EXPOSICION
DE MOTIVOS DE LA REFORMA POLITICA
No
puede construirse el Estado Democrático, sino sobre las
bases de una buena política. En el orden lógico
de los factores, el rescate de las instituciones transparentes,
eficaces y prestigiosas, es asunto de la más alta prioridad.
Eso no significa, desde luego, que baste para el empeño
en que este Gobierno se ha comprometido frente al pueblo lo que
a la reforma de la política se refiere. Está claro
que el elemento prioritario y condicionante no significa que sea
el único, ni siquiera el de mayor urgencia o importancia
en el camino de la recuperación nacional y de la reconquista
de la seguridad y del bienestar de la sociedad colombiana y de
los seres humanos que la integran. Por eso la reforma política
será un dato esencial, como se dijo lógicamente
prioritario, pero en ningún caso el ingrediente único
de la estrategia global o de conjunto. Sin política sana
y franca no se hará buena economía, ni se recuperará
la confianza pública, ni se doblegará la inseguridad,
ni se resolverán las hondas necesidades de los colombianos.
Pero ella no basta a todos estos propósitos, que tendrán
que ser, no solamente planteados sino conquistados a partir de
un esfuerzo simultáneo y de conjunto.
Entiende el Gobierno Nacional que jamas habrá una buena
política sin partidos sólidos y eficaces. La reciente
incontenible práctica de las mini y de las microempresas
electorales ha desdibujado el Congreso y le ha quitado dignidad
a la política. Por eso toda esa reforma descansa en el
empeño de recuperar los partidos, a través del simple
mecanismo de un umbral que desestimule la dispersión y
por el contrario obligue a la concentración de fuerzas
y de pensamientos afines para la construcción del Estado
o para que sirvan como alternativa de poder.
Es muy doloroso la postración de la imagen que el pueblo
colombiano tiene de sus corporaciones representativas. El hecho
es inequívoco y no puede remitirse a duda que ese inquietante
fenómeno, con el que será imposible convivir, tiene
mucho que ver con la desintegración de los partidos, tanto
con prácticas que degradaron la democracia y produjeron
este penoso resultado. Es preciso recomponer cuanto antes esa
imagen en la mente y en el corazón de los colombianos.
En ese designio cabe la más alta responsabilidad a quienes
acaban de ser ungidos por el voto popular como representantes
del pueblo colombiano en el Congreso. De su patriotismo, de su
inteligencia puestas servicio de los más altos intereses
de la nación y de su voluntad generosa y desprendida para
servirlos, depende en gran medida la suerte de Colombia. El Gobierno
Nacional está convencido de que la reforma política
se está haciendo al andar y que del ejemplo que dé
este Congreso depende que los ciudadanos acepten que la democracia
real y autentica que echan de menos es posible y que es posible
sobre esa base recomponer el dolorido paisaje de la realidad nacional.
Pero siendo factor tan decisivo, el cambio en actitud de las nuevas
corporaciones no será suficiente para desvanecer los fantasmas
del clientelismo, las corruptelas y la politiquería. Es
menester que todos esos propósitos, y los medios para conseguirlos,
sean incorporados a un texto constitucional que no deje duda sobre
los alcances de una nueva intención y sobre la voluntad
irrevocable de convertirla en hechos. Es por eso que el Gobierno
le propone al Congreso que ahora se presenta en el escenario nacional,
que con la aprobación de esta Ley de Referendo dé
la prueba inequívoca de su voluntad de cambio y de su sintonía
con el cambio nacional.
Esta no será la única reforma que el Gobierno proponga
a la Constitución de 1991. Algunas otras vendrán
en materia de simplificación del Estado, de la administración
de justicia y de mecanismos para contener la avalancha violenta
que amenaza destruir nuestras instituciones y derrotar nuestro
pueblo. Todos esos temas serán motivo de uno o varios actos
legislativos que se propondrán en breve ante el Honorable
Congreso y que conforman un todo estructural y orgánico,
fundado en el respeto a los valores y principios esenciales que
conforman la Constitución de 1991 pero con las imprescindibles
modificaciones que aconseja la experiencia asimilada en más
de un decenio. Pero por varias razones ha quedado reservada a
una iniciativa que debe refrendar el pueblo con sus votos. La
primera, que no puede quedar duda de la valerosa decisión
de los poderes públicos para revisar su estructura, su
manera de ser y su actividad misma. La segunda que por la prioridad
lógica que tiene la estructura política sobre otras
materias, resulta propicia la intervención del constituyente
primario en su diseño final. Y la tercera, que los ciudadanos
entenderían como un acto de delicadeza elemental de su
Congreso el que pusiera a su consideración los temas en
que pudieran verse involucrados los congresistas mismos.
