PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD Y LIBERTADES INDIVIDUALES

Bogotá, 20 nov (CNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez, pronunciadas durante la instalación del seminario internacional ‘Seguridad y libertades individuales en Colombia’, organizado por la Defensoría del Pueblo. El evento se realizó en el Hotel Tequendama de Bogotá.

“La tensión dialéctica entre el bien colectivo de la seguridad ciudadana y los derechos individuales -tema de este Seminario- amerita ser repensada, sobre todo cuando ella se plantea en el entorno de sociedades sitiadas por una criminalidad desafiante, o de una comunidad mundial amenazada por el terrorismo globalizado.

La convocatoria de la Defensoría del Pueblo a reflexionar sobre este tema, reviste plena pertinencia y oportunidad.

Postular la relación entre seguridad versus libertad personal, como una antinomia insoluble de dos términos que irremisiblemente se excluyen, traduce una visión distorsionada y estrecha del concepto de seguridad. Esta visión debe ser superada en las sociedades democráticas, sobre todo hoy, cuando el riesgo de sufrir violencia en la persona y los bienes, ha llegado a ser una posibilidad cotidiana.

A este propósito es preciso, entonces, rescatar el contenido democrático del concepto seguridad; entenderla como la posibilidad real de todo ciudadano al goce tranquilo e imperturbado de sus derechos a la vida, a la integridad, a las libertades físicas y espirituales, al trabajo, la recreación y demás ámbitos de desarrollo personal.

Y tal posibilidad sólo se torna real cuando está asegurada la reacción coercitiva pronta y efectiva del Estado, para impedir o doblegar las amenazas de violación, provenientes de individuos u organizaciones.

Bien entendidas, seguridad ciudadana y libertad individual, son dos caras de una misma idea, dos maneras de expresar la vigencia del Estado de Derecho. La primera, como instrumento indispensable, y la segunda como gran fin. Porque una seguridad no traducible en libertades, o que las conculque, carece de todo valor ético.

La Seguridad Democrática es un conjunto integral de estrategias para recuperar el orden, en cuanto éste constituye el presupuesto ineludible para la vigencia real de los derechos y libertades fundamentales. Contrario a las anteriores estrategias de seguridad que recorrieron el continente de signo autoritario, que hacía de una opción ideológica o un partido político el enemigo interno, nuestra política de seguridad democrática, en cambio, predica que todos los discursos son bienvenidos en una democracia.

Necesitamos seguridad, no para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos ni tampoco para sustentar un régimen de Partido único. Seguridad para garantizar la más amplia diversidad del pensamiento, el más creativo debate en todos los planos de la vida; para que la acción de las armas jamás acalle las armas de la crítica.

El día en que la seguridad democrática se enseñoree de todo el territorio de la Patria, los campesinos no volverán a ser desarraigados de sus parcelas, los empresarios y trabajadores no serán secuestrados, los sindicalistas no serán amedrentados, los periodistas no sufrirán amenazas, los defensores de derechos humanos podrán desarrollar sin temores su actividad legítima, y los obispos y pastores predicar sin riesgo su evangelio.

Para que la libertad ciudadana reine, las sociedades democráticas han de ser sociedades abiertas, confiadas, con el menor grado posible de interferencia y molestias en la vida privada. En principio, cualquier ciudadano puede transitar por la acera de la sede de Gobierno, por enfrente de los cuarteles. Por eso, nos sorprende que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense consagre el libre comercio y porte de armas como una libertad básica.

El problema que pone a prueba a las democracias de hoy, es como armonizar esa confianza en los ciudadanos, que hace posible el régimen de libertades, con las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, que se aprovechan y abusan de tal sistema garante.

La sociedad liberal es vulnerable cuando el terrorista puede aprovechar las avenidas de libertad para sus tenebrosos objetivos. Un Estado ingenuo y vacilante frente al crimen es el camino abonado a la tentación totalitaria, que toma el atajo de la supresión de la Carta de Derechos.

