ha tenido etapas de su historia
en las cuales la falta de sostenibilidad de los compromisos
del ente central con las regiones, ha obligado a echar para
atrás totalmente para atrás totalmente la descentralización.
Aquí en la medida que sea sostenible la norma, se
garantiza la sostenibilidad de la descentralización.
Y es un país muy descentralizado. Yo he hecho mi
carrera pública básicamente en la región.
Alcaldes y gobernadores de Colombia hoy pueden hacer casi
todo lo que quieran. Tiene limitación de recursos,
que las tienen todos los niveles del Estado, pero no limitación
de competencias.
Y miren esta cifra: la República Federativa del Brasil,
como su nombre lo indica, federativa. Las regiones del Brasil
gastan el 30 por ciento del total del gasto del Estado. En
Colombia gastan más del 51. Eso indica el nivel de
descentralización de Colombia.
Y allí no incluimos lo que es el gasto extraordinario.
Por ejemplo, los Transmilenios. Los contabilizamos como inversión
extraordinaria. La Nación aporta el 70 por ciento. ¿Quién
ejecuta? Las regiones. Las políticas de vivienda:
la Nación aporta los subsidios y ejecutan las regiones.
El mejoramiento de vías municipales. La Nación
aporta la partida presupuestal y ejecutan los municipios.
El país es un país bastante descentralizado.
El segundo tema: el pacto constitucional del 91. He venido
haciendo una comparación, apreciados asistentes: los
excesos de la Constitución de 1863, la condenaron
a tener corta vida. Tuvo que llegar el señor Núñez
en el 86 a decir: la Constitución del 63 ha dejado
de existir.
Me parece que para la solidez, para la larga vida, la larga
vigencia del pacto constitucional de 1991, lo más útil
es el ajuste que acabamos de introducir. Sin ese ajuste,
se puede crear una crisis en las finanzas nacionales y una
reacción tremenda en contra de la Constitución
de 1991.
Así como los excesos de la Constitución de
1863 obligaron a que fuera borrada por la Constitución
del 86, los ajustes que le hemos hecho a la Constitución
del 91, le garantizan estabilidad en el largo plazo a la
Constitución del 91
Y el otro problema que ahí me han planteado: ¿por
qué el Gobierno propuso y el Congreso aprobó de
que solamente en el año 2016 se adopte la fórmula
de que las transferencias a las regiones crezcan en las mismas
proporciones en que crezcan los ingresos corrientes de la
nación? Para dar tiempo a que se vaya normalizando
la curva del preocupante tema de pensiones.
Porque tenemos en estos años que vienen una carga
inmensa de pensiones sobre el Gobierno Central. Y hay que
esperar que esa curva trate de horizontalizarse. Y aspiramos
que ya tenga una relativa tendencia horizontal en el año
2016, cuando el pacto legislativo que acaba de aprobarse
dispone que regresaremos o que se adoptará la formula
de que las transferencias a las regiones crezcan en la misma
proporción de los ingresos corrientes de la nación.
Y allí nos obliga a enviar una serie de mensajes.
Les decía a los profesores de la educación
pública: las pensiones de los profesores de la educación
pública valen 37 billones. Una tercera parte del presupuesto
de un año. Su estudio actuarial. Y no se ha cerrado
con todo el conjunto de profesores. Y eso lo va a tener que
asumir la Nación.
Las universidades públicas. En el acto legislativo
de transferencias que acabamos de apoyar, no se trató nada
de las universidades públicas, que tienen una norma
constitucional aparte. Este año la transferencia de
la nación a las universidades públicas vale
un billón 800 mil millones. Crece año tras
año.
Y la responsabilidad para pagar las pensiones de las universidades
públicas recae finalmente en cabeza de la nación.
Porque cuando se dice que la nación va a pagar entre
el 92 y el 98 por ciento, el resto lo pagarán las
universidades, pero su fuente de ingresos es la misma nación.
Entonces ahí tenemos unas responsabilidades inmensas.
