PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE AL CLAUSURAR LA CONVENCIÓN BANCARIA 2007
Junio 22 de 2007 (Bolivar - Cartagena)

“Quiero saludarlos muy respetuosamente. Me honra mucho poder asistir nuevamente a esta asamblea de la Convención Bancaria y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra Patria. He escuchado con toda la atención y tomado nota de las palabras juiciosamente preparadas de la señora Presidente, la señora ex Ministra María Mercedes Cuéllar. Los compañeros de Gobierno y yo buscaremos seguir ahondando con ustedes sobre todos los temas que ella ha planteado.

Quisiera referirme esta tarde a algunos elementos del modelo de Estado, del modelo de sociedad, del alcance del debate que se debe dar en Colombia, de los tres objetivos de Gobierno, la seguridad, la confianza inversionista, la política social. Referirme al tema de las tasas de inversión, del crecimiento, de los acuerdos de comercio, las preocupaciones aquí presentadas como el tema de la inflación, de la tasa de cambio. A las recomendaciones de la Comisión de Gasto Público, al tema de la reforma administrativa. Referirme necesariamente a la agenda legislativa que acaba de aprobarse, al acuerdo humanitario y al tema de la parapolítica.

Antes de abordar estos temas quiero darle al sector financiero de Colombia toda la gratitud por su participación en Banca de Oportunidades. Vengo de El Pozón, de Cartagena, de instalar un nuevo corresponsal bancario. Una gran receptividad de los sectores populares de la patria.

En el primer gobierno, con la ayuda de ustedes, logramos millón 800 mil créditos a igual número de familias pobres de nuestra patria. La meta de este segundo gobierno es de 5 millones de créditos. Aspiramos poder completar el 7 de agosto los primeros millón 250 mil créditos.

Cuando empezó el gobierno, la cartera en favor de los microempresarios valía 736 mil millones. A 30 de abril valía más de 5 billones. Representaba el 1,5 de la cartera total. A 30 de abril representaba más del 5. Aspiramos que eso siga creciendo con toda la velocidad. Es creciente el número de familias colombianas que por primera vez acceden al crédito institucional.

¿Qué se ha hecho, quiénes participan, hacia quiénes está dirigido? Ha sido importante el proceso de concertación con ustedes, con el Congreso de la República. El Congreso nos ha aprobado partidas presupuestales importantes. Con ustedes hemos concertado medidas no fáciles de tomar. Ustedes aspiraban que el Gobierno eliminara los topes a partir de los cuales se incurre en el tipo de usura. Ustedes saben que las decisiones económicas hay que ponerlas en la balanza con la factibilidad política.

El gobierno, con toda franqueza, ha dicho que no ve factibilidad política para ello. Que un proceso de construcción de confianza implica agotar otros pasos. Y creo que el paso que acordamos con ustedes de crear diferenciales para señalar esos topes ha sido un buen paso. No fácil porque nos implicó en alguna manera subir el costo del microcrédito. Pero cuando se compara con lo que los colombianos de los sectores populares pagan en el mercado negro de la usura, su acceso al sector institucional les trae gran ahorro, como lo hemos venido mirando en todo el país.

Participación del gobierno con decisiones, con reglamentaciones. Participación del Congreso con partidas presupuestales. Participación de ustedes en la difícil tarea de asignar crédito popular. Dondequiera que lanzamos Banca de Oportunidades en Colombia, y ahora lo repetía en El Pozón de Cartagena, he dicho a los compatriotas que un crédito de 100 millones a una persona pudiente se tramita muy fácil, se lo mandan por teléfono. Un crédito de 400 mil pesos a una señora de El Pozón que tiene la plancha en la prendería y que necesita 150 mil pesos de capital de trabajo, es un crédito muy difícil. Pero vamos avanzando con la ayuda de ustedes.

Ha sido muy importante el fortalecimiento del Fondo de Garantías, la decisión que se tomó de liquidar al IFI y asignar esa responsabilidad a Bancoldex, como lo acaba de expresar la señora Presidente de la Asociación.

Intervienen todos los actores del sector financiero: banca pública, banca privada, fundaciones, intervienen bancos de primer piso, bancos de segundo piso. Vamos concitando aportes presupuestales de departamentos y municipios o para fondear instituciones o para ayudar en el otorgamiento de garantías.

La tarea del gobierno de promover ha ayudado bastante, y fue fundamental una discusión que hace un año en esta convención a ustedes no les gustaba porque aspiraban a más, pero creo que fue un buen paso. Las dos decisiones que se tomaron en diciembre: una, devolverles a los contribuyentes un punto del 4 por Mil. Y la segunda, permitir que cada colombiano pueda tener una cuenta de ahorro, con movimientos mensuales que en valores de este año son de 7 millones 700 mil pesos, exentos del 4 por Mil. Eso ha ayudado mucho en el proceso de Banca de Oportunidades, en el proceso de avanzar en la formalización de los sectores populares de la patria.

Es muy importante a quiénes está dirigido. Los más vulnerables y aquellos que por otras razones no tienen acceso al crédito: familias desplazadas, mujeres cabeza de familia, personas de pequeños negocios que han dependido del crédito de usura, estudiantes recién egresados, etcétera.

Nos ha ayudado mucho el Sena, como institución de educación y acompañamiento para obtener el crédito y de acompañamiento mientras la persona beneficiaria del crédito es deudora. El Sena ya tiene acuerdos con muchas entidades bancarias. Eso va bien y ojalá otras instituciones de capacitación como el Sena hagan lo mismo.

Fue fundamental la decisión que se tomó con ustedes, incorporada a un decreto del gobierno, de pedir la apertura de los corresponsales no bancarios. Venimos de inaugurar uno en El Pozón. Yo creo que el obstáculo que teníamos para una gran cobertura en el país, se viene resolviendo afortunadamente con los corresponsales no bancarios. Muchos bancos se retiraron de muchas localidades, de sectores populares de grandes ciudades. Recuperar ese cubrimiento, profundizarlo más, llevarlo a toda la geografía, a los sectores populares de las grandes ciudades, a las comunidades rurales remotas, es algo que se facilita con los corresponsales no bancarios.

Gracias a las instituciones de ustedes que vienen en esa tarea. Y nuestra invitación a que inundemos el país de corresponsales no bancarios. Además es un gran alivio. Ahora lo veíamos allí en El Pozón. Porque no solamente sirve para hacer la solicitud de crédito sino para hacer los pagos, los depósitos, los pagos de servicios públicos. Solamente el tiempo y el costo de buses que ahorra una persona al poder pagar los servicios públicos cerca de su casa, empieza a darle una gran justificación a esta institución.

Y algo muy importante: cómo consolida a la sociedad colombiana, cómo crea un clima de unidad de la sociedad colombiana. Déjenme decir: si yo fuera banquero, diría que el mejor instrumento para hacerle publicidad al sector financiero es Banca de Oportunidades. Aquel que haya renegado toda la vida de los bancos cuando recibe un crédito, inmediatamente se vuelve amigo de los bancos. Créanle a Banca de Oportunidades.

Además eso nos ayuda mucho a superar los factores de exclusión de la sociedad colombiana. Yo creo, salvo mejor opinión de los economistas, que cuando se estabilizan esos pequeños negocios, esas microempresas, se da un gran estímulo simultáneo a la oferta y a la demanda.

Es imposible encontrar una expresión económica donde haya una cadena de comunicación más rápida entre la oferta y la demanda, que en el microcrédito. Se estabiliza la familia, se facilita que la mamá y el papá puedan dedicarles más tiempo a los niños, se estabiliza la participación de los niños en la educación.

Muchas gracias por lo que nos vienen ayudando en Banca de Oportunidades y animémonos todos los días para avanzar más velozmente en el tema.

Extrañará que ante un foro de la importancia de la Convención Bancaria, yo quiera referirme a temas del modelo de Estado y del modelo de sociedad, elementales, por cierto, pero en el debate político latinoamericano es fundamental referirse a ellos.

Se debate nuevamente el rol del Estado. Parecía que eso había salido de la agenda del debate. América Latina parecería ser de ciclos muy rápidos. Tuvimos unos finales de los 80 – 90, en los cuales quiso imponerse la tesis del desmonte del Estado, y ahora se regresa al estatismo en muchos países de la región.

Nosotros no estamos ni en lo uno ni en lo otro.

Hemos reformado casi 400 entidades del Estado, vamos a continuar esa tarea, queremos dejarle al país como la mejor herencia fiscal de esta administración la reforma del Estado.