Las reformas que hoy se proponen en este proyecto de ley de Referendo,
tiene una singular ventaja. Y es que en su gran mayoría
han sido de tiempo atrás examinadas ante los ojos del país
y sobre ellas se ha creado un clima de opinión decididamente
favorable. Esa madurez de la Reforma contribuirá sin duda
a su rápido examen u militará en servicio de su
aprobación integral. Lo dicho no significa que el Gobierno
no desestime la pertinencia y aún la importancia de someterlo,
en su sentido y en su texto, al riguroso examen que le sea menester.
Sin entrar en discusiones jurídicas inútiles sobre
la competencia del Congreso para reformar este proyecto, el Gobierno
se muestra anticipadamente dispuesto a establecer a su propósito
una rápida y eficaz tarea conjunta de provechosa concertación.
En cuanto sea el articulado final compartido por el Ejecutivo
que le propone y el Congreso que lo aprueba, nadie puede objetarlo
en su forma, siendo en su fondo tan solo asunto que decida el
pueblo soberano que será convocado para decidir la última
palabra. Desde luego que como ya se anticipó, en este proceso
tendrá que ser compatible la reflexión profunda
con la urgencia manifiesta que el tema tiene para los colombianos.
En este tramite tendrá que comprobarse, de cara a un país
ansioso e impaciente, que sí pueden funcionar las fórmulas
de una política nueva, donde las bancadas en que se divida
la opinión de las Cámaras se manifiesten con austeridad,
con claridad y con rigor. Aquí el fondo y la forma jugarán
su papel imprescindible en el éxito de este proceso.
Sobre esta parte general cabrá decir, para terminar, que
los distintos artículos no están propuestos en orden
de significación o de importancia. Siendo todos esenciales
a la concurrencia de un objetivo estructural, se acordó
exponerlos en el orden que tienen o que presuntamente tendrían
dentro del texto constitucional. Señal inequívoca,
por si alguna faltare, de que la Constitución de 1991 mantendrá
su plena vigencia en sus rasgos y características esenciales.
ALGUNAS REFLEXIONES SOBE EL ARTICULADO.
1. Perdida de derechos políticos.
Aquí se trata tan solo de extender la inhabilidad de los
condenados por delitos contra el patrimonio público a la
celebración de contratos con el Estado, como la lógica
de esta sanción recomienda que se haga. Parece bien claro
que tratándose de una norma con alcance punitivo no podrá
aplicarse retroactivamente.
2. El voto nominal.
Es de la esencia del sistema democrático que el pueblo
sepa de qué manera obran sus representantes, tanto para
seguir su trayectoria como para evaluarla cuando fuera pertinente.
Cuando el voto es siempre nominal y público aumenta la
responsabilidad de quien lo emite y se le abren nuevos cauces
de efectiva participación democrática al elector,
que al fin de cuentas es por quien ese voto se emite. El nuevo
sistema, no cabe duda, tendrá que venir acompañado
de auxilios tecnológicos que permitan establecer en tiempo
real y con plena seguridad los resultados de las votaciones y
la manera como a ellas concurren los congresistas.
3. Las suplencias.
Con indigna sorpresa viene comprobando el ciudadano que no va
al Congreso quien pode su voto en las campañas y por quien
vota en las urnas. La deplorable práctica de los convenios
para que con una sola boleta entren muchos al Congreso, aun mas
deletérea si se ejecuta para redondear requisitos pensionales
y elevar exponencialmente ese amparo por cuenta del amparo nacional,
tiene que ser radicalmente eliminada. A ese propósito apunta
el artículo y tiene el Gobierno la certeza de que el Congreso
lo aprobará sin vacilaciones y el electorado lo recibirá
con regocijo.