A mí me preocupó muchísimo y me preocupa
muchísimo este debate, porque nos falta la aprobación
de la Corte Constitucional. Esto, como acto legislativo,
tiene que pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional.
Y ya está a consideración de la Corte Constitucional.
Y me preocupa mucho que sectores del liderazgo colombiano,
que han tenido mucha influencia sobre la marcha del país,
sean de la idea de que echamos para atrás la descentralización
o afectamos el pacto constitucional del 91. Y que estén
en contra de esta reforma de transferencias que tiene, además
de significado fiscal financiero, un gran significado político.
Qué difícil, para los congresistas que la
aprobaron, aprobarla en medio del bullicio, de los chiflidos,
de los abajos y de la descalificación que se hacía
por parte de los manifestantes desde de la Plaza de Bolívar.
Creo que es muy importante ponderar lo que ha hecho en Congreso
de la República y mis compañeros de Gobierno
en esta materia.
REFORMA ADMINISTRATIVA
Y viene un tema que confío sea nuestro gran legado
al saneamiento de las finanzas del país, mucho más
que el tema tributario: es el tema de la Reforma Administrativa.
A la fecha hemos reformado más de 390 entidades del
Estado. Nuestro propósito es continuar esa reforma
hasta el último día de gobierno.
Cuando se cuantifica lo que se ha dejado de perder, gracias
a esa reforma, esa reforma hasta hoy nos ha traído
un ahorro anual de un punto del PIB. Bastante significativo.
Piensen ustedes en la Telecom de hace cuatro años.
Compárenla con la Colombia Telecomunicaciones de hoy.
O en cualquiera de los casos de esas 390 instituciones reformadas.
¿Si no hubiéramos hecho la reforma de Telecom
qué nos habría pasado? El presupuesto nacional
necesitaba transferirle 500 mil millones al año para
pagar pensionados. Tenía valor negativo y no contaba
con un peso para inversión. Hoy está al día
con pensionados, al día con la nómina activa.
Tiene un valor positivo muy importante. Tiene un gran crecimiento
en materia de conexiones de Internet, de banda ancha. Un
presupuesto para los próximos tres y medio año
de inversión de 8 billones.
Nosotros creemos que hay que persistir en la reforma del
Estado.
Viene ahora una etapa muy importante: acabamos de terminar
el primer proceso de capitalización de Isagén.
Y a partir del 27 de agosto entramos en el proceso de capitalización
de Ecopetrol. Y en las próximas semanas entramos en
el proceso de venta de unas electrificadoras regionales.
Eso sí que es difícil políticamente.
Yo pido a los analistas financieros mirar esto: el debate
político.
Colombia no estuvo exenta de los radicalismos ideológicos
que ciertos grupos trajeron a América Latina. Aquí los
tenemos que enfrentar todos los días. Hace cinco años,
por razones ideológicas y políticas, parecía
imposible introducir una reforma pensional, una reforma laboral
en Ecopetrol. Se introdujo.
Hace un año, cuando anunciamos, al iniciar nuestro
segundo Gobierno, que la segunda reforma de Ecopetrol, después
de la pensional y laboral, sería la capitalización,
eso despertó cualquier clase, cualquier cantidad de
oposición ideológica. Y en medio de muchas
dificultades el Congreso lo aprobó y vamos para adelante.
El 27 de agosto debe empezar todo ese proceso de capitalización
de Ecopetrol.
La reforma de Paz del Río. Anoche me contaba el Ministro
de Minas que buena parte de las inversiones en la capitalización
de Isagén, provienen de los trabajadores accionistas
de Paz del Río. Y esperamos que ellos lleven buena
parte de esos ahorros a la compra de acciones de Ecopetrol.
Paz del Río era otro fiasco. Valor negativo. Se le
quería trasladar al Estado colombiano la carga de
los pensionados de Paz del Río. ¿Qué hicimos? ¿En
qué consistió la reforma? Señores trabajadores,
vamos a evolucionar del sindicalismo político, tradicional
de reivindicación, a un sindicalismo de participación
de vocación gerencial. Si vamos a devolverle viabilidad
a esta empresa, hay que desmontar prestaciones, cargas laborales
y cargas pensionales. Y le introducimos toda transparencia
al manejo: eliminación de la politiquería,
nombramiento de la junta directiva en un proceso de meritocracia,
de la gerencia en un proceso de meritocracia.
