PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE AL CONMEMORAR SEGUNDO AÑO DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Julio 25 de 2007 (Atlántico - Barranquilla)

“En primer lugar quiero ofrecer excusas por la ausencia del Alto Comisionado hoy aquí. El doctor Luis Carlos Restrepo debió viajar a los Estados Unidos porque un sobrino suyo, que estaba vinculado a las Fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán, fue muerto hace tres días. Esa es la razón de la ausencia del doctor Luis Carlos Restrepo.

Voy a hacer algunas reflexiones sobre el proceso de esta Ley, sobre sus dificultades presentes, y a tomar algunas preguntas que ustedes quieran formular.

Como lo ha dicho el representante del Alto Comisionado, el doctor Albarracín (Luis Alejandro), en la campaña que antecedió a la elección presidencial de 2002 propuse a los colombianos una política de Seguridad Democrática, cuyo componente principal sería el rescate de la seguridad y que por supuesto también ofrecía las puertas del diálogo con la condición del cese de hostilidades.

Veamos otros antecedentes: la administración presidencial que me antecedió traía una especie de inicios de procesos con el Eln a través de Cuba, negociación preliminar en la que persistimos, y con las Autodefensas, mal llamados paramilitares, a través de la Iglesia Católica.

El Gobierno Nacional dijo, el nuevo Gobierno en 2002, que estaba dispuesto a continuar ambos procesos con la condición del cese de hostilidades.

La Iglesia Católica transmitió eso a las Autodefensas y, como lo ha dicho el doctor Albarracín, la respuesta que se dio unos meses después fue positiva, lo que dio lugar a iniciar el proceso.

El Gobierno apreció que no obstante que ese cese de hostilidades no fue inmediato, automático, que se seguía dando violencia por parte de estos grupos, existía una voluntad para cumplir con ese cese de hostilidades.

Otro antecedente importante de registrar es en qué estaba el país. Cuatrocientos alcaldes amenazados, casi 300 sin poder ejercer en sus municipios, en una especie de asilo nacional en otras localidades.

Además un 30 por ciento de la población directamente afectada por la presencia de grupos guerrilleros y/o paramilitares, y el resto del país también con algún grado de afectación.

Mientras en Bogotá, por ejemplo, las autoridades negaban la presencia de las guerrillas, aquí las milicias Antonio Nariño de las Farc cometían cualquier clase de atrocidades contra la población, y se advertía un gran crecimiento de los grupos paramilitares, con los mismos delitos, en áreas como el barrio Restrepo.

Ya el doctor Albarracín ha explicado lo que el Gobierno aprecia como la génesis de este fenómeno delictivo de Autodefensas. La única anotación que en ese punto le haría a su intervención, es que no fue una reacción a la inseguridad local sino a la inseguridad local y nacional.

Recuerdo mis años en la universidad pública: el crecimiento de las guerrillas marxistas, su apelación a combinar todas las formas de lucha. Asesinaban y penetraban el movimiento sindical, sectores de la política, sectores del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, sectores del periodismo. Avanzaban en el secuestro, en la promoción de la lucha de clases como medio político para derrotar el Estado democrático, que llamaban el Estado burgués, y sustituirlo por la dictadura del proletariado. Y la población simplemente vivía entre la angustia, el dolor y el sentido de que nadie en el Estado la defendía.

Un fenómeno creciente de violencia guerrillera y de desprotección estatal a los ciudadanos.

Llega el paramilitarismo a competir con la guerrilla en crueldad y en sus mismos métodos. Y llegamos al país de 2002, donde, a mi juicio, el Estado había perdido en mucha parte del territorio su poder efectivo, las instituciones estaban desaparecidas en la realidad y ese fenómeno avanzaba hacia todo el territorio.

En 2002 me hice esta reflexión: en las facultades de derecho de Europa se preguntaba después de la Segunda Guerra Mundial: ¿qué Estado había sido Estado en la Francia ocupada por los alemanes? Y después de mucha discusión, se llegó a la conclusión que en esos años de ocupación había persistido el Estado formal francés, pero el Estado real había sido el Estado invasor, el Estado alemán, el que tuvo en esos años de invasión la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir por la fuerza.

Eso le pasó a Colombia en muchas regiones y le iba a pasar en todo el país. Teníamos el Estado formal de la Constitución y el Estado material y fáctico de los grupos armados al margen de la ley.

Esa realidad no se aprecia fácil desde las oficinas de las capitales. Otra cosa era vivirla en las regiones. Y me parece que esa realidad hay que constatarla, hay que reconocerla para todo lo que tiene que ver con la acción legislativa, las políticas del Ejecutivo, las sentencias de la justicia.

Me parece que un antecedente determinante de este proceso de paz fue la llegada de la política de Seguridad Democrática. Por primera vez, Colombia inició una batalla estatal sostenida contra la guerrilla, que en el pasado había tenido asomos, vacilaciones y retrocesos. Y una batalla contra el paramilitarismo, que no se había dado.

Antes de las 6:00 de la mañana del 8 de agosto de 2002, aterricé en Valledupar para empezar a cumplir el compromiso ofrecido a los colombianos de recuperar la movilidad de los ciudadanos de bien por las carreteras de la Patria.

Encontré ese departamento entre la guerrilla y los paramilitares. Ese día me hice una pregunta: ¿Entonces si hay tantos paramilitares y su objetivo ha sido acabar la guerrilla, por qué hay tanta guerrilla y con tanta capacidad?

