PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 25
DE "EL DIARIO DEL OTÚN"
Julio 27 de 2007
(Pereira - Risaralda)
“Acudo con singular alegría esta tarde, a
este acto en el cual el señor Gobernador de Risaralda
y Presidente de la Federación Colombiana de Departamentos,
impone al Diario del Otún la gran Cruz de Risaralda.
A este acto en el cual el señor Alcalde de Pereira
impone al Diario del Otún, la Orden de los Fundadores.
Acudo a este acto, a expresar el respeto de los colombianos
por la tarea al servicio de la libertad y de la transparencia
del Diario del Otún, y a imponer a sus fundadores,
a sus actuales directivos, la ‘Orden a las Comunicaciones
Manuel Murillo Toro’.
Manuel Murillo Toro, el gran luchador de la libertad y el
gran precursor de las comunicaciones modernas.
Cuando el General Mosquera cruzaba esta Cordillera Central,
en el camino de Popayán a Bogotá, se encontró con
Murillo Toro al sur de Ibagué y desde allí proclamaron
el Estado Soberano del Tolima. Todavía era 1862, antes
de la Constitución extremadamente federal de Colombia,
de la misma Constitución de 1863, la Constitución
de todas las libertades.
Como Ministro de Comunicaciones, como Presidente de la República,
introdujo lo que podríamos llamar las bases de las
comunicaciones modernas. El país empezó en
su época a trabajar con el telégrafo.
Ahora, que los colombianos hablamos de la conectividad como
un imperativo totalmente necesario para la competitividad,
el mejoramiento del ingreso del país; ahora que los
colombianos hemos hecho un formidable desatraso en la telefonía
móvil, que ha pasado de cuatro millones de teléfonos
celulares, a casi 30 millones; ahora que los colombianos
estamos en una vigorosa actividad para desatrasarnos en banda
ancha, en Internet, para conectar nuestras escuelas, nuestros
hospitales, para conectar las alcaldías, las bibliotecas,
para conectar las regiones rurales, para conectar a Colombia
con todo el mundo, en esa maravillosa autopista de las comunicaciones,
cobra toda la actualidad la tarea de Manuel Murillo Toro.
Y qué mejor que entregar esa medalla Manuel Murillo
Toro al Diario del Otún, a esta antorcha de la libertad,
a esta laboriosa tarea por una comarca grande, que es una
tarea por la misma Patria.
Qué bueno recordar en estos 25 años a Javier
Ramírez González, quien se le ocurrió con
todo tesón, en sus propias palabras, traerle una nueva
opinión a Risaralda con la fundación del Diario
del Otún.
Se consideraba que era difícil que dos periódicos
subsistieran en Pereira, pero el empeño tesonero del
fundador, secundado por sus hijos Beatriz, Luis Carlos, Javier
Ignacio, demostró que sí se podía.
Era una intuición, pero una intuición sin
riesgo. Era una intuición, pero no una intuición
contraria a la realidad de la ciudad y del departamento.
Esta ha sido una tierra de labor agropecuaria, de labor
de comercio, una tierra de empuje sin igual, pero también,
y fundamentalmente, una tierra de capital humano, de capital
social, de vocación humanística, una tierra
de letras y de pentagramas. Una tierra de profundo análisis,
una tierra de la inteligencia.
Por eso, quien acertó fue don Javier Ramírez
González, y no el pesimismo de los que hacían
malos pronósticos, y él acertó, porque
esta tierra es tierra fértil para la contribución
de la prensa a la formación de civismo, a la continua
elaboración del capital social.
Rendimos a él un homenaje, un homenaje por esa visión,
por ese gran esfuerzo. Una dura labor del periódico
en estos 25 años. Empezó en una oficina, en
una edificación de dos plantas, permaneció allí tres
meses hasta cuando se pasó a una vieja casona, que
albergaba 10 empleados y a un grupo de 14 periodistas.
Preparaban el material todos los días antes de las
cinco y media, para enviarlo a Manizales a fin de ser impreso
en la casa editorial de La Patria. Hasta 1985, 1989 y 1992,
cuando adquirieron la rotativa, llegaron a la era de los
computadores y del láser, e inauguraron sus nuevas
instalaciones.
Una tarea empezada en la intuición y en el empeño,
continuada en el trabajo tesonero, exitosa, exitosa para
el periódico, para quienes lo integran, para la visión
de sus fundadores y para esta tierra.