A todo eso nos ayudó el precio internacional del
hierro, del acero. Y ustedes conocen el proceso de venta
de Paz del Río. Después de que los trabajadores
en este gobierno pasaron del 9 al 46 por ciento de copropiedad.
Vendieron unas acciones, bajaron al 36, y acaban de venderle
al inversionista brasilero.
Ayer estuve en Boyacá. La empresa está hoy
realizando inversiones a toda velocidad. El año pasado
produjo 360 mil toneladas de metal. La están preparando
para que en un año produzca un millón de toneladas.
Y se logró allí un gran proceso con los trabajadores,
que aspiramos que ahora se vinculen a Ecopetrol.
A toda esta reforma del Estado le veo un valor, que generalmente
no se aprecia: lo que trae en materia de buen gobierno.
Estaba sentado, hace unos años, con el sindicato
de Telecom, discutiendo la reforma, y me decían: “Presidente,
es que no toda la culpa la tiene el sindicato. En Telecom
pedíamos pliegos de peticiones y los gerentes los
aprobaban”. Se aplicaba el principio de yo me salgo
de este problema y el que viene atrás que arrée.
Los gobiernos mandaban allí a amigos a completar la
pensión de jubilación, a mejorarla. Tienen
razón. Hoy nadie pide un puesto en Telecom.
Yo converso con los congresistas y les digo: “Hombre,
nunca se les ocurrió volver a pedir un puesto en Telecom”.
Todavía me piden puestos en la junta directiva de
Ecopetrol: “Hombre, Presidente, ya que es tan difícil
que nombren a un amigo en una posición de Ecopetrol,
por toda la meritocracia, la carrera administrativa, ¿por
qué no nos nombra en la junta?”. Confío
que con esta reforma a nadie se le va a ocurrir eso.
La reforma del Estado tiene impactos muy positivos: ahorro
fiscal, creación de valor y buen gobierno en las empresas
que se reforman. Y por eso tenemos toda la fe en seguir con
esa reforma.
Ya hemos reformado las clínicas del Seguro Social
en Cartagena y en Santa Marta. Ahora vienen Bogotá y
Medellín. Aspiramos reformarlas todas. Donde se enfrenta
también una presión ideológica en contra
muy complicada.
Pienso que el país tiene que mirar con mucha atención
la reforma administrativa y exigirle al Gobierno que la cumpla.
Se nos ha pedido ahora más esfuerzo en materia de
gasto público. Sí, estamos haciendo un esfuerzo
adicional. Creo que va a ser de alrededor de billón
y medio. Todo lo que podamos recortar. Me preocupa en tres áreas:
el tema de seguridad democrática, el tema de infraestructura
y el tema de política social.
Yo no puedo llegar al Pacífico solamente con fumigaciones
y con erradicación manual. Nosotros tenemos que hacer
la nueva ciudadela de Buenaventura, para trasladar siquiera
a 3.600 – 3.900 de las quince mil familias que viven
en tugurios a viviendas decentes.
El país ve un gran obstáculo en materia de
infraestructura para darle sostenibilidad a las altas tasas
de crecimiento. Nosotros tenemos que financiar ahora todo
el esquema de las dobles calzadas.
Por fortuna, la confianza en el país ha facilitado
muy buenas negociaciones con las sociedades portuarias. Se
acaba de concluir el proceso de renegociación con
la Sociedad Portuaria de Buenaventura, con la Sociedad Portuaria
de Santa Marta, y va muy adelante con la Sociedad Portuaria
de Barranquilla. Solamente la Sociedad Portuaria de Buenaventura
va a invertir 450 millones de dólares. Y además
se acaban de adjudicar otros dos puertos en Buenaventura:
el Puerto de Agua Dulce y el Puerto al consorcio industrial.
