PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE DURANTE CONDECORACIÓN
DE MAGISTRADOS
Bogotá, 14 dic (SNE). Las siguientes son las palabras del
presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la ceremonia
de imposición de la medalla José Ignacio de Márquez
al Mérito Judicial a varios magistrados de las Altas Cortes.
“Hago presencia esta tarde para rendir mi homenaje a la
justicia, sin la cual es imposible construir el lazo vinculante
que ate a un ciudadano con el otro, a cada uno con el todo y forme
la Nación a partir de la individualidad.
Había escrito unas palabras para referirme a este acto
de condecoraciones, pero la brillante intervención del magistrado
José Alfredo Escobar Araújo, me obliga a referir
unos comentarios con el mayor respeto en relación con la
justicia de la Patria.
El Fiscal General
de la Nación empezó la tarea por
introducir el régimen acusatorio. En la primera etapa de
esa reforma constitucional tuvo todo el apoyo de la administración
del presidente Pastrana y en la segunda etapa ha contado con todo
el apoyo de la actual administración.
Un paso bien
importante, que incorpora la oralidad, que además
separa al fiscal de la tarea de fallar instancias intermedias,
lo consagra exclusivamente a investigar, con lo cual se tiene mucha
eficacia en la mayor eficacia de la justicia.
Por supuesto,
está gran transformación se aplicará escalonadamente.
Empezará en Bogotá, en el Eje Cafetero. Ha requerido
la actualización de los códigos y recursos presupuestales
importantes que, en medio de la escasez, hemos logrado, en compañía
del Congreso de la República, arbitrar. Es un buen paso
que ha dado Colombia.
Hemos estado
estudiando otros aspectos de reforma a la justicia. No es fácil, porque si algo hay que manejar delicadamente
en Colombia es la relación entre las ramas de poder, relación
que finalmente institucionaliza o desestitucionaliza a la Nación.
Cuando nosotros
procedemos con paciencia, tenemos toda la franqueza para proponer
lo que pensamos, pero también toda la receptividad
para escuchar las voces opuestas, demoramos la presentación
de los proyectos para construir consenso, es porque queremos contribuir
a la armonía entre las ramas, que es la base sobre la cual
se funda la institucionalidad.
Ahora estamos
en frente de la Ley Estatutaria. Si bien desde el punto de vista
de la descongestión de la justicia es mucho
lo que se puede hacer con simples decisiones de la misma justicia,
con apoyos del Gobierno Nacional y con recursos presupuestales,
hay otros puntos, como el de la desjudicialización de las
pequeñas causas, que requieren que avancemos en reformas.
Por eso la necesidad de este tipo de reformas.
Reclamaba el
magistrado Escobar Araújo que una de las maneras
de descongestionar la justicia es por la vía de la conciliación
y de la transacción. Estoy de acuerdo. Pero el país
se lleno de pánico y va a tomar tiempo para curar ese pánico.
Cuando este
Gobierno empezó, teníamos en pleito
todas las concesiones viales de primera generación, los
contratos de asociación que se habían suscrito con
Telecom, concesiones de aeropuerto, ferroviarias. Con eso no hay
posibilidades de construir confianza en la inversión y nadie
se atreve a dar pasos hacia la conciliación.
Nosotros hemos
buscado abrir pasos hacia la conciliación,
hacía las transacciones. Desde un principio expresé a
mis compañeros de Gobierno: hay que en lo posible acelerar
transacciones para construir confianza en la inversión en
Colombia. Para que no todo se convierta en un litigio.
Y esas transacciones
deben soportarse en tres pilares: ceñimiento
absoluto al ordenamiento jurídico. Toda la delicadeza y
el cuidado para garantizar la justicia conmutativa en las prestaciones
de las partes. Y confianza a la ciudadanía.
A lo cual ayuda
inmensamente publicitar esas transacciones, permitirle a la ciudadanía que las conozca, una vez estén
acordados los textos, antes de ser perfeccionados los acuerdos.
Así lo hemos hecho. Hemos resuelto bastantes problemas
de concesiones. Hemos resuelto bastantes problemas de los que afectaban
a Telecom. Nos falta mucho. Y lo hemos hecho además con
todo el respeto a la institución de la justicia.
Por ejemplo,
el honorable Consejo de Estado ha anunciado al mediodía
la revocatoria de la transacción sobre la concesión
Comsa. Un pleito desde la adjudicación hace dos administraciones
presidenciales.
El Gobierno
Nacional ha buscado, con toda la buena fe, desatrancar ese proceso
que necesita el país. Y nos proponemos, primero,
lo elemental, recibir la sentencia del Consejo de Estado, la providencia,
con todo el respeto, acatarla plenamente.
