LA DROGA HA SIDO Y ES, CAUSA
DETERMINANTE DE LAS DIFICULTADES DE COLOMBIA. UNA CAUSA INTERNACIONAL
REQUIERE UNA
SOLUCIÓN INTERNACIONAL
Cartagena, 3 feb (SNE). El siguiente
es el discurso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante
la instalación de la Mesa de Coordinación y Cooperación
Internacional que se adelanta en Cartagena, con la presencia de
miembros del los países que integran el G-24 y de otras
entidades multilaterales:
“Quiero agradecer inmensamente la presencia de todos ustedes
en Colombia. Es un gesto generoso al infinito. Es una muestra,
la mejor de todas, la más grande, de su interés para
ayudar a los colombianos a superar estas dificultades.
Es un reconocimiento generoso y solidario
a la circunstancia de que un nefasto negocio internacional, la
droga, ha sido y es, causa
determinante de las dificultades de Colombia y que una causa internacional
requiere una solución internacional.
No tengo palabras para expresarles el sentimiento de gratitud
de todos los colombianos por la circunstancia de su presencia hoy
en esta Patria, en esta Heroica ciudad. Les ruego sentirse colombianos,
sentirse cartageneros, como tal, quiere el pueblo colombiano, que
se sientan.
Y agradezco todo este proceso. La
reunión de hoy no es
fruto de la improvisación, es un paso más en un largo
proceso, donde ustedes han interactuado permanentemente con nuestro
Gobierno, con las instituciones públicas, con las organizaciones
privadas, muy especialmente con el señor Vicepresidente
de la República, la señora Canciller y nuestro Director
de Cooperación Internacional.
Déjenme presentar algunas opiniones sobre temas que reconozco
son controversiales, pero que es muy importante, en un escenario
como éste, que el Presidente de Colombia no los omita.
Nosotros tenemos, entre las muchas realidades, dos: una realidad
de violencia y una realidad de crisis social humanitaria, de injusticia.
¿POR QUÉ EN
COLOMBIA NO HAY CONFLICTO?
Esa realidad de violencia yo he pedido
que no se le denomine conflicto. Es un desafío del terrorismo a la sociedad colombiana y
a las instituciones democráticas. Otra cosa, a pesar de
alguna interdependencia, es la realidad de la crisis social, de
la crisis humanitaria.
Cuando digo que esa realidad de violencia
no se le denomine conflicto es porque le desconocemos la legitimidad,
como actores, a aquellos
que han venido inundando de sangre los campos de Colombia. Simplemente
merecen la denominación de terroristas y a eso concluyen
muchas circunstancias.
En otros países, movimientos armados ganaron alguna legitimidad,
porque su causa era enfrentar dictaduras, el oprobio del cercenamiento
a las libertades públicas, el cierre y la clausura del debate.
Colombia tiene una democracia que diariamente se profundiza más.
Aquí, durante muchos años, la democracia se ha restringido
no por culpa de las instituciones estatales sino por acción
de los grupos violentos. Durante muchos años la Farc trató de
justificar ante el país y ante el mundo que su acción
violenta se daba porque Colombia impedía expresiones de
democracia popular, como la elección directa de los alcaldes.
En la década de los 80, después de un siglo de debate,
Colombia aprobó la elección popular y directa de
alcaldes. Posteriormente vino la Constitución de 1991, rica
en ampliación democrática, rica en mecanismos de
control político, rica en avances con la concreción
de instituciones de democracia participativa. Introdujo la elección
popular de gobernadores, el referendo, mecanismos más efectivos
de control como revocatoria de mandatos, muchísimos instrumentos
de participación popular directa.
¿Qué pasó? Después de que Colombia
introdujo la elección popular de alcaldes, quienes los han
asesinado, quienes los han coaccionado, quienes les han impedido
el ejercicio de sus mandatos, han sido los grupos violentos, que
antes de haber dado ese paso se quejaban de que en Colombia no
había elección popular de alcaldes.
Cuando este Gobierno empezó, más de 300 alcaldes
de 1.098 municipalidades de Colombia no podían ejercer sus
funciones en las localidades en las cuales habían sido elegidos
por presión de los grupos violentos. Hoy, salvo uno o dos
casos, gracias a la Seguridad Democrática, todos están
ejerciendo sus funciones en sus localidades, con la protección
de la Fuerza Pública, de nuestras instituciones democráticas.
Ese proceso de profundización democrática
en Colombia ha sido ininterrumpido.
En octubre de 2003 se convocó un referendo propuesto por
el Gobierno, de temas muy difíciles: congelación
de salarios oficiales, con la pena perpetua de no poder acceder
a cargos públicos ni poder presentarse a contiendas de elección
ni de poder contratar con el Estado para los corruptos –único
tema que se aprobó-. Con temas muy difíciles, como
el tema de una reforma para eliminar los privilegios pensionales.
