PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE EN SEMINARIO DE REFORMA DEL ESTADO

Bogotá, 24 sep (CNE).- El siguiente es el texto del discurso que el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, pronunció durante el Seminario Internacional "Reforma a la Estructura del Estado y Derechos Humanos" organizado por la Procuraduría General de la Nación.

"Si tuviera que resumir con un ejemplo la realidad económica de la Colombia de hoy, diría que se asemeja al peor esposo que alguien quisiera para su hija: gastamos más de lo que ganamos, destinamos la mayor parte del gasto a temas improductivos y no tenemos demasiado claro de qué vamos a vivir en el futuro.

Se lo acaba de recordar el presidente Uribe a los colombianos en su alocución televisada: el presupuesto del año entrante tiene un faltante de 6.5 billones de pesos. El endeudamiento es muy alto: la Nación gasta 42 por ciento por encima de sus ingresos.

Es una situación realmente calamitosa, a la cual llegó nuestro país a lo largo de la última década. Desde 1990 hasta hoy el gasto del sector de gobierno central, sin incluir el sector descentralizado, pasó de cerca del 9.4 por ciento al 20.8 por ciento.

Lo más grave es que este crecimiento del gasto sin precedentes en la historia reciente de Colombia, no representa beneficios para la mayoría de la gente.

Tuvimos aumento del gasto de más de 10 puntos del PIB, pero crecimiento económico casi nulo. El aumento de 3 puntos del PIB en inversión social tampoco ha representado cambios ni mejoras en la educación ni en el sistema de salud.

Para financiar parcialmente esta desmesura en los gastos del gobierno central, los colombianos hemos tenido que aceptar y asumir el costo de siete reformas tributarias que produjeron en los períodos 1990-1994 y 1998-2002 un importante aumento de los ingresos públicos, a través del incremento del IVA y del impuesto a los movimientos financieros, especialmente.

Y es aquí donde quiero hacer el primer contacto con el tema objeto de este importante evento: "Reforma a la Estructura del Estado y Derechos Humanos": ¿cómo justificar este enorme incremento de los gastos del Gobierno, si no beneficia a la gente?

Estamos gastando muy mal nuestros recursos. Destinamos un margen cada vez más reducido a inversión mientras cada vez gastamos más en funcionamiento y en el pago de intereses de la deuda.

Tenemos un Estado capturado por los políticos y por los intereses de los grandes empresarios. Un Estado que no rinde cuentas. Un Estado cerrado que trabaja para sí mismo. Un Estado burocrático e ineficiente, carcomido por la corrupción. Un Estado que parece ir en dirección contraria a los derechos y a las necesidades de las mayorías.

El altísimo costo de los gastos de funcionamiento y del pago de intereses de la deuda minimiza el presupuesto para inversión. Esto equivale a decir que en la Colombia de hoy no es posible alcanzar metas de interés público a través de la acción gubernamental.

Que nadie se llame a engaño: hay que romper ese círculo vicioso de frivolidad y de egoísmo. Mantener un Estado en franco crecimiento, con una vocación productiva tan limitada y decreciente, es una locura insostenible.

Desde esa óptica es fácil entender los fundamentos del programa económico del presidente Alvaro Uribe: para reencausar el desarrollo del país es urgente devolver al Estado a una senda de estabilidad macroeconómica y de inversión productiva, de manera que el sector público, más que una pesada y amenazante carga para el país, recobre su papel fundamental de contribuir al desarrollo nacional, dentro de claros principios de austeridad y productividad de los recursos públicos.

Hacen carrera en la Colombia de hoy, los chistes y comentarios acerca del intenso ritmo en que los funcionarios del alto Gobierno tenemos que trabajar, trabajar, trabajar.

Y hay quienes se preguntan si no resulta temerario acometer al mismo tiempo tantas reformas como las que propone el presidente Uribe. Yo les diría sin temor a equivocarme que es indispensable.

El presidente Alvaro Uribe fue elegido para dar el timonazo que garantice el profundo cambio de rumbo que necesite el país. Y para cambiar las muy lesivas tendencias que traía la economía es indispensable acometer reformas fundamentales en varios frentes concurrentes y complementarios, el pensional, el endeudamiento, la eficiencia en las regalías y transferencias y desde luego la renovación del Estado. No hacerlas haría imposible el regreso a la estabilidad y al progreso.

El espíritu de la Constitución de 1991 es descentralista por lo cual requeriría un Estado central muy esbelto que traslade el peso de las decisiones a las regiones. Pero en la práctica ha ocurrido lo contrario. Lejos de reducir su tamaño el Estado central crece desmesuradamente año tras año.

El mayor impacto de este proceso corresponde al crecimiento de gastos en defensa, sector social, transferencias territoriales, y gastos de hacienda pública (deuda pública, entre otros).

La Rama Ejecutiva consta hoy de cerca de 300 entidades. Eran 189 en el año de 1990, 219 en el 1994 y 291 en 1998.