Ha estado el Diario del Otún, a la vanguardia de
los adelantos tecnológicos, para tener -como en sus
mismas páginas se dice- todas las mañanas,
la mejor información regional. Ha sido protagonista
de primer orden en proyectos de desarrollo para la región,
y ha adelantado numerosas campañas cívicas
y sociales.
La prensa regional es demostración que desde lo local
se puede ejercer influencia profunda sobre la vida de toda
la región. La prensa regional es como el Alcalde,
la institución más cercana al pueblo.
La prensa regional es el gran validador de lo local, el
gran vocero de lo local en lo universal y también
el gran validador de lo universal en la localidad.
Cómo ha trabajado de abnegadamente la prensa regional
por la democracia de Colombia, por la superación de
todas las dificultades de la Patria. La existencia de periódicos
como el Diario del Otún es un canto cotidiano a la
libertad.
Colombia es tierra fértil para ejercer un periodismo
de verdad, aprendido del apóstol de la independencia,
Nariño, que en la lucha de los hombres grandes, por
las grandes causas, nos enseñó que la palabra
escrita es la proclama que eleva los corazones y garantiza
la voluntad de la lucha de los pueblos.
Esta libertad que ejerce el Diario del Otún, que
estimula al Diario del Otún, hace parte de los cinco
principios por los cuales trabaja nuestro gobierno.
Alejados de esa división en que ha querido sumergirse
América Latina, entre izquierdas y derechas, obsoleta,
polarizante, nosotros hemos preferido trabajar con cinco
elementos constitutivos de una democracia moderna: el rescate
de la seguridad, el respeto y profundización de las
libertades, la construcción de cohesión social,
el respeto a las instituciones que conforman, cada una con
independencia relativa, el conjunto del Estado, cada una
con el deber de cooperar con las demás, por los bienes
superiores de la comunidad.
Y la búsqueda de la transparencia, como factor de
confianza nacional, que es un signo de todas las horas del
Diario del Otún.
Hemos estado trabajando por consolidar tres elementos fundamentales
en nuestra Patria: la seguridad con alcance democrático,
la confianza inversionista, para garantizarle a la economía
tasas sostenidas de alto crecimiento y, considerado ello
como medio, el tercer elemento, que es el fin, el cumplimiento
de las metas sociales, la superación de la pobreza,
la construcción de equidad.
Empeñados en esa tarea, que necesita llevar esos
tres elementos de la mano, como quiera que sin seguridad
no hay confianza inversionista, sin confianza inversionista
no hay manera de obtener los recursos para hacer la inversión
social para superar la pobreza. ¿Cómo se integran
entre ellos? Porque a su vez, cuando la seguridad y la confianza
inversionista ponen las bases para poder superar la pobreza,
si las políticas sociales no llegan, no se legitima
la seguridad, no se legitima la confianza inversionista.
Tenemos hoy un nuevo debate en el país, en el proceso
de rescatar la seguridad para los colombianos. Era 2002,
acabábamos de tener una elección presidencia,
el 30 por ciento de los colombianos sufrían directamente
los rigores de la guerrilla y del paramilitarismo, y el 70
por ciento restante de la Patria lo sufría de alguna
manera más directa, o más indirecta.
Me parecía la situación de Colombia semejante
a la de la Francia de la ocupación alemana: se hablaba
de Francia como nación, pero había que reconocer
que el Estado que ejercía allí era el Estado
invasor, el Estado alemán. Había perdido Francia
su Estado, la capacidad de gobernar su territorio.
Había perdido el Estado colombiano la capacidad de
gobernar en muchas regiones, quedaba la Nación colombiana
una especie de nación que empezaba a ser dominada
por un Estado invasor: el Estado de los terroristas, guerrilleros
y paramilitares.
Empezamos con nuestra política de Seguridad Democrática,
empezamos la tarea de combatir por igual guerrilla, a paramilitares,
para devolverle al país la tranquilidad. Hemos avanzado,
no obstante lo que falta.
El país en medio de sus problemas, sin ser un paraíso,
va mostrando progresos en diferentes áreas, va tomando
una ruta de más confianza, de mayor optimismo.
Surgieron procesos de paz. Venían de la administración
anterior unos diálogos a través de la Iglesia
Católica con el paramilitarismo, y a través
de Cuba, con el ELN.