Quizás nos equivocamos porque fue un referendo de muchos
puntos, no tenía un solo atractivo populista. Fue una gran
oportunidad para hacer pedagogía democrática en Colombia.
Abstencionistas y voceros de la oposición tuvieron todos
los espacios, incluso en ocasiones, más que los del Gobierno.
Eso dice del grado de profundización de la democracia colombiana
y el grado de institucionalización.
Yo no estuve de acuerdo con el Consejo
Electoral, con mayorías
de la oposición. Porque el Consejo Electoral, con el pretexto
de no cambiar las reglas de juego, no descontó las cédulas
de los militares que no pueden votar, no descontó las cédulas
que no tenían los electores -que por ende no pudieron votar-
y no descontaron cédulas de muertos. Fue un debate público.
Acudí al Consejo Electoral a expresar mis tesis, lo dije
públicamente, con franqueza pero de manera respetuosa –como
tiene que ser una relación interinstitucional en las democracias-.
Finalmente, prevaleció la opinión del Consejo Electoral.
No pudimos pasar sino uno de los puntos, no obstante que obtuvimos
un millón de votos más de los que se habían
obtenido para la elección presidencial.
Episodios como estos muestran el grado
de profundización
de la democracia colombiana y de respeto a las diferentes instituciones.
En el mismo octubre de 2003, los colombianos
fueron convocados a elegir gobernadores, alcaldes, integrantes
de las asambleas departamentales
y de los concejos municipales. Creció inmensamente el número
de candidatos y la diversidad en el origen. Por primera vez, candidatos
de partidos alternativos a los tradicionales, candidatos de partidos
provenientes de antiguas guerrillas, candidatos de partidos en
oposición total al Gobierno, ganaron posiciones de primerísima
importancia. La Seguridad Democrática, que pregona y practica
este Gobierno, se puso al servicio de protegerlos eficazmente.
A los analistas de la política, a los analistas de las
reglas democráticas, les quiero proponer esta reflexión:
esa protección efectiva a los disidentes frente al Gobierno,
a la diversidad en una competencia electoral, debe reconocerse
como un tránsito colombiano del período de las libertades
retóricas, al período de las libertades efectivas.
Nada ganamos con que en teoría haya garantías políticas
que en la práctica no se pueden ejercer porque asesinan
a los candidatos. Mucho ganamos cuando la protección a los
candidatos les garantiza, en la práctica, las libertades
que están consagradas en los textos constitucionales y legales.
Otros países que han adelantado políticas de seguridad,
las han utilizado para exterminar la oposición, las han
utilizado para silenciar la crítica, las han utilizado para
maltratar la disidencia. En Colombia hay absoluta libertad crítica.
Yo, por ejemplo, discuto con algunas
de las ONG’s, en público
y en privado, hasta ahí llega nuestra discrepancia, hasta
la discusión, se les respeta profunda, plenamente.
En Colombia hay medios de comunicación para todos los gustos.
Colombia tiene plenas libertades públicas.
Estudiando la historia de la humanidad –y no muy remota,
sino aún la muy cercana-, Gobiernos con el propósito
de reestablecer la seguridad, entre los primeros pasos que tomaban,
estaba el de restringir los medios de comunicación. Aquí no
se les restringe. A mí no me gusta cuando me cuentan que
los terroristas están de ‘estrellas’ en las
revistas o en noticieros de televisión. Pero en aras de
la democracia, se respeta profundamente lo que hace el medio.
Muchos colombianos me dicen: ‘Presidente es una tristeza
que a estos bandoleros les den esos espacios en los medios, porque
un día asesinan y al otro día aparecen de figuras
importantes en los medios de comunicación’.
A los más críticos,
eso no pasa de entristecerlos porque se respeta profundamente
la libertad de prensa.
Un país que está recorriendo este camino de profundización
democrática, de consolidación institucional, es un
país muy distinto a aquellos momentos en los cuales dictaduras,
cercenamientos de libertades públicas, le dieron explicación
y justificación a movimientos insurgentes.
Por eso he dicho que aquí no se trata de una insurgencia
como actora política sino de una acción pura y simple
de terrorismo.
Cuando hay una democracia activa y
dinámica, debemos referirnos
a muchas de las legislaciones europeas que, en contraprestación
a esa institucionalidad democrática, califican como terrorismo
el uso o la simple amenaza del uso de la fuerza por cualquier razón:
ideológica, religiosa, política.
Una segunda razón para expresar
que son terroristas: muchos movimientos surgieron alegando la
injusticia social.
¿Saben qué ha pasado en estos años de Colombia
con estos grupos violentos? Se ha espantado el capital. Cuatro
millones de colombianos se han ido al extranjero, dos millones
de colombianos se han desplazado internamente, la empresa privada
se ha atemorizado, se redujo sustancialmente la inversión –que
apenas empieza a recuperarse-, los colombianos que confluyeron
a nuestras grandes ciudades no encontraron oportunidades porque
la empresa privada no pudo crecer y simplemente se agolparon en
los cordones de miseria.
