“HAY
QUE DECIR LA VERDAD, ES LO QUE MANDA LA LEY”: URIBE
Mayo 12 de 2007 (Caucasia
- Antioquia)
“Estamos en un momento muy importante de la Ley de
Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores,
esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables
de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto,
bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida.
Primera diferencia con procesos anteriores, primer limitante
para procesos futuros.
En la misma dirección, no permite que los responsables
de delitos atroces sean elegidos al Congreso de la República.
Tercera diferencia, exige la verdad.
Fueron las guerrillas marxistas -yo las conocí en
la universidad pública- las que le enseñaron
a este país a combinar las formas de lucha. Estábamos
en la Universidad de Antioquia y ellos combinaban las formas
de lucha. Hacían violencia guerrillera y penetraban
la política, penetraban el movimiento sindical, penetraban
el movimiento estudiantil.
Lo que pasa es que esas verdades nunca se supieron. En cambio
la ley ahora exige que se conozca la verdad de los paramilitares.
Los paramilitares aprendieron lo mismo, y por eso las revelaciones
de ahora.
¿Qué país encontramos nosotros?, y
ustedes que lo han vivido díganme. Estas regiones,
lo que no estaba controlado por guerrilla estaba controlado
por paramilitares. Y el gran ausente era el Estado.
Yo creo que sin que estemos en el paraíso, hemos
mejorado.
Hoy hay un gran debate paramilitar en Colombia, pero hay
paz paramilitar. El debate no se hizo cuando había
violencia paramilitar.
Al único que le decían paramilitar aquí,
por hacerle oposición política, era a mí en
la elección presidencial de 2002. Pero a quienes eran
paramilitares a esos no les decían, frente a esos
se morían de miedo.
¿Y cuál es el resultado? De los 40 - 43 mil
desmovilizados hay más de 30 mil paramilitares y 10
mil guerrilleros. De eso no se ha hablado, Colombia nunca
había tenido una desmovilización guerrillera
tan grande. Es que el M-19 desmovilizó 270 guerrilleros,
perdón, en total 900 personas. El EPL no pasó de
dos mil, y sigamos. En este Gobierno 10 mil guerrilleros,
esa desmovilización no tiene antecedentes en Colombia.
Y ahora vamos a hacer otra cosita que yo empecé a
anunciarle al país ayer: con la guerrilla que está en
las cárceles, a ver si esos bandidos que hay en el
monte son capaces de tener un gesto de gallardía con
este país y soltar a los secuestrados, y me la voy
a jugar con eso. Estoy esperando la ayuda jurídica
del Procurador.
Es muy importante saber de dónde venimos y dónde
estamos. Sé que los jueces de la República,
los fiscales en cada caso, tendrán que ver en qué condiciones
se dieron esos delitos, y tendrán que ver quiénes
colombianos, fueron a reunirse con paramilitares, por lo
que se llama coacción insuperable o en busca de alguna
gestión humanitaria o con ánimo de delinquir.
Esta semana me visitó la Confederación de
Alcaldes, y me decía: “Presidente, es que en
los municipios nuestros -decía la Confederación
de Alcaldes- muchos años teníamos que ir a
pedirle permiso para hacer política a las Farc, al
ELN, al EPL, y después a los paramilitares”. ¿Quién
protegió esos alcaldes?
Por eso yo he dicho, ahí hay una responsabilidad
muy grande del Estado. Unas regiones con una ciudadanía
muy vulnerable. Un día esa ciudadanía sometida
por unos grupos, y al siguiente por otros, y el Estado no
los protegía. Yo confío que todo eso lo miren
las autoridades judiciales.
Apreciados amigos de los medios de comunicación,
tengan en cuenta esto que voy a decir: hace unos pocos días
fui visitado por dos miembros de la Comisión Nacional
de Conciliación. A la misma reunión acudió el
presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Tunja,
monseñor Luis Augusto Castro.
No él, sino los dos miembros de la Comisión
de Conciliación, me dijeron lo siguiente: que me habían
pedido cita para transmitirme una propuesta que enviaban
desde la cárcel de Itagüi, algunos paramilitares.