La misma pregunta que me hice meses después cuando lanzábamos la brigada móvil sobre el Cerro del Paramillo. Me pregunté: ¿si en Tierralta y Valencia hay tantos paramilitares, por qué en estas estribaciones de Paramillo, Río Verde, Santa Rita, hay tanta guerrilla?

Daba la impresión de que se había repartido los terrenos, de que unos dominaban en unas áreas y los otros en otras, y quien desaparecía en su poder real era el Estado.

En la tarde del 8 de agosto (de 2002) acudí a Florencia y allí encontré refugiados en la Gobernación del Caquetá a todos los alcaldes de los municipios de ese departamento, que se sentían incapaces de cumplir sus tareas en sus respectivas localidades por las amenazas de los grupos terroristas.

Empezamos la política de Seguridad Democrática. Y hay hechos que es muy importante tener en cuenta para entender por qué se precipitaron también estos procesos de desmovilización.

Que había voluntad de paz, pero no puede negarse que determinante para esa voluntad de paz fue la voluntad gubernamental de la política de Seguridad Democrática. Es el factor de presión institucional que precipitó que se expresara esa voluntad, que se precipitó la desmovilización.

El país no registraba antecedentes como éste: 1.700 de los mal llamados paramilitares dados de baja y gran cantidad de ellos llevados a la cárcel. Una tarea que empezó en la misma hora en que se inició el nuevo Gobierno.

Recuerdo la discusión pública con un alcalde muy prestante del país. Decía que de ser él el Presidente, primero se habría dedicado a desmontar las Farc y después a los paramilitares.

En alguna oportunidad le comenté: no es el Presidente el que escoge con quien negocia primero. Hay que analizar que se den las condiciones. Y aquel que acepta negociar a partir del cese de hostilidades, entonces está cumpliendo con una condición que el Gobierno impone y el Gobierno debe entrar a negociar con él.

Y demás le dije, y quiero transmitirlo a ustedes: para legitimar una lucha de años que tendrá que librar el país para derrotar las guerrillas, el país no puede tener más paramilitares.

Esa lucha contra las guerrillas es una lucha legítima. Y la legitimidad garantizará la victoria, en la medida en que sea una lucha exclusivamente de las instituciones democráticas, sin la mezcla del paramilitarismo.

El doctor Albarracín se ha referido al proceso de la Ley. Sobre esto quisiera hacer un comentario: es importante detenerse en la diferencia entre lo aprobado por el Congreso y lo modulado por la Corte Constitucional en materia de confesión y en materia de entrega de bienes para reparación.

El Congreso dijo que se deberían confesar todos los crímenes. Y también dijo (y el Gobierno estuvo de acuerdo), que si llegaren a aparecer crímenes no confesados en contra de la persona sometida a la ley, el juez podría concederle el beneficio de la ley si la persona colaboraba con el esclarecimiento de esa nueva imputación.

Me parece que ese es un punto de mucha seriedad en el texto final aprobado por el Congreso.

En materia de reparación, la Corte Constitucional finalmente moduló que la persona sometida tenía que entregar los bienes de origen ilícito y responder también para reparar a las víctimas con lo que pudiera ser su patrimonio lícito.

El Gobierno apreció que lo que dijo inicialmente el Congreso, que se aplicara el patrimonio lícito, finalmente no era excluyente de la necesidad de tener que aportar el patrimonio “de origen lícito” ¿Por qué? Porque en ese momento consideramos que habría fuente jurídica para cada una de estas obligaciones.

La nueva ley exigiendo la entrega del patrimonio lícito y la ley ordinaria de Colombia exigiendo la concurrencia del patrimonio lícito para poder reparar a una víctima. Una acción a través de la ley de Justicia y Paz, y la otra a través de la responsabilidad civil extra contractual.

Ralito. Ahora que se discute el acuerdo humanitario, acuerdo humanitario que el Gobierno ha estado dispuesto a hacerlo sin zona de despeje y sin entregar guerrilleros para que se reintegren al secuestro y al asesinato; acuerdo humanitario que el Gobierno ha estado dispuesto a hacerlo, como quiera que primero liberó 27 personas de las Farc, ahora está completando el proceso de liberar 150. Liberó a Rodrigo Granda.

No se ha suspendido la liberación de los 150, no obstante el asesinato de los diputados por las Farc. Acuerdo humanitario para el cual el Gobierno no ve problema en liberar guerrilleros si nos liberan a los secuestrados, con la condición de que esos guerrilleros no regresen al secuestro, al delito, al secuestro, al asesinato, sino que se integren al proceso de paz, a la reinserción, o se ubiquen en el extranjero con la responsabilidad de un Gobierno de exigirles dentro del disfrute de la libertad el cumplimiento de esa norma.

Ahora que se habla del acuerdo humanitario y que el Gobierno dice: sin zona de despeje y sin el riesgo de que salgan guerrilleros para volver a delinquir, aparece de nuevo el tema de Ralito.

Debo repetir ante mis compatriotas: Ralito no fue una zona de despeje. Fue una zona de ubicación temporal en un proceso de desmovilización y desarme. Es muy distinta una zona que conduzca al reforzamiento del terrorismo, a una zona que conduzca a su desmovilización y desarme.

Todos los sitios en los alrededores de Ralito, antes de nuestro Gobierno estaban desprovistos de Fuerza Pública. Nuestro Gobierno acantonó allí fuerza pública.

La justicia adelantó las diligencias que requirió en Ralito. Y tantas veces como se requirió la presencia de la Policía, por orden del Presidente de la República la Policía entró a Ralito.

Alguna vez se denunció que el caso del secuestro del ex senador Gnecco estaría ordenado desde Ralito. El Gobierno Nacional dio un ultimátum y en pocas horas apareció libre el senador Gnecco.