Segundo, reaccionar
con alternativas constructivas para el país.
Buscar en lo inmediato que esos recursos que se han venido recaudando
en el peaje, que ya suman 160 mil millones, podamos aplicar rápidamente
una suma de esos recursos para reparar la carretera del Magdalena
Medio, que está muy destruida. Segundo, en 60 días
abrir una nueva licitación, tramitarla y adjudicarla con
toda la transparencia.
Quiero recordarle
al país que hemos venido exigiendo la
audiencia pública en estos procesos que, en aras de la transparencia,
por ejemplo, la concesión de Bogotá a Girardot fue
adjudicada en una audiencia televisada de seis horas, después
de un largo período de discusión.
Y finalmente,
en esto de Comsa, cumplir con las instrucciones del Consejo de
Estado para la liquidación del contrato que
entró en litigio desde sus comienzos.
Respetamos
la justicia. Le buscamos alternativas al país.
Deseamos sí que el Consejo de Estado nos dé instrumentos
jurídicos, para poder aplicar de inmediato los recursos
que están en la fiducia, para poder abrir de inmediato la
licitación para las obras, y que eso no vaya a depender
de que previamente se agote el proceso de liquidación del
antiguo contrato.
Una lección, punto fundamental para curarle el miedo a
las transacciones, es que los contratos nazcan transparentes. Arbolito
que crece torcido se queda torcido. Es muy difícil, cuando
los contratos no nacen con absoluta transparencia, enderezarlos
en el camino.
Hago ese llamado
al oído de todos mis compatriotas.
Nos toca, además de la Ley Estatutaria, insistir en el
tema de reforma constitucional. Ahí hay dos temas fundamentales:
el Consejo de la Judicatura y la tutela.
Déjenme hablar sin rodeos, pero con inmenso respeto. Yo
propuse, como candidato presidencial, eliminar el Consejo de la
Judicatura. Lo dije abiertamente, doctor Escobar Araújo,
en ningún momento para echar para atrás en aquello
de la independencia de la justicia.
Aprendí con
los magistrados y jueces de mi tierra que era posible que ellos
mismos administrasen la justicia con absoluta
independencia, sin tener que crear estos entes.
Entonces, buena
o mala mi propuesta, aceptada por algunos, discutida por otros,
sí pido que por lo menos se supere un punto:
que no haya dudas del respeto del Gobierno a la independencia de
la justicia.
Ese es un paso muy importante que ha dado la Patria y que no vamos
a hacer nosotros en este Gobierno los promotores de reversarlo.
Confío que concertadamente, concediendo la razón
o reclamándola, en un proceso analítico totalmente
desprevenido, podamos llegar al mayor nivel de consenso sobre esta
materia.
Se han abierto
algunas alternativas que se están estudiando,
se han discutido ampliamente con el Consejo Superior de la Judicatura,
con las diferentes Cortes, y creo que todos, aportando nuestro
granito de arena, podemos construir ese consenso.
Nadie discute
la tutela. Si ustedes me preguntaran, compatriotas, cuál es en mi concepto el principal problema de la Patria,
diría: la falta de credibilidad en las instituciones. Y
es lo primero que hay que recobrar.
Ha ayudado
inmensamente la tutela a recobrar la credibilidad en la institución superior, que es la Constitución.
La tutela ha logrado que la Constitución pase de ser un
cuerpo abstracto, en ocasiones inerte, a un cuerpo dinámico,
totalmente asible por el pueblo colombiano.
La revisión de tutela. Incluso a mí me sorprende
que muchos de los que se oponen a que la Corte Constitucional la
revise, cuando como funcionarios públicos se convierten
en los sujetos pasivos de una tutela, inmediatamente dicen: necesito
que la Corte las seleccione entre las que va a revisar. Atacan
la instancia de la revisión de la tutela, mientras en su
propio interés no necesite que la Corte Constitucional la
revise.
Por eso estos
temas hay que manejarlos tan desapasionadamente, tranquilamente.
Creo que ahí el tema es el de unas Cortes
que, estando en el mismo nivel de la estructura del Estado, nos
tienen que ayudar sobre qué pasa con las sentencias de las
unas y la competencia de revisión de las otras.
Punto bien
delicado. Llamaría también la atención
para que, en este intervalo de vacaciones de la justicia, todos
reflexionemos desprevenidamente sobre el tema.
Se refirió el honorable magistrado Escobar Araújo
a la Ley de Alternatividad.