¿Qué propuesta me llevaron?, la siguiente
-y quiero hacerla pública desde Caucasia para todo
el país- que se dividiera la verdad en dos. Que ante
los fiscales solamente se diera la verdad sobre los crímenes
cometidos, pero que ante los fiscales no se dijera la verdad
sobre personas involucradas, que porque hay personas de la
política, de las empresas, de las Fuerzas Militares,
del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante
para la Nación.
Y que en lugar de hacer esa confesión ante los fiscales
y ante la justicia, ellos la harían ante la Iglesia,
para que la Iglesia la mantuviera en secreto, equis número
de años.
Mi respuesta de inmediato, fue la siguiente: no lo puedo
aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar,
entré a hacer esta explicación: veamos el tema
desde el punto de vista jurídico y desde el punto
de vista de la legitimidad del Estado.
Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia
y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces
cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme
como Presidente de la República. Jurídicamente
no lo puedo aceptar.
Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión,
hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible
desde el punto de vista jurídico, yo pediría
que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la
República, no se le diga a nadie en secreto, sino
que se le diga a los jueces y a la opinión pública,
pública y abiertamente, porque este Estado necesita
legitimidad.
Quiero hacer este comentario: hay cinco suspensiones de
extradición, una de Carlos Castaño, todo indica
que fue asesinado. Quedarían las otras cuatro: una
del señor Salvatore Mancuso, otra del señor
Murillo Bejarano, a quien se conoce con el nombre de Don
Berna, y otros dos casos.
En la comunidad internacional algunos dicen, ¿y por
qué no los extraditan? Creo que con lo firmado ayer
ya llevamos 563 extradiciones, eso no tiene paralelo, no
hay país del mundo que lo pueda decir.
¿Por qué tenemos estas cuatro extradiciones
suspendidas? Porque ellos han cooperado con la desmovilización
de más de 30 mil integrantes de estos grupos, mal
llamados paramilitares.
Esas extradiciones están suspendidas bajo estrictas
condiciones de que no vuelvan a delinquir.
Si se llegare a probar que han reincidido en el delito,
automáticamente se levanta la suspensión de
extradición y son extraditados.
Recuerdo esto, para decir, los señores que están
en el proceso de desmovilización en la cárcel
de Itagüí, que hoy son sujetos de una extradición
y beneficiarios de la suspensión de extradición,
pueden saber lo siguiente: el Gobierno no maneja la extradición
con criterio político, la maneja con criterio de conveniencia
para el país -por eso las suspendió- y con
criterio rigurosamente jurídico.
¿Qué me han dicho? Es que el Gobierno utiliza
la extradición para presionarlos, para que no digan
la verdad. No, de ninguna manera, de ninguna manera.
Lo único que hace que el Gobierno levante la suspensión
de las extradiciones y los envíe al país que
los ha requerido, es que ellos incumplan con las condiciones
rigurosas que están contenidas en las resoluciones
de suspensión de la extradición.
¿Qué repito hoy desde Caucasia? Hay que decir
la verdad, es lo que manda la Ley, serena, tranquilamente,
y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.
La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente:
a producir un efecto jurídico y a producir un efecto
sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto
jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga
una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico
de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente
en el camino de la reconciliación.
Ahora, es muy importante tener en cuenta esto frente al
ELN, y frente a las FARC, porque lo que no se puede es dar
tratamiento diferente.
Miren, muchos de los críticos de la Ley de Justicia
y Paz dicen: “es que el Gobierno es muy blando con
los paramilitares”. Y cuando uno dice que hay que aplicarle
la misma Ley a la guerrilla, responden: “ah no, a la
guerrilla, no”.
Porque en este hay que ser equilibrado, uno no puede hoy
distinguir entre atrocidades de unos y atrocidades de otros.
Cometen iguales atrocidades, entonces la Ley hay que aplicarla
por igual a unos y otros.
Quería contarle esto al país desde Caucasia”. |