DISCURSO
DEL VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA EN LA OEA
Washington,
12 feb (CNE). El siguiente es el discurso pronunciado esta tarde
por el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón,
ante el Consejo Permanente de la OEA.
TOLERANCIA
CERO CON EL TERRORISMO
El
pasado viernes a las 8:15 de la noche, en Bogotá, un grupo
de terroristas hizo estallar un carro bomba con más de 200
kilos de explosivos en el estacionamiento de un club privado en
cuyo interior había más de 700 civiles.
35
personas, entre ellas 6 niños con edades de entre 3 y 13
años, murieron como consecuencia de esta atrocidad. 160 personas
más resultaron heridas.
La
historia de una de ellas, María Camila García, de
12 años, sintetiza lo que representa un ataque terrorista
contra la población civil: su padre, su madre y su hermana
de tres años murieron por causa de la explosión y
ella resultó gravemente herida. Le amputaron una de sus piernas
y aún permanece en coma en el hospital. Su única familia
es un hermano gemelo que milagrosamente se salvó.
Quiero
expresarles con toda claridad que tanto el Gobierno de Colombia
como el de los Estados Unidos tienen evidencia irrefutable, producto
de inteligencia técnica y humana y que por obvias razones
de seguridad no podemos divulgar, que indican que los autores de
este atentado fueron las Farc.
Ningún
país del mundo padece con tanta severidad los horrores del
terrorismo y la violencia como Colombia.
Durante
los últimos cinco años los colombianos sufrimos 8
mil actos de destrucción colectiva, cifra superior a la registrada
en los demás casos de violencia del mundo. 280 poblaciones
sufrieron ataques de guerrillas y paramilitares con graves consecuencias
para la población civil y la Fuerza Pública.
La
violencia de la Colombia de hoy tiene distintas fuentes. Pero la
principal es esa maquinaria infernal que desatan los multimillonarios
ingresos del narcotráfico puestos al servicio de organizaciones
terroristas como las Farc.
En
el 2002 las Farc asesinaron 834 civiles y cometieron 876 actos terroristas.
Es decir, más de dos por día.
Estos
actos comprenden la utilización de artefactos explosivos,
quemas de vehículos de transporte público, destrucción
de escuelas, de instituciones estatales, de establecimientos públicos,
de viviendas, de lugares de recreación, de bienes culturales,
de lugares de culto religioso, de voladura de torres de energía
o comunicaciones, de puentes y de peajes. Pero muy especialmente
todo tipo de atrocidades contra la población.
Las
Farc no distinguen en su accionar entre civiles y combatientes.
Sus ataques son indiscriminados y el uso de medios de combate no
tiene límites.
Sería
interminable realizar la relación completa de actos terroristas
por parte de este grupo, pero sí quiero referirme a algunos
casos que demuestran claramente que los hechos que les pedimos condenar
no son aislados sino que hacen parte de una creciente ola de atentados
bárbaros que culminan en los del pasado viernes.
El
7 de abril de 2002 en Villavicencio, capital del departamento del
Meta, la explosión de un carro bomba causó la muerte
a 11 personas y heridas a 70 más en el sector de La Grama,
donde jóvenes departían un viernes por la noche en
restaurantes, cantinas y bares de esta ciudad.
El
2 de mayo del mismo año, un cilindro de gas lanzado por terroristas
de las Farc destruyó la iglesia de Bojayá (Chocó)
y provocó la muerte de más de 110 civiles -45 de ellos
niños- y heridas a otros 80 ciudadanos.
El
7 de agosto de 2002, día de la posesión del presidente
Álvaro Uribe, murieron aproximadamente 18 civiles en Bogotá
como consecuencia del lanzamiento de un rocket contra el Palacio
de Nariño a la misma hora en que realizaba la transmisión
de mando.
Tres
granadas de mortero explotaron el 22 de noviembre de 2002 en una
edificación cercana a las instalaciones de la Fiscalía
General de la Nación y de la Embajada Norteamericana. Y el
30 noviembre, 30 personas resultaron heridas en el piso 30 de Residencias
Tequendama en Bogotá, tras la activación de un artefacto
explosivo en un restaurante. Ese mismo día, el Presidente
de la Comisión Primera del Senado, Germán Vargas Lleras,
fue víctima de un libro-bomba que le voló la mitad
de su mano izquierda.