Desde 1990 hasta hoy hemos creado 3 ministerios (Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura) 4 superintendencias y hemos tenido un inusitado crecimiento en el número de entidades vinculadas, pasando de 31 en 1990 a 78 en 2001. Dentro de las entidades vinculadas se destacan las corporaciones de investigación y los organismos autónomos.

En el Estado colombiano trabajan 817.000 personas, entre las cuales sobresalen claramente tres grupos: Policía, Fuerzas Militares y docentes, que en conjunto explican un total de 590.000 empleados públicos de un total de 760.499, es decir el 77 por ciento de los empleados públicos.

Cuatro entidades tienen plantas superiores a 20.000 servidores: el Ministerio de Defensa (esto sin incluir uniformados), el Instituto de los Seguros Sociales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

Siete entidades tienen plantas superiores a los 5.000 funcionarios: Inpec, Telecom, Dian , Ecopetrol, Sena, DAS y el Icbf.

Las siete entidades más grandes (Ministerio de Defensa, aún sin incluir uniformados, el Instituto de Seguros Sociales, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, Inpec, Telecom, y Dian) concentran una cifra del 50 por ciento del empleo de la administración pública colombiana, sin incluir a los uniformados y los maestros.

Igualmente sólo 20 entidades concentran el 70 por ciento del empleo en el sector público.

Desde el punto de vista de su red institucional y del número de entidades adscritas o vinculadas -superintendencias, comisiones de regulación y unidades administrativas especiales- hay ministerios gigantes.

Es el caso del Ministerio de Educación con 46 entidades, el Ministerio de Agricultura con 40 entidades (esto si se toma en cuenta los 24 fondos ganaderos), el Ministerio del Medio Ambiente con 39 entidades, donde se resaltan las 34 corporaciones regionales, el Ministerio de Minas con 29 entidades, el Ministerio de Hacienda con 17 y Defensa con 16.

Si se excluye los tres grandes sectores de la administración pública (Policía, Fuerzas Militares, Educación Básica), se encuentra que cincuenta entidades, menos del 16.6 por ciento de las entidades existentes, tienen el 90 por ciento del empleo del sector público.

De estas cifras se puede concluir hacia dónde hay que orientar los esfuerzos para lograr una verdadera renovación de la administración pública. Y una reforma de la estructura del Estado requiere, en primer lugar, invertir considerable tiempo y esfuerzo en mejorar estos tres grandes sistemas públicos nacionales, elevar su eficiencia y eficacia, y encontrar o crear condiciones institucionales que permitan su mejoramiento.

Para salir de la pobreza los colombianos necesitamos un Estado más comprometido con la construcción de ciudadanía, con vocación y acento social dentro de un claro espíritu descentralista, que exija y aplique austeridad, buena gerencia y administración, tanto a nivel central como en los departamentos y municipios.

Lograr esos propósitos es objetivo principal de la reforma del Estado que tiene que estar profundamente conectada con los derechos económicos y sociales de la enorme mayoría de los colombianos, hoy excluidos de las decisiones y de las oportunidades.

Estoy hablando de construir la Seguridad Democrática que además de la no violencia, involucra la capacidad de todos los colombianos, ricos y pobres, para vivir, para comer, para existir sanamente, para educarse, para participar en las decisiones, para que la totalidad de sus derechos les sean respetados.

La burocracia es doblemente costosa para la sociedad porque además de los costos de los salarios inmoviliza a miles de mujeres y hombres cuya iniciativa y trabajo son indispensables en actividades productivas.

Tenemos que sustituir la mentalidad burocrática y clientelista que ha dominado a nuestro Estado por una mentalidad productiva. No se trata de promover enormes podas burocráticas para lanzar a más colombianos al desempleo. Se trata de llevar el tamaño del Estado a sus justas proporciones y a la vez propiciar y facilitar el ingreso de quienes dejen el servicio, a actividades productivas que jalonen el crecimiento de la economía.

El presidente Alvaro Uribe lo dijo en su campaña "Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social. El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción".

Por eso, complementariamente con las reformas y los ajustes tenemos que construir un Estado abierto, competitivo, transparente. Un Estado para el ciudadano que es la base de un Estado que respete y responda a los Derechos Humanos.

Además de una drástica reducción de gastos, este Gobierno ha puesto en marcha una decidida lucha contra la corrupción.

Estamos construyendo los fundamentos legales y tecnológicos indispensables para que muy pronto y para siempre todas las compras y las licitaciones del Estado sean públicas.

También crearemos un sistema electrónico integral de contratación, como herramienta que integre, combine y proporcione en un solo sitio la información relevante acerca de los procesos, que promueva la interacción entre las entidades contratantes, de control y contratistas, que facilite la selección objetiva de estos últimos, la celebración de contratos electrónicos y la vigilancia ciudadana de los procesos.

Vamos a acabar las cooperativas y asociaciones de bolsillo de contratistas.