El nuevo gobierno dijo que el énfasis era la seguridad,
pero que estaban abiertas las puertas al diálogo,
a condición de que hubiera cese de hostilidades.
A los pocos meses de instalado ese gobierno, los grupos
paramilitares -como equivocadamente se les denomina- hicieron
saber a través de la Iglesia Católica su propósito
de entrar en cese de hostilidades, para avanzar en un proceso
de paz. Sintieron la decisión del gobierno de combatirlos.
Este es el gobierno que llegó a enfrentarlos. Antes
se hablaba de ellos pero en voz baja, al único que
se le decía de manera pública “paramilitar”,
era a mí, por razones políticas de enfrentarme.
A los otros se les temía. Hoy no se les teme, gracias
a que la Seguridad Democrática les ha dado protección
eficaz a nuestros compatriotas.
De ellos se hablaba en cócteles, pero no se les desafiaba
en público, y el Estado no cumplía la tarea
de combatirlos.
Nuestro gobierno dio de baja 1.700, encarceló tantos
como pudo, se abrió paso el proceso de paz. Hemos
desmovilizado en estos años 43 mil integrantes de
grupos terroristas, 32 mil – 33 mil de los paramilitares,
10 mil de las guerrillas. Eso no tiene antecedentes.
El M-19 desmovilizó 900 personas, entregaron 270
armas, sumémosle a esas 900, dos mil del EPL, unos
pocos del Quintín Lame, otros pocos de la Corriente
de Renovación Socialista, y no suben a 5 mil. En nuestro
gobierno, desmovilizados 10 mil guerrilleros y 33 mil paramilitares.
Hoy, en un proceso de reinserción complejo y costoso,
43 mil desmovilizados equivale a tener dos municipios de
la Patria con una población ciento por ciento desmovilizada.
Solamente eso muestra la complejidad de este programa.
En efecto, cuando recientemente discutíamos el acto
constitucional para modificar la fórmula de Transferencias
a las regiones, encontramos que casi 800 municipios de la
Patria tienen en promedio menos de 25 mil habitantes.
Cuando se hizo el acuerdo del Viernes Santo de 1998, en
Irlanda del Norte, se informaba al mundo que los terroristas
irlandeses eran 118, en Colombia 60 mil. Se informaba al
mundo que entre 1923 y 1998 esos terroristas habían
provocado 3 mil 200 asesinatos en Irlanda. En ese año
98, en mi ciudad de Medellín y su área metropolitana,
casi 5 mil asesinatos en un solo año.
Avanzamos con la Seguridad Democrática, y avanzamos
con el proceso de paz. Hace cinco años parecía
imposible que don Manuel Marulanda, y don Jorge Briceño,
y don Carlos Castaño y compañía, perdieran
poder en Colombia. Parecía imposible que cinco años
después tuviéramos a don Manuel Marulanda,
a don Jorge Briceño, conocido como el “Mono
Jojoy”, y a sus compinches, buscando escondites día
y noche en la selva.
Hace cinco años parecía imposible que cinco
años después tuviéramos a los jefes
del paramilitarismo, en aquel poder, en aquella riqueza,
en aquella ostentación, en la cárcel o fugitivos.
Pero lo hemos logrado, lo hemos logrado con el heroísmo
de los soldados y policías de la Patria, con el apoyo
permanente del pueblo, que ha alimentado la condición
inquebrantable de nuestra voluntad de derrotar a los terroristas.
No hemos ganado, apreciados compatriotas, pero vamos ganando,
y ganaremos, porque la historia de la humanidad siempre le
ha dado a la razón a las democracias, que de buena
fe, se quieren deshacer de la pesadilla del terrorismo.
Aparece ahora un obstáculo. En los paramilitares
tenemos la mayoría de los líderes en las cárceles.
Han reincidido, de los 33 mil desmovilizados, unos 3 mil.
De ellos, hemos llevado a la cárcel alrededor de mil
y se le ha dado de baja a casi 500. Los que están
fugitivos, son perseguidos severamente por el Estado, por
la Fuerza Pública.
Yo diría que hoy no hay paramilitarismo. ¿Por
qué se hablaba de paramilitarismo? Porque existían
unas fuerzas irregulares, que querían llenar el vacío
del Estado para combatir la guerrilla. Hoy la guerrilla no
es combatida por organizaciones privadas ilegales, solamente
es combatida por el Estado. Por eso afirmamos que no hay
paramilitarismo.
