Bogotá, 28 oct (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante el V Foro Iberoamericano, donde anunció que el Gobierno acepta reunirse con las Farc en una embajada en Bogotá o en la sede de la Nunciatura Apostólica y siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

Primero, la liberación, por parte del Gobierno de un grupo de guerrilleros presos que no estén implicados en delitos atroces y se comprometan a no regresar a la guerrilla. Y segundo, que la guerrilla haga un gesto de liberar algunos de los secuestrados que mantiene en su poder.

Cumplidas esas condiciones, se da un tercer paso, la reunión de voceros del Gobierno y las FARC en una embajada o en la Nunciatura en Bogotá, durante cinco días para perfeccionar el acuerdo.

A continuación, la transcripción del discurso:

“Estamos inmensamente agradecidos los colombianos, de tenerlos a ustedes en Cartagena, convocados por los temas que acaban de referirnos cuya importancia apreciamos plenamente.

Un motivo inmenso de gratitud. Lo que no podemos muchos lo han podido ustedes. Hace mucho tiempo, el maestro Gabriel García Márquez, no pisaba esta tierra. Nos dan una inmensa razón de regocijo a los colombianos de haberlo traído hoy, mantengan este foro en Colombia a ver si lo mantenemos a él aquí, porque lo necesitamos.

Ustedes llegan a un país sorprendente, el presidente Belisario y yo somos de una tierra de este país en donde exageramos algo, pero yo voy a procurar ser un poquito menos subjetivo; un país sorprendente, con la violencia que ha tenido Colombia, este país debería vivir amargado y es un país espontáneo, inmensamente alegre. Aquí tenemos, ahora hablaba con el señor Ministro de Justicia de España, allá hay 1848 presos colombianos por narcotráfico, pero hoy el Gobierno español, acaba de tomar la decisión de legalizar la estadía en España de alrededor de 200 mil colombianos, convencidos de este pueblo colombiano, este grupo emigrante tan importante, representa la mayor laboriosidad del mundo, la mayor transparencia.

Ese problema del narcotráfico no ha dejado ver al mundo inmensas, inmensas condiciones positivas del pueblo colombiano como las que hoy ha reconocido el Gobierno Español con esa legalización de un grupo tan importante de colombianos que vive en España.

Que se encuentra en un país con inmensas dificultades, pero con inmenso optimismo. Un país con muchas carencias, aquí a dos kilómetros de este hotel, tenemos unos problemas de miseria inmensos, acumulados en los últimos años por el desplazamiento generado por la violencia, empezando con mucho esfuerzo unas obras para reivindicar estos sectores y unos resultados que tardarán por verse.

Encontramos dificultades en todos los ordenes: Inequidad, desempleo, déficit, pero un país con inmensas posibilidades, con toda la voluntad de salir adelante y lo que más falta, es lo que queremos construir, gobernabilidad no del Gobierno, sino de las instituciones del Estado, que es sinónimo de confianza de todos los ciudadanos en las instituciones estatales y en el conjunto comunitario.

Para avanzar en esa dirección, nos hemos propuesto trabajar en tres grandes ejes: La Seguridad Democrática, la transparencia y uno tercero, la reactivación económica y la cohesión social.

¿Por qué nuestra Seguridad la hemos calificado como democrática? Por razones históricas y de acepción en el momento.

Razones históricas. América Latina, recuerda todavía, ingratamente, procesos de seguridad como aquellos que se dieron en nombre de la seguridad nacional, donde se utilizaba la seguridad para perseguir al disidente, para suprimir las libertades, para consolidar dictaduras.

El proceso de seguridad colombiano, es un proceso que marca la diferencia con lo que es un recorrido de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina. ¿Y la excepción democrática ¿por qué? relacionado con lo primero, porque estamos construyendo una seguridad para todos, una seguridad, para el más convencido defensor de las tesis de Gobierno y el más radical opositor a las tesis de Gobierno.

Seguridad para el líder empresarial y seguridad para el líder sindical, seguridad para el campesino, seguridad para el empresario agrícola.

Esa Seguridad Democrática busca que todo el mundo, independientemente de su manera de pensar, sienta un motivo para reasumir su postura en el colectivo nacional. En la medida que haya confianza iremos consolidando el colectivo nacional.

Esa Seguridad Democrática busca, que las fuerzas institucionales del Estado, procedan como fuerzas de la constitución y del pueblo, no como el Ejército del Presidente, del Gobierno de turno, que todos los colombianos sientan en esas fuerzas institucionales la totalidad de la protección.

Esa Seguridad Democrática necesita sostenibilidad y la sostenibilidad depende en un estado de opinión, de la eficacia y de la transparencia.