El
16 de enero de este año un grupo de hombres armados de las
Farc realizaron un macabro recorrido por varias veredas del municipio
de San Carlos en Antioquia. A lo largo del mismo mataron a 20 humildes
campesinos, algunos menores de edad y hasta a un anciano de 72 años.
¿Los
motivos? Algunos porque no aceptaron vincularse a las Farc, otros
bajo la sindicación de tener teléfono en sus casas
y ser sospechosos de utilizarlos para informar a las autoridades
y otros por vivir en veredas donde patrullan grupos de autodefensa
ilegales.
Tan
sólo en el año 2002, 43 menores de edad fueron secuestrados
por las Farc. Ese mismo año este grupo terrorista secuestró
a 12 extranjeros, a 898 civiles y a 48 miembros de la Fuerza Pública.
Si
hablamos de los atentados que la Fuerza Pública ha evitado
tenemos que mencionar unos rockets que apuntaban hacia el sistema
de transporte masivo u ocho carros-bombas que iban a ser activados
en distintos lugares de la capital.
Las
Farc constituyen en la actualidad la principal amenaza contra nuestra
democracia. Mantienen secuestrados a 23 dignatarios del Estado entre
ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancur, senadores, representantes,
diputados y al gobernador del departamento de Antioquia Guillermo
Gaviria.
Asimismo,
además de amenazar con asesinar a todos los alcaldes, lo
que obligó a muchos de ellos a renunciar o a despachar desde
las capitales de departamento, limitando las libertades públicas
y el derecho a algo tan fundamental en una democracia como es el
de elegir y ser electo, el año pasado este grupo terrorista
asesinó a 62 concejales, 13 alcaldes y 43 religiosos.
En
medio del acoso y de las amenazas del terrorismo, el Gobierno trabaja
sin descanso en la construcción de la Seguridad Democrática
para Colombia, que consiste fundamentalmente en rescatar el imperio
de la Ley.
Al
mismo tiempo el presidente Álvaro Uribe reitera su voluntad
de propiciar una solución política del conflicto que
las Farc y el ELN han rechazado una y otra vez.
El
Presidente ha sido enfático en señalar que cualquier
proceso de negociación debe contar con la presencia de la
comunidad internacional, ir precedido de una disminución
de la violencia contra los civiles y acompañado de una voluntad
real de llegar a acuerdos de paz.
En
el momento mismo de su elección solicitó los buenos
oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, creó
una comisión encabezada por el arzobispo de Tunja, monseñor
José Augusto Castro, para los acercamientos con las Farc,
mantuvo los diálogos con el ELN en Cuba, apeló al
grupo de países amigos cuando estas conversaciones se empantanaron.
Voluntad no le ha faltado a este Gobierno de buscar una salida negociada.
Nuestro
Gobierno no impone condiciones indignas pero tampoco acepta imposiciones
surgidas del terror. Concibe la construcción de la paz mediante
un proceso de buena fe, tejido con paciencia y creatividad, acompañado
por los amigos de Colombia, que reconozca la inutilidad e inviabilidad
de la confrontación armada y que comience por respetar a
la población civil. El inicio de este proceso no ha sido
posible por la intransigencia de la insurgencia y por sus mezquinos
cálculos.
Ni
el terrorismo, ni la crueldad, ni la insensatez de los violentos
nos harán desistir del empeño y del compromiso de
proteger a los colombianos y devolver la seguridad a nuestro país.
Estamos enfrentando con fortaleza, perseverancia y decisión
las múltiples amenazas que plantea esta letal alianza de
subversión y narcotráfico.
Los
grandes objetivos de nuestra política de seguridad, dirigida
contra todos los factores de violencia, son lograr la plena vigencia
de todos los derechos para todas las personas, proteger a empresarios,
periodistas y sindicalistas. A todos los colombianos.
En
sólo seis meses de aplicación de esa política
hemos logrado reducir los homicidios de 2.500 por mes a 1.800, los
secuestros de 300 por mes a 200, y disminuyeron a niveles históricos
el asesinato de sindicalistas y las masacres.