Déjenme hablar de la oportunidad de uno de los principios
generales de esa ley y de la propuesta del magistrado Escobar Araújo
sobre el tribunal especial, que en su concepto no se debe crear,
sino que esa competencia se debe radicar en la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, como acabamos de escucharle.
La oportunidad.
En un país con 50 mil terroristas, que
llegó a tener 180 mil hectáreas de droga y desconfió porque
muchas veces los terroristas utilizaron los procesos de paz como
oportunidades para afianzarse en el terrorismo y derrotar las instituciones,
un marco legal anterior a hechos de paz es muy difícil de
adoptar.
Se genera cualquier
cantidad de suspicacias. La ciudadanía
no tiene certeza de que ese marco vaya a servir para producir hechos
de paz.
Otra cosa es
cuando se dan hechos de paz. Hemos logrado que se mejore sustancialmente
el cumplimiento del cese de hostilidades
por parte de los grupos mal llamados paramilitares. Se han presentado
unas desmovilizaciones importantes. En este Gobierno se han desmovilizado
cerca de 10 mil integrantes de todos estos grupos. Alrededor de
5 mil de las Farc, los que se están desmovilizando de los
paramilitares y algunos del ELN.
Con los hechos
de paz que se vienen dando, ya se facilita entrar a producir
ese marco jurídico.
Ahí hay
que tener en cuenta dos o tres puntos fundamentales. El equilibrio
y los destinatarios.
El equilibrio debe ser un equitativo balance entre paz y justicia.
Equidistante. Tiene que tener un concepto de paz, pero distanciarse
de la impunidad. Y tiene que tener un concepto de justicia, pero
distanciarse del sometimiento.
Un proceso
de paz en la Colombia de hoy, con la Constitución
de hoy, con las normas jurídicas de hoy, con los tratados
internacionales que hemos adherido, tiene que ser un proceso sin
impunidad. Pero para que sea proceso de paz requiere ser algo diferente
a una política de sometimiento.
He ahí, pues, una reflexión bien importante que
hay que hacer para adoptar ese marco jurídico.
Los destinatarios
deben ser todos los grupos. Quiero llamar la atención sobre esto: algún sector de la doctrina
política durante muchos años expresó en Colombia
que el delito del guerrillero siempre era político y el
de paramilitar siempre era un delito ordinario.
Se dijo que
el del guerrillero era político porque estaba
en contra del orden establecido, y que el delito del paramilitar
siempre era ordinario porque quería defender el orden establecido
o defenderse a sí mismo.
Creo que esos
criterios están rebasados por la evolución
de los hechos. Que son anacrónicos. Que en ambos casos se
está por fuera del ordenamiento jurídico. Y estar
por fuera del ordenamiento jurídico es simplemente estar
en contra del ordenamiento jurídico.
Por eso pienso que hoy no es factible hacer la diferencia entre
el delito cruel, atroz, del guerrillero y el delito cruel, atroz,
del paramilitar. Ambos son atroces. A ambos hay que darles el mismo
tratamiento.
Por eso quiero
invitar a todos mis compatriotas a que pensemos que ese marco
jurídico lo tenemos que concebir con todo
el equilibrio para que sea útil frente a todos estos grupos.
No se puede
pensar que a un grupo hay que llevarlo per se, porque sí,
a la guillotina, y al otro grupo hay que concederle la impunidad.
Necesitamos todo el equilibrio.
A mí no me gusta rechazar propuestas. Mi actitud siempre
es deliberar en busca de opciones. Creo en una Colombia en profundo
debate democrático. En una Colombia en la cual la deliberación
sirva para hallar opciones.
Aquí vi que premiaron ahora a distinguidos jueces y juezas
de la República por esa tarea de estar conciliando. Y esa
tarea sí que nos enseña que en la deliberación
hay que buscar opciones. Que hay que tener una mente muy abierta
para encontrar opciones. Que el debate no puede ser un debate ácido,
de antagonismos insuperables. Que el debate siempre tiene que orientarse
a la búsqueda y al hallazgo de opciones. Por eso he creido
que tenemos que discutir estas propuestas con toda receptividad.
Sin embargo,
honorable magistrado, déjeme proponerle una
inquietud, no un rechazo a la propuesta: un tribunal de un proceso
de paz es un tribunal con un elemento político, el inherente
al proceso de paz, que rebasa el imperativo puramente jurídico,
que debe guiar a la Sala Penal de la Corte Suprema en un tema distinto
a un proceso de paz.
Me surge esa inquietud, pero me parece que su propuesta hay que
discutirla ahora. Que dentro del marco de alternatividad debe definirse
ese tribunal.
