DISCURSO DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE VELEZ, ANTE LA 57º ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Saludo a Su Excelencia el Sr. Jan Kavan de la República Checa, Presidente de esta Asamblea General, a la cual me dirijo por primera vez.

A poca distancia de este lugar, en el fatídico 11 de septiembre, murieron 2.801 ciudadanos del mundo. En Colombia, la violencia cobra cada mes igual número de víctimas.

Cuarenta y tres millones de colombianos, pueblo amante de la paz, soportan una de las más graves crisis humanitarias del mundo:

- Colombia tiene que enterrar cada año a 34 mil hijos suyos, víctimas de la violencia. Hemos perdido al 10% de nuestros jóvenes.

- El País registró el año pasado la tasa más alta de homicidios en el mundo: 63 por cada cien mil habitantes.

- Durante los últimos 5 años sufrimos 8 mil actos de destrucción colectiva, cifra superior a la registrada en los demás casos de violencia del mundo; 280 poblaciones sufrieron ataques de guerrillas y paramilitares con graves consecuencias para la población civil y la Fuerza Pública.

- El acto terrorista perpetrado durante mi posesión, mató a 21 personas humildes.

- Dos millones de personas, el 40 % niños, sufren hoy el desplazamiento forzado, bajo la presión de grupos violentos. Equivale a desplazar a las comunidades de Washington y Manhattan al mismo tiempo.

- En el último lustro 16.500 personas han sido víctimas del secuestro. Ayer 6 niños fueron secuestrados y todavía 1 permanece cautivo.

- 390 alcaldes -más de la cuarta parte del total de municipios del país-, 9 gobernadores y 107 diputados están bajo amenaza de muerte por los mismos grupos.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre conmovieron al mundo y provocaron la justa condena universal. La humanidad debe estremecerse ante atentados como el cometido por guerrilleros el 2 de mayo en Bojayá, un poblado de mil habitantes. Allí fueron asesinadas 117 personas refugiadas en la iglesia.

Esta violencia empobrece cada vez más a la población, ahuyenta la inversión, estanca el crecimiento económico, distrae recursos valiosos y nos impide superar la condición de país rezagado en lo económico y social.

- La violencia compromete 4 puntos del Producto Interno Bruto del País.

- Diariamente ocurren asaltos, secuestros y robos en las principales carreteras, como en la que une a dos de nuestras principales ciudades. ¿Qué tal que ello sucediera entre Bruselas y París, o entre Nueva York y Boston?

Los colombianos hacemos hoy un gran esfuerzo para enfrentar el problema: con políticas de orden público, reformas del Estado que derroten la corrupción y la politiquería; mayor crecimiento económico e inversión social.

El objetivo central de nuestra política de Seguridad Democrática es rescatar el imperio de la Ley. La seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos. Tampoco para sustentar un régimen de partido único.

La Seguridad Democrática es para proteger a todos los ciudadanos en una Nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo.
La Seguridad Democrática es para todos los colombianos. Para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas; no secuestren a los empresarios; no amedrenten a los periodistas; respeten la misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de culto, educadores.
Para que los sindicalistas ejerzan libremente su acción; los dirigentes políticos se desplacen sin temores; los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas.

Como comandante civil de las Fuerzas Armadas estoy comprometido con la observancia rigurosa de los derechos humanos. Sin éstos puede haber apaciguamiento, pero nunca habrá reconciliación. Nuestras medidas de emergencia no suprimen derechos humanos pero exigen observar reglas, por ejemplo, en la movilización de los ciudadanos, para evitar que en nombre de la libre locomoción se continúe transportando explosivos para asesinar a la gente.

Respetamos la controversia. La política de seguridad que se implementa, no es para acallar la crítica sino para enfrentar la violencia. Esa política no tiene reversa.

En Colombia, la tasa de personal militar y de policía es baja: 3.9 por cada mil habitantes. Nueva York cuenta con 42 mil policías, toda Colombia con 75 mil.

Tenemos que fortalecer la Fuerza Pública. Hemos decretado un impuesto al patrimonio, que pagarán las empresas y personas de mayores ingresos. Se recaudarán recursos cercanos al 1% del PIB.

En desarrollo de la política de Seguridad Democrática nuestro Gobierno ha convocado la solidaridad de un millón de ciudadanos para que, voluntariamente, asuman la tarea de cooperar con la Fuerza Pública y la Administración de Justicia.

El apoyo de la ciudadanía a las instituciones legítimas es elemento esencial del Estado Social de Derecho. Es expresión de la solidaridad de cada individuo con su comunidad, sin la cual el Estado pierde su naturaleza social. Requerimos romper el miedo ciudadano a la guerrilla, a los paramilitares, crear vínculos comunitarios con las instituciones democráticas. La eficacia y la transparencia de la fuerza pública depende en alto grado de la cooperación ciudadana.