Cuando uno de los señores de Ralito fue vinculado por la Fiscalía al proceso que investigaba el asesinato de un diputado de Córdoba, el Presidente de la República dio la orden a la Policía de entrar a capturarlo a Ralito.

En la historia de esta Ley es importante saber cuál fue el propósito, el resultado y que pasó en Ralito.

Los sometidos a esta Ley han dicho que el Gobierno les incumplió en materia carcelaria. En efecto, con el anterior ministro del Interior y de Justicia, el doctor Sabas Pretelt, y el doctor Luis Carlos Restrepo, en conversaciones con ellos, acepté que el proceso podría llevar a que estos señores fueran ubicados en sistemas carcelarios alternativos, como colonias agrícolas.

En efecto, el Gobierno aceptó eso y fueron conducidos al sitio de Prosocial en La Ceja, Antioquia, que se habilitó como cárcel, primero por orden del Presidente de la República. La única responsabilidad política de esa decisión es mía, apreciados compatriotas.

¿Por qué? Porque estábamos llegando a mediados del año pasado, el proceso no avanzaba, en los diálogos de los sometidos a la Ley, con el Gobierno, había todos los días más confusión y más dilación.

Le decían al doctor Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado, que el Ministro del Interior les había prometido colonias agrícolas. Y al Ministro del Interior le decían que no podían entenderse con el Comisionado. Y mientras tanto la opinión pública se sentía ofendida, con fiestas de derroche, provocación y escándalos en ciudades o con tomas de centros comerciales.

En ese momento observé que el proceso podía convertirse en una recocha, que estaba perdiendo la seriedad, y por eso se tomó la decisión de la ubicación en La Ceja.

¿Por qué más tarde de La Ceja a Itagüí? El Gobierno no tenía pruebas de un plan de fuga, pero sí informaciones serias de que en esas conversaciones en La Ceja se hablaba de fuga. Porque además se sucedieron unos asesinatos en Medellín, todavía no clarificados por la justicia (y el Gobierno está a la espera de que la justicia tome decisiones sobre esos asesinatos), que hacían temer que algo irregular y grave pudiera ocurrir desde La Ceja.

Por esas razones, a manera precautelar, también bajo exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, tomé la decisión de trasladarlos a la cárcel de Itagüí.

A principios de este año, pedí a ministro (del Interior y Justicia) Carlos Holguín y al Alto Comisionado, doctor Luis Carlos Restrepo, que se reanudara el diálogo. Que el Gobierno acudiera en conjunto. No el Ministro por su lado y el Comisionado por otro. Que en lo posible se tuviera la compañía de la Fiscalía. Que no obstante las discrepancias, el malestar, la decisión de llevarlos a Itagüí, era un proceso de paz, proceso de paz que tenía ya alrededor de 33 mil desmovilizados.

Y en estas sesiones de diálogo de este año, he pedido al Ministro y al Comisionado que transmitan que si se cumple con la ley, que la mejor prueba del cumplimiento con la ley debe ser cuando los jueces de la República puedan producir una sentencia, reconociendo a estos señores el beneficio de la ley, que si esas circunstancias se dan, el Gobierno está dispuesto a considerar las prisiones alternativas, como las colonias agrícolas.

Ha habido una queja, que la he escuchado en el extranjero especialmente: que tiene comodidad en Itagüí, que tienen equipos de comunicación, que tienen facilidades.

Cuando empezó este Gobierno, llegó un día a la oficina el Comisionado, el doctor Restrepo, y me dijo: “Presidente, el Eln pregunta qué va a pasar con sus equipos de comunicación?”. Si este Gobierno entrará en el circuito de devolverlos, quitarlos, devolverlos, quitarlos. Dije: “No, déjeles todos los equipos de comunicación. Que tengan todas las facilidades en la cárcel”.

También dije que se les dieran las facilidades a los paramilitares en la cárcel de Itagüí. A mí me parece que la disciplina carcelaria no se excluye con tener esas facilidades. Y lo digo porque he escuchado algunas denuncias de personas y de Ong’s, a las que les parece que eso es impunidad y que eso atenta contra el proceso, contra el elemento de la justicia, contra la seriedad.

¿Qué ha pasado en materia de hostilidades? Si bien tuvimos unos meses muy tortuosos, en los cuales se reiteraba verbalmente la voluntad del cese de hostilidades, pero eso no se expresaba en la cesación de violencia en las regiones en donde actuaban, lo que el país ha sentido es un gran alivio en materia de cesación de la violencia paramilitar. Y creo que eso no se puede desconocer.

¿Qué dificultades le veo hoy a la ley? La Fiscalía se ha quejado de que todo lo que ha aparecido, la desborda. El Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en materia presupuestal. Solamente el año pasado, para que se pudiera atender la implementación del sistema penal acusatorio, agregamos al presupuesto de la Fiscalía 70 millones de dólares.

Ahora se acaba de hacer un acuerdo con la Fiscalía para que tengan 235 fiscales adicionales, 800 investigadores adicionales y 75 mil millones más en el presupuesto de 2008. No fácil, en un país que todavía tiene, a pesar del mejoramiento de la salud fiscal de la Nación, un alto endeudamiento y un alto déficit en el Gobierno Nacional Central. Atender todo esto, desde el punto de vista fiscal, no es fácil, dadas las limitaciones de la Nación.

Cuando en el día de hoy el Alto Consejero (para la Reintegración) Frank Pearl les explique qué se está haciendo en materia de reinserción, verán ustedes no solamente la complejidad de ese proceso, que involucra a 43 mil personas, sino también el costo fiscal.