Esta ciudad, de un momento a otro,
pasó de 500 mil habitantes
a más de un millón que vinieron de los campos cercanos
y más lejanos, desplazados por los grupos violentos. Y llegaron
aquí y no encontraron un crecimiento de la economía
proporcional a sus demandas y se agolparon en cinturones de miseria,
que no los vamos a poder resolver tan rápido como quisiéramos.
Estos grupos violentos son hoy causa determinante de la pobreza
y el abatimiento de sectores muy importantes de la sociedad colombiana.
Y sus métodos. El año, pasado bajo la dirección
del señor Vicepresidente de la República, Colombia
se deshizo de las minas antipersonales que todavía conservaba
el Ejército por razones pedagógicas. Y miren lo que
ha pasado por el lado de los terroristas. Estos grupos terroristas,
con minas antipersonales, en el 2002 asesinaron 130 personas e
hirieron 485. En el 2003 asesinaron 156 e hirieron 524. En el 2004
asesinaron 176 e hirieron 605.
Mientras la Fuerza Pública se deshizo de las minas antipersonales
que tenía por razones pedagógicas (para no cansarlos
a ustedes con muchos años y referirme sólo al período
2004), la Fuerza Pública tuvo en 2004, 134 muertos y 456
heridos a causa de minas antipersonales de estos grupos.
¿Qué más ha pasado con la democracia? Todos
esos alcaldes y esos gobernadores, que fueron elegidos provenientes
de otros partidos, el Gobierno Nacional –para construir institucionalidad,
para construir fraternidad, para construir Patria-, ha hecho un
inmenso esfuerzo para tener las mejores relaciones con ellos, para
respetar sus derechos, para ubicar oportunamente los recursos de
descentralización, para ayudarles a resolver problemas de
toda índole.
Diría yo, apreciados representantes de la Comunidad Internacional,
a riesgo de que mi afirmación se pruebe con el testimonio
de 32 gobernadores y de 1.098 alcaldes, que hemos construido una
relación patriótica por iniciativa del Gobierno Nacional,
que respeta la diversidad. Y ahí está el testimonio
de ellos.
Esta política de Seguridad la denominamos Democrática
por muchas razones. Porque la queremos diferenciar de acciones
de seguridad nacional que se emprendieron en momentos anteriores,
en otros países y que cercenaron las libertades, maltrataron
la disidencia.
Esta política la denominamos Democrática porque
es para proteger a todos los colombianos. La Fuerza Pública
tiene instrucciones mías, en público y en privado,
de proteger por igual al más fervoroso adherente de mis
ideas y al más duro y riguroso vocero de la oposición.
Esta política es para proteger
por igual al dirigente gremial que al dirigente sindical.
Esta política es para proteger
por igual al campesino que al empresario del campo.
Nos hemos esmerado muchísimo en mejorar la protección
a los líderes sindicales, a los periodistas y a los maestros.
Infortunadamente todavía hay asesinatos y quisiera decirle
al mundo que ya no hay asesinatos de estos grupos, pero la tendencia
de reducción es muy importante y la lucha del Gobierno para
que esos asesinatos no queden en la impunidad.
LAS PUERTAS DE LA PAZ ESTÁN
ABIERTAS
Me preguntarán ustedes si al denominar yo a estos grupos
como terroristas, ¿desconocer que con ellos existe un conflicto,
estoy cerrando las puertas de procesos de paz? No las cierro. ¡No
las cierro!
Desde un punto de vista consecuente, los procesos de paz se facilitan
con quienes comenten acciones terroristas, cuando exista un compromiso
de buena fe de suspender esas acciones terroristas.
Por eso hemos propuesto como regla
general que para un proceso de paz en Colombia, debe haber cesación
de hostilidades, lo que no quiere decir que tengan que entregar
las armas o desmovilizarse
en la primera etapa.
El tema lo hemos dividido en dos etapas: una primera etapa como
requisito para el proceso y una etapa posterior como puerto de
llegada del proceso.
El requisito para el proceso es el
cese de hostilidades y el puerto de llegada del proceso, el desarme
y la desmovilización.
¡Urgencia para el cese de hostilidades. Toda la paciencia
para llegar al desarme y a la desmovilización!
El cese de hostilidades tiene un tiempo,
el tiempo que se quiera para iniciar un proceso. La desmovilización y el desarme
no tienen un tiempo taxado, la disposición del Gobierno
es tratar eso con paciencia.
DISPOSICIÓN PARA EL
ACUERDO HUMANITARIO
Con las FARC. Engañó a gobiernos anteriores, aplicó la
tesis –que bien recogió el marxismo de Maquiavelo-:
confundió la generosidad de mis antecesores en la Presidencia
como una debilidad de las instituciones que le daba patente y camino
para tomarse el poder con armas, terrorismo y drogas ilícitas.
Eso ha hecho la Farc.