Nuestras fuerzas institucionales tienen el reto de ser tan eficaces, como tan transparentes. Un reto grande, porque la diferencia con otros procesos que se dieron en América Latina, es que aquí tenemos una criminalidad inmensamente rica. Las guerrillas que hubo en otros países de América Latina fueron de guerrillas de limosna, sobrevivieron mientras tuvieron apoyo financiero internacional. El siete de agosto del año 2002, Colombia tenía aproximadamente 50 mil terroristas, con 146 mil hectáreas de droga a su disposición. Esa combinación del poderío criminal y de semejante financiación, dificulta mucho la tarea, pero más grande el reto.

Nosotros estamos convencidos que en la medida que logremos esa combinación de eficacia y de transparencia, se consolida el apoyo y la convicción de los colombianos al sendero de la Seguridad Democrática y hay una razón drástica para nuestro compromiso con los Derechos Humanos, cuando se logra superar al terrorismo con violación de Derechos Humanos, se afecta muchísimo, se alarga muchísimo el proceso de reconciliación. Al contrario, cuando se logra superar el terrorismo, con total respeto a los Derechos Humanos, se facilita el proceso de reconciliación de todos los ciudadanos.

¿Por qué hemos definido estos grupos como grupos terroristas? Por muchas razones. Las insurgencias de América Latina, generalmente enfrentaron dictaduras que le dieron alguna justificación a sus causas y enarbolaron banderas de justicia social. En nuestro caso hemos venido profundizando la democracia, pasando de una democracia retórica a una democracia más real y más eficaz y el proceso de crecimiento de la violencia, lo que ha hecho es afectar el tejido social de la Nación.

Las elecciones regionales de 2003, hace un año, demostraron porque denominamos este proceso de seguridad un proceso democrático. Esas elecciones regionales, le dieron plenas garantías a candidatos provenientes de partidos de oposición, de partidos alternativos a los tradicionales, de partidos provenientes de antiguas guerrillas, aquí generalmente nos dejaban avanzar hasta cierto punto y cuando los veían en posibilidades de ganar los mataban.

La Seguridad Democrática ha dado protecciones y eficacia. Hemos pasado de la protección retórica a la protección efectiva.

Queremos un país seguro, sin exclusiones, pero sin modelos políticos de odio, pluralista, en debate permanente, pero debate con posibilidades de reconciliación. Los modelos políticos de exclusión o los modelos políticos de odio, producen el mismo resultado, generan unos antagonismos insuperables que impiden la creación de opciones de síntesis.

Nosotros no queremos ni la exclusión ni el modelo político de odio. Nuestro compromiso es con el pluralismo, pero en la senda de la fraternidad para buscar siempre, en cada contradicción, una síntesis que le ayude a la Nación.

Hemos hecho un gran esfuerzo para avanzar en todos los indicadores. Por ejemplo, no les voy a contar tanto en cifras relativas como absolutas, para ver la dimensión del problema. En el año 2002, en Colombia fueron asesinadas 28 mil 837 personas. En el Gobierno nos pusimos contentos porque en el año 2003 redujimos en un 20 por ciento, pero fueron asesinados 22 mil 900.

Esta noche compartí unas cifras con el señor Ministro de Justicia de España. Frente a los 28 mil 800 asesinatos del 2002, este año vamos por 16 mil 500. No veo un descenso importante, pero todavía una cifra absoluta inmensa. Él se horrorizaba al ver esta cifra.

La tarea tiene que ser una tarea de mucha perseverancia, de alimentar la voluntad de las instituciones y el apoyo del pueblo colombiano con estas metas parciales, pero con la convicción de que las cifras son no oponibles al derecho a la vida. El esfuerzo tiene que ser hasta erradicar totalmente el asesinato de Colombia.

En materia de secuestro. En el año 2002 hubo 2986 secuestros, en el año 2003 tuvimos un 27 por ciento menos, a esta fecha en el 2003, llevábamos 1280 secuestros extorsivos, este año llevamos 542, un 58 por ciento menos, pero necesitamos no solamente demostrar voluntad de derrotar el secuestro sino resultados mucho más contundentes, muy superiores.

Nos hemos preocupado inmensamente por escoger unos indicadores que acrediten nuestra voluntad democrática. Por ejemplo: la protección de sindicalistas. Hemos pasado de 184 que asesinaban por año, el año pasado 54, este año, a 30 de septiembre habían asesinado 28, no todos por razones sindicalistas. Uno quisiera poderle decir al mundo y a un foro tan importante como el que ustedes integran, cero asesinatos de sindicalistas. No hemos podido lograr esa meta, pero estamos empeñados en que tengan protección total y lo más importante: hemos avanzado muchísimo en la lucha contra la impunidad.
No solamente hay resultados en el descenso de estos asesinatos, sino en el esclarecimiento de casos y en el apresamiento de los asesinos.