El problema colombiano es un riesgo para la estabilidad democrática de la región. Necesitamos la ayuda del mundo para resolverlo. Pido la ayuda del mundo porque mi Gobierno tiene la decisión de derrotar el terror, de que no pasen estos 4 años como un nuevo triunfo de la delincuencia ni como una nueva prueba de la vacilación del Estado y la sociedad frente a la arrogancia de los violentos.

Eliminar las fuentes de financiación del terror es imperativo. Por eso tenemos que vencer la droga y el secuestro.

El foro de las Naciones Unidas está preocupado por las armas de destrucción masiva, y nosotros compartimos esa angustia. Por favor, debemos entender que la droga tiene una capacidad de destrucción masiva, como la más temible de las armas químicas.

Tenemos la determinación de eliminarla. Pedimos al mundo un compromiso igual. No podemos continuar con decisiones y acciones a medias, tímidas. Mientras se divaga, el terrorismo siembra y trafica con más droga.

¡No nos envíen sus armas! ¡Eliminen sus mercados de droga y sus precursores químicos! ¡Ayúdennos con la interdicción aérea y el decomiso de la droga que navega por el Caribe y el Pacífico!

Requerimos recursos para pagar a nuestros campesinos a fin de que destruyan la droga y cuiden la recuperación del bosque.

La semana anterior, Carlos Enrique Arenas, piloto de la Armada Nacional -con 29 años de edad padre de una hija de apenas dos años y con un segundo hijo en camino- y su auxiliar, Roberto Enrique Guardo -con tres pequeños hijos-, desaparecieron en el mar. El helicóptero que operaban cayó, luego de que interceptaran una lancha con más de 2 toneladas de cocaína.

Sacrificios como estos demandan el apoyo de todos los países para derrotar la droga, pues hasta ahora solamente hemos podido decomisar un 20% de la cantidad que sale de nuestro País.

Una resolución de la ONU ordena la confiscación de las cuentas bancarias, inversiones y bienes de quienes cometen actos terroristas. Esa resolución ha sido letra muerta en los países en donde circula el dinero que financia los actos terroristas en Colombia.

El compromiso de seguridad de mi Gobierno no se opone al diálogo. Al contrario, lo desea. Por eso hemos pedido la gestión de buenos oficios de las Naciones Unidas, por intermedio de un asesor especial del Secretario General. Esa es la forma para iniciar un proceso serio de paz que parta de un cese de la violencia.

La Carta de Naciones Unidas nos enseña que para dialogar con quienes cometen hechos de terror, es esencial que esos hechos se suspendan.

El dolor de miles de colombianos por el secuestro de sus seres queridos -entre quienes se encuentran la ex candidata Presidencial Ingrid Betancur, varios congresistas, diputados, el Gobernador de mi Departamento, un ex ministro infatigable en la lucha por la paz, integrantes de la fuerza pública y centenares de ciudadanos-, nos indica que necesitamos acciones humanitarias, que sirvan, no para fertilizar la violencia, sino para recorrer caminos de reconciliación.

El mundo está lleno de analistas del problema colombiano. De críticos de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos. Requerimos menos retórica y más acción. Que nos ayuden de verdad a solucionarlo.

Demandamos cooperación eficaz porque esta violencia se financia con un negocio internacional que es la droga y se ejecuta con armas no fabricadas en Colombia.

Sufrimos miseria, injusticia, desconfianza inversionista, alto endeudamiento y déficit fiscal, iguales a los que agobian a muchas naciones.

Siempre hemos honrado y siempre honraremos nuestras obligaciones financieras internacionales.

Estamos realizando esfuerzos sin precedentes para congelar gastos de funcionamiento e incrementar impuestos. Pero necesitamos un significativo respaldo económico bilateral y multilateral para invertir y generar empleo. Esto es, para empezar a pagar la deuda social.

El triunfo frente a la violencia ayuda a crecer la economía y a financiar el desarrollo social que, a su vez, consolida la paz.

Una reflexión: una libra de café colombiano llegó a valer más de 3 dólares, hoy gira alrededor de 60 centavos. Los bancos internacionales y las agencias de cooperación deben duplicar su compromiso y recursos en Colombia. El dinero no será para pagar derroche ni para rescatar quiebras sino para invertir en la reivindicación de los pobres, para asegurar la gobernabilidad.

Los colombianos son un pueblo digno, trabajador, democrático, prudente, cuya espontaneidad no ha sido abolida por el martirio.

La Nación tiene la más sólida tradición democrática, un reconocido buen desempeño económico de largo plazo, una base industrial con alta diversificación, una estructura productiva con creciente orientación al mercado internacional y enorme potencial de la pequeña empresa democrática.

Con el compromiso y apoyo de ustedes, que representan a las Naciones del Mundo, y con nuestra determinación, Colombia se liberará de la esclavitud de la violencia y podrá ser más próspera y justa.

Nueva York, 13 SEPTIEMBRE DE 2002