Durante mi candidatura y en las primeras
semanas de Gobierno, siempre expresé que un acuerdo humanitario para liberar
a los colombianos secuestrados por la Farc, debía acompañarse
de un proceso de paz que necesitaba como presupuesto un cese de
hostilidades.
Después hablé con el Presidente Chirac, con el Canciller
de Francia, con el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi
Annan, y con muchos familiares de los secuestrados y acepté separar
un eventual acuerdo humanitario de la iniciación de un proceso
de paz con cese de hostilidades.
Hemos autorizado facilitadotes, hemos liberado unilateralmente
guerrilleros, hemos hecho esfuerzos, pero quiero de manera franca
decir ante ustedes, que el Gobierno Nacional tiene tres puntos
inamovibles en esa materia: primero, no puede haber despeje.
Un país que requiere recuperar el control institucional,
un país cuya ciudadanía reclama que la Fuerza Pública
ocupe los espacios de guerrilla y de paramilitares, no puede volver
por el camino del despeje.
Y he preguntado: ¿por qué cuando se trata de liberar
a secuestrados económicos no necesitan despeje para liberarlos
y por qué para liberar a estos compatriotas secuestrados
sí reclaman un despeje?
Segundo punto inamovible del Gobierno:
nosotros no podemos permitir que aquellos guerrilleros terroristas
que lleguen a salir de las
cárceles, en virtud de un acuerdo humanitario, vuelvan a
delinquir.
La historia de los pueblos hay que
conocerla. Hoy, mientras nosotros estamos reunidos en este escenario,
testigos de la generosidad
de ustedes con Colombia, miles de soldados de esta Patria están
en la selva, expuestos a las más severas enfermedades tropicales
como la lesmaniasis, simplemente cumpliendo la misión de
derrotar la droga y el terrorismo.
Hace apenas 36 horas, 15 infantes
de Marina fueron asesinados por la Farc, en una zona donde la
Farc ha montado un imperio de
droga. A medida que hemos fumigado en la Sierra nariñense
y en el sur nariñense de Tumaco, la Farc ha desplazado ese
imperio de droga hacia Guape, Iscuandé y los alrededores.
Hace dos semanas murieron 20 soldados
nuestros en una operación
antidroga, de noche, cuando iban en un helicóptero. Y ese
grupo –al que todavía no hemos podido contrarrestar,
que cuida allá el negocio de droga de la Farc-, ese grupo,
cobarde y miserablemente, asesinó a 15 infantes de Marina
hace algo más de 30 horas.
Con este esfuerzo de nuestros soldados,
de nuestros policías ¿creen
ustedes que el Gobierno puede liberar guerrilleros terroristas
para que vuelvan a delinquir? ¿Se imaginan ustedes la desmotivación
de nuestra Fuerza Pública?
¡Si algo requiere esta Nación es una Fuerza Pública
motivada para recuperar el control institucional! Este país
tiene dos opciones: o seguirse llamado Colombia figurativamente
y permitir que unas regiones tengan una presencia títere
del Estado y un control efectivo de paramilitares y otras regiones
tengan una presencia títere del Estado y un control efectivo
de guerrilleros o recuperar la presencia institucional.
Para recuperar la presencia institucional
se necesita voluntad política en todos, empezando por el Presidente de la República
y llegando al más modesto y joven de los policías
y soldados. Por eso no los podemos desmotivar.
Inicialmente dije, como garantía de que no regresen a delinquir,
debería irse a alguna nación, se habló como
ejemplo, de Francia.
Después, por insinuación de la Iglesia Católica,
abrimos oportunidades y expresé: ‘bueno, que entonces
quienes salgan de la cárcel tengan dos opciones: o se van
al extranjero o se quedan aquí, pero en el proceso de paz,
en el proceso de desmovilización’.
Los guerrilleros que liberamos unilateralmente
han entrado al proceso de desmovilización. Este proceso de desmovilización
tiene hoy cerca de 11 mil colombianos, cifra sin antecedentes y
a pesar de que hay dificultades por la magnitud de ese proceso,
es un proceso generoso. Esa ha sido la segunda condición.
La tercera. Nosotros tenemos que proceder
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, nosotros no podemos entrar, discrecionalmente,
a liberar a aquellos responsables de delitos atroces que están
en las cárceles. Tenemos simplemente espacio jurídico
para liberar a responsables de delitos como rebelión, sedición.
Esos son los tres inamovibles. Respetados
esos puntos, el Gobierno Nacional ha tenido y continúa con disposición
de tener flexibilidad para el acuerdo humanitario.
Yo particularmente, como padre de
familia e integrante de ese 50 por ciento de las familias colombianas
que han sido víctimas
de esta violencia siento un dilema, que me toca las fibras íntimas,
cuando converso con los familiares de los secuestrados, les veo
la expresión de angustia y de dolor. Me solidarizo con ellos
y al mismo tiempo me veo en la obligación de equilibrar
esas emociones con mis responsabilidades de recuperar el control
institucional en Colombia.