Lo acumulado hasta hoy ahorra un punto del PIB (Producto Interno Bruto), porque hay que hacer dos cuentas: las cuentas de lo que viene ahorrando el presupuesto y las cuentas de las pérdidas que se evitaron gracias a la reforma de entidades como Telecom y otras.

Nosotros tampoco estamos en el estatismo.

Entonces a uno en todas partes le preguntan: bueno ¿y qué está pensando Colombia del Estado? Y por eso hay que volver a estas consideraciones. Nosotros hemos dicho: un Estado que dé todas las garantías a la inversión privada, pero que exija todos los requisitos de responsabilidad social. Una inversión privada con todas las garantías, pero con todas las obligaciones de responsabilidad social.

Hemos mirado la responsabilidad social en tres áreas: primero, en la transparencia en la relación entre los inversionistas y el Estado: transparencia en la contratación pública, en la asignación de concesiones, en los procesos para resolver disputas, etcétera, en la tributación.

Segundo, la fraternidad en las relaciones entre los inversionistas y las comunidades del vecindario. A mí me parece que una gran responsabilidad social que ustedes están construyendo en la relación con la comunidad es la Banca de las Oportunidades.

Hemos tenido un ejemplo reciente en el Cesar. Unas protestas justificadas de la comunidad por la violación de normas ambientales, por el crecimiento en la producción de carbón. Nos hemos dado a la tarea de no ser indiferentes frente a la comunidad y de no ahuyentar la inversión. Por eso hemos venido dialogando con las comunidades y con los inversionistas, para hacer todos los ajustes que permitan que se dé esa responsabilidad social.

Y finalmente es muy importante hablar del tema de las relaciones laborales, y hablar de ese tema de las relaciones laborales por las contradicciones políticas de América Latina. Ni relaciones laborales de capitalismo salvaje ni relaciones laborales de odio de clase. Yo creo que Colombia tiene que repensar el tema y comprometerse todo el mundo en relaciones laborales fraternas, cristianas, solidarias.

Hemos venido defendiendo en todas partes un modelo de sociedad pluralista, de debate permanente, pero de debate sin antagonismos insuperables, debate creativo, debate que no arriesgue valores muy importantes.

Me parece que el debate no puede arriesgar dos valores de gran trascendencia en que viene ascendiendo el país: la Seguridad Democrática y la confianza inversionista. Que el debate no puede poner a riesgo la solidez de las instituciones.

Una sociedad sin odio de clases y sin exclusiones. Si algo nos ayuda a avanzar por el camino de la inclusión, es ese aporte que ustedes nos hacen a través de Banca de Oportunidades.

Estamos trabajando tres objetivos de gobierno: consolidar la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y cumplir las metas de política social.

Hace cinco años en el debate político colombiano parecía que la Seguridad Democrática se excluía de la política social: “Uribe es guerra y hay descuido por lo social, no importa lo social”.

A mí me parece que el país se equivocó y sigue muy equivocado en algunos sectores de la política, pensando que se puede hacer política social sin seguridad. La seguridad se convierte en un factor muy importante de la confianza inversionista. Eso es lo que ayuda con responsabilidad social a financiar la política social.

Hay dos opciones para proponer política social: una opción es un discurso que no garantiza el crecimiento, un discurso indiferente frente a la confianza inversionista y que conduzca solamente al estancamiento y al reparto de pobreza. La otra opción es hacer la política social a partir de la consolidación de la confianza inversionista, para poder recorrer un camino de prosperidad que permita ir repartiendo prosperidad.

Para nosotros es fundamental llevar los tres elementos de la mano. La política de seguridad consolida confianza inversionista, y ésta hace posible el cumplimiento de las metas sociales. Y a su vez, el cumplimiento de las metas sociales es el gran legitimador que da sostenibilidad a la política de seguridad y a la confianza inversionista.

Quiero agradecerles inmensamente a los sectores empresariales del país su aceptación al impuesto al patrimonio, que se derrama por una vez y se cobra durante ocho semestres, que nos permitirá consolidar la Seguridad Democrática. Se liquida por una vez. Es un gran esfuerzo, lo necesitaba el país, lo reclamaba la comunidad internacional, y creo que nos va ayudar inmensamente.

Y hemos tenido un debate reciente sobre el tema de la droga, y hay una preocupación sobre la seguridad cotidiana.

La droga. Hay una diferencia alarmante entre las cifras de la CIA, en los Estados Unidos, y las cifras de Naciones Unidas. Mientras la CIA dice que a Colombia le quedaban en diciembre del año pasado 156 mil hectáreas, Naciones Unidas acaba de decir que le quedaban 79 mil hectáreas. El Gobierno manifiesta su preocupación por esa discrepancia.

Estamos haciendo un gran esfuerzo en todos los frentes. Hemos extraditado 600 personas. Eso no tiene paralelo en el mundo.

El año pasado se fumigaron 160 mil hectáreas. Este es el tercer año en el que estamos trabajando con toda intensidad en la erradicación manual. El año 2005 erradicamos 31 mil 200 hectáreas manualmente, el año pasado 43 mil, y este año aspiramos superar las 50 mil.

El Congreso nos aprobó en nuestra primera legislatura un proyecto que facilita la extinción del dominio. No hay un país en el mundo que esté haciendo un esfuerzo semejante.

Además, venimos trabajando en cultivos alternativos, teniendo en cuenta que el país en esa materia hay que dividirlo en dos: aquel país donde llega la inversión privada, donde puede llegar, y aquel país de la reserva de oxígeno, de la selva, que no tiene terminales de infraestructura -que ojalá no los tenga-, donde para preservar la selva el camino no es el de cultivos alternativos convencionales, sino el de Familias Guardabosques.

Estamos pagando a 50 mil familias para que eviten la siembra de droga en determinadas áreas y se recupere el bosque. Estamos trabajando con la comunidad internacional, a ver si es posible llegar a 100 mil familias.

Observo dos elementos: primero, debilitamiento de los grupos terroristas, y segundo, de la narcoeconomía.

Quisiera compartir estas reflexiones con ustedes, porque cuando se publican esas cifras en la CIA de los Estados Unidos, les digo: bueno, pero si tenemos unos grupos guerrilleros en disminución, un paramilitarismo prácticamente desmontado, y vemos un debilitamiento del terrorismo que se ha financiado con la droga, entonces uno se pregunta: ¿qué ha pasado? O las primeras mediciones, como lo dicen los mismos Estados Unidos, no incluyeron todo el territorio, o hay una gran equivocación. Porque no sería comprensible que no estuviera disminuyendo la droga, y al mismo tiempo que sí estuvieran debilitándose los grupos terroristas que se han sustentado en la droga.

Y un elemento importante de resaltar en este foro: todos los días hay menos presencia de la narcoeconomía. Yo pregunto en la ciudad de Cartagena quiénes son los dueños de estos edificios que se están construyendo. La gente hoy dice, tranquilamente dicen los expertos: dinero transparente.

Voy a mi ciudad de Medellín, donde se vivió pánico, y cualquier progreso era excepcional y se asignaba a la narcoeconomía. Hoy un gran dinamismo de dineros transparentes. Lo mismo ocurre en todas las ciudades colombianas.

Y recorro las zonas agropecuarias y pregunto: ¿sigue el narcotráfico comprando los predios rurales? Y todo indica que eso ha descendido vertiginosamente.

Creo que es importante que ustedes verifiquen esta percepción del Gobierno. El Gobierno cree que, por fortuna para fortuna del país, hay un debilitamiento de la narcoeconomía y un crecimiento correlativo muy importante de la economía transparente.

La seguridad cotidiana, hurto a residencias, hurto a comercio, hurto a personas. Allí tenemos que enfocar nuestra tarea. La lucha contra el terrorismo y la lucha por mejorar la seguridad cotidiana en todas las ciudades.

El Congreso, en la agenda legislativa que acaba de aprobarse, nos ha aprobado en las normas de justicia una de gran importancia para poder enfrentar más exitosamente los delitos que afectan cotidianamente al ciudadano en todas nuestras urbes.

El tema de la confianza inversionista. El Gobierno se preocupa más por la confianza inversionista que por el crecimiento. Un precio del café, el descubrimiento de un pozo petrolero, su explotación, pueden traer periodos de crecimiento relativamente largos o relativamente cortos. Lo que trae períodos de crecimiento prolongados, tasas importantes, sostenidas en el tiempo, es la confianza inversionista.