En
las vacaciones del pasado fin de año nuestro pueblo recuperó
el derecho a transitar por su país y 19 millones de personas
viajaron por nuestras carreteras.
En
Colombia hay autoridad, no autoritarismo. Hemos aplicado nuestra
política con estricta observación a las normas internas
y de los tratados internacionales de derechos humanos. Ningún
Gobierno colombiano ha sido sometido a mayor escrutinio nacional
e internacional y ha logrado mejores resultados.
Pero
este esfuerzo del Estado y la sociedad colombiana requiere el respaldo
decidido, inequívoco y expresado en acciones de la comunidad
internacional.
El
mensaje que les quiero transmitir es muy concreto: las actividades
de los grupos armados al margen de la ley que operan en nuestro
territorio atentan directamente contra la estabilidad política,
económica y social de nuestro Estado, violan los derechos
humanos de todos los colombianos sin excepción, contradicen
las normas del Derecho Internacional Humanitario, y son hechos terroristas
sobre los cuales se debe aplicar todo el peso de la Ley.
El
impacto negativo de las actividades terroristas de las Farc transciende
nuestras fronteras y afecta la paz y la estabilidad de toda la región.
Por ello, nuestro Gobierno les solicita adherir a la declaración
suscrita ayer por los Presidentes de Panamá, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Canciller de la
República de Argentina.
Igualmente,
exhortamos todos los países miembros de la OEA a cumplir
estrictamente la normatividad nacional, regional e internacional
de combate al terrorismo en todas sus manifestaciones, en particular
la Resolución número 1373 del Consejo de Seguridad
y la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Pero
sobre todo les pedimos eliminar todo vínculo, facilidad o
relación con dichos grupos terroristas.
La
amenaza del terrorismo contra la democracia y la población
no es sólo contra los colombianos: es contra todos. Por eso
es inaceptable que los terroristas puedan transitar libremente por
nuestros países; adquirir armas, municiones y explosivos;
movilizar el dinero producto de la extorsión, el secuestro
y el tráfico de drogas ilícitas.
Nuestro
deber y nuestra obligación es trabajar conjuntamente para
quitarle a los terroristas toda fuente de financiamiento y toda
posibilidad de moverse de un lugar a otro.
La
que está en juego es la seguridad del continente, la democracia,
la posibilidad de construir un mundo mejor para nuestros pueblos
y las condiciones para integrarnos económica y tecnológicamente
con el mundo.
Los
valores que iluminan nuestro camino de equidad, participación
libre, democracia plena, prosperidad, desarrollo, integración,
garantía de derechos y convivencia pacífica no son
realizables si esta amenaza no se controla.
Colombia
ha honrado sus compromisos internacionales y ha hecho inmensos sacrificios
en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Cuantiosos
recursos necesarios para la inversión en los más pobres
y el desarrollo nacional se han ido en esta lucha. Humildes ciudadanos
y ciudadanas y connotados dirigentes de nuestro país han
ofrendado sus vidas. Asistimos con tristeza a la destrucción
de aquello que nos ha costado tanto esfuerzo. Pero como lo pregonaban
las decenas de miles manifestantes el domingo pasado en Bogotá:
COLOMBIA LLORA PERO NO SE RINDE.
Acudimos
a ustedes en este crucial momento de nuestra historia a pedir su
solidaridad y compromiso en la defensa de nuestra democracia y nuestra
población.
Que
ningún lugar de América sirva de refugio a los terroristas,
ni sea propicio para su apertrechamiento o circulación de
sus capitales de muerte.
Que
sus autoridades cooperen con las nuestras en la investigación
y represión de actos criminales. Que la Convención
Interamericana contra el terrorismo sea ratificada y aplicada. Que
los compromisos derivados de la Resolución 1373 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas los apliquemos eficazmente.
44
millones de colombianos y colombianas estamos dispuestos a realizar
aun mayores sacrificios hasta lograr la seguridad para nuestro país
y por ende la paz y esperamos que los países hermanos no
sean inferiores al reto de esta hora que nos plantea a las democracias
del continente el terrorismo.
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