EL ELN NO HA QUERIDO DIALOGAR
Con el Eln, mi predecesor estaba en
un período de pre-diálogo
con el ELN a través del Gobierno de Cuba, acepté continuarlo.
El Comisionado ha viajado cuatro veces
a Cuba, yo he hablado varias veces con el presidente Fidel Castro.
Hemos encontrado buena fe
y espíritu de colaboración en Cuba pero total negativa
del Eln.
El grupo de países del Eln me visitó hace un año,
en enero, pidieron autorización para seguir trabajando en
procura de un acuerdo con el Eln y les dije: ‘háganlo’.
No hemos frustrado una sola iniciativa para un acuerdo con el Eln.
En un viaje a México, el año pasado, públicamente
se me preguntó que cuál era mi exigencia para iniciar
un proceso con el Eln, dije: ‘un cese de hostilidades. No
se tienen que desarmar, no se tienen que rendir, no se tienen que
desmovilizar. Un cese de hostilidades. Posteriormente, con paciencia,
se puede llegar a las etapas finales, que incluyen la desmovilización
y el desarme’.
Enseguida se me preguntó: ‘¿El Eln tendría
garantías de no ser atacados durante ese cese de hostilidades?’ Dije: ‘claro
que sí. Nosotros no los vamos a asesinar cobardemente, ni
a la mansalva. Nosotros respetaremos ese cese de hostilidades.
Este es un Gobierno firme pero transparente’. Se lo había
dicho yo a un integrante del Eln que salió de la cárcel,
con quien me reuní en privado. Me preguntó lo mismo
por las garantías y le dije: ‘las tienen todas’.
Tercera pregunta: ‘¿el Gobierno de Colombia acepta
un garante?’ Dije: ‘lo acepto, el que quieran poner’ Me
dijeron: ‘aceptaría el Gobierno de México? ‘Está aceptado’.
Hubo unas comunicaciones positivas
del Eln. El Gobierno de México
ha venido trabajando con toda generosidad, nosotros hemos procurado
no obstruir el trabajo de México, pero el Eln no ha querido.
Engolosinan a la opinión pública a través
de un titular de prensa, creando la sensación de que se
está en la víspera de un proceso de paz y al otro
día se echan para atrás.
Allí hay un profundo temor a la Farc, una cuasi-vinculación
a la droga no confesa y todo eso está escondido detrás
de la vanidad de dirigentes del Eln, profundamente soberbios, mesiánicos,
fundamentalistas y esquemáticos en el discurso; cobardes
a la hora de la verdad, porque no se desprenden de la droga, que
niegan, ni se desprenden de la Farc, a la que le temen.
Déjenme hablar con toda franqueza porque las cosas hay
que llamarlas con su nombre, más en esta reunión.
Lo que acaba de decir no obsta para reiterar nuestra disposición
de buscar un acuerdo con el Eln, de facilitarle al Gobierno de
México –todo lo que en su leal saber y entender- deba
hacer para avanzar con el Eln.
No quiero referirme a las decisiones
que el Gobierno de Colombia ha tomado para facilitar esa acción mexicana, el Gobierno
de México las conoce, pero el Gobierno de Colombia está obligado
a mantenerlas, en esta etapa, bajo reserva.
Y así como hasta hoy hemos ayudado entregándole
herramientas que reclama el Gobierno de México, lo seguiremos
haciendo.
UN PROYECTO CREÍBLE,
EQUILIBRADO Y UNIVERSAL
Mi antecesor tenía un proceso semejante al de Eln con las
autodefensas, pero a través de la Iglesia Católica.
Iniciado el Gobierno fui preguntado
por la Iglesia Católica
si tendría interés en continuar ese proceso, les
dije que sí, pero si aceptan el cese de hostilidades.
Algunos meses después, una mayoría de esos grupos –porque
es que estos grupos en Colombia todos, por la droga, por el ánimo
de enriquecimiento-, han perdido hasta su noción jerárquica.
Por ejemplo, la Farc y el Eln ya no reconocen autoridades morales
que reconocían en el extranjero, se burlan de ellas, porque
como se sienten tan ricos y tan poderosos, entonces no necesitan
tutorías internacionales.
Esa droga ha llevado también, a dificultar estos procesos,
ha dispersado la autoridad. El apego a la droga ha matado los ideales
políticos de todos estos grupos y dificulta la voluntad
de estos grupos para entrar en procesos de paz.
Si en Colombia no hubiera droga, ¡ah rato! que hubiéramos
acabado con estos grupos terroristas.
El cese de hostilidades ha tenido,
por muchos de los paramilitares –mal
llamados paramilitares, de las autodefensas ilegales-, buenas intenciones
en las declaraciones, pero apenas un proceso paulatino de mejoramiento
en la eficacia.
La eficacia de ese cese de hostilidades, en las etapas iniciales
no fue la esperada. Ahora las cifras que tiene el Comisionado indican
que hay un mejoramiento sustancial en la eficacia de ese cese hostilidades.