La Historia ha mostrado que durante los gobiernos débiles y diletantes, la libertad individual y el Estado de Derecho sufren atentados irreversibles.

Para armonizar seguridad y libertad, hemos acudido también a la vía constitucional del Estado de Conmoción. Hemos recurrido a reglamentar, y a veces a restringir, en forma razonable, moderada y proporcionada, el ejercicio de algunas libertades y garantías, a fin de maximizar el disfrute de esos mismos u otros Derechos de igual rango, teniendo buen cuidado de respetar siempre ese ámbito mínimo e irreductible del derecho de libertad que la jurisprudencia criolla denomina su núcleo esencial.

Ningún derecho fundamental hemos suspendido. La prensa sigue siendo libre y no sometida a censura alguna, el debido proceso continúa intangible en su núcleo esencial, los derechos de reunión y manifestación gozan de plena garantía, al igual que la independencia de jueces y fiscales para cumplir sus funciones.

Ante la gravedad del drama humanitario que vive el país, sólo remedios extraordinarios permitirán restablecer el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado. Con base en los poderes de excepción hemos decretado, entre otras, medidas tributarias encaminadas a fortalecer la capacidad disuasoria de nuestros cuerpos coercitivos; medidas judiciales para quebrar el poderío económico que alimenta a los grupos ilegales, y medidas procesales para facilitar la captura y judicialización de los delincuentes.

Con estricta sujeción a la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, las restricciones, condicionamientos y modalizaciones a la libertad individual previstas en el Decreto 2002 -tales como la captura, el registro domiciliario y la interceptación de comunicaciones con base en orden verbal de autoridad judicial o, en caso extremo, sin ella-, sólo se permiten en circunstancias graves, en las que tales medidas sean imperiosas para impedir la violación de un derecho fundamental.

En tales eventos, además del control por parte del Ministerio Público, y del obligado registro de tales órdenes, la judicialización de las capturas y demás medidas restrictivas de la libertad deberá ser inmediata, y, en todo caso, no podrá exceder las 24 horas. Tales salvaguardas conjuran los riesgos de desbordamiento o arbitrariedad en la aplicación de esas prerrogativas.

La facultad para que las autoridades de las zonas de rehabilitación y consolidación, condicionen el tránsito, por ciertos sitios, a registros previos, no impide a ningún ciudadano honrado su derecho de locomoción. Todo lo contrario: le asegura su derecho a circular sin ser objeto de agresiones por parte de la delincuencia. En una sociedad sitiada por el terrorismo, es natural que el ciudadano deba soportar ciertas cargas e incomodidades, siempre y cuando no sean excesivas, gravosas o desproporcionadas, y estén inequívocamente enderezadas a salvaguardar bienes de igual rango axiológico.

Nos han servido como referentes los instrumentos constitucionales y legales de lucha contra el terrorismo que hoy rigen en las democracias europeas. Pero aún así, la severidad de las disposiciones que hemos adoptado, es menor que las de la mayoría de ellas, entre otras, las vigentes en España desde 1988.

Con todo, en esta materia siempre será aconsejable redundar en controles y prevenciones. Galvanizar el control inmediato del Ministerio Público, el control parlamentario y abrir las puertas a denuncias y veedurías ciudadanas como agentes de la opinión pública.

Con la tecnificación y refinamiento de los instrumentos de control a los aviesos métodos del delito, evitaremos cargas y molestias al ciudadano. Así mismo, el mejoramiento en inteligencia y la cooperación ciudadana, más que limitación de la libertad personal es mejoramiento de ella.

Al animar a ustedes a examinar con espíritu constructivo tan difícil pero vital problema de nuestras democracias, doy la bienvenida a los expositores internacionales y nacionales que nos acompañan. Tengo la certeza de que sus luces serán de gran valor para, entre todos, construir una patria mejor en la que la libertad y la seguridad sean dos ideales gemelos con plena realización para la felicidad de nuestro pueblo”.