Nosotros confiamos que en la medida en que la situación
fiscal financiera del país dé confianza, el
aporte estatal a las concesiones va ser menor. Entre mayor
la financiación, mejor la financiación, más
largo el plazo, menor la tasa de interés, por supuesto
la contrapartida de presupuesto público a las concesiones
será menor. Pero necesariamente estas concesiones
requieren contrapartida.
Estamos esperando que el Tribunal de Cundinamarca nos apruebe
la conciliación con Commsa, la salida de Bogotá al
río Magdalena, para inmediatamente abrir la licitación.
Con un alcance progresivo de doble calzada hasta Santa Marta.
Eso exige, eso no se financia solamente con peajes, así el
cierre financiero de la concesión, así la financiación
de particulares, nos dé las mejores condiciones de
plazo y de tasas de interés. Allí se necesita
una contrapartida fiscal. Y tenemos que cumplir en la parte
social.
Esos son tres temas en materia de gasto público,
en los cuales el Gobierno tiene todo el empeño de
que ejecutemos la totalidad de las partidas presupuestales.
Se nos ha dicho: “Bueno, para que haya una coordinación
entre la inversión, el crecimiento económico
y empleo, ¿por qué el Gobierno no propone desmontar
los parafiscales al Sena, a Bienestar y a Cajas de compensación?”.
Yo no creo que eso sea conveniente en la situación
social del país. Y estoy convencido de que no tiene
factibilidad política. No tiene factibilidad de opinión,
no tiene factibilidad en el Congreso.
Algunos de los que han propuesto el tema de desmontar esos
nueve puntos sobre los impuestos de nómina, han dicho: “Bueno,
pero que el presupuesto nacional sostenga a las Cajas de
Compensación, al Sena y a Bienestar”. Eso nos
cuesta 6 billones al año. No tenemos manera de asumir
esa responsabilidad.
¿Qué hemos hecho? Yo creo que el Sena ha mejorado
muchísimo. Bienestar Familiar ha mejorado muchísimo.
En las Cajas de Compensación, desde hace algunos años,
gobiernos anteriores, tomaron la decisión de separar
la parte de mercadeo, de su giro de actividad privada, de
la parte del manejo de la parafiscalidad.
Quienes han propuesto desmontar esos parafiscales han dicho: “Que
el Gobierno desmonte esos parafiscales y que se derogue el
40 por ciento a las inversiones”.
Primero, no hay equivalencia. El año entrante la
deducción por el ritmo de inversión de este
año, la deducción puede valer 2 billones 400.
Y el pago de esos parafiscales puede valer alrededor de 6
billones. Ahí nos quedaría un hueco grande.
Segundo, creo que en una economía abierta finalmente
el único estímulo al empleo es el estímulo
a la inversión. A mí me parece muy difícil,
en las actuales circunstancias de la economía colombiana,
que busca creciente inserción en los mercados internacionales,
entrar a diferenciar estímulos al empleo de estímulos
a la inversión.
En una economía cerrada uno puede tomar normas, adoptar
normas para estimular que haya ascensoristas, para que estimular
que no se sistematice el cobro de los tiquetes a los Transmilenios,
sino que haya una persona cobrando, etcétera.
En una economía abierta, uno lo que tiene que buscar
es empleos de buena calidad, empleos con afiliación
a la seguridad social, avanzar en la escalera tecnológica,
etcétera. Por eso creo que esos empleos provienen
solamente de la inversión.
Estamos haciendo un gran esfuerzo por esas tasas de inversión.
Cuando el Gobierno empezó estaban entre el 12 y el
15, en los primeros cuatro meses de este año se situaron
en el 27. El año pasado en el 26. El sector privado
ha pasado una inversión del 6 y medio a una inversión
del 19. Creo que este año está alrededor del
20. Y lo importante es hacer que eso sea sostenible.
Y hay que darle tiempo a esto. Es que apenas estamos completando
el tercer año de relativa alta tasa de inversión.
