DIRECTIVA
PRESIDENCIAL No. 10
Para:
MINISTROS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERINTENDENTES,
DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECTORES, GERENTES Y PRESIDENTES
DE ENTIDADES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL
De: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Asunto: PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO
Fecha: Bogotá, D.C., agosto 20 de 2002
El panorama actual del Estado colombiano es preocupante: a pesar
del incremento del gasto del Gobierno como porcentaje del producto
interno bruto, y del significativo aumento del número de
entidades del Gobierno central, el deterioro continuo de los indicadores
sociales del país es evidente. Además, el creciente
gasto público ha contribuido al empeoramiento de las finanzas
públicas nacionales.
La
legitimidad del Estado ha sido lesionada por el efecto perverso
de la corrupción, el clientelismo y la politiquería.
Encuestas recientes indican que el porcentaje de ciudadanos colombianos
que no están satisfechos con la democracia y que desconfían
del Congreso es uno de los más altos en América
Latina. A esto se suma la ausencia de resultados sociales tangibles.
Para
superar estas dificultades, el Gobierno Nacional está comprometido
con la construcción de un Estado Comunitario: un Estado
con una autoridad legítima y sin poder para los violentos,
al servicio de la ciudadanía y libre de los flagelos de
la corrupción, el clientelismo y la politiquería.
Un Estado que concentre sus esfuerzos en la erradicación
de la miseria, en la búsqueda de equidad social y de condiciones
de seguridad. Un Estado que se esfuerce por que los recursos lleguen
a los ciudadanos. Un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad
política de la participación ciudadana en la definición
de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.
La
construcción del Estado comunitario requiere la reforma
de la administración pública, y ésta es un
compromiso prioritario del Gobierno en su conjunto. Por lo tanto,
se convoca a todos los servidores del Estado a la más activa
participación y disponibilidad para lograr los objetivos
propuestos.
La
presente directiva fija las bases y los principios orientadores
de la acción gerencial de los funcionarios para la modernización
de la administración pública que se llevará
a cabo durante el Gobierno que comienza. El CONPES, que hará
las veces de Consejo Directivo para la Reforma de la Administración
Pública, establecerá los lineamientos generales
de este programa gubernamental, su alcance y sus mecanismos de
evaluación.
El
Departamento Nacional de Planeación (DNP) será el
responsable directo de la coordinación y orientación
del programa de reforma de la administración pública,
velará por su oportuna divulgación y asegurará
su coherencia conceptual y procedimental. Los coejecutores de
la reforma serán la Vicepresidencia de la República,
la Secretaría Jurídica de Presidencia, el Ministerio
de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función
Pública y cada Ministerio en lo pertinente. Los ministros
y directores de departamentos administrativos serán responsables
de la ejecución de lo dispuesto en esta directiva en sus
respectivos sectores.
La
reforma de la administración pública es un proceso
a dos velocidades: la primera es una acción de corto plazo
y la segunda es de mediano y largo plazo. Con la finalidad de
comunicar a todos los servidores públicos los principios
éticos conforme a los cuales deberán actuar, y debido
a la necesidad de aliviar de inmediato las presiones fiscales,
esta directiva hará énfasis en las acciones de corto
plazo y presentará brevemente las de mediano y largo plazo.
1.
Acciones de corto plazo
Éstas
contemplan dos aspectos: una nueva cultura de lo público
y acciones dirigidas a la reducción del gasto público.
1.1
Una nueva cultura de lo público
La
creación y consolidación de un Estado gerencial
presupone una gestión transparente e íntegra, austera
en el manejo de los recursos públicos y al servicio del
ciudadano.
1.1.1
Transparencia e integridad en la gestión
Desde
el inicio de este Gobierno se promoverá un espíritu
ético como base del comportamiento y las decisiones en
la administración pública. Para controlar a los
violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería
y la corrupción. En efecto, el establecimiento de un Estado
Comunitario pasa por la creación de la cultura de la buena
administración de lo público.