4. Las corporaciones públicas y la Hacienda.
La degradación de los hábitos políticos produjo,
entre otras perversas consecuencias, que se olvidara el origen
y la razón de ser fundamental de las corporaciones de elección
popular. Los parlamentos modernos, conectados con la antiquísima
tradición inglesa, ya vieja de casi diez siglos, y con
la clara aunque limitada significación de los Estados Generales
en el Antiguo Régimen de Francia, nacieron como conquista
del pueblo para limitar los tributos que paga el soberano y de
la derivada facultad de controlarlos, ya convertidos en gasto.
Pues esas tareas fundamentales se habían desdibujado, casi
hasta volverse irreconocible, en el alreversado panorama de la
política de Colombia.
Tras el halago de los famosos auxilios, o de las viejas partidas
que alguien llamó de "fomento electoral", el
parlamento y sus miembros resignaban la misión fundamental
de examinar el presupuesto nacional y el destino de los recursos
públicos.
El Gobierno está convencido de que a través del
triple mecanismo que se expresa en este artículo, el de
los planes de desarrollo, los presupuestos mismos y los controles
políticos, se restablecerá esa condición
fundamental de los parlamentos de ayer y de hoy. Ya no habrá
más acuerdos individuales entre este o aquel parlamentario
con el Ministro de turno, cuyo desenlace por obvio se calla, sino
el examen del interés nacional o regional, franco, limpio
y transparente. Los cimientos de una nueva forma de concebir la
política y la competencia fundamental del Congreso, habrán
quedado bien establecidos.
5. Servicios administrativos.
El deprimente espectáculo del clientelismo que nutre el
presupuesto interno del Congreso, tiene que desaparecer. Los escándalos
afrentosos que el manejo de estos recursos venían desencadenando,
tendrán que ser cosa del pasado. El Congreso tiene que
ser administrado por profesionales independientes y responsables,
con una junta de dirección que trace derroteros y asigne
prioridades, pero sin compromiso en la gestión misma.
6. La reducción del Congreso.
El Gobierno Nacional es consciente de las dificultades que traerá
el acomodamiento conceptual al esquema de la unicameralidad. No
siendo renunciable al objetivo de reducir el tamaño del
Congreso, para hacerlo más eficaz y vigoroso, la Cámara
única será motivo de intenso debate que arranca
de las entrañas mismas de muy arraigadas costumbres. Sin
embargo, militan en favor de este tema muy poderosas razones.
En varios parlamentos bilaterales muy reconocidos, la segunda
corporación ha pasado a desempeñar papales secundarios,
acaso de simple protocolo, y se le mantiene viva como una reverencia
al pasado.
Otros países ya se decidieron por la causa unicameral y
no se sabe que hayan sido malos los resultados de ese nuevo modelo
democrático. Varios de nuestros vecinos son prueba viviente
de este aserto. No siendo posible justificar en Colombia la diferencia
de las Cámaras por su origen, y mucho menos por sus funciones,
terminan convertidas en un aparato de duplicidades incomprensibles
y de ineficiencias manifiestas.
Cabe destacar de este artículo la importancia trascendental,
de la que ya se hizo mérito, de los umbrales de votación
como condición para los escrutinios electorales. Será
esa medida la que vuelva por los fueros de los partidos y derrote
lo que alguien llamó, con mucha fortuna descriptiva, la
"operación avispa", que ha desintegrado la política
nacional, descompuesto los partidos y derrotado al ciudadano que
queda sin entender, al fin de cuentas, por quién y para
qué voto. La política ha quedado ausente del escenario
de los grandes problemas nacionales y de las corrientes de opinión
que decide los destinos del mundo. A la verdad, para recolectar
un vergonzante residuo, nunca será necesario discutir nada
trascendental, proponer nada grande, aspirar a mucho. A partir
de ahí, es decir, de la antesala misma de la estructuración
del Congreso empieza el desastre, que se consuma a muy poco andar.
Desaparecen las bancadas que se congregan alrededor de los postulados
fundamentales de la política y hacen su ingreso al escenario
las coaliciones fortuitas, fraguadas en el mismo interés
de la próxima votación.
Ese ceniciento paisaje será el que desaparezca cuando una
norma tan simple como la que este artículo recoge, obligue
a unir esfuerzos para definir una política que convenga
a muchos. En otras palabras, para reconstruir los partidos y recuperar
su misión en la vida nacional.
El Gobierno está pidiendo al Congreso y al pueblo que lo
habiliten para establecer circunscripciones especiales de paz,
para utilizarlas en la refrendación de acuerdos ya del
todo estructurados, o al menos para subrayar avances definitivos
y sólidos en el proceso de su búsqueda. Será
una facultad limitada al tiempo de este período del Gobierno
y del Congreso, como por obvias razones conviene.