Hemos recuperado lo que nunca debimos perder: hemos recuperado
el monopolio de la fuerza del Estado para combatir los grupos
criminales.
En Colombia hoy hay guerrillas, hay criminales fugitivos. ¿Qué hacen
los paramilitares que no se desmovilizaron? Los que reincidieron:
huir del Estado, dedicados al narcotráfico, dedicados
a la extorsión, al secuestro, a la tipificación
de delitos en general, pero ya es la Fuerza Pública,
como siempre debió serlo, y por razón de voluntad
política en el Estado no lo fue, la única que
ejerce en Colombia la tarea de combatir a las guerrillas.
Por eso nosotros reclamamos de todas las instituciones del
Estado, que nos permitan llevar a buen puerto este proceso
de paz. Nos vemos en la obligación de buscar una nueva
ley, porque creemos que no se le puede dar un tratamiento
diferente a las guerrillas que a los paramilitares.
Le he dicho con todo el respeto a la honorable Corte Suprema
de Justicia, que Colombia tiene que abandonar la tesis según
la cual, al delito guerrillero se le trata con la atenuante
de que es delito político, y al delito paramilitar
se le niega.
No importa que se discuta si es sedición o si es
rebelión, lo importante es aceptar el principio general
de que se les debe dar el mismo tratamiento.
Creo que es injusto con el pueblo colombiano y con sus sufrimientos,
darle tratamiento diferente a la guerrilla y a los paramilitares.
Hay que medirlos con el mismo rasero.
Se decía: “es que la guerrilla tiene un propósito
altruista, el de derrocar el Estado para cambiar el orden
social”.
No derrocó el Estado, afectó la democracia.
No trasformó el orden social, al contrario, agudizó problemas,
trajo más desempleo, más pobreza, más
desplazamiento.
Y se decía: “como los paramilitares no tienen
ese propósito altruista, entonces a los paramilitares
no se les puede reconocer como delincuentes políticos”.
He pensado yo que ninguno de los dos debería ser
considerado como delincuente político, en una democracia
de libertades, profunda, donde no hay delito de opinión,
no debería haber delito político.
En un proceso de Seguridad Democrática, que en lugar
de afectar o de limitar las libertades las ha profundizado
de manera real en Colombia, no debería haber delito
político, pero esa es una convicción personal.
Lo que requerimos es reconocer el camino jurídico
más expedito para resolver estos problemas. Por eso
lo que el gobierno ha pedido es que se les de el mismo tratamiento,
y que si a la guerrilla se le reconoce como actor político,
a los paramilitares también.
En la evolución moderna del derecho penal, hay la
inclinación de detenerse más para juzgar la
naturaleza del delito, en el impacto del delito sobre las
víctimas o sobre la comunidad. Ante un cadáver
de alguien torturado y mutilado, no entiendo yo que se pueda
hacer la diferencia para decir que si aquel que lo asesinó fue
guerrillero, es delincuente político, o aquel que
lo asesinó era paramilitar no lo es.
El sufrimiento de la familia, de la víctima, el impacto
sobre la comunidad es el mismo. Eso obliga a dar el mismo
tratamiento.
Entonces se ha dicho que bajo la sombrilla del delito político
no se puede escapar el secuestrador, el narcotraficante,
el torturador, el asesino, el culpable de delitos atroces,
de delitos de lesa humanidad. Estamos de acuerdo. En nuestro
gobierno eso no se ha dado. Se dio en el pasado, cuando pasaban
de ser torturadores y asesinos y secuestradores, a congresistas
de la República y aspirantes a la Presidencia.
Ahora no. Ahora han pasado del monte, o de sus posiciones
de desafío a la sociedad, a la cárcel. Con
la oferta de unos beneficios legales, sí, a condición
de que digan la verdad, entreguen sus bienes para reparar
a las víctimas y purguen unos años de pena.
Cuando nosotros proponemos ese tratamiento igual, como siempre
lo hemos dicho, nunca es para darle bajo ese tratamiento
beneficios a quienes no se les puede dar, a los autores de
atrocidades, a los autores de delitos de lesa humanidad.
Pero resulta que en los 33 mil desmovilizados paramilitares,
además de los líderes que están en la
cárcel, hay una gran cantidad de colombianos que se
han reinsertado, que cometieron el error de vincularse a
esos grupos, pero que se han desmovilizado, que quieren reencontrarse
con la sociedad colombiana.