Ahora, sí se necesitan protecciones estacionales
en materia de parafiscales al empleo. A raíz de este
problema de tasa de cambio, al Estado colombiano le va a
costar no menos de 600 mil millones el apoyo a sectores exportadores
muy afectados. Y estamos poniendo como condiciones para ese
apoyo, una de ellas que se garantice el pago de los parafiscales.
Es una especie de protección a la formalidad laboral.
Entonces creemos que en el largo plazo la política
de inversiones, de promoción de inversiones que tenemos,
tiene que ser la gran generadora de empleo. Y en el corto
plazo, para proteger el empleo frente a temas como el de
la revaluación, hay que hacer estos esfuerzos fiscales.
Han pedido también que el Gobierno venda ISA y que
venda ISAGEN. Hay que tener en cuenta que acabamos de hacer
la venta del 20 por ciento de ISAGEN. Al Gobierno le parece
prudente esperar un tiempo, evaluar qué pasa.
El Ministro de Minas me dice que es una cosa de observar
con prudencia en los próximos meses qué puede
pasar. Pero hay que tener en cuenta que estamos saliendo
ahora con la venta de las electrificadoras, que genera mucha
oposición política en las regiones. Los santandereanos,
los norteasantandereanos, en el Meta, en los departamentos
donde las estamos vendiendo, dicen todos: “¿Y
por qué nos van a acabar nuestra electrificadora,
por qué no va a ser nuestra?”. Los bayacenses.
Qué difícil es remontar ese debate político
en las regiones para poder vender las electrificadoras. Viene
la capitalización de ECOPETROL.
Y en cuanto al tema de ISA. ISA tiene muy buen gobierno,
es una empresa mixta, veo con preocupación, y por
eso así como las puertas están abiertas para
considerar lo de ISAGEN, creo que en lo de ISA deberíamos
preservarla como está.
Ella maneja actividades estratégicas, como el centro
de despacho. Algunos han dicho: se puede desvincular de ISA.
Pero es la gran transmisora de energía del país.
Pienso que eso es estratégico. Además tiene
un patrimonio por fuera de Colombia no inferior al que tiene
en Colombia. Lo ha construido en muy corto tiempo.
Su incursión en otros países, a ello ha ayudado
muchísimo que el Estado Colombiano sea socio. Y hago
una comparación con PETROBRAS. Lo he visto en Colombia.
Cuando aparece de socio el Estado brasileño en PETROBRAS,
que era originalmente toda del Estado, la abrieron a la participación
de los particulares, pero el Estado mantiene allí una
muy buena parte, eso le abre espacio a PETROBRAS en muchos
países. Como la circunstancia de que el Estado colombiano
es socio de ISA, le abre espacio a ISA en muchos países.
Por eso tengo mi reserva y he dicho: pensemos mejor en no
vender a ISA.
Hay otros temas, como el rebrote inflacionario, como la
cifras de ahora del 30 de junio fueron mejores. Esperemos
que los meses que vengan sean mejores. El Gobierno ha dicho
que está bien que se tomen medidas prudentes, pero
que en materia de tasas de interés lo que no podemos
hacer es llegar a unas tasas prohibitivas que nos frenen
el crecimiento de la economía.
TRATADOS DE COMERCIO
En materia de acuerdos de comercio. Hicimos el acuerdo Comunidad
Andina – MERCOSUR, el acuerdo Colombia – Chile,
estamos negociando el acuerdo de inversiones Colombia –Perú,
para ir en materia de inversiones mucho más allá de
lo que es Comunidad Andina. Le hemos propuesto a Venezuela
que se reintegre a la Comunidad Andina con un capítulo
especial, que le dé a Venezuela alguna discrecionalidad
para manejar temas, que la legislación andina no sea
una legislación camisa de fuerza para Venezuela. Y
además que le incluyamos el capítulo social,
para que todos nos sometamos a unos objetivos muy rigurosos
en materia de política y de metas sociales.
Durante este año que nos corresponde la Presidencia
de la Comunidad Andina vamos a insistir en ese acuerdo con
la hermana República de Venezuela.