El Magisterio: otro sector de gran importancia para la lucha democrática. Estaban asesinando 80 maestros. Este año hay 24, la meta también es llegar a cero maestros asesinados.

Los periodistas: en Colombia luchamos durante un siglo, por la libertad de prensa reconocida por el Estado y la habíamos perdido a manos de los terroristas. Todavía este año nos han asesinado 3 periodistas, el objetivo es cero.

Una de las aspiraciones de este gobierno es poder derrotar el terrorismo, sin afectar una sola de las libertades públicas. Que los medios de comunicación puedan ver un gobierno con toda la voluntad y toda la iniciativa, toda la agresividad para derrotar el terrorismo, pero todo el respeto a las libertades públicas.

El segundo elemento para recuperar esa confianza, base fundamental de la gobernabilidad, es la transparencia. Hemos hecho esfuerzos importantes: legales, de concertación, con comunidades, con sector público de todos los niveles, etcétera. Todavía insuficientes.

No hemos logrado mejorar la percepción de transparencia, sustancialmente. Hay tenemos un atrasado en resultados, pero toda la voluntad para conseguirlos.

Por ejemplo, hoy, antes de vender formalmente los pliegos de una licitación en Colombia, hay una etapa de prepliego, y se publica ampliamente para que la comunidad pueda discutir ese prepliego. Se exige la instancia de discusión comunitaria antes de la publicación definitiva.

Se ha exigido que los contratos públicos se discutan y se adjudiquen en audiencia pública. Hace pocos días se televisó una audiencia, de un contrato de 400 millones de dólares. La construcción de la doble calzada Bogotá – Girardot. Un bello debate que en la última etapa tuvo seis horas a través de la televisión.

Hemos procurado que todo contrato del Estado tenga veeduría comunitaria. Estamos modificando las leyes en esa dirección. Yo creo más en el control comunitario, en el control de opinión, que es el elemento diferencial del Estado de Derecho en nuestra época, que en los mismos controles jurisdiccionales, para efecto de derrotar la corrupción. Y nos hemos propuesto incorporar un factor de conciencia, un factor de comportamiento.

La tarea que emprendimos hace dos semanas, y que la sostendremos 12 meses intensamente, es pedir a todos los funcionarios públicos y a los líderes del sector privado, que demos ejemplo en materia de erradicación de la corrupción. De lo contrario, nada servirá.

Hoy ustedes pueden ver en Internet todos los contratos del Estado, los gastos, las compras de la Presidencia de la República. Todos esos esfuerzos facilitan el control de opinión. Pero si a eso no le sumamos una férrea voluntad de dar ejemplo, los resultados de lo hecho serán nulatorios.

El otro tema es el de la reactivación económica y la reactivación social.

Para la reactivación económica nos hemos propuesto estabilidad macroeconómica, estabilidad en las reglas de juego.

La estabilidad macroeconómica exige mejorar los indicadores. El endeudamiento colombiano se subió en un lapso de 10 años del 24 por ciento del PIB al 54. El déficit del uno y medio al 5 por ciento, nosotros lo encontramos en el 4,2. De cada 100 dólares de presupuesto, el servicio de deuda estaba demandando 40. Entre el año 1994 y el año 2000, el desempleo de jefes de hogar pasó del 4 por ciento al 10 por ciento, y el desempleo general del 7 y medio a casi el 20 por ciento.

Se había caído la inversión privada. Ahí hay un paréntesis para decir que el problema de la inequidad en Colombia no es un problema de empresa privada, sino de falta de empresa privada. Ustedes salen a las calles de Cartagena, le preguntan a alguien que trabaja en un hotel de estos por su salario, sus prestaciones, su seguridad social, ahí hay un empleo calificado, digno, respetable. Le hacen la misma indagación a alguien que vende en la calle, y lo encuentran sin prestaciones, sin un ingreso igual al mínimo legal, lo encuentran sin seguridad social. La desaceleración de la economía colombiana, en décadas, en parte a consecuencia de la violencia, produjo una desaceleración traumática de la inversión privada, y eso llevó a que la opción que encontrara nuestro pueblo fuera la opción de una informalidad equivalente a miseria.