Hemos pasado en estos años de una tasa de inversión del 12 por ciento a una tasa del 26, de una tasa del 6 y medio en el sector privado a una tasa del 19. Lo importante es buscar cómo las sostenemos.

A ello contribuye muchísimo el concepto del papel del Estado, de las garantías a la inversión privada.

A ello ha contribuido muchísimo la orientación de la tributación. Fue muy difícil introducir los incentivos a la inversión. Y, respondiendo a nuestra Presidenta, la doctora María Mercedes (Cuéllar), creo que los incentivos a la inversión están señalando claramente, también, sectores en los cuales el país tiene un gran potencial competitivo, como el sector de los biocombustibles.

En el Congreso no había convicción de que esos incentivos a la inversión produjeran buenos resultados. La academia económica era muy opuesta a esos incentivos. Por fortuna, el debate tributario del año pasado, que tuvo en esta Convención momentos bastante acalorados pero bien importantes, nos ayudó a despejar caminos.

Mientras sectores de la academia económica y de la política le decían no a esos incentivos, sectores también de la política y sectores de la producción me decían: necesitamos esos incentivos.

A diferencia de la tributación de los Estados Unidos, que hoy tanto se cuestiona allí por la oposición, la orientación nuestra de la tributación no ha sido reducir los impuestos a todo el mundo por igual, para que los sectores más pudientes puedan apropiar utilidades. La orientación nuestra ha sido estimular la inversión con las deducciones a la inversión, y, sobre todo, orientadas a sectores claves para el futuro del país, como el de los biocombustibles.

Y a eso se suma la nueva norma de zonas francas, que permite el monousuario, que permite que haya allá una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estable a largo plazo, y que es convergente con las deducciones a las nuevas inversiones.

Además, en cuanto a los requisitos de capital y de empleo, es importante anotar que en las zonas francas, por ejemplo las del sector agropecuario orientadas a la exportación de biocombustibles, para cumplir el requisito de empleo se puedan sumar los empleos generados en la planta industrial, más los empleos que se generen en los cultivos para alimentar esa planta industrial.

Hablaba la doctora María Mercedes de la necesidad de estabilidad en las reglas de juego. No fue fácil aprobar la ley que autoriza al Gobierno a firmar los pactos de estabilidad, pero finalmente, después de debatirla mucho, el Congreso la aprobó. Tuvimos que esperar para aplicarla casi todo el año pasado, porque no se sabía con qué normatividad tributaria definitivamente quedaría el país. Ya avanza muchísimo el estudio de muchas solicitudes y la firma de muchos pactos de estabilidad, lo que va ayudar a dar más confianza inversionista.

Por supuesto, es muy importante el tema de los acuerdos de comercio. En estos años logramos el acuerdo de comercio de la Comunidad Andina y Mercosur. La oposición a ese acuerdo había logrado que se olvidara aquí, que se olvidara el Mercosur.

Esperamos, con toda la constancia y la dedicación, sacar adelante el TLC con los Estados Unidos, que valerosamente acaba de aprobar nuestro Congreso.

Estamos próximos a firmar el acuerdo con tres países de América Central. Después de que Colombia ingresó al Plan Panamá Puebla, como uno de los objetivos más importantes de nuestra administración, nos parecía que el paso inmediatamente siguiente, necesario, era el acuerdo de comercio con estos países centroamericanos, porque además no se entendería que mientras ellos tiene el Cafta con Estados Unidos, y nosotros aspiramos a tener el TLC con Estados Unidos, entre ellos y nosotros no haya estos acuerdos de comercio.

Confiamos en la semana del 17 de julio, de acuerdo a lo convenido con el acuerdo de Canadá, lanzar las negociaciones con Canadá.

Y después de un trabajo difícil, hasta armonizar diferencias en la Comunidad Andina, logramos la semana pasada en Tarija, en Bolivia, lanzar las negociaciones con la Unión Europea.

Esta semana empezamos a examinar con el gobierno hindú la necesidad de un acuerdo de protección recíproca de inversiones entre nuestros gobiernos.

Y a propósito de los temores sobre el precio de los medicamentos en el TLC, hay una gran noticia del crecimiento de la oferta de medicamentos de los laboratorios hindúes, que va ayudar muchísimo a la racionalización del precio en el mercado mundial de medicamentos.

Confiamos lograr acuerdos semejantes con China y con otros países.

Preocupa a ustedes y al Gobierno el tema de la inflación y el tema de la revaluación. Permítanme intentar comunicarles algo sobre lo cual se ha reflexionado mucho en el Gobierno: primero, si bien hay que tomar medidas que después eviten choques, y tomarlas a tiempo, de todas maneras no es para desesperarnos.

Aquí el discurso económico aplaudía mucho lo que pasaba en otras latitudes, pero no se atrevía a tomar medidas como las de las deducciones tributarias o las de Seguridad Democrática, para poner la economía a crecer como crece en otras partes.

Una de mis preocupaciones en mi carrera política era observar esta contradicción: un juicioso análisis de la economía colombiana, para identificar las causas del crecimiento asiático y de otras regiones, pero un gran temor de las autoridades económicas para tomar las medidas que permitieran tener crecimientos más veloces de la economía colombiana. Sabios para analizar los éxitos del extranjero, incapaces de provocar los éxitos en el interior del país.

Creo que la seguridad democrática, la orientación de las normas tributarias, la búsqueda de acuerdos de comercio, la ley de estabilidad de reglas de juego, etcétera, el impulso a los biocombustibles, el señalamiento del turismo como una de nuestras grandes posibilidades (este año se están construyendo en el país cinco mil habitaciones hoteleras) y el gran estímulo al microcrédito, etcétera, empiezan a mostrarnos un camino de crecimiento diferente.

Hay que entender que una economía que creía que no iba a crecer y que crece en el 2002 al 1,9, en el 2003 al 3,25, al 3,75, al 5,70, al 6,8 y en este primer trimestre al 7, es una economía que por ese crecimiento tiene que sufrir presiones inflacionarias. Indudablemente.

Y por supuesto, tenemos una bomba de succión de lo que producimos, que es la economía venezolana, que hay que manejarlo con mucha delicadeza. Cuando nosotros hoy con Venezuela no tenemos acuerdo de comercio, cuando estamos en el período que se había pactado en la Comunidad Andina de aplicación de las reglas de la Comunidad Andina después de que un país dice que se retira, cuando hay incertidumbre hacia futuro, que estamos buscando despejar, hay que manejar el comercio con Venezuela con mucha delicadeza.

Por eso le he dicho al Ministro de Agricultura (Andrés Felipe Arias), que en el diálogo con Venezuela nosotros tenemos que explicar que, si bien hay algunas restricciones para mandar alimentos de aquí para allá, no podemos entrar a prohibir el envío de alimentos de Colombia hacia Venezuela. Si lo hiciéramos, perderíamos una autoridad moral derivada de la solidaridad, para buscar con Venezuela la negociación de un acuerdo bilateral, en el evento de que Venezuela tome la decisión de no regresar a la Comunidad Andina.

Y otro factor inflacionario, a mi juicio, es también que ha empezado a crecer el consumo de alimentos. En el informe de crecimiento económico del Dane hoy, esto se confirma.

El crecimiento del consumo privado, que incluye alimentos, está en el 7,28. El país durante mucho tiempo tuvo estancado el crecimiento de consumo de alimentos, se ha recuperado y creo que programas como Familias en Acción, Bienestar Familiar, etcétera, lo está tonificando y lo va a tonificar muchísimo.

También ha incidido en el tema inflacionario, como ha incidido en el mundo entero el hecho de que muy buena parte de la agricultura se ha reorientado hacia la generación de energía.

¿Qué me preocupa? Yo creo que es prudente tomar medidas, tener unas señales de que se quiere evitar un colapso derivado de la inflación. Pero hay que saber trazar la línea divisoria entre ello y la parálisis de la economía.

A mí me parece muy grave que el país fuera a volver a tasas de interés prohibitivas que, so pretexto de la inflación, nos paralicen el ritmo que quiere tomar la economía de crecimiento acelerado.

Pienso que deberíamos buscar otras opciones. Me voy a referir en algunos minutos a las recomendaciones de la Comisión de Gasto Público.

Un país que quiere confianza inversionista no es un país que se puede poner a administrar precios. Pero sí un país que puede buscar acuerdos políticos con los sectores productivos para hacer esfuerzos que permitan controlar la inflación.