Además pudimos lanzar, ya hace dos semanas en Bolivia,
la negociación de la Comunidad Andina con la Unión
Europea, no fáciles, por los procesos constituyentes
de Bolivia y Ecuador, que en este momento se llevan a cabo.
En los próximos días esperamos firmar nuestro
acuerdo de comercio con tres países centroamericanos.
Y el 17 de julio, en la visita aquí del Primer Ministro
Canadiense, lanzaremos las negociaciones de Colombia con
Canadá. Ojalá podamos cumplir con esas negociaciones
rápidamente.
Y aspiramos encontrar mecanismos para acuerdos de protección
recíproca de inversiones con China y con India. En
esa materia estamos en el tema del comercio internacional.
Uno se llena de admiración cuando ve un país
como Chile con 16 millones de habitantes que, gracias a 55
acuerdos de comercio, tiene 3.500 millones de consumidores.
A las dos de la tarde tengo una nueva conferencia telefónica
con la señora Embajadora Susan Schwab, que es la representante
comercial de Estados Unidos sobre el tema del TLC.
El diálogo sobre el TLC es muy fácil. Hace
cinco años allá no había objeciones
sobre el paramilitarismo y aquí había 35 mil
paramilitares. Hoy, que el paramilitarismo está desmontado,
hoy sí hay objeciones.
Entonces este Gobierno, más que entrar en esa materia
en el discurso ideológico, tiene que entrar es en
el discurso de los resultados. Aquí tenemos 43 mil
desmovilizados, 32 mil de ellos paramilitares. La mayoría
de los líderes paramilitares están en la cárcel.
Ralito fue una zona de ubicación temporal en un proceso
de desarme y de desmovilización, y se convirtió en
un camino, en un embudo de las selvas colombianas y de las
ciudades colombianas hacia la cárcel de Itagüí.
Creo que sí, hay problemas, porque han reincidido
unos tres mil, vinculados a bandas criminales dedicadas al
narcotráfico, en algunos casos asociados con las Farc.
Estamos enfrentándolos con todo el rigor. Se han llevado
a la cárcel de nuevo unos mil, se les ha dado de baja
a más de 400 y el propósito nuestro es un país
sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico.
El tema de los líderes sindicales. Lo que no se puede
perder de vista, y doy esta cifra para que cada uno de ustedes
nos ayude a reproducirla: cuando este Gobierno empezó eso
no era objeto de conflicto internacional, asesinaban 256
al año. Desde el primer día de Gobierno empezamos
un proceso de protección muy efectivo de los líderes
sindicales. En el año 2005 asesinaron, de millón
200 mil sindicalistas que tiene Colombia al sumar los maestros,
asesinaron 25. Algo hay de 256 a 25.
El año pasado se recrudeció, subió a
60, porque además del enfrentamiento histórico
guerrillas – paramilitares, se sumó el enfrentamiento
ELN – Farc. Entonces los señores de las Farc
llegaban a un hospital de Arauca: “Ah, este trabajador
de un hospital es del ELN”, lo mataban. Los señores
del ELN a un campamento de obras públicas de Arauca: “Ah,
este trabajador es de las Farc”, lo asesinaban.
Este año han muerto en Colombia asesinados cuatro
sindicalistas: uno del INPEC, la justicia ha dicho que por
razones totalmente diferentes a su actividad sindical; uno
segundo murió el tres de mayo en los Montes de María
(Sucre), estaba armado, pertenecía a un grupo de las
Farc, fue dado de baja en un combate con el Ejército,
el levantamiento del cadáver lo hizo el CTI, nadie
(en un país abierto a la crítica, a la observación
internacional diariamente), nadie ha desvirtuado lo que afirmó el
CTI; el tercero fue muerto el Valledupar hace dos sábados.
Los asesinos, por circunstancias totalmente personales, confesaron,
están en la cárcel, han pedido sentencia anticipada;
el cuarto lo asesinaron la semana pasada, era un trabajador
de la Dirección de Transportes y Tránsito de
Zarzal, Valle del Cauca. Todavía no tenemos un informe
definitivo de la justicia sobre las causas de esa muerte.