Finalmente, la Cámara única obligará a recompensar
firmemente muchos artículos de la Constitución,
que se refieren al sistema bicameral. El Congreso tendrá
que hacerlo breve, pues de otra manera será el Consejo
de Estado, a través de su Sala de Consulta, la que tenga
el encargo de cumplir este esfuerzo de correspondencia y armonía
entre las distintas partes de la Carta.
7. La perdida de investidura.
No cabe duda de que el ciudadano común ha visto con beneplácito
el desempeño del Consejo de Estado en la aplicación
de esta medida, en buena hora dispuesta por la Constitución
de 1991. Sin embargo, el texto original resultó muy parco
frente a las posibles transgresiones de los elegidos, tanto en
materia electoral como en el cumplimiento mismo de sus funciones.
Este artículo es a todas luces saludable y recoge el parecer
de grupos de opinión cada vez más extensos y coincidentes.
8. Limites a pensiones y salarios de los servidores públicos.
Con dolorosa frecuencia sacuden a la opinión nacional las
recurrentes noticias sobre pensiones de cuantía estrafalaria
y de origen más que dudoso. Mientras la enorme mayoría
de nuestros conciudadanos apenas puede disponer de una pensión
que acompaña su vejez con algún decoro, las desigualdades
conmueven y sublevan. De ahí la necesaria disposición
constitucional para que en el futuro no se decrete pensión
alguna que valga más de 20 salarios mínimos mensuales.
Por la igualdad efectiva que promete la Constitución y
por la paz de la conciencia pública, esta disposición
será acogida con beneplácito y refrendada en las
urnas con entusiasmo.
Al mismo efecto apunta la reducción de los salarios de
los altos servidores del Estado, empezando por el del Presidente
de la República. Será un sacrificio que se exija
a quienes en estas horas de tan honda crisis económica
y fiscal están más obligados a dar ejemplo de desprendimiento
y de buena voluntad para con el país y para con sus causas
más urgentes.
9 y 10. Supresión de las Contralorías Departamentales
y Municipales y de las Personerías.
El discurso de la reforma política no puede quedar reservado
a la limitada esfera de lo nacional, en un país que se
pretende fortalecer a través de sus regiones. Las contralorías
de los departamentos, los municipios y los distritos, están
muy lejos de dar ejemplo en materia de austeridad y eficacia.
El clientelismo político regional ha sentado reales en
estas instituciones, de tan incierta misión y de tan pobres
resultados. En el momento en que se sella la unión entre
el poder político dominante en la región y el que
se monta a revés de las Controlarías, queda echada
la suerte.
La supresión de las contralorías liberará
el importante recurso que en este mismo Referendo se propone orientar
hacia la inversión en educación, la clave de la
igualdad y la condición del progreso social.
Desde luego que este esfuerzo quedará en muy poco si en
contrapartida de la supresión de las Contralorías
regionales, la General de la República multiplica su burocracia
o su gasto. El Gobierno Nacional está absolutamente convencido
de que a la Contraloría le queda mucho camino por recorrer
en la dirección de su independencia, de su eficacia y de
la racionalización de sus gastos. Por eso tiene la certeza
de que estos procesos ineludibles de información, que sin
duda han tenido bien comienzo en estos últimos cuatro años,
permitirán que sin costos globales adicionales la supresión
de las controlarías represente, no solo la eliminación
impostergable de focos de clientelismo y de politiquería
regional, sino además la ocasión para hacer más
vivos y urgentes los procesos de tecnificación, simplificación
y transparencia de la Contraloría General de la República.
Lo mismo sea dicho, de una vez, de las Personerías. Ellas
representan una figura realmente atávica en el orden jurídico
institucional del país. Confiado el Ministerio Público
a la Procuraduría General de la Nación, las personerías
duplican, congestionan el mapa administrativo y se constituyen
en ocasión de forcejeos clientelistas y de nuevos sobrecostos
que acrecientan la pesada carga del pobre ciudadano. El Gobierno
Nacional está seguro de que la Procuraduría aceptará
el mismo desafío que el pueblo le planea a la Contraloría,
para absorber esta nueva tarea regional, en la medida en que sea
realmente nueva, sin necesidad de expensas nacionales.