Creo que estamos en el momento de hacer un acuerdo Gobierno y gremios, con las centrales obreras, para hacer un esfuerzo, no vía controles administrativos, no vía decreto, sino vía acuerdo, para resolver problemas inflacionarios. Ese ensayo estamos en el momento de hacerlo. El Gobierno invita a los gremios y a las Centrales Obreras a sentarse, a examinar ese tema.

Y presento con toda consideración al Emisor, al Banco Central, la preocupación de que esas tasas de interés, que con una elevación prudente pueden ayudar a dar unas señales claras que eviten que se desaten más elevadas presiones inflacionarias, de todas maneras de persistir en esa elevación de tasas de interés podemos llegar al peligroso momento de paralizar la recuperación de la economía.

La revaluación. Cuando teníamos el dólar unas semanas a 1.900 pesos, que se tomaron medidas por parte del Banco para que eso no siguiera, el acuerdo fue: tasa estable competitiva. Es que se puso a 1.900. Entonces no hay ni tasa estable ni tasa competitiva. El tema es bien difícil. Ahora, allí hay dos puntos: ¿qué proteger y qué hacer?

A mí me parece que hay que proteger la confianza inversionista. El Gobierno quiere decirles a ustedes lo siguiente: todo debate, toda discrepancia, el Gobierno la asume con el propósito de buscar soluciones que protejan la confianza inversionista.

Nosotros pensamos que también debe haber otro norte para aquello que se deba hacer: castigar los capitales especulativos y no afectar la inversión extranjera directa. Creo que si las medidas tienen esa línea divisoria, deben ser sanas.

Ahora, hay mucha división entre productores y analistas de la economía. Esta mañana me reunía a primera hora con los confiteros del Valle del Cauca. Entonces reclamaban dólar diferencial para los exportadores. Me decían: Presidente, aquí hay grandes inversiones, la materia prima es toda nacional, los bienes de capital están instalados, nos sirvieron las deducciones de los anteriores años para crecer.

Y el registro de crecimiento muestra hoy que la inversión ha crecido en el 31,8, la más alta desde 1993, cuando fue del 38,2. Y me decían los confiteros del Valle del Cauca: “Somos intensivos en generación de empleo, pero estamos profundamente afectados por el tema de revaluación, estamos llegando a un momento que no resistimos, no podemos acceder al mercado de Venezuela, porque Venezuela le permite acceso hoy solamente a quien tenga planta allá en ese reglón, y tienen otros mercados muy castigados”.

Allí hay una situación muy compleja, muy difícil, frente a la cual el Gobierno no puede ser indiferente.

Hablo con otros sectores y me dicen: “A nosotros nos ha ido muy bien porque nosotros somos importadores”. Y también hay sectores que dicen: “Ha habido mucha ganancia, el país ha ganado mucho en materia de endeudamiento con esta revaluación y el país ha ganado mucho en materia de reequipamiento”.

Entonces el Gobierno, en aras de la confianza inversionista, acepta que no podemos ponernos a pedir dólar diferencial ni control cambiario, pero sí hay que proteger el empleo.

Por eso vamos a tener que hacer un gasto importante, y no creo que lo podemos hacer. Si el país ha ganado tanto en reequipamiento, hagamos un esfuerzo para proteger el empleo.

Se ha dictado el primer decreto de CERT con una orientación laboral: entregar un CERT a sectores exportadores intensivos en mano de obra, con la condición de que estén al día con las Cajas de Compensación, con el Sena y con el Bienestar Familiar.

Yo creo que hacer ese gasto, orientado hacia esos sectores y con la condición de proteger el empleo afiliado a la seguridad social, nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante en el tema del empleo, en el tema económico y nos ayuda bastante en el tema de la legitimación política de las medidas.

Se está trabajando básicamente con unos recursos del presupuesto para subsidiar créditos y con otros recursos del presupuesto para dar un CERT en estas condiciones. Pero creo, y se lo decía esta mañana al ministro de Hacienda (Óscar Iván Zuluaga), eso nos va a costar más de lo inicialmente estimado.

Y hay que hacerlo sin miedo, porque a mí también los amigos de la revaluación me hacen unas cuentas: Presidente, que hemos ganado tanto en endeudamiento, que hemos ganado tanto en reequipamiento. Entonces digo: ¿y por qué nos da miedo hacer este esfuerzo para proteger el empleo en los sectores exportadores intensivos en mano de obra?

La Comisión de Gasto Público. Primero, hay que agradecer un trabajo muy importante que ha hecho esta Comisión, y que merece el más cuidadoso análisis del Gobierno. La doctora María Mercedes me releva de referirme al tema de la evolución de déficit y del endeudamiento.

Sobre el déficit quisiera agregar lo siguiente: el Gobierno empezó más o menos con un déficit del Gobierno Nacional Central del 6,3 – 6,5. Pero es que a eso hay que sumarle lo que nos ocurrió en el camino, que se había anticipado de tiempo atrás: el agotamiento de las reservas del Seguro Social. Este año el presupuesto central de la nación le tiene que girar al Seguro Social 5 billones 100 mil millones: 1.3 del PIB. Sumémosle eso al déficit inicial. Yo creo que vamos a terminar el año con un déficit del Gobierno Nacional central entre el 3,5 y el 4.

Allí hay un gran esfuerzo, como el esfuerzo también en la disminución del endeudamiento relativo. Pero vamos a hacer más esfuerzos en materia de endeudamiento. El compromiso este año es ir más allá de la disminución del endeudamiento relativo tradicional: congelar a enero el endeudamiento en cifras absolutas. Teníamos 147 billones de deuda, aspiramos terminar el año con 147 billones. Y para el año entrante se está mirando el plan financiero, a ver cómo podemos tener una política sana para contribuir con este tema.

Nosotros estamos dispuestos a hacer más esfuerzos en materia de gasto público. El Ministro de Hacienda me decía la semana pasada: “Bueno, estamos buscando cómo congelamos, eliminamos un billón. Subámoslo a billón y medio, a dos billones. Pero hay que tener en cuenta tres temas: Seguridad Democrática, infraestructura y política social.

En el tema de infraestructura, uno de los cuellos de botella del país, ¿qué nos ocurrió? Teníamos todas las concesiones en pleito: todas las concesiones viales, las aeroportuarias, las ferroviarias. Se han superado los pleitos, nos quedan dos pleitos por superar: el de Commsa, acordado con los contratistas, está a consideración del Tribunal Administrativo de Bogotá, y el del Ferrocarril del Pacífico. Todos los otros litigios están superados. Lo mismo en el sector de telecomunicaciones, etcétera. Y estamos adjudicando las demás licitaciones.

Nosotros tenemos confianza que lo que le ha pasado al país en materia financiera, permita obtener para esas concesiones un financiamiento con créditos de más largo plazo y de menor costo. Lo que debe incidir para que el aporte fiscal presupuestal sea menor. Sin embargo, se requiere ese aporte fiscal presupuestal.

Entonces estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para exigirles a los concesionarios mejores condiciones de financiación, a fin de que eso nos garantice un menor aporte fiscal, pero es inevitable ese aporte fiscal en las concesiones. De lo contrario no somos capaces de sacarlas adelante.

A medida que se ha venido resolviendo el problema de Commsa, hemos también definido la estructuración del nuevo contrato: la salida de Bogotá al río Magdalena por el norte, porque por el sur hacia Ibagué está en pleno desarrollo la construcción de la obra contratada por este gobierno, que es el corredor Bogotá – Buenaventura.

Entonces a medida que hemos avanzado en la solución del problema Commsa, hemos venido avanzando en la estructuración del nuevo contrato, con la visión de la doble calzada Bogotá – Río Magdalena – Santa Marta. Inicialmente Bogotá – Río Magdalena. Eso, por mejores que sean las condiciones de acceso a la financiación para esas concesiones, nos exige esfuerzos fiscales inevitables.

El otro tema es el de política social. Yo quería presentarles a ustedes la voluntad del gobierno de seguir trabajando en el gasto público, pero teniendo en cuenta estas tres limitantes.

Recomienda la Comisión de Gasto Público entrar a vender a ISA y a Isagen, y pagar deudas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en la reestructuración administrativa del Estado, empezando por Telecom, siguiendo por Ecopetrol, etcétera. Si yo me retrotraigo, apreciados compatriotas, cinco años, y pienso en Ecopetrol, me parecería imposible que hubiéramos hecho la reforma laboral de Ecopetrol, la reforma pensional de Ecopetrol, y que el Congreso nos hubiera aprobado la ley para capitalizar a Ecopetrol.