El tema de la reparación. Comparto la angustia de muchos colombianos que dicen: bueno, ¿y cuándo es que van a entregar los bienes? Leyendo el texto legal, es claro que si no los entregan, no pueden ser beneficiarios de la sentencia de condena reducida.

En enero de este año le pedí al señor general Óscar Naranjo, hoy Director de la Policía, que se aceleraran los procesos de extinción de dominio sobre bienes de las personas sometidas a la Ley de Justicia y paz. Y que si en marcha esos procesos, ellos aceptaban no controvertir esos procesos, entregar esos bienes como parte o cumplimiento de la obligación de la Ley de Justicia y Paz de entregarlos para reparar a las víctimas, que eso nos facilitaría y nos aceleraría el camino.

El Gobierno no solamente está a la expectativa de que los sometidos a la ley cumplan con la obligación de la Ley de Justicia y Paz de entregar sus bienes para reparar a las víctimas, sino que desde el mes de enero dio la orden que se aceleraran los procesos de extinción de dominio, porque creemos que no son incompatibles.

La persona sometida a la Ley puede aceptar que los bienes que están en proceso de extinción de dominio sí son suyos, aceptar que los entrega para que se cumpla con el requisito de la Ley.

Y ha aparecido el caso del testaferrato. A mí me parece que la decisión de la Fiscalía de ofrecer el principio de oportunidad a los testaferros es buena. Que necesita más comunicación, más publicidad, más impulso. Porque un factor de credibilidad para esta Ley es que empecemos a saber definitivamente cuáles son los bienes con los cuales se va a contar para poder reparar a las víctimas.

El tema de la reinserción. No fácil. Ahora que aprobábamos, apreciados compatriotas, el acto legislativo de transferencias, encontramos que el país tiene cerca de 800 municipios con menos de 25 mil habitantes cada uno. Cuarenta y tres mil reinsertados es tener dos municipios colombianos de este nivel, con la totalidad de sus habitantes en reinserción.

La magnitud del problema que tenemos es muy grande. Cuando se adelantaba en Irlanda del Norte el acuerdo del Viernes Santo de 1998, recuerdo que pregunté a personas muy involucradas en ese proceso: ¿cuántos son los terroristas del IRA? Me dijeron: la cuenta inicial da 118. En Colombia 60 mil, sumados todos.

¿Cuántas muertes se han producido? Y me dijeron: entre 1923 y 1998, 3.200 asesinatos. Ese año 98 el área metropolitana y la ciudad de Medellín tuvieron cerca de cinco mil.

El problema nuestro es de magnitudes mayores. Cuando se desmovilizó el M-19, no se desmovilizaron más de 900 personas. Creo que entregaron 270 armas. Si a eso se le suma el Epl y el Quintín Lame, no se llega a cinco mil. Ahora llevamos 43 mil desmovilizados.

Revisaba esta mañana la cuenta de este año. Este año estamos llegando casi a dos mil, la inmensa mayoría de las Farc.

Solamente en esos 43 mil, los 10 mil guerrilleros suman mucho más que todos los guerrilleros desmovilizados en los procesos anteriores. Nosotros tenemos que entender que este es un proceso muy complejo, pero, como decía el doctor (Sergio) Caramagna (Jefe de la Misión de Apoyo de la OEA al proceso de paz), muy útil para el país.

Y allá ha habido fracasos y dificultades. Hay, por ejemplo, proyectos productivos que no han servido. Veo hoy muy bien orientado el proceso con el doctor Frank Pearl. El Gobierno no puede desconocer las dificultades. Las tiene que reconocer. Es un proceso muy complejo, muy difícil.

Le veo otras dificultades al proceso. Las guerrillas. Los críticos de esta Ley la han encontrado benigna para los paramilitares. Llegó a decirse en el país y en el extranjero que era una Ley para legalizar el paramilitarismo, una Ley de Impunidad. Qué difícil enfrentar en tantos círculos esas hipótesis. Pero también algunos de los críticos de esta Ley, algunos de aquellos que la han encontrado benigna para el paramilitarismo, la han encontrado muy fuerte para las guerrillas.

Y ahí vamos a tener un problema delicado en el futuro. Porque el Eln dice que ellos no aceptan esta Ley, que ni un día de cárcel, que amnistía e indulto para todo. Quieren, como otros grupos guerrilleros, pasar del monte y la atrocidad al Congreso y a la Presidencia de la República.

Y las Farc han sostenido la tesis de que ellos son un Estado y no reconocen al Estado colombiano. Que, por ende, no son sujetos pasivos de la legislación penal colombiana.

El país tiene que pensar cuál va a ser el marco jurídico para que en el momento dado, que a él llegaremos, con la persistencia de la Seguridad Democrática, a la guerrilla no le va a quedar más camino que buscar la paz. Allá llegaremos. Lo importante compatriotas es: persisitir en la Seguridad Democrática.

No creo que estos jefes paramilitares, con el dinero, la opulencia, el poder de hace cinco años, estuvieran hoy en la cárcel sometidos a la Ley de Justicia y Paz, si no hubiera llegado un Gobierno con toda la decisión de enfrentarlos.

Lo mismo va a pasar con toda esa opulencia, esa arrogancia de las guerrillas. La persistencia en la Seguridad Democrática, en la medida en que el pueblo no ablande su voluntad en materia de Seguridad Democrática, estaremos en el camino que hará ablandar a los terroristas que persisten, para que se sometan a la ley.