Culpables sí del delito de pertenencia a esos grupos,
pero, a quienes no se les ha imputado ser responsables de
delitos atroces, de secuestro, de asesinato, de narcotráfico.
El Gobierno venía estimulando que a ellos se les
concediera, mientras subsistiera esa condición de
no responsables de delitos atroces, que a ellos se les concediera
el indulto, o la cesación de la acción penal.
La nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia no lo
permite. A esto hay que encontrarle una salida legal. Mi
pregunta es: ¿por qué sí se permite
en el caso de la guerrilla en iguales condiciones? ¿por
qué se niega en el caso de estos paramilitares en
iguales condiciones? ¿cuál es la diferencia?
Mi pregunta es: si en el pasado eso obró con toda
la laxitud frente a la guerrilla, aun perdonándole
los delitos atroces, ¿por qué en un proceso
de paz como este, que ha desmovilizado 43 mil personas, sin
perdonar los delitos atroces, por qué no se puede
en el caso de quienes no han cometido delitos atroces, darles
ese tratamiento de delincuentes políticos?
Invito al país a considerar estas reflexiones, porque
tenemos un problema práctico: tenemos 18 mil desmovilizados
que quedan en una incertidumbre jurídica. El Gobierno,
responsable de este proceso de paz, está angustiado,
porque se necesita encontrar la manera de resolver este problema
jurídico.
Este no es un proceso de paz caprichoso del Presidente de
la República, es un proceso de paz de todo el Estado.
La Ley de Justicia y Paz la propuso el Gobierno, la estudió el
Congreso, la debatió toda la opinión pública,
pasó por el control de la Corte Constitucional. Este
es un proceso de paz del Estado, y que ha producido la desmovilización
de 43 mil personas, lo que ha contribuido eficazmente a la
reducción de la violencia en Colombia.
Reducir la violencia en Colombia, en los niveles que se
ha venido reduciendo, es el logro de un bien general, de
un bien superior. Por eso creo que hoy no se puede invocar
la independencia de las instituciones del Estado.
Si bien nuestra Constitución, sabiamente, dice que
nuestro Estado de Leyes está formando por instituciones
independientes, esa independencia la misma Constitución
la diseña como relativa, porque obliga que haya la
colaboración armónica entre todas las ramas
del Estado, para poder obtener los bienes superiores del
Nación.
La colaboración armónica se requiere para
obtener ese bien superior que es la paz, y se niega esa colaboración
armónica, cuando después de tener cuatro años
y medio de avance en este proceso, entonces se le viene a
decir al país que hay que darle a los paramilitares
un tratamiento diferente del tratamiento que se le da a la
guerrilla.
¿Y qué va a pasar en el futuro? Esta ley que
ha parecido muy suave con los paramilitares, para algunos
de mis críticos, para otros de mis críticos
les parece muy dura con las guerrillas. Entonces, el día
que haya procesos de paz con el ELN y con las FARC, ¿qué legislación
va haber? Y a esos procesos de paz van a llegar, van a llegar
si persistimos en la seguridad, van a llegar si persistimos
en la firmeza.
Lo único que ablanda a esos bandidos y que les hará considerar
la necesidad de los procesos de paz, es la firmeza del pueblo
y de los gobiernos para combatirlos. Allá van a llegar,
y en ese momento vamos a tener un dilema jurídico ¿qué ley
les aplicamos?, o la Ley de Justicia y Paz o se les niega
a todos la condición de delincuentes políticos
o una ley más benigna que la actual.
Por eso, las decisiones que se tomen ahora, que deben partir
del principio de igualar a paramilitares y a guerrilleros,
tienen que ser unas decisiones que sepan anticipar el futuro
de los procesos de paz con la guerrilla.
Y qué difícil, porque el ELN dice que no acepta
un día de cárcel, que ellos quieren pasar del
monte al Congreso, a la política, no importa que hayan
secuestrado, incursionado en el narcotráfico, torturado.
A los paramilitares no les permitimos eso, los paramilitares
están en la cárcel y los responsables de esos
delitos atroces no pueden aspirar al Congreso, no pueden
aspirar a las más elevadas posiciones de la democracia.