Las condiciones políticas le hacían pensar a uno que era imposible. Todavía hace dos noches me hacía todos los reclamos el sindicato de Ecopetrol en Barrancabermeja. Parecía imposible hace cinco años poder tener unos contratos que van a superar los 2 mil millones de dólares, en asociación con el sector privado, en plena ejecución, para la modernización de la refinería aquí en Cartagena.

Hemos reformado 190 hospitales, más de 360 entidades del Estado. Ahora empezamos la reforma a fondo del Seguro Social y de sus clínicas. Ustedes iban a la clínica del Seguro Social aquí en Cartagena y era un desastre. Hoy está manejada por un concesionario y es una maravilla. A la clínica de Santa Marta Alfonso Campo, era un desastre, hoy administrada por un concesionario, que es la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Una maravilla. Pero todo eso nos cuesta, porque hay que entrar en unos procesos de liquidación. Y esos esfuerzos estamos dispuestos a hacerlos.

Y no vamos a desaprovechar uno solo de los días que nos quedan en estos tres años de gobierno para avanzar en la reforma del Estado, que hasta hoy nos ahorra un punto del PIB. Y eso es bien considerable. Y eso tiene un gasto político muy alto. Una cosa es hablar de eso en este auditorio y otra cosa es estos señores del Congreso enfrentados a algunos sindicatos y algunos sectores políticos, sacando adelante, consiguiendo unas mayorías, con bastantes dificultades, para aprobar la capitalización de Ecopetrol.

Entonces vamos al caso ISA – Isagen. Primero, ISA es una empresa que hizo esa reforma. Segundo, Isagen la está haciendo. En este momento estamos en pleno proceso de capitalización de Isagen.

Uno de los derivados de esas reformas es el buen gobierno. Recuerdo que cuando empezábamos la reforma de Telecom, el sindicato me decía: “Presidente, es que todo no fue culpa del sindicato. Nosotros proponíamos pliegos de convenciones y los gerentes nos los aceptaban. Salían del paso aceptándonos el pliego de peticiones. Y además los gobiernos nos mandaban personas a mejorar la jubilación a Telecom, o a que los vinculáramos a la nómina de Telecom, sin necesitarlos”. Razón tenía el sindicato.

¿Qué pasa cuando se hacen estas reformas y llega por ejemplo un socio estratégico, el caso de Colombia Telecomunicaciones? Una de las ganancias es buen gobierno. Hoy nadie pide un puesto para Telecom. A mí todavía me piden puestos para Ecopetrol. Yo confío que en diciembre, culminada la capitalización de Ecopetrol, nadie pedirá un puesto para Ecopetrol.

Esa reforma se logró en ISA, se está logrando en Isagen, empresas muy buenas. Hablando con el brillante ex Ministro y buen amigo, el doctor Rodrigo Botero, decía: “Bueno, pero es que en ISA podemos excluir el centro de reparto, que es estratégico”. Tiene razón.

Sin embargo, han aparecido unas preocupaciones que las quiero compartir, muy constructivamente, con ustedes. Las siguientes, en el evento de que se pueda excluir el centro de reparto, que parece que no hay problema.

Primera preocupación: ¿por cuánto vendemos la participación que nos queda en ISA, y cuánto nos cuesta el servicio de deuda de la deuda que cancelemos con ese valor? En la situación financiera del país, todo indica que es mayor la rentabilidad de ese dinero en ISA, que el costo de dedicar ese dinero a pagar una deuda. Y yo sí me detengo allí. Y en esa empresa eso es muy importante, porque esa es una empresa que ganó buen gobierno, gracias a la reforma.

Y otro tema: esa empresa tiene hoy un gran patrimonio en Brasil y un gran patrimonio en Perú, y lo que se ha advertido es que la circunstancia de que el Estado es socio muy importante, le abre a esa empresa espacio en otros países. Y que ese espacio no se le abre si la empresa queda totalmente privada.

Entonces estas razones que hemos discutido en las últimas semanas, nos llevan a ser muy cuidadosos con el tema ISA.

Con el tema Isagen; estamos en el proceso de capitalización. A mí me preocupa esto: en el país hoy hay solamente dos entidades que construyen hidroeléctricas: Empresas Públicas de Medellín e Isagen. El sector privado ha comprado hidroeléctricas, pero no ha construido la primera.

Nosotros vamos a empezar con unas subastas para ofrecer proyectos desde el mes de enero, a fin de poder atender el crecimiento de demanda de energía en los próximos años, en las cuales el Estado ofrece los pagos por cargos de capacidad. Creo que es prudente esperar, antes que tomar una nueva decisión en Isagen, qué nos va a pasar con esa subasta.

Porque uno dice: bueno, el día que necesite hacer una represa, la hace el presupuesto. Pero no es fácil, si no se tiene la institucionalidad. Y la institucionalidad de Isagen es muy importante. Y creo que la reforma que se le ha hecho ahora, también le da un gran valor.

Y quiero recordarles que estamos ahora en el proceso de venta de unas electrificadoras saneadas, y de Corelca. Y no ha sido fácil en las regiones. Por aquí no veo a los distinguidos congresistas de Santander. Aquí está Alfonso Riaño. Usted sabe la discusión en su departamento por la venta de la electrificadora, y el Gobierno ha afrontado esa discusión política de decir: la vamos a vender, quedan estas garantías para la comunidad, y vamos a dedicar ese dinero, como en Norte de Santander, en muchas partes, el de Corelca, a obras nacionales de competitividad, pero en la misma región.

Por eso le quiero pedir a la Comisión de Gasto Público reexaminar, repensar el tema de ISA e Isagen.

Ha pedido la Comisión de Gasto Público que eliminemos parafiscales, como Sena, Bienestar y Cajas de Compensación. Y que entonces se eliminen las deducciones que hemos incorporado en nuestra legislación tributaria. Si quiera incorporamos esas deducciones. Cuánto han ayudado a la inversión en Colombia.

Veamos la factibilidad política. Casi no conseguimos la aprobación de esos incentivos. Qué difícil fue en el 2003. Ya en el 2006 fue más fácil, porque el Congreso y el sector privado se habían dado cuenta de su importancia. Para lo que no hay factibilidad política es para desmontar los aportes al Sena, a las Cajas de Compensación y a Bienestar Familiar.

Entonces le dicen a uno: lo uno por lo otro. Los incentivos a las inversiones este año pueden valer un billón 400, pueden valer el año entrante. Los 9 puntos del Sena, Cajas de Compensación y Bienestar, valen 5 billones 400. Yo no creo que haya manera de que el presupuesto garantice que al desmontar esa parafiscalidad, el presupuesto se va a hacer cargo del Sena, de Bienestar y de las Cajas de Compensación.

Y además a mí me parece que si bien hay que proteger el empleo, y lo estamos haciendo en esta coyuntura con las decisiones que se han tomado, como la del CERT, en una economía abierta, buscando mercados, es muy difícil distinguir entre los incentivos a la inversión y los incentivos al empleo.

Uno en una economía cerrada puede decir: hombre, no hagan aquella carretera con maquinaria, háganla a pico y pala. En una economía cerrada puede decir: no automaticen el pago para que la gente aborde los Transmilenios, pongan personas en la puerta de los Transmilenios a cobrar. Nosotros aspiramos a que todo lo que estamos haciendo en materia de integración de nuestra economía a la economía mundial, sea para tener mejores empleos, de mejor salario, de mejor afiliación a la seguridad social. No para deprimir el empleo.

En esa perspectiva soy un convencido de que finalmente el mejor incentivo al empleo es el incentivo a la inversión. Por eso discrepo de quienes piensan que nos equivocamos incentivando la inversión, y que debíamos era incentivar el empleo eliminando los aportes al Sena, a las Cajas de Compensación y a Bienestar Familiar. Que además los hemos reformado y que creo que están cumpliendo una labor bien importante.

Pero seguiremos examinando, con la Comisión de Gasto Público, alternativas. Además del Ministro, de la Directora de Planeación, aquí está Julio Torres, el Director de Crédito Público. Yo creo que hay un gran espacio para seguir reestructurando la deuda colombiana.