Y pusimos en marcha proceso para seleccionar por méritos los directivos regionales del ISS, Icbf, Sena y las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo. Hay millones de colombianos, que tras realizar grandes esfuerzos culminan sus estudios y se ven desplazados del mercado laboral, porque carecen de influencias. Este Gobierno está decidido a corregir esta situación. Queremos trabajar con los mejores. Y hacer respetar el derecho que tienen los colombianos a acceder en igualdad de condiciones a los cargos del Gobierno, si reúnen las condiciones y experiencia necesarias, así no tengan padrinos políticos.

Esta primera convocatoria servirá de referencia piloto para extender el procedimiento a futuras convocatorias en las demás entidades del Estado y su objetivo central es buscar en el mercado laboral a las personas con la más alta capacidad gerencial, nivel de compromiso social, voluntad de defensa del patrimonio público, iniciativa para mejorar procesos, procedimientos y resultados institucionales, dedicación y defensa de la gestión pública.

Nada más importante para lograr estos propósitos que la participación de la gente.

El predominio de lo público sólo se logra con ciudadanos que participen con decisión y con entusiasmo en la construcción y gestión de lo público. Una sociedad civil, fuerte, institucionalizada y organizada.

Hace pocos días tuve la suerte de participar en una rendición de cuentas en Aracataca, el legendario pueblo costeño en donde nació Gabriel García Márquez. Con visión, fortaleza y voluntad política el alcalde de ese municipio, Efraín García, logró la hazaña que parecía imposible de poner la casa en orden. Redujo la nómina de empleados de 500 a sólo 8. Y con las finanzas saneadas puso los recursos al servicio de los grandes intereses de la gente: desatrasó el pago de maestros, el pago de pensiones y reinició inversión de obras para la comunidad ante la cual rindió cuentas en esa reunión.

En Colombia necesitamos muchos alcaldes así y muchos más ciudadanos que participen en la definición de metas de interés público, en los procesos de vigilancia de la gestión estatal para lograr transparencia y una mejor utilización de los recursos.

La construcción de la autoridad democrática sólo será posible si derrotamos la corrupción y el despilfarro. Si salvamos para el beneficio común los cuantiosos recursos públicos que hoy se desvían de los fines sociales del Estado.

El Estado burocrático está totalmente capturado por intereses particulares y por esto tiene una pobre incidencia en el bienestar de la población. El Estado burocrático es un gran destructor de posibilidades actuales y futuras y es el enemigo por excelencia de la acción pública y de la posibilidad de reivindicar metas de interés colectivo.

Necesitamos más participación ciudadana, que profundice nuestra democracia, permita una más rápida construcción de equidad y garantice que la inversión pública cumpla su cometido de erradicar la pobreza.

El nuevo Estado debe ser un Estado Comunitario, que vincule al ciudadano a la gestión pública. Un Estado con vocación de servicio público, en el cual no existan funcionarios públicos sino servidores públicos. Un Estado que utilice enfoques gerenciales y administrativos en el cumplimiento de las tareas públicas. Un Estado productivo, que oriente los recursos a actividades de proyección social y eficacia pública. Un Estado austero.

Colombia tiene que avanzar hacia lograr un Estado cada vez más productivo y más social, que alcance o construya un alto valor público por cada peso gastado. Un Estado que cree riqueza pública, que logre invertir sabiamente los recursos, propendiendo por el ahorro público, para darle más confianza a la economía y la sociedad.

Nuestro Estado no puede seguir siendo una fuente de privilegios para unos pocos, ni una tierra de nadie que no contribuye a las metas colectivas. Este es un principio que cobija a todas las ramas del poder público que tenemos que buscar y encontrar siempre las mejores formas para hacer las cosas.

La decisión del Gobierno es realizar una Reforma a la Estructura del Estado conectada con los intereses y con los derechos de la mayoría. Para lograrla hay que eliminar y suprimir instituciones, programas, procesos o trámites que erosionan valiosos recursos públicos y que no tienen ninguna vocación de defensa del interés público. Y al mismo tiempo defender y mejorar instituciones y programas que efectivamente contribuyen a alcanzar objetivos valiosos.

Queremos establecer parámetros muy altos sobre toda la actuación estatal en el campo público y exigir resultados a los funcionarios y a las entidades. Un punto de mira ambicioso y concreto para ello sería lograr que al final del cuatrienio todas las entidades del orden nacional estuvieran certificadas por la norma de calidad ISO 9001.

Y desde luego extenderemos los objetivos de esta reforma del Estado a vincular vigorosamente a la sociedad civil en el proceso. Queremos y necesitamos un Gobierno y una sociedad civil unidos, para tratar de enfrentar estos y otros retos que tiene la sociedad. Una nueva alianza que abarque todas las fases de la administración, planeación, presupuestación, ejecución, control y veeduría de la gestión pública. Un Estado al servicio de todos".