¿Qué pedimos? Hechos de paz. Pasar de las palabras
a los hechos. Y por eso el Comisionado ha venido fijando con ellos
un cronograma de desmovilización, hasta el momento van desmovilizados
más de seis mil paramilitares.
Entramos en el tema del marco jurídico. La semana entrante
el Congreso de Colombia ha sido convocado a sesiones extras, uno
de los proyectos que se estudiará es el del marco jurídico.
Aspiramos, que cuando termine el nuevo período de sesiones
del Congreso, el 20 de junio, Colombia tenga ese marco jurídico.
Le pondremos toda la voluntad para que se cuente con él.
Ha sido un tema muy difícil, de mucha discusión,
porque este marco jurídico contrasta con la generosidad
con que Colombia trató a estos grupos violentos en anteriores
procesos de paz. Este es un marco jurídico exigente en verdad,
en justicia, en reparación. Por supuesto, discutido, como
tiene que ser en una democracia.
He pensado que ese marco tiene que
ser creíble, equilibrado
y universal.
Para ser creíble es muy importante el momento de su aprobación
y pensé en dos momentos: un momento sin desmovilizaciones
y un momento con desmovilizaciones. E hice esta reflexión:
un marco jurídico sin hechos de paz como la desmovilización,
es un marco jurídico que suscita toda suerte de dudas. Sus
efectos se constituyen en un albur.
Un marco jurídico precedido de desmovilización da
credibilidad. Con las desmovilizaciones presentadas, el Gobierno
piensa que es el momento oportuno para aprobar el marco jurídico
porque ya hay manera, hechos que permiten la credibilidad en ese
proceso.
Segundo, tiene que ser equilibrado.
Recogiendo las palabras del Secretario General de Naciones Unidas,
frente a un caso africano,
decía él que estos acuerdos tienen que ser un buen
balance entre justicia y paz. El Gobierno de Colombia acepta esa
ecuación.
He dicho, que en nombre del equilibrio, al hacer ese balance entre
justicia y paz, se requiere lo siguiente: en nombre de la justicia
no se puede llegar al sometimiento, y en nombre de la paz, no se
puede llegar a la impunidad. Se necesita justicia, pero hay que
establecer la diferencia entre un proceso de paz y un sometimiento.
El Gobierno tiene claridad que la
amnistía y el indulto
no pueden cobijar a los delitos atroces.
El Gobierno tiene claridad que tienen
que ir a la cárcel
los sujetos responsables de atrocidades. Y que el marco jurídico
debe definir unos mínimos y unos máximos de cárcel
y permitir que en ese rango se aplique el criterio de los jueces
de la República que deban conocer estos casos.
El Gobierno tiene claridad sobre la
necesidad de la reparación
a la sociedad.
Y el Gobierno también tiene
claridad sobre el principal anhelo de la sociedad, que es poder
superar la existencia de estos
grupos.
Tercera condición. Ese marco tiene que ser universal: para
guerrilleros terroristas y para paramilitares terroristas. No podemos
pensar con sesgos. No podemos tener la apreciación política
de que a unos hay que llevarlos al paraíso y a los otros
hay que pasarlos por la guillotina.
Es igualmente atroz el delito de tal naturaleza cometido por el
guerrillero o por el paramilitar. No es posible atenuar la gravedad
de un delito atroz porque lo haya cometido un guerrillero o porque
lo haya cometido un paramilitar.
Tenemos que pensar muy bien, que lo
de hoy no es sólo para
paramilitares sino también para guerrilleros y que lo que
aprobemos hoy, tiene que servir para cuando se den procesos de
paz con la guerrilla.
¿Por qué digo que lo de hoy, en el presente momento,
no es sólo para paramilitares sino para guerrilleros? Porque
en este Gobierno se han desmovilizado más de cinco mil guerrilleros.
Casi cuatro mil de la Farc, el resto del Eln. Y estamos seguros
que la claridad que se dé en el marco jurídico va
a ayudar a estimular esas desmovilizaciones.
En Colombia algunos han propuesto,
históricamente, el debate
de diferenciar a guerrilleros de paramilitares. Hoy me opongo a
que se establezca esa diferencia. Han hecho sufrir por igual a
la sociedad colombiana, se han involucrado en el narcotráfico,
sus atrocidades no son diferenciables.
Se dijo que el guerrillero era un
delincuente político
porque su objetivo era derrotar al Estado, instaurar un nuevo Estado,
derrotar el orden económico vigente e instaurar uno nuevo
y que se le debía tratar como actor político.
Y se llegó a decir que el paramilitar era un criminal ordinario
porque simplemente estaba defendiendo el statu quo de sus propios
intereses o evitando que los guerrilleros derrumbaran las instituciones.
Esa discusión no da pie hoy para establecer esas diferencias.
Iguales son las atrocidades de los unos y de los otros. Finalmente,
al estar por fuera del ordenamiento jurídico, ambos están
contra el ordenamiento jurídico.