¿Cuántos años llevábamos, doctora María Mercedes, sin ver el EMBI por debajo de 100? Y además, sin verlo por debajo del EMBI de Perú? Para mí esta semana fue una sorpresa muy constructiva, muy grata, ver el EMBI por debajo de 100, y verlo por debajo del Perú. Ahí tenemos un gran espacio para seguir en el tema de la reestructuración de la deuda.

La agenda legislativa. La agenda legislativa es muy buena y muy difícil. Muy difícil. Porque es un gobierno con participación política, pero sin clientelismo. Un gobierno con audiencias públicas, pero un gobierno sin auxilios parlamentarios. Un gobierno con una oposición dura. No es fácil aprobar esta agenda legislativa.

Ahí se quedaron, por ejemplo, hay que reconocerlo, ver lo que se quedó, pero mirar lo que se aprobó: no se aprobó a última hora la conciliación del proyecto de ley para legalizar los derechos patrimoniales y afiliación a la seguridad social, no de los individuos sino de las parejas homosexuales. Se tramitará a partir del 20 de julio

Personalmente he creído que ahí hay un tema muy delicado de controversia. Porque por un lado está el respeto a la individualidad de los ciudadanos, y por el otro lado la ética social. Y ahí entran factores muy delicados, como factores de conciencia, factores religiosos, etcétera. He pensado que un punto de equilibrio que evite polarizaciones de la sociedad colombiana, es decir no al matrimonio, no a la adopción, sí a los derechos patrimoniales y a los derechos de seguridad social, con una salvedad: el pensional tiene que graduarse en el tiempo, porque la carga pensional que tenemos es muy alta.

El tema de otros puntos de reforma política, dos especialmente: que los partidos que no pongan toda la atención en la confección de sus listas, cuando un congresista pierda su curul el partido la pierda. Eso nos parece de gran importancia.

Y el otro: que si una persona pierde su curul porque cometió un delito, sus familiares más cercanos no puedan en la siguiente elección concurrir a un debate. Por una vez, porque ahí entra el tema de la no extensión a las familias de las responsabilidades penales. Pero por una vez, para evitar esa herencia de votos con fuentes ilegítimas. El gobierno va a insistir en ese proyecto el 20 de julio.

Y creemos que se puede hacer un gran esfuerzo, lo vamos a pedir a los partidos de la Coalición Primero Colombia, para que en las elecciones de octubre se apliquen los criterios pensados para esa reforma política.

Y veamos lo importante. Yo creo que la agenda es de gran importancia. Mire: haber aprobado el TLC, el Plan de Desarrollo, las Transferencias, el Estatuto de Contratación, el Estatuto Agropecuario, en diciembre la Tributaria, la capitalización de Ecopetrol, etcétera, la Ley Agro Ingreso Seguro, eso no es fácil.

Y miren ustedes transferencias, piensen en la bancada que me acompaña en el Congreso. Esa oposición a las transferencias. Soportando ellos una manifestación en contra en la Plaza de Bolívar, y algunas colectividades, algunas organizaciones políticas serias, diciendo: no, hay que regresar a la Constitución del 91. Lo que era imposible. Y halagando al país con un referendo.

Sinceramente aplaudo, y los quiero aplaudir aquí, a los compañeros de la bancada, que fueron capaces de sacar adelante ese proyecto de transferencias. Y creo que el país lo tiene que valorar suficientemente.

Ahora, aumentamos las transferencias, pero no las aumentamos en la proporción de la Constitución del 91. Yo creo que nos pusimos en un buen punto de equilibrio: fomentar la descentralización y evitar arruinar a la Nación. Eso bien manejado nos debe permitir las plenas cobertura de educación, de salud, y un gran avance en saneamiento básico. Confío que así va a suceder.

Y déjenme hacer dos o tres reflexiones sobre el tema. ¿Por qué aplazamos hasta el 2017 el regreso a la fórmula de que las transferencias crezcan en la misma proporción que crecen los Ingresos Corrientes de la Nación? Mucha gente me decía: “Hombre, Presidente, usted termina en el 2010. No ponga este debate. Aprueben eso, como lo ha pedido la oposición. Qué se va a meter en este desgaste”. Dije: “No podemos seguir con la fórmula de: yo salgo aplaudido, dejo el problema, y el que viene de atrás que arree”. Nosotros tenemos ese problema pensional de inmensa gravedad, que empieza más o menos a estabilizarse en el año 2014 ó 2016. Por eso pedimos ese aplazamiento.

Y al tema pensional sumémosle ésto: ¿ustedes saben cuánto valen las pensiones de los profesores de Colombia, solamente los de primaria y bachillerato, del sector público? Valen 37 billones. Es una tercera parte del presupuesto. ¿Saben ustedes cuánto vale el aporte del Gobierno Nacional a las universidades públicas, este año? 1 billón ochocientos. ¿Cuánto puede valer el pasivo pensional de la Universidad Nacional? 4 billones. ¿Cuánto tiene que aportar el Gobierno Nacional? Entre el 92 y el 98 por ciento. O sea que lo que nos falta en ese tema es muy delicado.

Otra reflexión: afectamos la descentralización. De ninguna manera. Este país es muy descentralizado. Y quiero compartir esto con ustedes porque el debate va a seguir, y mis compañeros de bancada dicen: “Hombre Presidente, nosotros aprobar esto, y la oposición ahora dándonos madera con miras a las elecciones de octubre”. Entonces les he dicho que lo que tenemos que hacer es esto, que es muy razonable en todo el país.

República Federativa de Brasil. Federativa, como su nombre lo indica. Las regiones gastan el 30 por ciento de todo lo que gasta el Estado. En Colombia, el 51 por ciento. Eso mide la descentralización colombiana. Y ahí no incluimos estos gastos locales con el presupuesto nacional, los extraordinarios. Estamos haciendo Transmilenios en 9 ó 10 ciudades colombianas. Vienen otras 10. El Gobierno Nacional aporta el 70 (por ciento). ¿Quién ejecuta? La ciudad. Hay una gran descentralización en la ejecución.

El Gobierno Nacional aporta los subsidios de vivienda social. ¿Quién ejecuta? Los municipios y departamentos. Aporta recursos extraordinarios para acueductos y alcantarillados, ejecuta el municipio y el departamento. El Gobierno Nacional aporta este año, aprobado por el Congreso, 140 millones a cada municipio para vías municipales. ¿Quién ejecuta? El respectivo municipio. Y eso no lo estamos sumando en el 51 por ciento, porque son gastos no considerados recurrentes.

No se ha afectado la descentralización. Creo que le hicimos un ajuste oportuno a la Constitución del 91. Creo que cabe un símil con la historia. El país no soportó los excesos de centralistas de la Constitución de 1863. Apenas vivió 23 años. Tuvo que llegar el timonazo del Presidente Núñez, y para superar la tragedia centralizar férreamente al país.

Pienso que el ajuste que hemos hecho le garantiza más solidez a la Constitución del 91. Si no lo hacemos, eso le podría crear unas perturbaciones de consecuencias insospechables a la Constitución del 91.

Yo quiero agradecer a la bancada del Congreso el valor civil, en medio de tantas dificultades, de aprobar ese proyecto de transferencias.

La semana pasada venía de defenderlo a Barranquilla y me dijeron: “Hombre, Presidente, pero es que está mal. En Bogotá hay un editorial que dice que el Gobierno ha procedido con largueza. Y en Barranquilla hay un editorial que dice que el Gobierno acabó con la descentralización”. Y dije: “Está bien. Quiere decir que estamos acertados. Procedimos como Santa Teresa: la distribución equitativa de la inconformidad”.

Ahora, el proyecto es presentable y me he comprometido con el Congreso a presentarlo en todas partes. En todas partes, porque lo que no podemos permitir es que a una bancada parlamentaria que ha tenido el valor civil y patriótico de sacar este proyecto adelante, la vayan golpear ahora políticamente por malos entendidos.

Déjenme hablar del acuerdo humanitario y de la parapolítica.

Sobre el acuerdo humanitario tenemos dos restricciones. Tengo que decir no al despeje, y no a que salgan guerrilleros para que se le entreguen a las Farc para que vuelvan a asesinar y para que vuelvan a secuestrar. El país vivió despejado, y por eso se llenó de guerrillas y paramilitares.

Esta mañana estaba en el Valle del Cauca y me llamaba la gente de Florida y Pradera. Presidente, nosotros no nos podemos expresar públicamente porque nos matan, pero por favor no vaya a despejar. Eso tiene todos los inconvenientes, a los cuales no me quiero referir porque estoy siendo demasiado extenso.