A
continuación se enumeran los propósitos específicos
para cumplir con el objetivo de transparencia e integridad en
la gestión, y algunos de los instrumentos más eficaces
para lograrlo:
a)
Manejo gerencial de los recursos humanos: El nombramiento, selección
y promoción de funcionarios debe tener como motivación
exclusiva el mérito, la competencia y la capacitación
idóneos para el cargo al cual se es candidato. Esta regla
es de aplicación inmediata en todas las entidades del Estado
y, en especial, en cuanto al nombramiento de los directores de
las entidades desconcentradas del orden nacional y al proceso
de selección de los funcionarios encargados del control
interno en cada entidad.
Por
ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, el nombramiento
de funcionarios públicos puede responder a transacciones,
presiones o favores de tipo político o económico.
Un
objetivo primordial de la actual administración es el fortalecimiento
de la institucionalidad del Estado colombiano. La regla general
de éste deberá ser la meritocracia, la capacitación
y el entrenamiento permanentes de sus servidores de nómina.
En consecuencia, se eliminarán las nóminas paralelas
en la administración. Sólo por excepción,
para fines específicos y con una particular exigencia en
cuanto a sus resultados, se recurrirá a contratos externos
para prestar servicios de apoyo a la administración pública.
Los contratos que estén vigentes a la fecha de expedición
de la presente directiva, y que no cumplan con las anteriores
condiciones, no se podrán renovar. En aquellos casos en
que se cumplan las condiciones, se asegurará la inclusión
de una cláusula para la efectiva transferencia de tecnología
y se verificará su cumplimiento.
Para
garantizar el logro de este propósito de corto plazo, se
requerirá la aplicación de algunos instrumentos
a más largo plazo. Así, se establecerá un
modelo integral de evaluación a la gestión pública
para que los superiores e inferiores jerárquicos se evalúen
mutuamente y se apoyará la permanencia de aquellos que
demuestren un desempeño sobresaliente. Con el fin de verificar
el cumplimiento de estos objetivos, los organismos competentes
realizarán auditorías externas aleatorias y se fortalecerán
los sistemas de consulta ciudadana de todos los usuarios directos
e indirectos de las entidades. Los resultados de estas consultas
serán ampliamente difundidos en el ámbito nacional.
b)
Intolerancia absoluta con los funcionarios corruptos: En coordinación
con la Vicepresidencia de la República, cada ministro,
director de departamento administrativo y director, gerente o
presidente de entidades administrativas centralizadas o descentralizadas
del orden nacional, deberá establecer mecanismos preventivos
y correctivos de lucha contra la corrupción, las desviaciones
presupuestales y la influencia de intereses individuales en las
acciones estatales.
Si
a algún funcionario de la actual administración
se le vinculara procesalmente con actuaciones corruptas, primará
el interés general y la estabilidad institucional. El anterior
compromiso es de carácter eminentemente moral, y en ningún
caso presume la culpabilidad del funcionario investigado.
Se
reitera a los destinatarios de la presente directiva que, de conformidad
con la Constitución y la ley, particularmente con el estatuto
anticorrupción (ley 190 de 1995) y el código disciplinario
único (ley 734 de 2002), es obligación constituirse
en parte civil en los procesos donde se investiguen hechos que
configuren presuntos delitos contra la administración pública.
También se les recuerda la necesidad de interponer las
acciones de repetición consagradas en la ley 678 de 2001
contra el funcionario condenado. Lo anterior mientras se constituye
el cuerpo único de defensa jurídica del Estado,
propósito a más largo plazo que posteriormente se
explicará.
Con
el fin de dar cumplimiento al objetivo anterior, más adelante
se propondrá la adopción de unas sanciones penales
y disciplinarias por corrupción más severas. El
índice de impunidad en los casos de corrupción deberá
caer a cero. Los resultados de este propósito serán
monitoreados mediante encuestas de percepción de la ciudadanía.