Hemos hecho varios esfuerzos y hemos aumentado tributos, pero también estamos expandiendo base. Nos hace falta avanzar muchísimo más. En este momento libramos una batalla teórica y política. Colombia ha aumentado la tasa de renta, ha creado el impuesto al patrimonio, hemos llegado a unos niveles donde no podemos afectar más a los contribuyentes tradicionales. Simultáneamente, hemos introducido unos estímulos vinculados al crecimiento de la inversión. Para citarles uno de ellos: en diciembre del año pasado aprobamos una deducción del 30 por ciento a las inversiones generadoras de renta. La tesis ha sido, impuestos altos para quienes no quieran crecer, estímulos para quienes quieran crecer. Yo no creo en la tesis de devolverle plata a los contribuyentes ricos. Las experiencias que ha tenido el mundo en muchos países, en períodos recientes, demuestran que eso no garantiza crecimiento de la inversión. Pero los estímulos bien orientados, condicionados, sí garantizan crecimiento de la inversión. Estamos jugando a esto.

Hemos hecho una profunda reforma en el Estado, que empieza con ejemplos. La Presidencia de la República tiene una disminución de gastos del 30 por ciento. Hemos reformado 142 empresas del Estado. Con dos que se están liquidando hoy, liquidamos 38. Nuestra idea es, desburocratizar y desclientelizar el Estado, para que el Estado pueda invertir más en el tema social, en todo lo que se requiere para la productividad, para la competitividad. Pero hemos puesto el buen cuidado, en función de la cohesión social y política, de no mantenernos en una ola privatizadora a ultranza, que tanto daño ha hecho en América Latina. Por ejemplo, la empresa de teléfonos del Estado estaba perdiendo 170 millones de dólares al año, la recomendación era privatizar. Dijimos ¿para qué? El sector privado tiene suficiente espacio para participar en comunicaciones en Colombia. Preservémosla a favor de las comunidades remotas. Preservémosla para defender al país de los fracasos del mercado. La reformamos profundamente, con mucha dificultad política. Este año se gana más de 300 millones de dólares.

Hemos buscado que en lugar de la privatización a ultranza, se imponga la sostenibilidad del Estado, la eficiencia del Estado y el compromiso del Estado, no con elites sindicales, con elites burocráticas, con elites politiqueras, sino con la comunidad. Nos falta muchísimo.

Hoy hemos dado el paso en las empresas estatales de televisión. No vamos a eliminar la televisión pública, la vamos a fortalecer. ¿Cuál es la paradoja? Que uno no la puede fortalecer, cuando los entes que la manejan son entes burocratizados y derrochadores de dinero y destructores de valor. Vamos a tener un ente a semejanza de la empresa de teléfonos, eficiente, con prudencia en las cargas laborales, con mucha en la mayoría de las labores, mercerizadas, dándole espacio a cooperativas y asociaciones de antiguos trabajadores para que participen allí, para garantizar su sostenibilidad, su competitividad.

Por supuesto esta reforma al Estado, para ver sus resultados, hay que desagregar el Estado, porque hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo en materia de seguridad, que ha sido muy costoso. Un país devorado por guerrillas y por paramilitares tiene que escoger el camino institucional. Y eso cuesta.

Tenemos áreas de inmensos desafíos para continuar esa reforma del Estado. Por ejemplo en la red pública hospitalaria. En las clínicas del Seguro Social, donde apenas estamos empezando a intervenir.

Hemos podido salvar 141 hospitales del Estado. Pero ahora tenemos que hacer una gran inversión de salvamento en 147 hospitales del Estado. Está programado hacerlo entre este mes de octubre y marzo del año entrante.

Así y todo, cuando terminemos esta etapa todavía nos quedará faltando el 55 por ciento de la red pública estatal para reformarla en dirección a su sostenibilidad. Se ha hecho una tarea, pero la tarea que falta es inmensa.

En ese tema de la reactivación económica hay puntos muy importantes, como el de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Creo que es fundamental en las comunidades latinoamericanas desideologizar estos pasos. Creo que no pueden ser pasos que se conviertan en motivos ideológicos de un agrio debate político.

La aproximación nuestra proviene de la convicción de que necesitamos mercados. Mucha gente le dice a uno: bueno, pero para qué buscar esos mercados si tenemos un 60 por ciento de pobreza. Una sociedad con este nivel de exclusión lo que tiene que hacer es incluir a los ciudadanos y expandir por esa vía la demanda y garantizar por esa vía el crecimiento de la economía.

Eso no se puede segmentar de esa manera. La convicción nuestra es que hay que trabajar en el frente externo como un factor que ayude a reactivar el interno y a superar la exclusión en el interno.

Es bien importante una pedagogía en América Latina para aproximarse con un criterio pragmático a estos tratados.

Se nos decía al principio del Gobierno: ¿Por qué le van a dar la espalda política a los países de Suramérica? Nosotros tomamos la decisión de hacer el tratado de la Comunidad Andina con Mercosur. Está hecho. Lo que ha consolidado mucho las relaciones políticas de la Comunidad Andina, de Colombia, con el resto de Suramérica.