Nosotros no podemos liberar unos guerrilleros para que se reintegren a las Farc a asesinar y a secuestrar. Los 150 liberados salen con el compromiso de participar en el proceso de reinserción, de no reintegrarse a esas actividades delictivas. Esa liberación unilateral del Gobierno es un mecanismo que ayuda a que cumplan esa garantía. Y lo vimos en la prueba que hicimos hace dos años, con 23 que liberamos.

La decisión la tomó unilateralmente el Gobierno. En el caso de Rodrigo Granda la solicitó el Presidente Sarkozy. Un país que está en la Corte Penal Internacional, que está buscando acceso a todos los mercados del mundo, un país que ha desmitificado la extradición, es un país que tiene que entender que otro país, que tiene una señora con doble nacionalidad, una de las nacionalidades de ese país, tiene el legítimo derecho a abogar por su liberación.

A mí me pareció que le convenía mucho al país aceptar esa petición del Presidente Sarkozy. He dado muchas razones en muchas partes, que nos les quiero repetir.

¿Qué compromiso se hizo con Rodrigo Granda? Él dijo: yo no me desmovilizó de las Farc. Se le aceptó eso. Pero se le dijo y lo aceptó de muy buena fe. Se le dijo de muy buena fe: Hombre, lo que usted no puede hacer es salir a volver a secuestrar o asesinar. Dijo: no, yo no salgo a eso. Se le pidió que fuera un gestor de paz y no clandestino. Que esté en el extranjero o en Colombia, pero no como clandestino, que esté como gestor de paz de cara a la opinión pública, a los partidos, a los medios de comunicación, etcétera.

Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Por eso quiero decirles a los colombianos que en lo que no puedo entrar como Presidente es a aceptar una petición de despeje, o que la liberación de guerrilleros sea para entregarle guerrilleros a las Farc para que sigan mutilando soldados y policías.

La parapolítica. Este es el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Hace 5 años al único que le decían paramilitar era a mí, por razones políticas. Y a los paramilitares no les decían paramilitares, por miedo. Ya se les perdió el miedo, porque están en la cárcel.

Este Gobierno, a los que han tratado de reincidir, se les ha dado de baja. Van 400. Se han capturado más de 800. Desde el día cero del Gobierno empezamos nosotros la tarea de recuperar la institucionalidad, de combatir paramilitarismo y de combatir guerrilla. Antes del proceso de paz se dio de baja a 1.700 paramilitares. Quedan unos fugitivos. Ahí los vamos capturando. Terminarán cayendo a manos de la justicia. Los que no se sometieron a la Ley y sean capturados, el Gobierno no los presenta como beneficiarios de la Ley, y tampoco se les suspenderá extradición, si hay pedido de extradición.

Hoy hay debate paramilitar y hay paz paramilitar. Cuando había esa violencia paramilitar no había debate. Había era chisme de coctel. Y había acusación política pero no había debate. Creo que el país ha ganado mucho en esa materia.

Entonces el Gobierno que ha promovido la verdad, no puede obstaculizarla. Pero tiene que dar explicaciones. Por ejemplo, en el caso de este señor que apareció en un medio de comunicación. Ese señor está clandestino en México.

Muchas personas de la Policía, del Gobierno, no habíamos oído hablar de él. Se enteró de él Luis Carlos Restrepo, el Comisionado de Paz, que le contó a la Policía sobre el señor, y por eso lo incluyeron en la lista de los 13 más perseguidos, más buscados en el 2005.

Se fue para México. Allá está clandestino. ¿De qué acusa? Acusa de que llegaron dos señores antioqueños, uno de 38 años y otro de 45, donde Salvatore Mancuso, y que él les dio una maletas de dólares para la campaña de Uribe en el 2002. Es importante mirar que la mayoría de estos delitos fueron cometidos antes de 2002, y mirar que pasó en las elecciones anteriores a este Gobierno y qué pasó en las presididas por este Gobierno, especialmente en las del año pasado. El único que puede tener queja de las elecciones del año pasado soy yo, porque nos hizo un paro político las Farc en el departamento de Nariño, con armas, impidiéndole a la gente votar por mí y ordenándole votar por otro candidato.

Es importante mirar eso. Entonces el señor dice que salieron con unas maletas de dólares para la campaña de Uribe. Quiero decirles a ustedes lo siguiente: yo personalmente he tenido todo el cuidado en las dos campañas presidenciales, manejadas escrupulosamente por Fabio Echeverri Correa, con la Lista Clinton, con la publicación de los donantes, con todos los requisitos. Y en las anteriores, la campaña a la Gobernación y en las tres campañas al Congreso de la República.

La campaña a la Gobernación tenía dos gerentes: Luis Esteban Echavarría y Guillermo Gómez del Barco. Y faltando unos días para la elección me dijeron: “Hombre, Álvaro, hay un cheque de 30 millones”. Era mucho, en una campaña de 150 – 200 millones. Era 1994. Dijeron: “Venimos a hacerle una consulta”. Les dije: “¿Hay pruebas de que es de origen ilegítimo?”. Me dijeron: “No hay pruebas, pero hay dudas”. Dije: “En la duda abstente, decía Santo Tomás”. Dije: “Devuélvanlo. Eso sí, yo prefiero perder la Gobernación de Antioquia que ganarla con dineros ilegítimos, pero no lo devuelvan sino el sábado por la noche, antes de elecciones, porque si lo devuelven ya corro el riesgo de que se lo entreguen a un contrincante y me gane la Gobernación”. Se hizo con toda la firmeza.

Sin obstruir la verdad, les tengo que contar esto a los colombianos en todo foro, porque a mí me cogen en errores, pero no en crímenes. Quiero repetir a ustedes que aquí por falta de Estado, porque no se le ha querido hacer el juicio al Estado y se cree que el juicio al Estado es una provocación pendenciera a los Gobiernos anteriores, por falta de Estado aquí pasaron cosas muy graves.

En una época filaron a mucha clase política a sangre y fuego entre el narcotráfico. Allá no estuve yo. O la filaron ante la guerrilla. En muchas regiones había que pedirles permiso a las Farc, al Eln, al Epl para hacer política. Allá no estuve yo. He combatido esos bandidos toda la vida y por eso llevo 17 atentados de ellos.

Y he sido muy cuidadoso en no vulnerar mi política de Seguridad Democrática. No he tenido en mi vida una sola reunión con paramilitares. Y me he comprometido contundentemente con el país en eso. Por eso el año pasado en Semana Santa, cuando salieron unas acusaciones contra el Director del DAS, dije: faltan 45 días para la elección presidencial, quien tenga una queja, una evidencia de participación mía en delitos, de complicidad mía con paramilitares, que levante la mano y acuda. Hay 22 mil paramilitares desmovilizados.

Y dice este señor que él no sabe si eso entró a la campaña o no, pero deja la duda. Y dice que en la campaña de Córdoba hubo dos millones de dólares aportados por Mancuso para mi campaña. En los departamentos eso se manejó con el mismo rigor que a nivel nacional, y se manejaba desde la oficina central de Bogotá por el doctor Fabio Echeverri. Dos millones de dólares en Córdoba, quién sabe qué habría pasado con el resultado electoral. Y no son ocultables. Es más fácil ocultar en un tarrito una culebra de resorte que ocultar dos millones de dólares en esa campaña.

Si me han acusado con tanta calumnia, ¿qué tal que les hubiera dado la oportunidad de haber financiado la campaña con dos millones de dólares de paramilitares en el departamento de Córdoba? ¡Qué hubiera sido eso, por Dios!

Entonces me dice una periodista: nosotros sabemos que usted perdió por 80, 100 mil votos en Córdoba, pero dice el señor ese que le dio las declaraciones desde México a un medio, que lo que pasa es que, para que no se notara eso, se llevaron los votos para Antioquia. Dije: ¡muy fácil, trastear 80, 100 mil votos en un mes, de un departamento a otro! Y para acabar de ajustar en las dos únicas zonas en donde yo perdí en 2002, eran en las zonas paramilitares de Antioquia limítrofes de Córdoba: en el Bajo Cauca y en el Urabá.

Entonces el Gobierno que lo que ha hecho es promover la verdad, no puede obstruirla, pero sí tiene que salir a comprometerse con el país, también a contribuir con la verdad.