¿A cuál ley? El país tiene que preparase para tomar una decisión: si se hace el esfuerzo adicional de aplicarles esta ley a todas las guerrillas sin excepción, o si en un momento que avance un proceso de paz con las guerrillas, se adopta una ley más benigna. Y prepararse porque, de adoptarse este camino, van a invocar los paramilitares el principio de favorabilidad.

El Gobierno no puede esconder esas discusiones. El Gobierno tiene el deber de ponerlas sobre la mesa.

Y por supuesto, tengo que referirme aquí al tema de la extradición. Este Gobierno ha firmado 650 órdenes de extradición. Eso no tiene antecedentes ni paralelo en el mundo. Les hemos dado el beneficio de la suspensión del envío a cinco o seis integrantes de las Autodefensas, por su contribución a la desmovilización. Suspensión del envío, sometido a unas condiciones muy rigurosas, que de cumplirse inmediatamente se levantaría esa suspensión y serían enviados.

Este Gobierno es todo lo que ha hecho en materia de extradición. No la negoció en nivel legal, menos en el nivel constitucional. Eso hay que tenerlo en cuenta, frente a las aspiraciones de las guerrillas, especialmente de la Farc, totalmente involucrada en el narcotráfico, y tantos de los frentes del Eln dedicados al narcotráfico. ¿Cómo se va a manejar la extradición?

El tema de las grabaciones. Una de las cosas que deploro es que no hayamos cumplido una norma de este Gobierno. He pedido, desde el principio del Gobierno: el Gobierno debe enterarse de fenómenos de corrupción o ilegalidad al interior de la administración, y denunciarlos.

Lo hemos hecho con superintendencias, lo hemos hecho con contratos, lo hemos hecho con el Incoder, lo hemos hecho con Finagro, con entidades del Estado. El Gobierno ha hecho las investigaciones y le ha contado por iniciativa propia a la opinión pública y a la ciudadanía.

En el caso de las grabaciones ilegales, el Gobierno se enteró por la prensa. De haberlo conocido, se habría aplicado la misma norma: decírselo a la opinión y denunciarlo ante la justicia.

En el proceso electoral del año pasado, sin ningún cálculo electoral, cuando yo era informado en una ocasión o en otra de presuntas reuniones de aspirantes al Congreso con paramilitares, inmediatamente lo denunciaba a la opinión pública. Y personalmente, tantas veces como fui informado, lo puse en conocimiento del Fiscal, sin ningún cálculo electoral.

¿Qué ha pasado con las grabaciones? Porque algunos me dicen: Bueno, ¿pero por qué si hay esas grabaciones, no los han extraditado? ¿Por qué si hay esas grabaciones, no les han quitado la elegibilidad para ser beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz?

Porque todavía no tenemos un informe de la Fiscalía que nos diga: De las grabaciones son responsables de fulano, perano, sutano. En ese momento el Gobierno diría: Si el responsable ha sido beneficiario de una suspensión del envío en extradición, en ese momento se levanta la suspensión del envío y se hace efectivo el envío. Si el responsable no está sometido a extradición, pero está esperando los beneficios de la ley, en ese momento el Gobierno hará el trámite para que se le quite la postulación a ser elegible para los beneficios de la ley. El Gobierno espera allí solamente la decisión de la justicia.

Ha habido otra preocupación: la protección de las víctimas. La Policía me ha informado que tiene debidamente judicializada a la persona que fue autora del asesinato de la señora representante de víctimas en Montería. Y que se está adelantando todo el proceso para capturarla. El Gobierno reitera hoy toda la voluntad de protección a las víctimas.

Otro riesgo: la reincidencia. Aproximadamente han reincidido 3 mil. Esto lo mirábamos la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad, donde fue invitado el doctor Caramagna. De 43 mil desmovilizados, una reincidencia de 3 mil no parece en números porcentuales muy alta. Pero 3 mil criminales delinquiendo son un peligro en cualquier parte.

El Gobierno ha mostrado toda la firmeza en perseguir con toda la severidad a los reincidentes. De los reincidentes han sido dados de baja alrededor de 500 y han sido llevados a la cárcel más de mil.

Los fugitivos: el Gobierno ha tomado desde un principio la decisión de perseguirlos con toda severidad. Y ya han sido capturados algunos bien importantes, de aquellos que no se sometieron a la ley. Quiero darle al país esa tranquilidad. Y obras son amores y no buenas razones. Ahí están los hechos de los dados de baja, de los llevados a la cárcel.

Aquí no vamos a dejar pelechar reincidente, ni bandas criminales, ni águilas negras, ni águilas azules, ni águilas blancas. Este es un proceso con toda la firmeza en la Seguridad Democrática para recuperarle al país la institucionalidad.

Y viene otra preocupación, la más reciente: la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, su Sala Penal, sobre un caso en el que se pedía el beneficio de la sedición.

Voy a referirme al tema con toda la franqueza, pero con todo el respeto. Primero, tenemos que tener en cuenta que este es un proceso de paz que compromete al Estado. Un proceso de paz que compromete al Ejecutivo y al Congreso. Esa Ley fue ampliamente discutida en el Congreso de la República. ¿Quién no intervino? Allí también se escuchó a todos los órganos de justicia y a amplios sectores de la opinión ciudadana. Pasó por el tamiz de la Corte Constitucionalidad y fue modulada. Eso compromete a todo el Estado.

Y un proceso que le ha traído el gran beneficio de disminución sustancial de la violencia a todo el país, involucra a toda la sociedad colombiana.

El Gobierno ha hecho todo lo posible, y lo hará, para que se cumpla con el proceso. Pero también tiene que abrir el diálogo con todas las instituciones del Estado para que el proceso no fracase.