Estamos negociando el tratado con los Estados Unidos. Lo que queremos es un tratado con equidad. Nosotros no vemos valor distinto a la equidad. Necesaria, esencial, para legitimar la integración de las economías.

Y tenemos que avanzar hacia todos los mercados. Hacia el mercado chino. Mi preocupación es que los centroamericanos están haciendo tratados con los Estados Unidos y nosotros no tenemos tratados con los centroamericanos.

Creo que hemos venido superando dificultades para avanzar en la internacionalización de la economía, pero con criterios de equidad. Hay temas allí muy delicados: el de la pequeña empresa, el del sector agrícola. Este país destruyó en diez años 800 mil hectáreas de agricultura lícita. Hemos logrado recuperar 200 mil. Le falta muchísimo.

A pesar de que hemos sufrido el fenómeno de urbanismo del mundo entero, todavía tenemos 11 millones de colombianos que viven en el campo. Cifra que en términos absolutos crece cada año. Y muchas poblaciones en el censo figuran como poblaciones urbanas. Pero sin simplemente dormitorios urbanos de una ciudadanía que trabaja en el campo.

Si aquí se debilita la agricultura, prospera el narcotráfico y el terrorismo.

Entonces tenemos que poner inmenso cuidado con el tema agrícola y con el tema de la pequeña empresa. A propósito de la cual hemos hecho una gran concertación con la banca colombiana, aportando el Estado el Fondo de Garantías.

El 30 de julio de 2002, la cartera a favor de los microempresarios ascendía a 707 mil millones. A 30 de agosto de este año está en billón 524 mil millones.

Hemos dicho: el sector financiero tiene que granjearse el cariño de la gente. No puede ser el malo del paseo. Eso no le ayuda a las sociedades democráticas.

Y hemos logrado avanzar mucho con el Fondo de Garantías, el sector financiero, fundaciones del sector privado, apoyo de gobernadores y alcaldes, para poder lograr esos resultados en cartera.

Por supuesto, uno ve esos resultados en la oficina y se entusiasma. Un millón 300 mil microempresarios colombianos han recibido crédito en estos dos años. Más que se duplicó el saldo de cartera.

Pero a los foros solamente acuden los que no han recibido el crédito. Entonces me dice a mí el Ministro de Comercio: ¿Por qué vinieron tan bravos? Y le digo: Ministro, porque nosotros en la oficina vemos las cifras de aquellos a quienes ya les resolvimos el problema. A estos foros vienen aquellos a quienes no les hemos resuelto el problema.

Hemos forzado un sistema de gobierno que esté en permanente contacto con la gente. Creo que eso es fundamental para dar credibilidad. Y hay que manejar ese Estado de cara al pueblo, con compromiso pero sin promesas y sin demagogia.

Y es bueno porque nos exige mucho. Un Gobierno que permanentemente le tiene que dar la cara a la ciudadanía, es un Gobierno muy exigido por la ciudadanía.

Jocosamente le he dicho a mis compañeros de Gobierno: no hay que creer tanto en el power point. Si uno se queda en las oficinas públicas viendo los resultados de power point, se engolosina. Y mientras uno se engolosina en la oficina, el pueblo se rebela afuera. Más que estar atento al power point, hay que estar atento al power people.

El contacto con la gente, los gobiernos entregados a la gente, los gobiernos dedicados a la gente, los gobiernos a toda hora en la calle con la ciudadanía, son los gobiernos que pueden cumplir la tarea de construir gobernabilidad popular, confianza en las instituciones.

En esta tarea de construir confianza, hemos puesto mucho cuidado a los contenciosos con el sector privado. Con los inversionistas internacionales. Contenciosos en concesiones de carreteras, en concesiones de ferrocarriles, en concesiones de aeropuertos, en contratos de asociación en el sector de las telecomunicaciones.

¿Qué hemos dicho? Un país donde una inversión privada se convierte en un pleito, es un país que anula sus posibilidades de inversión y de crecimiento.

Entonces hemos dicho abiertamente: la decisión del Gobierno es resolver estos pleitos, conciliarlos. Y a fe que hemos conciliado ya muchos. Eso nos ha facilitado un mejor ambiente de inversión en España, de españoles acá, un mejor ambiente de los norteamericanos, nos ha facilitado avanzar en el TLC, etcétera.

Lo hemos hecho sobre tres bases. Primero: conciliaciones con total ajuste al ordenamiento jurídico. Segundo: con equidad en las prestaciones conmutativas. Y tercero: con transparencia. La base de la transparencia es que la gente conozca estas transacciones.

Cuando le proponía a los asociados de la empresa de Telecomunicaciones que, para resolver esos pleitos, antes de firmar el acuerdo teníamos que publicar el acuerdo para que la gente lo conociera, les extrañaba mucho.