El Gobierno colombiano desde el primer día, del siete
de agosto de 2002, se ha dedicado a proteger sindicalistas
contra el asesinato y empresarios contra el secuestro. Y
a hacerle un seguimiento muy riguroso a cada caso. Sí,
se dice: pero que hay impunidad. Sí, pero la hemos
venido superando. ¿Cómo no iba a haber impunidad
en un país con 35 mil asesinatos? Es que los países
que se jactan de no tener impunidad, países europeos
con 60 millones de habitantes, 600 asesinatos al año.
Nosotros 43 millones de habitantes, 35 mil asesinatos al
año. Eso se ha reducido a la mitad, pero todavía
es una tasa muy alta.
Hemos hecho grandes esfuerzos contra la impunidad y ya empezamos
a producir resultados: primero la política de Seguridad
Democrática, que es disuasoria de los criminales;
segundo, el Sistema Penal Acusatorio; tercero, la oralidad.
Hemos hecho grandes esfuerzos presupuestales. Solamente
el año pasado tuvimos que agregarle a la Fiscalía
General 70 millones de dólares, para que pudiera financiar
la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. Este año
estamos protegiendo a seis mil colombianos con protección
individual. Eso nos cuesta 76 mil millones de pesos, presupuesto
nacional. Y de ellos, 1.500 son líderes sindicales.
Ya tenemos las primeras 46 sentencias, que condenan a 79
personas por ser responsables de asesinatos contra líderes
sindicales.
¿Entonces qué les pedimos nosotros al mundo
y al sector del Congreso de los Estados Unidos? Sí,
aquí tenemos problemas muy graves, nosotros aceptamos
lo que hace falta, nosotros quisiéramos poder decirle
al mundo: aquí hay cero asesinatos de líderes
sindicales. Pero tienen que aceptar lo que hemos avanzado,
y este es un esfuerzo con muchas dificultades.
Ahora, algunos dicen: ¿cómo no van a hacer
el TLC con Colombia, si Colombia es el único aliado
sólido que les queda en la región? Para nosotros
ese no es argumento. Otros dicen: es que Colombia tiene los
mismos valores de libertad de los Estados Unidos. Lo que
se quiera. Para nosotros el argumento es que Colombia es
un aliado de Estados Unidos, pero un aliado respetable. Como
lo dije por allá hace dos semanas en Buenaventura:
este no es el caso de aquella dictadura centroamericana del
que en el Gobierno de Estados Unidos decían: ese Gobierno
es criminal, corrupto, y lo descalificaban con cualquier
cantidad y clase de peyorativos. Pero enseguida decía:
pero lo tenemos que aceptar, porque ese criminal es nuestro
criminal. Y así sucesivamente. Aquí hay un
Estado y un Gobierno respetable.
Entonces necesitamos hacerle ver al Congreso de Estados
Unidos que estamos en la vía de superar estos problemas
y que hemos avanzado. Creo que haber reducido los secuestros
en un semestre de 1.700 a 100 es una gran victoria parcial,
a pesar de lo que falta. Y uno a un colombiano secuestrado
y a su familia no le puede decir, uno no le calma ese dolor,
diciendo: no, es que redujimos de 1.700 a 100. Cuando eso
se siente en carne propia, eso es tan duro como que hubiera
millones de secuestrados. Pero en el conjunto del país
se demuestra que hay un gran esfuerzo. Nosotros quisiéramos
mostrar cero asesinatos de líderes sindicales, pero
algo va de 256 en un año, a 4 en un semestre. Y ahí vamos
superando la impunidad.
Queremos en toda parte invitar a los compatriotas. Y vengo
a invitarlos a ustedes y a Latinfinance y a la CAF a que
nos ayuden a construir confianza inversionista en Colombia.
Alguien que maneja muy bien la economía me decía:
si este país logra cuatro o cinco años de tasas
de inversión superiores al 25 por ciento, con un sector
privado que tenga una tasa no inferior al 20 por ciento,
a este país no lo para nadie.
Muchas gracias a todos”.
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