DISCURSO VICEPRESIDENTE SANTOS SOBRE MINAS ANTIPERSONAL

Bogotá, 7 oct (CNE).- El siguiente es el texto del discurso del vicepresidente de la República y presidente de la Comisión Nacional de Acción Contra las Minas Antipersonal, Francisco Santos Calderón, en la instalación del evento Promoción de un Plan de Acción para el Desminado Humanitario en Colombia, que se llevó a cabo esta mañana en el Club Militar:

"LAS MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA: DESAFIOS Y RESPUESTAS

Hoy y mañana, mientras ustedes realizan este evento, al menos cuatro colombianos serán víctimas de minas antipersonal en nuestro territorio.

En Colombia y en otros países del mundo las minas terrestres representan una amenaza y un peligro persistente e insidioso para la población. Son un instrumento repudiable y terrible de la guerra moderna, por su tremendo impacto sobre los individuos, en particular sobre la población rural, los niños y las niñas, víctimas especialmente vulnerables. Y también por los elevados costos económicos y sociales que imponen a las comunidades y a los países a mediano y largo plazo.

Al menos 68 países en el mundo están severamente amenazados por más de 110 millones de minas terrestres. Una amenaza que perdura más allá de los conflictos pues como ustedes saben, una vez colocada, una mina puede permanecer activa más de 50 años. Para no hablar de lo largas y costosas que resultan las tareas de retirarlas.

La gravedad de la crisis colombiana en relación con las minas antipersonal, objeto fundamental de este evento, causa grave y justificada preocupación dentro y fuera de nuestras fronteras.

Entre 1990 y junio del 2002, han ocurrido en nuestro país 1.806 eventos generados por esos artefactos explosivos colocados por grupos al margen de la ley. 411 municipios ubicados en 30 de los 32 departamentos fueron afectados. Esto equivale a decir, que las minas instaladas por esos grupos, han afectado por lo menos el 40% del territorio nacional, con incalculables costos humanos, sociales y económicos, pues las minas antipersonal no afectan solamente la integridad física y sicológica de las personas y sus familias, sino que sus devastadores efectos se expanden para toda una comunidad pues se inutiliza tierra cultivable, destruyen recursos naturales, bienes y servicios como carreteras, centros de salud y de educación, fuentes de agua, entre otros.

Pero ningún costo es más alto que la pérdida de seres humanos. Debido a los sub-registros existentes en los sistemas de información, a la limitación técnica de los mismos y al desconocimiento del registro de víctimas combatientes al margen de la ley, es difícil calcular el número real de víctimas. Los datos provisionales reunidos por el Observatorio de Minas Antipersonal, permiten una aproximación que señala que durante el periodo 1990-junio del 2002, se han registrado 1.634 víctimas; de las cuales el 50% de las víctimas civiles son niños y niñas, el 67% del total miembros de las Fuerzas Militares. 30% de las víctimas murieron en el lugar del accidente.

El incremento del uso de minas en Colombia es de tal magnitud, que durante los primeros nueve meses de este año, 459 personas han sido víctimas, es decir que cada día hay aproximadamente dos víctimas nuevas como consecuencia de una explosión por minas antipersonal. Estamos hablando de un incremento de eventos de 70% en relación con el mismo periodo del año 2001 y de 530% de víctimas.

Estas consideraciones subrayan por si solas la importancia y trascendencia de este evento y de la presencia de los Miembros de la Misión Internacional Paralela de la OEA y del Comando Sur.

Este espacio de reflexión, entre la Misión Internacional, el Gobierno y la sociedad colombiana resalta la importancia y la necesidad del trabajo conjunto del Estado, la Sociedad Civil y los Organismos Internacionales para adoptar medidas inaplazables de aplicación de la Convención de Ottawa.

Es una forma de consolidar los resultados de la tarea cumplida por varias organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales para sensibilizar al país acerca de la magnitud del fenómeno de las minas antipersonal. El esfuerzo por erradicarlas del territorio colombiano ha logrado unir al Estado y la sociedad.

Quiero subrayar al respecto el aporte del gobierno en estos temas. Durante los últimos años el Estado Colombiano ha establecido importantes políticas públicas en promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos y un irrenunciable compromiso en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. No hay funcionario público que no haya recibido instrucciones precisas de cumplir los deberes que señalan la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y DIH.