Y un día les pregunté: ¿ustedes qué prefieren: un acuerdo firme con respaldo y tranquilidad de opinión o un acuerdo ahí medio clandestino ante la gente, y que apenas lo empiece a leer el público todo el mundo se llene suspicacia frente a ese acuerdo?

Y ha sido muy bueno para la tranquilidad ciudadana y para la estabilidad de esos acuerdos, hacerlos de cara al público.

En la política de cohesión social, la hemos encabezado con la Revolución Educativa. En esa Revolución Educativa estamos trabajando el tema de la cobertura, de la calidad, de la pertinencia, de la capacitación técnica, del estímulo a la investigación.

En todos ellos hay unas líneas transversales, que son la línea de las competencias laborales y la línea de las competencias ciudadanas.

En la línea de las competencias laborales, por ejemplo, está el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es un instituto fundamentalmente de capacitación vocacional. Estatal. Lo hemos reformado. Lo hemos desclientelizado. Se lo arrebatamos a la burocracia.

En el año 2002 formaba un millón 100 mil colombianos. Este año forma 2 millones 600 mil colombianos. Ha pasado de 5 millones de horas de instrucción al año a 10 millones.

Y allí hemos empezado la reforma del estímulo a las competencias laborales. Hace pocos días discutía con unos estudiantes de ese instituto cerca de Bogotá. Me decían: Presidente, muy bien el crecimiento. Pero es que todos nosotros queremos ser tecnólogos en administración y ustedes nos están obligando a empezar con el aprendizaje de un oficio básico.

Dije: nada ganamos con formarlos tecnólogos en administración si no saben oficios. Se van a quedar desempleados. El hombre y la mujer colombianos tenemos que prepararnos para trabajar y estudiar toda la vida. Hoy no se puede hacer lo uno sin lo otro. Empiecen por un oficio básico. El aprendizaje de ese oficio básico les acumula créditos para graduarse después de técnicos. Estos créditos les acumulan para graduarse de tecnólogos, después para adquirir el título de educación superior, etcétera.

Hemos avanzado mucho en la acreditación de los programas universitarios. Acabamos de practicar la primera prueba para seleccionar los mejores egresados de 27 programas universitarios. Y el año entrante aspiramos ya a evaluar los egresados de todos los programas universitarios del país.

Por ejemplo en primaria y secundaria hemos avanzado en 750 mil cupos escolares. Necesitamos llegar en este Gobierno a millón y medio. La meta es muy dura.

Se ha hecho un gran esfuerzo en productividad de maestros. Vamos ya alcanzado 30 estudiantes por maestro. Pero ahora tenemos que hacer una inyección de recursos. En las circunstancias deficitarias de la Nación, es bastante difícil.

Y estamos evaluando maestros. Ahora necesitamos que entren 60 mil maestros al Estado. Tenemos una dificultad con el magisterio porque la decisión ha sido: entran, pero con el nuevo régimen laboral. El régimen de la sostenibilidad. Y entran a través de concurso, sin recomendación política, a través de meritocracia.

Confiamos poder avanzar en todos estos frentes de educación, tema tan importante en la convocatoria de ustedes a esta nueva versión del Foro.

Procesos de paz. Nuestra política de seguridad no los excluye.

Con el tema Autodefensas. Lo que propusimos en la candidatura presidencial fue lo mismo para todo el mundo: procesos de paz a partir de cese de hostilidades.

¿Por qué? Por razones prácticas y teóricas. Un país que le pide a la Unión Europea, a los países vecinos, a todo el mundo, que declare estos grupos terroristas, y que los consideramos terroristas, no puede sin cese de hostilidades entrar a dialogar con ellos.

Además muchos de ellos han utilizado la generosidad de los gobiernos en Colombia no para construir la paz sino para aplicar lo que aprendieron de Maquiavelo en la interpretación Marx: aprovechar la generosidad del enemigo para avanzar y derrotarlo.

Nosotros creemos que es importante avanzar a partir del cese de hostilidades. Hemos tomado allí en alguna forma la figura de Irlanda: cese de hostilidades como condición para el diálogo, sin exigir el desarme, sin exigir la desmovilización, que pueden ser los puertos de llegada de ese proceso de reconciliación.

Pusimos en marcha ese proceso con las Autodefensas. Venía cuando el Gobierno llegó un proceso de exploración a través de la Iglesia. El Gobierno lo continuó. La Iglesia nos dijo: estos señores aceptan, parte de ellos, no todos, aceptan el cese de hostilidades.