Y viene el otro tema, el del video. Creo que hoy, entre la primera reunión de Cali por la mañana, después la reunión en El Cerrito y ahora el Banco de Oportunidades en El Pozón, les he dado la mano a 500 ó 600 colombianos.

Antenoche saludé a no menos de 300 personas en Barranca, y encontré dos líderes populares que me han acompañado mucho: John Jairo y Raúl Rubio. Y se acercó John Jairo y le dije: “Cuidado, John, si estas de paramilitar no me vas a dar la mano, porque todos los actos políticos y públicos míos los filman y nos metemos en otro lío”.

Les pregunté qué fue lo que pasó con el video. Me dijeron: no, de aquí salimos a acompañarlo a usted a una manifestación de Puerto Berrío, íbamos líderes populares, y ahora ha aparecido que uno de los que iba como líder popular de Barranca, una persona común y corriente, que es paramilitar. Asumo ante el país todo lo que haya que explicar en esta materia en la certeza: no he tenido una reunión, un gesto de complicidad con el paramilitarismo, como tampoco lo tuve con esos bandidos de la guerrilla y como no fui a hacerle fila al narcotráfico en mi carrera política.

Y viene otro tema. El tema de los sindicatos y los Estados Unidos. En la discusión del TLC obran hoy muchos aspectos. Obra la política interna de los Estados Unidos.

El tema de los sindicatos: aquí asesinaban 256 sindicalistas, antes de llegar nosotros al Gobierno. Hubo años de asesinar, entre sindicalistas y maestros, 256. Desde la hora cero del Gobierno empezamos a protegerlos eficazmente. Hoy hay seis mil en protección individual, de ellos 1.500 sindicalistas. Eso nos vale este año 76 mil millones del presupuesto. Nosotros logramos bajar esa tendencia. Lo ideal sería decirle al mundo: hay cero asesinatos de sindicalistas de maestros.

¿Qué pasó en el año 2005? Ya habíamos bajado de 256 a 25, en el 2006 se recrudeció, regresó a 60, ¿por qué? Porque a la pelea guerrilla-paramilitares, se sumó el enfrentamiento Farc-Eln. Entonces los señores de las Farc llegaban a un hospital de Arauca: “ah, este sindicalista es del Eln, mátenlo”. Los señores del Eln a un municipio: “ah, este trabajador oficial es de las Farc, asesínenlo”.

¿Este año qué nos ha pasado? Este año nos han asesinado en varias localidades rurales de Colombia nueve profesores y han muerto asesinados tres sindicalistas.

Uno del Inpec, que la justicia ha dicho que no hay razones relacionadas con su actividad sindical. El tres de mayo, el segundo, allí en Sucre, estaba armado en un grupo de las Farc, y el Ejército lo dio de baja. Dije: ¿está el registro del CTI? Sí está. Díganle a la comunidad internacional. Hasta hoy nadie ha desvirtuado esa hipótesis. Al tercero lo asesinó un sicario en Valledupar, el sábado por la noche. No líder sindical, pero afiliado a una entidad.

Entre sindicalistas y maestros son millón 200 en Colombia. En este país hace cinco años asesinaban 68 ciudadanos al año por cada 100 mil habitantes, el año pasado 36, la tasa sigue siendo muy alta. También el mundo tiene que mirar: en Colombia hemos tenido unas tasas de asesinato generales inmensamente superiores a las que se dan contra estos grupos.

Y el Presidente Clinton hoy hace dos semanas en Nueva York decía: ¿por qué no miran de dónde viene Colombia? No le tomen la foto de hoy, miren de dónde viene, que ha hecho un gran progreso.

Es que no nos podemos olvidar que en este país asesinaban 15 periodistas al año y este año no han asesinado uno solo. Y bien importante: la prensa en las regiones, que era muy intimidada por guerrilla y paramilitares, está hoy mucho más libre.

Hace cinco años Barranca era un infierno, no está en el paraíso, la última visita se la hice antenoche y con personas muy críticas de mi Gobierno, como el padre De Roux. Y todo el mundo reconoce el mejoramiento de Barranca, los mismos periodistas hoy se sienten mucho más libres.

Vamos a hacer todos los esfuerzos que adicionalmente tengamos que hacer. ¿Qué ha pasado en impunidad? Porque es la otra queja. Sí, ha habido impunidad, pero hemos progresado y vamos progresando.

En un país que, de acuerdo con los hallazgos de las últimas fosas, no tuvo 28 mil, 30 mil asesinatos por año, sino 35 mil, antes de empezar este Gobierno, un país con 43 millones de habitantes, no tiene manera de derrotar la impunidad con esa tasa de asesinatos. Y el primer camino contra la impunidad es la seguridad democrática, frenar a los asesinos.

En materia de justicia, se incorporó el Sistema penal Acusatorio, la oralidad, se ajustaron los códigos. Solamente el año pasado costó 70 millones de dólares financiar el Sistema Penal Acusatorio. En el Plan de Desarrollo, en seis meses, que se acaban de aprobar de justicia, que refuerza mucho la justicia en Colombia.

Y no vamos en vano. En los últimos meses ya se han producido las primeras 37 sentencias, que condenan a 59 personas por participación en asesinatos de sindicalistas. Creo que ese es un gran avance.

Miren: Colombia estuvo 22 años en la lista negra de la OIT. Solamente ha sido excluida el año pasado y este año. Esa es una gran ganancia, una gran ganancia para el país.

Y se pregunta uno: ¿quién ha matado los sindicalistas? Porque vienen las acusaciones a la empresa privada colombiana. Esto lo he dicho en todas partes. Uno tiene que mantener el mismo discurso aquí que con los sindicatos, que con la oposición, que con los Estados Unidos, que en Caracas: si la justicia internacional o colombiana condena una empresa por asesinato de sindicalistas, el Gobierno está al lado de la justicia. Hecha esa salvedad, digo lo siguiente: como observador de la vida colombiana, afirmo que no han sido los empresarios los que han matado a los sindicalistas ni los trabajadores los que han secuestrado a los empresarios.

Aquí ha habido un fenómeno de violencia causada por la desidia estatal de muchas décadas. Las guerrillas marxistas de los años 60, yo lo viví en los años 70 en la universidad pública, nos trajeron el odio de clases como instrumento de dialéctica política, la dictadura del proletariado como ideal de Estado. Y cuidado, que eso lo disfrazan de muchas maneras. Por eso el debate político colombiano tiene que tener en cuenta no vulnerar valores como la confianza inversionista y la seguridad democrática.

¿Qué nos trajeron esas guerrillas? La combinación de todas las formas de lucha: asesinaban y penetraban el movimiento sindical, secuestraban y penetraban la política y el periodismo. Y los paramilitares hicieron lo mismo. Entonces llegaron los paramilitares a asesinar a sindicalistas, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, y la guerrilla a asesinar a sindicalistas, acusándolos de ser colaboradores de los paramilitares.

Pienso que el proceso de recuperación institucional del país nos tiene que llevar a superar esa tragedia, pero hay que decirle claramente al mundo qué es lo que aquí ha pasado.

El Presidente Clinton, bien informado, decía: “Es que el 30 por ciento de los colombianos hace cuatro años estaban presionados directamente por guerrilla o paramilitares”.

Aquí había 400 alcaldes que no podían despachar en sus municipios, presionados por guerrilla o paramilitares, y hoy están todos, independientemente del origen político de su elección.

Creo que el país ha ganado mucho en el proceso de recuperación institucional. Y eso no lo podemos poner a riesgo, apreciados compatriotas. Hoy hay más debate, pero hay más seguridad. Hoy hay más crítica, pero hay menos bombas. Y ese caminito no lo podemos perder.

A mí me parece que el Congreso procedió con sabiduría. Yo veo dos escenarios: ¿qué tal que hoy estuviéramos en un debate de Constituyente, nuevas elecciones, clausura del Congreso. Siempre es mejor el que logramos. Que se asignen responsabilidades individuales, pero que se consolide la institución

Qué bueno, en medio de tantas dificultades, haber logrado la aprobación de la agenda legislativa de diciembre, la aprobación de la agenda legislativa de ahora. Qué bueno para la solidez institucional.

Yo creo que el país solicita solidez institucional. Por eso el Gobierno no le hace caso a convocatorias de asamblea constituyente, de nuevas elecciones, de clausura del Congreso. Transparencia y solidez institucional.

Les agradezco mucho, me perdonan lo extenso, pero son temitas muy importantes de esta Patria, que con amor la sacamos adelante”.