Seguridad Democrática y justicia. La Seguridad Democrática: ¿por
qué la llamamos democrática?
América Latina la recorrió durante un tiempo la
doctrina de la seguridad nacional. Se utilizó para castigar
al disidente, para aporrear a quien pensaba de manera contraria
a aquellos que ejercían el poder.
Nuestra Seguridad
Democrática es para todos. Para el sindicalista,
para el empresario, para el trabajador, para el propietario. He
dicho, he pedido a la Fuerza Pública, que siempre, para
consolidar esta Seguridad Democrática, la Fuerza Pública
tiene que estar por encima aun del Ejecutivo. Por encima de que
lo que es la emulación política.
Y que para
esta seguridad sea democrática, enraizada plenamente
en la aceptación del pueblo colombiano, hay que cuidar por
igual al más duro de los opositores al Gobierno o al más
convencido de las tesis del Gobierno.
Esta seguridad
para ser democrática tiene que estar sometida
a la justicia y al ordenamiento jurídico. Esa es la primera
relación. Y la segunda: en la medida que esta seguridad
produzca resultados, va ayudarle a la justicia a ser más
eficaz.
Simplemente
un escenario: con la tasa de criminalidad de Inglaterra, aquí debería haber 200 homicidios al año.
A principios de los años 2000, se presentaron 30 mil homicidios
al año. No hay aparato de justicia en el mundo que funcione
con 30 mil homicidios, más 3 mil secuestros, más
las masacres.
Los resultados
de la Seguridad Democrática se van produciendo.
Falta mucho. Falta muchísimo. Pero el año pasado
tuvimos un descenso de homicidios del 20 por ciento. Este año
va por el 14. El año pasado tuvimos un descenso del secuestro
del 27. Este año los secuestros extorsivos han descendido
por encima del 50.
Creo que ese
efecto disuasivo de la Seguridad Democrática
sobre la criminalidad, tiene que ayudar finalmente a que la justicia
sea más eficaz. Por eso hago una relación mutuamente
dependiente entre justicia y Seguridad Democrática.
La justicia
se impone sobre la Seguridad Democrática y
la Seguridad Democrática produce una acción de réplica
que le ayuda a la justicia a ser más eficaz.
Tenemos inmensas
dificultades con la delincuencia organizada. Pero la hemos venido
derrotando. Los indicadores en este país,
un país libre, es que aquí hemos adelantado la política
de Seguridad Democrática, a diferencia de otros países
de América Latina, sin guerra sucia.
Le he dicho
a la Fuerza Pública que esta batalla contra
el terrorismo hay que ganarla con eficacia, agresividad y transparencia.
Sin guerra sucia, con plena adhesión a los Derechos Humanos,
sin limitar las libertades públicas.
Recuerdo otros
países de nuestra América Latina
cómo limitaron las libertades públicas en nombre
de la lucha contra el terrorismo. Aquí no. Esas libertades
públicas que se ejercen plenamente en Colombia impiden distorsionar
indicadores. Los indicadores de delincuencia han venido empezando
a ceder en Colombia.
Por supuesto,
el principal esfuerzo en materia de prevención
tiene que ser el esfuerzo educativo. Por eso nosotros estamos empeñados
en la Revolución Educativa, que es lo que finalmente construye
una sociedad con igualdad de oportunidades, presupuesto necesario
para el acatamiento general de los ciudadanos al ordenamiento jurídico.
Creo que ese es el gran componente preventivo.
Nos ha tocado
trabajar con unos recursos muy escasos. Por eso al mirar los
recursos de la justicia, creo que hay que mirarlos
en el marco de las cuentas fiscales de la Nación.
El país estaba inviable fiscalmente. Todavía hay
muy serios nubarrones. Por ejemplo, en el Gobierno Nacional central
todavía no hemos logrado lo mínimo, que es un superávit
primario, cuando ya Brasil lo tiene de 4 puntos.
Para obtener
ese superávit primario, tenemos que consolidar
al Gobierno Nacional central con las empresas descentralizadas,
con las entidades territoriales.
Déficit fiscales del 4.2 ó 5.3,
con endeudamientos del 54 por ciento del PIB y servicios de deuda
del 40 por ciento
del presupuesto, dificultan mucho la disponibilidad de recursos.
Hemos tenido
muy serias dificultades para la financiación
general del Estado, pero hay toda la buena voluntad de ir concertando
salidas.