El ordenamiento jurídico no distingue entre los que lo
violan a quienes lo atacan o lo defienden. Defender el ordenamiento
jurídico vigente, violándolo, es tan grave como atacar
el ordenamiento jurídico vigente a través de violarlo.
Les ruego mirar estas razones que
he sintetizado para decir por qué ese marco tiene que ser universal, por qué Colombia
no puede permitir que a unos los lleven al cielo y a otros los
condenen al infierno, por qué necesitamos el mismo tratamiento.
Y hay que tener en cuenta la historia
del país. Este país
ha tenido muchísimos procesos de paz. En todos los anteriores
ha prevalecido el interés de la paz sobre el interés
de la justicia, han sido inmensamente generosos. Yo, como senador,
acompañé procesos anteriores.
¡Por primera vez la sociedad
colombiana empieza a ser muy exigente en el sentido de que es
importante la paz pero sin impunidad!
Y hay que mirar entonces este recorrido
histórico. Es importante
esperar también consecuencias de parte de quienes se favorecieron
de procesos generosos, que ojalá no se conviertan en obstáculos
a procesos equilibrados.
Al convocarlos a ustedes y al recibir
su generosa presencia para ayudar a Colombia, me veo en la obligación de darles una
rendición de cuentas de los esfuerzos que ha hecho Colombia.
RESULTADOS
En materia de seguridad, en el 2003
el asesinato se redujo en un 20 por ciento. En el 2004 se volvió a
reducir en un 15 por ciento. Y en enero de 2005, al compararlo
con enero de 2004,
se redujo en otro 48 por ciento.
Todavía tenemos una cantidad monstruosa de asesinatos.
Quisiéramos mostrar cifras mejores. Yo acepto que las cifras
que tenemos son muy elevadas, angustiantes, pero les ruego comprender
que vamos por una tendencia positiva. Aunque en materia de asesinatos,
una vida es tan preciosa como 20 mil.
En materia de secuestros extorsivos,
en el año 2003 hubo
una reducción del 27 por ciento. En el año 2004 una
reducción del 42 por ciento. Y en enero de 2005 una reducción
del 48 por ciento.
Todos los días hay más compromiso de la Fuerza Pública
con los derechos humanos.
La Fuerza Pública colombiana es consciente, y lo repetimos
en todas las ocasiones en privado y en público, que al terrorismo
hay que derrotarlo con la acción enérgica, con la
iniciativa aguerrida, pero con el procedimiento transparente del
Estado.
Le he dicho a la Fuerza Pública: se necesita, frente al
terrorismo, voluntad política para derrotarlo, que la tiene
el Gobierno y el Presidente de la República; agresividad
que debe tener la Fuerza Pública en cada momento y transparencia.
Nuestra voluntad política es
tan firme para derrotar el terrorismo, como comprometida para
cumplir los derechos humanos.
Allí donde hay errores no tenemos inconveniente en discutirlos
y en sancionarlos. Hemos hecho un ejercicio histórico, acentuado
en este Gobierno, inmensamente grande, de capacitación y
de sensibilización de la Fuerza Pública en derechos
humanos.
Me refería a dos problemas
iniciales: el terrorismo por un lado y la tragedia social por
el otro.
Quisiera decirles que la tragedia
social en Colombia no es por culpa de la empresa privada, sino
por falta de empresa privada.
Cuando ustedes ven un trabajador de la empresa privada colombiana
observan lo siguiente: tiene seguridad social pagada –fundamentalmente
por el empleador-, condiciones de vida dignas.
Cuando lo comparan con un trabajador
de la informalidad, callejero, que se tuvo que lanzar a la informalidad
porque la violencia no
permitió que creciera la empresa privada, encuentran que
ese trabajador formal de salario mínimo, devenga un ingreso
dos veces y medio, al trabajador informal más beneficiado.
Que el informal no tiene seguridad social, el formal sí la
tiene.
Colombia tiene un sistema de economía basado en empresa
privada, solidaria y fraterna. Aquí las contribuciones a
la seguridad social, por ejemplo en salud, de 12 puntos el empleador
paga 8. En pensiones, de 13.5 puntos, el empleador paga 10. En
riesgos profesionales el empleador paga la totalidad.
Y hay un gran avance del cooperativismo
y de participación
de trabajadores en empresas. La siderúrgica Paz del Río
la salvamos y hoy los trabajadores son dueños del 48 por
ciento. Hace poco entregamos a la comunidad indígena de
La Guajira las empresas de sal.
Hemos hecho reformas en 142 empresas del Estado con el criterio
de hacer el Estado sostenible. No nos anima una ola privatizadora,
sino Estado eficaz, transparente, sostenible.
Hemos hecho grandes acuerdos con los
sindicatos del sector eléctrico.
Por supuesto, en otros hay mucha contradicción con la política
del Gobierno. Pero hay casos muy importantes que demuestran la
solidaridad de esta política.