Entonces lo primero que debo decir es esto: si los sometidos a la ley no cumplen con la ley, pierden sus beneficios. Nada ganan con amenazar con la suspensión del proceso o con la suspensión de sus versiones o con la suspensión de entrega de bienes. Pierden los beneficios. Ellos tienen que cumplir y el Estado tiene que cumplir.

El Estado tiene que cumplir. Y entonces ahí entra uno a un tema bien difícil de tratar: ¿hasta dónde la independencia de las instituciones que conforman el Estado permite que haya contradicciones en la conducción de un proceso que compromete a todo el Estado?

Entonces allí hay que pensar en que las instituciones que conforman el Estado son independientes, pero están obligadas a colaborar armónicamente en la búsqueda de los bienes superiores del Estado. ¿Acaso este proceso no es un instrumento en la búsqueda de los bienes superiores del Estado?

Y examinando la sedición, parto, divido el tema en dos: el de las convicciones personales y el de la realidad colombiana. En mis convicciones personales creo que en Colombia no hay conflicto con estos grupos sino desafío del terrorismo a la democracia. Otra cosa es la crisis social y de pobreza, que ellos contribuyeron a agudizar.

Pero también he dicho que uno no puede anteponer las convicciones personales a los intereses superiores de la Nación. Que de darse un proceso de paz con el Eln, sacrifico mis convicciones personales y en aras del proceso de paz reconozco el conflicto. Así no esté de acuerdo con ese reconocimiento.

Particularmente no estoy de acuerdo con hablar de delito político en Colombia. ¿Por qué? Porque en un país donde no hay delito de opinión, en un país donde hay todo el espacio para hacer salvedades de conciencia, en un país que protege su democracia con toda determinación, nada justifica que se actúe contra esa democracia por la vía armada.

Es que este proceso de paz también habrá que analizarlo en el contexto de la Seguridad Democrática, de lo que significa comparativamente con el resto de América Latina y del mundo. La nuestra es democrática porque mientras otros países conculcaron las libertades, maltrataron el disenso, anularon el pluralismo so pretexto de restablecer la seguridad, aquí, enfrentando un desafío narcoterrorista de estas proporciones, lo que hemos hecho es fortalecer la eficacia de las libertades, afianzar el pluralismo.

Lo digo con casos elementales. En este Gobierno, qué paradoja. Muchos de mis principales críticos decían: “Uribe fascista, Uribe paramilitar”. Y han regresado al país. Vivían en el extranjero antes. Y ahora, gracias a la Seguridad Democrática, viven en el país. Y eficazmente protegidos.

Aquí mataron a la UP. Dos errores: sectores de la UP que aplicaron la combinación de todas las formas de lucha, que creyeron que se podía estar simultáneamente en la guerrilla y en la política. Un atropello también de la guerrilla, que los instó a ellos. Y errores del Estado, de no tener toda la voluntad para protegerlos eficazmente.

¿Qué le ha pasado a la oposición en este Gobierno? Ha tenido toda la más efectiva protección. Basta mirar las elecciones de Referendo de 2003. La comparación de las elecciones de 2003, en materia de no interferencia de grupos violentos con las elecciones de 2002. Y lo que pasó en las elecciones de 2006.

El único que podría quejarse en las elecciones de 2006 es el Presidente, que aspiró a la reelección, por las acciones de las Farc en algunos departamentos, que no fuimos capaces de contener. Intimidaron a electores nuestros, exigiéndoles que no podían votar por esta candidatura y que tenían que votar por otras, que señalaron con nombre propio.

Aquí hay que resaltar una cosa muy importante: nosotros, en esta lucha por el reestablecimiento de la seguridad, hemos profundizado la democracia. Lo que marca un claro contraste con otros países cercanos y en épocas cercanas, que en aras de restablecer la seguridad sacrificaron la democracia. Y esa es una de las cosas que me ha hecho reforzar la tesis, la convicción, de que en Colombia no debería haber delito político.

Y cuando comparo las guerrillas que conocí en la universidad: combinaban las formas de lucha, pero la mayoría de ellos creían que el mundo iba a ser todo socialista. Que la ideología de Mao Tse Tung sería eterna en su aplicación. La única división que le veían al mundo era la división entre la doctrina Ho Chi Minh, la de Unión Soviética, la de Mao Tse Tung o la de la naciente revolución cubana. Había ideales.

Esta de hoy es de narcotráfico básicamente. Entonces eso reforzaría la tesis de que se ha perdido un elemento, que es el elemento del ideal político, de la esencia para tipificar el delito político.

Cuando visité el Cesar, en aquel 8 de agosto, o lanzamos la Brigada Móvil en Paramillo, me dije: “¿Y el ideal de los paramilitares no era pues acabar la guerrilla? ¿Y por qué en lugar de acabarla tienen este terreno, aparentemente repartido con la guerrilla? Y eso, en mi convicción personal reforzaría la tesis de que no debe haber delito político. Pero una cosa es la convicción personal y otra es el interés superior del país.

¿Por qué se consagró la sedición en la Ley de Justicia y Paz? Por varias razones. Una de ellas: yo dije con toda claridad a mis compatriotas, en el proceso electoral que condujo a las elecciones de 2002, que no podíamos seguir estableciendo diferencias entre los delitos de la guerrilla, para tratarlos con atenuantes, y los delitos de los paramilitares, para tratarlos con agravantes. Que eran iguales. Que debíamos darles el mismo tratamiento. Que si había razones para considerar que los guerrilleros cometían delitos políticos, las mismas razones habría que considerar para aceptar que los paramilitares cometían delitos políticos. Que si las razones eran para negar a los paramilitares el delito político, también esas razones se deberían invocar para negar a los guerrilleros el delito político.