Así como lo hemos hecho para apoyar con recursos la implementación
del régimen acusatorio y también hace poco en un
gran foro en Pereira, presidido por el señor Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, que aquí nos acompaña,
pudimos reiniciar nuevamente los diálogos que nos permitieron
llegar a un acuerdo sobre las asignaciones salariales de un sector
de magistrados y de fiscales.
Ahí vamos
dando pasos, en medio de dificultades y de restricciones, pero
creo que los vamos logrando.
Quiero defender
respetuosamente la fusión de los ministerios
del Interior y de la Justicia. Es que son dos Colombias para este
efecto. La anterior a la Constitución del 91 y la de ahora.
Antes de la
Constitución del 91, si no estoy desacertado,
en la estructura del Ministerio de Justicia se encontraba un cargo,
una jerarquía: la Dirección Nacional de Instrucción
Penal Criminal. Estaba en la estructura, dependía totalmente
del Ejecutivo. Eso se eliminó en la Constitución
del 91. Se creó la Fiscalía en el nivel del Presidente.
Más todos los otros pasos en dirección a la independencia
de la justicia.
Es distinto
un Ministerio de Justicia cuando la justicia depende tanto del
Ejecutivo, como dependía antes de la Constitución
del 91, a un Ministerio de Justicia post-Constitución del
91, cuando hay una justicia independiente. Hoy es más de
coordinación, de diálogo.
Y el del Interior.
Es distinto un Ministerio del Interior con un país centralizado, sin elección de gobernadores
y sin elección de alcaldes, que un Ministerio del Interior
después de la descentralización de la Constitución
del 91, de la elección de alcaldes, del Gobierno del presidente
Betancourt, o de la elección de gobernadores, del Gobierno
del presidente Gaviria.
Y déjenme expresarles, con todo respeto, que hoy la relación
del Ministerio del Interior y de Justicia con el orden público,
no es una relación tan directa como la tiene que tener por
ejemplo el Ministerio de Defensa.
Porque me ha
sorprendido que algunos han dicho que con esa reforma se afectó la independencia. Al contrario, se respetó la
independencia.
Y además, en esta situación fiscal, uno no debe
hacer una reforma administrativa si no da ejemplo. El país
había expedido la Ley 617 y había exigido una profunda
reforma de departamentos y municipios, y la Nación no la
hacía.
Nosotros empezamos
por reformar la Presidencia, para ahorrarnos allí el 26 ó 30 por ciento de los egresos. Seguir
con algunos ministerios. Hemos reformado 160 instituciones, empezando
por Telecom, Ecopetrol, el Sena, etcétera.
¿Para dónde iban las finanzas públicas? Telecom
estaba perdiendo 500 mil millones al año. No tenía
con qué pagarles a los jubilados. Eso se lo iba a reclamar
al Ministro de Hacienda, sumárselo al déficit fiscal
de la Nación. Este año da más de 800 mil millones
de utilidad, lo que le permite pagarle 500 mil millones a los jubilados
que están a cargo de la antigua Telecom en liquidación
y reiniciar un proceso de inversiones en toda la Patria.
Creo muchísimo en la independencia de las ramas y en su
relación armónica. La relación armónica
exige un diálogo permanente. No se puede romper el diálogo.
Y el puente del diálogo hay que mantenerlo. Francamente.
Es que en nombre
de la discrepancia uno se puede aislar, para volverse un tirapiedra.
Ni en nombre del diálogo, uno debe
perder la franqueza. No. Hay que tener diálogo con franqueza.
Discrepancia con diálogo. Buscando los intereses de la Patria,
buscando opciones.
Qué bueno que así como le hemos dado hoy una medalla
a los jueces y juezas, dedicados a estimular procesos de conciliación,
nos ganemos la medalla de ser capaz de lograr un acuerdo entre
el Ejecutivo, el Congreso y las Altas Cortes para las reformas
que faltan a la justicia.
Discrepancia
creativa, discrepancia con permanentes fuentes de diálogo y siempre mirando cómo, a partir de la discrepancia,
construimos la opción que más le favorezca a Colombia.
Muchas felicitaciones,
distinguidos presidentes de nuestras Altas Cortes, distinguidos
magistrados, distinguidos jueces y juezas.
Ustedes son los Soldados de la Ley. Y sin la Ley no hay virtud
y sin virtud perece la República, como lo dijera bellamente
El Libertador en el mensaje a Ocaña.
Quiero desear
a todos ustedes, a sus familias, una Feliz Navidad. Y desear
con todos ustedes, para el bienestar de las nuevas generaciones
de colombianos, que el año 2005 nos acerque definitivamente
al rescate de la seguridad. Muchas gracias”.
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