11. Honorarios de Diputados y Concejales.
Hasta hace muy poco tiempo el título de Concejal se llevaba
con honor, con cívico orgullo y con ejemplar desprendimiento.
Por eso los Concejos tuvieron la categoría que todavía
se recuerda con nostalgia y estuvieron a cubierto de pequeños
apetitos o de cuestionables intereses. Cuando el crecimiento de
las mayores ciudades del país obligó a considerar
una remuneración decorosa para quienes querían servirlas,
se abrió la compuerta para excesos burocráticos
que alarman y contristan al ciudadano común. Está
bien que concejales y diputados reciban equitativa contraprestación
para su trabajo, pero está mal el exceso que desplaza la
búsqueda del honor por servir hacia la conquista de burocráticas
ventajas. Es por la razón dicha que el artículo
fija límites a esa remuneración, en términos
que parecen justos para el que recibe y llevadera para el erario
que le paga.
12. Los auxilios.
Sin duda encabezan la práctica del permanente memorial
de agravios que el pueblo colombiano tiene abierto contra el Congreso
y ahora también contra las Asambleas y los Concejos, que
estuvieron atentos a aprender tan malas lecciones.
El artículo 355 de la Constitución de 1991 se escribió
con evidente deseo de acertar y finalidad clarísima. Sin
embargo, la desbordada imaginación de quienes tejen la
trampa no bien aparecida la Ley, lo dejó como testigo de
una gran defraudación contra el interés general.
Por eso, sin enmendar lo que venía de la Constitución
del 91, se proponen al Congreso y al pueblo dos incisos que harán
más imperiosa y resuelta la voluntad de impedir una fórmula,
cualquiera que ella sea, que conduzca a la utilización
del patrimonio colectivo en beneficio político y económico
de alguien. Es claro que los auxilios son monstruos de muchas
cabezas, porque han gozado de la complicidad de los gobiernos,
además de la indignidad de los congresistas que los han
aceptado. Proscribirlos es el primero y más urgente de
los deberes de quienes se emplean en darle a la política
un nuevo sentido y al Estado la dimensión de servidor y
transparencia que lo justifique ante el pueblo por quien se explica
su existencia.
13 y 14. Nuevos recursos para la educación y el saneamiento
básico.
El Gobierno Nacional no se cansará jamas de repetir que
la educación es el comienzo de una sociedad igualitaria
y progresista. Pero tampoco que la más honda y urgente
de las necesidades insatisfechas del pueblo colombiano es la del
saneamiento básico. Por eso propone a la consideración
del Congreso y del pueblo fortalecer los ingresos que se destinarán
a estas inversiones prioritarias, tanto con el producto de las
economías reales que el referendo traerá a las tesorerías
municipales y departamentales, con la supresión de Contralorías
y Personerías y la limitación de los pagos a diputados
y concejales, como con la destinación específica
de los ingresos provenientes de las regalías. Los recursos
son importantes, pero todavía más el mensaje angustiado
que estas normas suponen para que los temas a que se refieren,
educación y saneamiento, se tomen con la importancia que
merecen. Muy serias preocupaciones tiene el Gobierno con el modo
irracional con que se aplican los recursos provenientes de las
regalías. Sobre esos fondos, de importantísima cuantía
atendidas las posibilidades del país, se disparan todas
las expectativas produciendo un fenómeno disperso, sencillamente
catastrófico. Cuando se quieren hacer tantas cosas, con
buena voluntad o sin ella, termina por no hacerse nada de provecho.
Y en punto a definir prioridades, el Gobierno no vacila en señalar
como las primeras, éstas que quedan amparadas a la sombra
de las preguntas 13 y 14 que en el Referendo se recogen.
15. El servicio militar obligatorio
El Gobierno Nacional no alberga duda alguna respecto a la necesidad
que el país tiene de unas fuerzas armadas suficientes,
competentes, profesionales y plenamente convencidas de su alta
misión y de sus obligaciones primarias para con la sociedad.
Por eso propone su profecionalización total, lo que vale
tanto como suprimir el servicio militar, fuente de tantas desigualdades,
iniquidades y corruptelas. Desde luego que un propósito
tan bien definido como resuelto, no podrá conseguirse en
su totalidad de la noche a la mañana, aunque los primeros
pasos habrán de darse de inmediato. Para el año
2005, Colombia tendrá, en todos sus aspectos, las fuerzas
armadas que requiere.