Pero el ELN pretende que se le de ese tratamiento benigno. ¿Y
que no decir de las FARC? Las FARC ha dicho que no reconoce
al Estado colombiano, que ellos no reconocen nuestra legislación,
que ellos no violan nuestra legislación porque no
los obliga. Esos sí que quieren pasar del monte al
Congreso, a la capacidad de destruir nuestra democracia,
de imponer sus caprichos de gobierno.
Por eso hay que manejar con mucha determinación pero
con mucho cuidado esta hora. Voy a invitar a mis compatriotas
en todas las regiones de Colombia, para que ayuden al Gobierno
en el propósito de obtener una legislación
que le de el mismo tratamiento a la guerrilla que a los paramilitares.
No podemos seguir con esos tratamientos discriminatorios,
que tanto daño han hecho.
Y que no aparezca el fantasma de la parapolítica.
Para que no haya duda, así como dije ayer en la Universidad
Santo Tomas y lo quiero repetir hoy en Pereira, que lo que
estamos pidiendo a raíz de la sentencia que nos preocupa
de la Corte Suprema de Justicia, es un beneficio para aquellos
que no han cometido delitos atroces, que no han cometido
delitos de ilesa humanidad, también repito hoy, que
el beneficio que estamos pidiendo no es para proteger ni
atenuar la culpa de los servidores públicos, eso que
quede muy claro.
Y además debo decir, repetir ante mis compatriotas,
que las investigaciones que se están adelantando contra
congresistas de la República son producto de lo que
se ha logrado recientemente en Colombia.
La Seguridad Democrática le ha quitado a los colombianos
el temor de testimoniar, la Seguridad Democrática
le ha devuelto a los colombianos la confianza en la ley,
y en la justicia, la Ley de Justicia y Paz obliga a la verdad.
¿Y que hemos hecho? Apoyar la justicia. Por eso que
no queden dudas de la intención del Gobierno, que
además tiene que decir que la mayoría de los
delitos que hoy se investigan, en el proceso de la parapolítica,
fueron cometidos antes de este Gobierno, y que eso se ha
venido corrigiendo en este Gobierno, gracias a que en este
Gobierno se ha recuperado el control sobre los territorios
de la Patria que estaban con ausencia total del Estado, en
control casi permanente de los terroristas guerrilleros y
de los terroristas paramilitares.
He querido traer estas reflexiones hoy a Pereira, porque
esta región que siempre consideramos un oasis, ha
sufrido mucho esa violencia.
Recuerdo el ELN secuestrando en Pereira, los paramilitares
y el narcotráfico del norte del Valle del Cauca haciendo
de las suyas, todavía con vestigios y marañas.
Recuerdo las FARC en el occidente de Risaralda, todavía
tratando de hacer incursiones en el oriente, en el Parque
de Los Nevados. Otros grupos guerrilleros actuando durante
25 años en la impunidad y en la insurgencia, que apenas
hemos venido a desmontar ahora.
No podemos ablandar esta lucha por la seguridad, ni podemos
permitir que se distorsione. Estamos estudiando cual es el
mejor instrumento jurídico, para presentarlo rápidamente
a consideración del Congreso (de la República),
pero eso necesita un gran consentimiento del pueblo colombiano,
que es el que nos proponemos buscar en todos los rincones
de la Patria.
Hace cinco años, hubo años en los cuales asesinaban
15 periodistas. Uno de los compromisos nuestros con la Seguridad
Democrática es la protección del periodismo.
Este año no ha sido asesinado un solo periodista en
Colombia, y bien importante, por todas las regiones de la
Patria encuentro al periodismo mas tranquilo, mas libre,
menos amenazado. La Seguridad Democrática le ha devuelto
al periodismo el disfrute de la libertad, que lo estaba perdiendo
a manos de las amenazas de los delincuentes, y por la desprotección
del Estado.
Doctores, Luis Carlos Ramírez Múnera y Javier
Ramírez Múnera, muy distinguida familia del
Diario del Otún, que el Diario del Otún y todos
los medios de Colombia tengan larga vida, que el Diario del
Otún siga siendo, como aconsejó el Presidente
Núñez, antorcha y no tea, cordial y no tósigo,
mensajero de verdad y no de error ni calumnia, porque la
herida que se hace a la honra y al sosiego es con frecuenta
la más grave de todas.
Cómo nos ha dado de ejemplo el Diario del Otún,
en ser un periódico de construcción de Patria.
Felicitaciones, están muy niños, 25 años
no es nada, ojala podamos acompañarlos cuando cumplan
los otros 25.
Muchas gracias”.
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