Y encontré en ese proceso antecedente del 2002, de muchos años de discusión en la academia y en la política colombiana, sobre el delito político, la guerrilla y los paramilitares, lo siguiente: no, es que la guerrilla sí comete delito político, porque la guerrilla tiene una causa política y una causa social. La guerrilla quiere mejorar el orden social y quiere destruir el actual Estado. Es una actividad que se ejerce en contra del ordenamiento jurídico vigente y en contra del modelo económico y social vigente.

En cuanto a lo social, ¿qué fue lo que mostró el resultado de 40 años de acción guerrillera? Querían un país más justo y produjeron un país más injusto. Querían un país sin pobreza y produjeron más pobreza. Querían un país para todos y produjeron que se desplazaran millones de colombianos al extranjero y al interior del país. Incrementaron la injusticia que decían combatir.

Un día recibimos en la universidad pública, en mis años de estudiante, una comunicación de las Farc, que decía que si Colombia aprobaba la democracia local, la elección de gobernadores y de alcaldes directamente por el pueblo, ellos inmediatamente cesarían sus actividades violentas.

El país aprobó, dio esos dos pasos de ampliación democrática, y los apologistas de la democracia local de la víspera se convirtieron en los sicarios de la democracia local, asesinando y amenazando alcaldes y gobernadores. ¿Cuál es pues el resultado de su ideal social y democrático? Todo lo contrario a lo que predicaron.

Entonces se dice que es que los paramilitares no están en contra del orden social, no tienen el ideal que sí tiene la guerrilla. Mientras la guerrilla está con un ideal, que es ponerse en contra del orden social, el paramilitarismo carece de él. Eso me parece bien equivocado. Puede ser que tan ideal sea enfrentar el orden social vigente, como tan ideal sea querer perpetuar el orden social vigente.

Y se afirma: lo que pasa es que la guerrilla esta en contra del Estado y los paramilitares están para defenderlo. Pero ambos lo violan y lo desconocen. Y aquí el elemento más importante y de más peso, es el elemento de la transgresión de la ley. Y la ley es transgredida tanto por aquel que se erige enemigo del Estado, como por aquel que quiere defender al Estado. Están igualitos. Están en la misma condición de agresores, de violadores de la ley.

Y si uno juzga el delito no por la calidad del actor sino como debe juzgarse, por el impacto en la víctima, ¿qué diferencia hay entre la atrocidad del guerrillero y la atrocidad del paramilitar?

Yo no entendería, apreciados compatriotas, que sobre un cadáver mutilado se pueda decir que el autor de ese crimen es un guerrillero con ideales, y sobre otro cadáver mutilado se pueda decir en contraste que en este caso no hay ideales, que es simplemente, un delincuente, paramilitar, autor de una atrocidad. En ambos casos se dan todos los agravantes, en ambos casos el impacto sobre las víctimas tiene que negar cualquier atenuante, en ambos casos no puede aparecer el reconocimiento de que hay ideal en el delito.

Personalmente no he sido partidario de que Colombia siga con la tesis del delito político. Pero me ha parecido un grave error frente al dolor del pueblo colombiano, persistir en la idea de que son diferentes los delitos de los guerrilleros de los delitos de los paramilitares.

Algo deberíamos hacer en el Estado: aceptar que por el dolor que producen en las víctimas, son delitos de idéntico impacto.

Y aparece un problema práctico. Revisando cifras con la Fiscalía, todavía hay 18 mil de los desmovilizados a quienes no se les ha dado el beneficio de la cesación de la acción penal.

Me pregunto qué vamos a hacer con ellos ante la sentencia que se acaba de producir en la Corte Suprema de Justicia. Personalmente he firmado indultos de guerrilleros, indultos de paramilitares. Me pregunto: ¿qué puedo hacer de ahora en adelante en el segundo caso, frente a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia?

Le he pedido al Ministro Holguín y al Director Jurídico de la Presidencia que invitemos a la Corte Suprema de Justicia a tener un diálogo, de cara al país, sobre el tema. Porque el proceso de paz es del Estado. No es un capricho del Presidente. Y así como hay que obligar a los paramilitares a que cumplan con el proceso de paz, el Estado también tiene que cumplir.

El fantasma es la parapolítica. Nada se puede proponer y nada se puede discutir, porque lo que se quiere es beneficiar a los parlamentarios que están presos. Primero hay que conocer la realidad de los hechos. Antes de este Gobierno, la gente le tenía miedo al testimonio. La Seguridad Democrática, la Ley de Justicia y Paz han hecho que los colombianos le pierdan miedo al testimonio.

Eso ha sido determinante para que aflore la verdad, para que se conozca en los estrados judiciales lo que se decía en los cocteles, pero no más allá de los cócteles. Es que hace cinco años al único que se le decía públicamente paramilitar era a mí, por razones políticas. Y los que hoy sí se refieren con toda la dureza a los paramilitares, en esa época les temían. Hablaban de ellos en cocteles. Eso no hacía parte del discurso político. Hoy sí, porque los colombianos han perdido el temor a referirse a los criminales, gracias a la Seguridad Democrática y gracias a la Ley de Justicia y Paz.

La mayoría de los hechos que hoy se investigan fueron cometidos antes de este Gobierno. Eso es bien importante tenerlo en cuenta.