En ese momento el Gobierno aceptó dialogar con ellos. El proceso ha sido difícil, está sometido a fechas, tiene que haber una desmovilización total en diciembre de 2005, tiene que haber una desmovilizaciones parciales, que está conviniendo con ellos el Alto Comisionado de Paz.

Hasta la fecha, en materia de homicidios imputables a estos grupos ha habido una reducción del 67 por ciento (de diciembre de 2002 a septiembre de 2004). En masacres ha habido una disminución del 83 por ciento (en el mismo período). Pero el cese de hostilidades tiene que ser total.

El Gobierno, en la idea de que el país no puede estar a merced de la guerrilla ni se puede proteger a través de los paramilitares, sino que se tiene que recuperar el imperio de las instituciones, incrementó los operativos sobre todos estos grupos.

Las capturas de estos grupos paramilitares han pasado de 1.892 por año a 7.576. Los abatidos han pasado de 272 a 896.

El ELN. Así como había un proceso de exploración de la Iglesia con los paramilitares, había un proceso de exploración de Cuba con el ELN. El Gobierno lo continuó infructuosamente. No hemos podido que avance. Aquí hay un grupo de distinguidos colombianos que ha trabajado mucho el proceso con el ELN infructuosamente. Un grupo de países que lo han hecho.

Nosotros recientemente dimos otro paso con México. ¿En qué consistió? Yo me había reunido con integrante del ELN después de que salió de la cárcel y le dije: ¿por qué no aceptan el cese de hostilidades? Dijo: porque en cese de hostilidades el Gobierno nos mata. Dijimos: el Gobierno es transparente. En cese de hostilidades se les respeta con la misma voluntad con que se les ha combatido mientras no estén en cese de hostilidades.

Entonces empezamos a construir las garantías para el cese de hostilidades. Mientras haya cese de hostilidades, no hay ofensiva militar.

Y apareció en México una necesidad: el garante. Le pedimos al presidente Fox que México asumiera el papel de garante. Y lo asumió. Ha hecho un gran esfuerzo.

Creo que el Gobierno colombiano no ha obstaculizado, sino que ha estimulado ese trabajo de México, hasta el momento infructuosamente.

Mi percepción es que el ELN le teme a las Farc y no se atreve a dar pasos en favor de la paz por miedo a las Farc.

Las Farc. El acuerdo humanitario para liberar un grupo de colombianos que está secuestrado. Como candidato y en las primeras semanas de gobierno siempre dije: no hay acuerdo de canje, mientras no haya iniciación de un proceso de paz, que tiene que empezar con cese de hostilidades.

Vinieron unas reuniones con el Presidente de Francia (la ex candidata Ingrid Betancur, ex candidata a la Presidencia secuestrada por las Farc, es también ciudadana francesa), con el Canciller de Francia, con el Secretario General de Naciones Unidas, con los familiares de las víctimas.

Y el Gobierno aceptó variar la posición. Aceptó separar el acuerdo humanitario de un eventual proceso de paz, sobre unas condiciones a las que me voy a referir.

Eso ha tenido alguna evolución. Diría que hoy, para no llevarlos exhaustivamente a lo largo de cada una de las etapas de este proceso, el Gobierno tiene tres puntos, que considera inamovibles, esenciales:

Primer punto: no puede haber zona desmilitarizada. Desmilitarizar zonas es darle un factor de desmotivación a la Fuerza Pública. En el pasado Colombia experimentó esos factores de desmotivación. Colombia no tiene Fuerza Pública golpista. Pero cuando a la Fuerza Pública se le desmotiva hace operación tortuga. Y un Gobierno que ha ganado un nivel de gobernabilidad sobre la Fuerza Pública, no puede desmotivarla.

Porque para recuperar el imperio de las instituciones, en un país que no lo vamos a pacificar con paramilitares, ni se lo vamos a entregar a la guerrilla, hay que tener la Fuerza Pública tonificada. Por eso el Gobierno quiere ser muy cuidadoso en estos pasos para no desmotivar la Fuerza Pública.

Segundo tema inamovible: los guerrilleros que lleguemos a liberar de las cárceles no pueden volver a delinquir. Nosotros, como una muestra con nuestro compromiso con los derechos humanos, en un programa dirigido por el señor Vicepresidente de la República, demócrata consumado, se destruyeron las minas antipersonales que conservaba el Gobierno. Se destruyeron el pasado domingo.

Este año hemos tenido 554 víctimas de minas antipersonales. Y el 85 por ciento de ellas integrantes de la Fuerza Pública. Minas antipersonales todas sembradas por estos terroristas.

Entonces la Fuerza Pública colombiana, haciendo un inmenso esfuerzo por devolverle a este país la seguridad, nosotros no podemos liberar unos guerrilleros de las cárceles para que vuelvan a delinquir.