Pero no significa lo que antecede que los jóvenes colombianos
queden marginados de sus obligaciones para con la Patria y para
con sus conciudadanos. Por ello el servicio militar se sustituirá
por uno de naturaleza social, mucho más productivo desde
el punto de vista comunitario, y sin duda más apasionante
y bien recibido por los jóvenes que se asoman a la edad
en que asumen la plenitud de sus deberes y de sus derechos. En
estas nuevas empresas que se propondrán al talento y a
la voluntad de los jóvenes colombianos, deberá quedar
un espacio para su instrucción en materias básicas
de defensa, seguridad democrática y convivencia pacífica.
Todos los colombianos tienen que hacer votos para que cuando esté
plenamente establecido el servicio social obligatorio, la violencia
que hoy aflige a la Patria, sea apenas un mal recuerdo del pasado.
Por donde ese servicio social tendrá que complementarse
con la instrucción básica que le permita a los ciudadanos
del futuro asumir a plena conciencia sus responsabilidades cívicas
y entender la importancia fundamental que para edificar una sociedad
productiva y justa tienen estos temas de la defensa, la seguridad
democrática y la convivencia pacífica.
16. La vigencia de este referendo.
El Gobierno quiere dejar constancia de que aún antes de
iniciar su gestión la Reforma Política es una realidad
en plena marcha. Los grupos de opinión que hoy convergen
en el Congreso vienen trabajando en esperanzadoras estructuras
de bancadas, bien lejanas a cualquiera expectativa de gajes burocráticos
o de incentivos presupuestales. Si una reforma es la que se consigue
en el hondo estrato de las verdades históricas, ésta
empezó tiempo antes de que se la convirtiera en proyecto
de acto legislativo. Pero desde luego, ello no basta. Siendo aquí
fundamental el poder normativo de lo fáctico, queda abrirle
espacio al contundente poder fáctico de lo normativo. Las
reglas de conducta que en este proyecto se incluyen, y que tienen
la ventaja de estar hace rato instaladas en el corazón
del pueblo, garantizarán una nueva forma de construcción
de la política, que vale tanto como decir un nuevo tipo
de relaciones sociales y de pacífica y fecunda convivencia.
La reforma se aplicará de inmediato, tan pronto como sea
promulgada. Y no solo porque entre formalmente en vigencia, sino
porque respecto a su eficacia no puede haber ambigüedades
ni claudicaciones.
El Presidente de la República que pone a consideración
del Congreso este proyecto, repitió durante su campaña
que no podría haber tregua en la conformación de
un Parlamento prestigioso, consagrado a sus tareas y libre de
las impedimentos y ataduras que tan duramente lo castigaron ante
la opinión pública y que comprometieron no solo
su propia imagen, sino la respetabilidad y la supervivencia de
la democracia colombiana. A propósito de la fecha en que
el país debía darse al Congreso que respondiera
a esas expectativas, insistió el actual Presidente en que
la concertaría de manera prudente y constructiva con el
Congreso electo. Hoy el Presidente electo tiene la certeza de
que el Parlamento no dejará pasar la oportunidad de una
reivindicación histórica de la Institución
y la consagración de sus miembros en el corazón
de sus compatriotas. Este Congreso merece una oportunidad y el
país se merece que el Congreso la aproveche.
Pero tampoco, de otra parte, es posible determinar desde ahora
si los altos intereses de la Nación harán necesario,
y simplemente aconsejable, anticipar la fecha de las próximas
elecciones parlamentarias. El Gobierno no tiene ninguna duda de
que llegada la hora para el examen de esas circunstancias, tendrá
en el propio Congreso su interlocutor más válido,
su consejero más ilustrado y su apoyo más resuelto.
Para el caso bien improbable de un desacuerdo persistente entre
el Gobierno y el Parlamento, la última decisión
la tomaría pacífica y democráticamente el
pueblo. Entre tanto, aplíquense todos los esfuerzos a la
tarea de rescatar un país de los gravísimos peligros
que comprometen su estabilidad presente y su derecho al futuro.
No hay tiempo que perder ni sobra energía para el despilfarro.
Bogotá, agosto 7 de 2002
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente
FERNANDO LONDOÑO HOYOS
Ministro del Interior y de Justicia encargado".