Entonces el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, no puede ser el Gobierno que deje de actuar por el fantasma, por la prevención de que a cualquier iniciativa la van a responder con la crítica de que quiere favorecer la parapolítica. Porque es el Gobierno que ha estimulado y ha facilitado el testimonio, que ha permitido detectar los casos de parapolítica, que el país nunca permitió que se detectaran los casos de colusión de las guerrillas con la política.

Creo que estamos obligados a buscar una ley y que la debemos presentar en los próximos días. Esa ley debe buscar: o que se aplique el delito de sedición para poder resolver el problema de los 18 mil a quienes todavía no les ha cesado la acción. O dar la posibilidad de que, sin calificar el delito como político, también les cese la acción y se les reconozcan todos los beneficios a que tienen derecho. Eso lo necesita el país.

Ahora, recuerden que la ley es muy exigente en materia de conexidad. Quiero recordar, para que nadie se asombre sobre esta propuesta del Gobierno, algunos elementos de la Ley de Justicia y Paz.

Dice la Ley de Justicia y Paz: aquel que haya tenido como objetivo principal el narcotráfico, no puede ser beneficiario de esta ley. Esa ley niega la conexidad con el narcotráfico, con el secuestro, con los delitos atroces.

Cuando se ha pedido, como hoy reclamo, que se les reconozca la condición de sediciosos o que nos den la oportunidad legal de tener otra figura jurídica para que prosiga la cesación de la acción penal, es para aquellos que no tienen delito distinto a aquel de haberse vinculado a esos grupos. No es para el responsable del delito atroz. No es para el responsable de narcotráfico. No es para el responsable del secuestro.

Y en el caso de la parapolítica, a mí me parece bien importante que en esa ley se estudie que no se les aplique a los servidores públicos, para que haya mayor claridad. Y también que quede claro que la justicia en su sabiduría dirá: este tenía un ideal sedicioso o un ideal de favorecimiento electoral, que no es ideal.

Entonces aquí lo que queremos es salvar un proceso en el cual se han desmovilizado 43 mil personas. Un proceso que le ha traído inmensos beneficios al país, como lo decía el doctor Caramagna y como se siente hoy en muchas regiones de Colombia.

Y permítanme discrepar, con todo respeto, del concepto de favorabilidad. El Gobierno estaba en un problema. Porque de un lado veo la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, y entonces encuentro que declaró inexequible la sedición no por razones materiales o de fondo, sino por trámite legislativo.

Y además dice que la sentencia no tiene efectos retroactivos. Y cuando la sentencia no tiene efectos retroactivos, el Gobierno cree que es pertinente la favorabilidad. Y además hay una razón moral para invocarla: que la inexequibilidad no fue por razones materiales o de fondo, sino por razones de trámite legislativo. Y se niega.

Pero mientras eso se infiere de la sentencia de la Corte Constitucional, sentencia general sobre la ley, en una sentencia sobre un caso individual de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se infiere que no hay sedición e interpreta que sí hay retroactividad. Que hay que entender que el artículo nunca existió y que no hay favoravilidad. Al Gobierno, responsable de la conducción de este proceso, le queda muy difícil entre esas dos sentencias.

Pero como esto no es para provocar agriedades, sino para buscar soluciones, propongo que estudiemos, para presentar en los próximos días al Congreso, un proyecto de ley muy sencillo: o que reviva la sedición excluyéndola para los servidores públicos, o que nos dé la alternativa de otra figura que permita que, sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos 18 mil a quienes no les han aparecido otros delitos, se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal. Esa es mi invitación.

Le he dicho al país, apreciados compatriotas, que hoy no hay paramilitarismo. Y encuentro que esta es la mejor oportunidad para repetirlo. Se entiende que el término “paramilitar” deriva de la aparición de grupos criminales cuyo propósito era combatir la guerrilla. Colombia ha recuperado hoy lo que nunca debió perder: el monopolio del Estado para combatir a todos los delincuentes. Hoy no hay delincuentes en Colombia combatiendo a la guerrilla.

Ustedes recorren los sitios del país donde persiste la guerrilla, y encuentran que la única institución que combate hoy a la guerrilla es la institución armada constitucional de la Nación.

Entonces me preguntan: ¿qué ha pasado con los paramilitares que no se sometieron a la ley, con los reincidentes? Están fugitivos, en el narcotráfico, en la extorsión, en el secuestro, pero no están organizados ahora con el propósito de combatir a la guerrilla. El país ha ganado muchísimo en eso.

Siempre se trató de mancillar el honor de nuestras Fuerzas Armadas cuando aparecieron casos individuales, que no institucionales, de colusión de miembros de la Fuerzas Armadas con integrantes de estos grupos delictivos. Hoy le da la impresión a uno que las quejas de esas mezclas vitandas han desaparecido.

Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares.

Estas razones, la razón de que hoy solamente es el Estado el que combate a la guerrilla, como se puede constatar en todas las regiones de Colombia, de que el Estado combate con igual ardentía a todos los otros grupos criminales, llámense ‘Águilas Negras’, ‘ONG’ en Tumaco, en el Pacífico Sur, estas razones para decir: en Colombia todavía tenemos criminales, pero hemos dejado de tener el fenómeno paramilitar.

Reitero ante ustedes toda la voluntad del Gobierno para avanzar hacia un país sin paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico, sin corrupción. Toda la voluntad del Gobierno para introducirles a estos procesos, complejos y difíciles, cuantos ajustes haya que introducirles para mejorarlos. Pero no permitamos que este proceso fracase, porque le ha traído un gran alivio a la nación.

Si dos o tres de ustedes quieren formularme una pregunta, una discrepancia, un comentario, con el mayor gusto los escucho”.