En este Gobierno, la carga tributaria
en Colombia se ha aumentado en 2 puntos del PIB, ya está en el 19 por ciento, comparable
con muchos países desarrollados.
Aumentamos el impuesto de renta en
nombre de la solidaridad, gravamos en una ocasión los altos patrimonios para la política
de seguridad y hemos creado un gravamen para los patrimonios en
la legislación tributaria ordinaria. Es importante decirlo
para que ustedes conozcan los esfuerzos de la sociedad colombiana.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
NO EXCLUYE LO SOCIAL
Y hemos adelantado una política social bien importante.
He dicho que la política de seguridad y la política
social no son excluyentes. Que tienen que ir de la mano la una
con la otra.
Tenemos lo que se llama Siete Herramientas
de Equidad. Creemos que la expresión fundamental de la igualdad en nuestros
días es la igualdad de oportunidades. Por eso hemos encabezado
la política social con la Revolución Educativa.
A la fecha hemos creado 750 mil cupos
escolares para los ciudadanos más pobres y en este año
nos proponemos crear otros 400 mil.
Hemos alfabetizado 600 mil colombianos
adultos, hemos creado 109 mil cupos universitarios y este año
nos proponemos crear 140 mil con un sistema ampliamente generoso
para los sectores populares.
El instituto nacional de capacitación técnica (Sena),
ha pasado de capacitar millón 100 mil colombianos en el
año 2002, a capacitar 2 millones 900 mil colombianos en
el año 2004 y se prepara para capacitar 4 millones de colombianos
en el 2006.
El año pasado, en los campos colombianos afectados por
la violencia, capacitamos 98 mil muchachos campesinos, bachilleres,
expuestos a ser reclutados por guerrilleros o por paramilitares.
Este año vamos a avanzar más en las cifras.
Hemos creído en la necesidad de avanzar en un País
de Propietarios.
Cuando este Gobierno empezó, la cartera para el microcrédito
estaba en 707 mil millones, hoy está en un billón
800 mil millones. Millón 600 mil colombianos han sido destinatarios
de microcrédito en este Gobierno.
Hemos avanzado en microcrédito productivo y en microcrédito
de vivienda. Nos proponemos ahora avanzar en microcrédito
de educación.
En el sistema de salud, cuando este
Gobierno empezó, 10
millones de colombianos tenían acceso al régimen
subsidiado de salud, hoy lo tienen 15 millones de colombianos.
Este año aspiramos ingresar millón 100 mil colombianos
pobres al sistema y aprobar una ley en el Congreso, para que durante
los años 2007 y 2008 Colombia pueda decir que ha alcanzado
plena cobertura en salud para los sectores más pobres.
¡Hemos avanzado y el avance hace creíble
el objetivo!
Hemos capacitado un millón
de campesinos, con la ayuda de ustedes, en seguridad alimentaria.
Teníamos un presupuesto para desplazados de 25 mil millones
al año. Este año es de 180 mil millones.
Tenemos, con la ayuda también de la comunidad internacional,
30 mil familias campesinas en el programa de Familias Guardabosques.
Familias que estaban en la droga, se han retirado de la droga,
se han comprometido a preservar las áreas libres de droga
y a recuperar el bosque.
Treinta mil familias campesinas recibiendo
más o menos
2 mil dólares familia/año y una gran asistencia técnica
y educativa de parte del Gobierno.
340 mil familias pobres están
recibiendo un subsidio cada dos meses, que nos cuesta 37 mil
millones cada dos meses, para
garantizar la asistencia escolar de sus hijos.
Estamos atendiendo en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar siete millones de niños. El año pasado aumentamos
la cobertura en 503 mil con desayunos para niños menores
de cinco años y este año llegaremos a otros 500 mil.
Tenemos hoy subsidio a 170 mil ancianos
pobres, un subsidio monetario. Y estamos empezando un programa,
para poder decirle al país
el 20 de julio, que hay otros 400 mil ancianos recibiendo una comida
al día.
Falta mucho, la pobreza no es sino verla, en Cartagena, el contraste
en la ciudad.
Aquí el sector privado hizo un gran aporte, atendiendo
una convocatoria del Gobierno y esperamos que dentro de un año
ustedes puedan ver mejoras importantes en materia de calidad de
vivienda en ciudades como Cartagena.
El Gobierno está haciendo un
gran esfuerzo para cumplir una meta de 400 mil soluciones de
vivienda.
A todos, nuestra inmensa gratitud. Este es un Gobierno leal con
sus compromisos, pero abierto al debate. Es un Gobierno firme en
sus convicciones, pero abierto a escuchar sugerencias. Es un Gobierno
que no conoce la reversa, pero abierto a introducir correctivos.
Mil gracias por su apoyo. Bienvenida
su crítica, bienvenidas
sus sugerencias, que siempre serán bien respondidas, bien
asimiladas y en lo posible, bien atendidas.
Fundamentalmente muchas gracias por
su generosidad con Colombia”.