Primero el Gobierno exigió que los que se lleguen a liberar de las cárceles tienen que irse a un país afuera. El Gobierno de Francia dijo: yo los recibo. Y que ese país debe asumir la responsabilidad de vigilarlos para que no se reintegren a la acción armada.

Hemos ofrecido una opción: que se vayan al extranjero o que se reinserten acá. Aquí tenemos un programa de reinserción muy generoso. Cuando se reinsertó el M-19, se reinsertaron 700 guerrilleros. Cuando se reinsertó el EPL, se reinsertaron 1.200.

Sumen eso y hagan esta comparación: en este Gobierno se han reinsertado 6.700 integrantes de grupos violentos. Paradójicamente el 60 por ciento de Farc. El otro 40 por ciento se lo reparten entre Autodefensas y ELN.

La reinserción avanza generosamente. Hace poco asistí, en Ciudad Bolívar de Bogotá, a la graduación en un curso de competencias laborales de 800 reinsertados. Daba gusto percibir ese estado de ánimo. Ese cambio de orientación en la vida.

Entonces hemos dicho: bueno, aquí hay un proceso de reinserción generoso. Los que lleguen a salir de la cárcel, si no se quieren ir al extranjero, que se sometan a ese proceso de reinserción.

Y el tercer factor inamovible es que no podemos liberar de las cárceles sino a los que estén allí por los delitos políticos elementales. No a los que tengan conexidad con delitos atroces. En eso hay que ser muy cuidadoso.

En Colombia ha habido una equivocada tendencia académica. La tendencia de considerar que el delito de la guerrilla, por atroz que sea, siempre es político. Y que el delito de los paramilitares siempre es común.

Me puse a indagar por qué. Y se decía: no, es que la guerrilla está contra el orden establecido. Le daban un título de nobleza a ese delito por estar contra el orden establecido.
Y entonces se tenía toda la inclinación a indultar y amnistiar el delito de la guerrilla, y el de los paramilitares se ha considerado crimen común, simplemente porque se estima que ellos están en defensa del orden establecido.

Finalmente el impacto frente a la comunidad es igualmente dañino. El Gobierno le ha pedido al Congreso y al país superar esa diferencia. La decisión nuestra es darle el mismo tratamiento al delito atroz de la guerrilla que al delito atroz de los paramilitares. Si hay procesos de paz hay que dar beneficios, pero tenemos que hacer una muy buena ecuación entre paz y justicia, entre paz y no impunidad. Por eso están excluidos los beneficios del indulto y de la amnistía para delitos atroces.

Por eso, no podemos en el acuerdo humanitario, entrar a liberar personas que estén en las cárceles con delitos atroces.

Muchas personas que están interesadas, noblemente, en ese acuerdo humanitario han pedido que el Gobierno facilite una zona de encuentro con las Farc para esa negociación. Hay que desmilitarizarla y el Gobierno no puede hacer eso.

Lo que va a anunciar el Comisionado, a las 6:30 de la mañana de mañana, yo se los anticipo, va a anunciar lo siguiente:

El Gobierno acepta que se negocie el acuerdo humanitario en una embajada en Bogotá o en la Nunciatura. Eso sería el único sitio donde el Gobierno aceptaría esa negociación.

El Comisionado va a anunciar unos elementos como estos: el Gobierno reitera una propuesta que le hizo al Gobierno Suizo, que sería el destinatario de esta propuesta, de liberar unos guerrilleros. El Gobierno los libera antes, de que las Farc libere a los secuestrados con las dos condiciones que les dije: que no estén en las cárceles por delitos atroces y que se comprometan a no regresar a la guerrilla. Cualquiera de las dos opciones: o se van al extranjero o se entran al proceso de reinserción. El Gobierno libera unos delincuentes, antes.

Segundo. La guerrilla tiene que hacer un gesto de liberar algunos de estos compatriotas que tiene secuestrados.

En ese momento, se da el tercer paso, que es la negociación en una embajada o en la nunciatura en Bogota, durante cinco días para perfeccionar ese acuerdo.

Ese es el paso que va a anunciar el Comisionado, mañana en la mañana.

Es muy duro. Yo siento un gran dilema. Voy a Neiva, siempre que voy a Neiva me reúno con los familiares de los secuestrados, o a Cali. Mañana debo ir a Cali, voy a una reunión de FENALCO y en una salita contigua están los familiares de los secuestrados y uno siente allí un grave dilema, un dolor inmenso de colombiano y de padre de familia, que proviene de ver el dolor de estos familiares de las víctimas. Peor también una responsabilidad muy grande en la conducción del Gobierno para evitar que estos acuerdos desmotiven la política de Seguridad".