Entre muchas otras medidas legislativas, instrumentales y operativas que hemos adoptado, nuestro gobierno firmó y adoptó la Convención de Ottawa sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. Y aplica en forma constante medidas para la destrucción, incautación, desactivación de esos mortales artefactos, la prevención de accidentes y la atención a las víctimas en nuestro territorio.

Desafortunadamente, la intensificación y degradación del conflicto armado rebasa en ocasiones la capacidad institucional del Estado para dar respuestas oportunas y directas que mitiguen el sufrimiento de las víctimas, sus familias, y que permitan librar al país de la amenaza de las minas antipersonal y de los artefactos explosivos abandonados.

El Observatorio de Minas Antipersonal es un invaluable instrumento para analizar y definir soluciones y respuestas al problema. Al mismo tiempo un gran testimonio de la voluntad política y del compromiso institucional del Estado sobre el particular. Gracias al apoyo de países como Suiza, de instituciones como el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario, de la OEA, de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), y de otras organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos, contamos hoy con una red de información que nos permite saber en qué lugar ocurren los accidentes, dónde están las personas afectadas, cuál es la frecuencia de los eventos, y qué tipo de minas se están utilizando. La donación que hiciera el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario, nos ha permitido implantar y ajustar a nuestra realidad el Sistema de Información de Acción contra Minas Antipersonal.

Desde la entrada en vigor de la Convención de Ottawa, el 1 de marzo del 2001, mi país señaló la acción contra las minas antipersonal, como uno de los lineamientos prioritarios de la política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por tal razón, en enero de 2001, el Gobierno Nacional decidió que la acción contra las minas fuera una responsabilidad de la Vicepresidencia de la República a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos, y creó a su interior el Programa de Prevención de Accidentes y Atención a Víctimas Observatorio de Minas Antipersonal, como centro de coordinación y Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional.

Mediante nuestros propios recursos hemos realizado el Registro Histórico de eventos ocurridos durante el periodo 1990-2002. Avanzamos en el desarrollo del Observatorio y en la atención a las víctimas en los 36 municipios más afectados. También, con la participación de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y de Ingenieros Militares, hemos iniciado los Estudios de impacto social y económico de 138 áreas de riesgo.

Tenemos la "Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal", como la Autoridad Nacional del más alto nivel, y creamos los Comités Intersectoriales Técnicos, como responsables de la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal.

El 25 de junio pasado, fue sancionada la Ley 759, que penalizó las acciones prohibidas en la Convención de Ottawa, dio fuerza de Ley a la Autoridad Nacional y al Observatorio de Minas Antipersonal, determinó las condiciones para facilitar las Misiones Internacionales, creó las Misiones Humanitarias Nacionales para verificación de hechos y determinó el régimen de destrucción de minas antipersonal.

Como lo hemos señalado en los informes de transparencia determinados por el Artículo 7 de la Convención, desde el año 1999 la Industria Militar Colombiana, "Indumil", canceló la producción de minas antipersonal. Igualmente, para cumplir con el Artículo 4 de la Convención, cuyo plazo vence para Colombia en febrero del 2005, el Ministerio de Defensa Nacional sigue adelantando las acciones para la destrucción de nuestras escasas existencias de minas (20.312).

Hemos participado activamente en el proceso de Ottawa y en las reuniones de los Estados Parte. Recientemente participamos en la Conferencia sobre Avances del Desminado en las Américas, celebrada en Managua con el apoyo de la OEA, en la cual se estableció la necesidad de dar prioridad de cooperación y asistencia a los países que sufren actualmente conflictos armados internos. Y en la Cuarta Conferencia de Estados Parte en Ginebra, en la que conjuntamente con Suiza y Filipinas, nuestro país solicitó a la Comunidad Internacional realizar esfuerzos para comprometer a los actores no estatales a renunciar al uso de las minas antipersonal.

La insurgencia y los grupos de autodefensa deben comprender que el uso de minas antipersonal es una práctica condenada universalmente que está ocasionando graves daños a la población civil.

Nuestro país se debe preparar para evitar accidentes ahora y en el futuro cuando retorne la población desplazada al área rural.

No tengo duda de que este ejercicio, que cuenta con la presencia y participación de los delegados del Programa de Desminado Humanitario de la OEA y del Comando Sur, aportará nuevos y valiosos elementos para dar continuidad y proyección a lo que hemos conseguido hasta ahora con la ayuda de la Comunidad Internacional, el compromiso del Estado y la participación del pueblo Colombiano para que el nuestro sea un país en el que la gente pueda caminar sin el peligro latente y espantoso que hoy implica la presencia de las minas antipersonal".