1.1.2
Austeridad
Teniendo
en cuenta la difícil situación del fisco y de la
economía nacional, la administración pública
deberá convertirse en ejemplo de austeridad. Para ello
se reducirá el costo del aparato del Estado, de la burocracia
y de los privilegios. Los recursos que resulten de este ahorro
se invertirán en proyectos social y económicamente
productivos para la Nación.
Todo
jefe de entidad deberá racionalizar el personal de libre
nombramiento y remoción, eliminar las vacantes sin apropiación
presupuestal no provistas en el último mes, agilizar los
tramites para la jubilación y restringir las horas extras,
los teléfonos celulares y los vehículos oficiales.
Para
que la dimensión de la fuerza laboral de la administración
sea la adecuada, estas medidas inmediatas deberán complementarse
con la fijación de una meta de reducción de los
costos de funcionamiento con la que deberá comprometerse
el Gobierno en su totalidad. No obstante, la política del
"retén social" deberá aplicarse en los
procesos de reforma: se garantizará la estabilidad laboral
de las madres solteras cabeza de familia, los discapacitados y
los servidores próximos a ser pensionados. Igualmente,
se establecerá y reglamentará un sistema de bonificación
para la rehabilitación de los servidores del Estado cuyo
cargo sea suprimido como consecuencia del proceso de reforma de
la administración pública.
Se
crearán indicadores para vigilar y controlar la reducción
de costos de funcionamiento, la disminución del pasivo
pensional y la optimización de planta y eficiencia en el
gasto público.
1.1.3
Servicio al ciudadano y participación de la sociedad civil
El
ciudadano no sólo es receptor de los productos y usuario
de los servicios del Estado, sino que además es parte activa
en la construcción social a través de los procesos
integrales de ejecución, seguimiento y evaluación
de las funciones públicas. Con el fin de mejorar la calidad
de los servicios prestados, de fortalecer los mecanismos de atención
al ciudadano y de promover las veedurías comunitarias,
se comenzarán a implementar los siguientes instrumentos:
a)
Mejoramiento de la calidad: Se fortalecerán los sistemas
de divulgación y premio de las mejores prácticas
de servicio ciudadano y se capacitará a los funcionarios
en esta materia.
b)
Mejoramiento de la atención al ciudadano: Se deberán
adoptar medidas que permitan reducir en duración y número
los trámites relacionados con los procesos de interacción
de la ciudadanía y el Gobierno Nacional.
Se
crearán mecanismos reivindicativos de derechos para la
ciudadanía. Dado que su incumplimiento implicará
un alto costo para la administración, resultará
más eficaz respetarlos que desconocerlos. Cada entidad,
dentro de la organización existente y con su capacidad
actual, deberá crear un sistema que garantice el acceso
permanente a la información por parte del ciudadano y el
efectivo ejercicio del derecho de petición de sus respectivos
usuarios.
c)
Veedurías comunitarias: Se promoverá y facilitará
la integración y participación de veedurías
comunitarias en todas las actividades de la administración.
1.2
Acciones dirigidas a la reducción del gasto público
Puesto
que un Estado fiscalmente responsable implica el que se lleven
a cabo acciones con un impacto inmediato en el gasto, se ha previsto
la fusión, supresión y reestructuración de
algunas entidades administrativas del orden nacional en el corto
plazo.
Algunas
reformas ya están en curso. Otras se iniciarán de
inmediato con fundamento en las facultades administrativas permanentes
que la ley 489 de 1998 le reconoce al Presidente de la República
para suprimir, disolver y liquidar (artículo 52), o modificar
la estructura (artículo 54) de las entidades administrativas
del orden nacional. Otras tantas requieren un proyecto de ley
o la atribución de facultades extraordinarias al Presidente.
Por esta razón, ya se encuentra en curso una iniciativa
ante el Congreso de la República con la intención
de:
-
Fusionar algunos ministerios;
- Autorizar al Presidente para que pueda ejercer su competencia
constitucional propia de fusionar entidades del orden nacional;
y
- Revestir al Presidente de precisas facultades extraordinarias
para:
a)
Suprimir y fusionar departamentos administrativos, determinar
su denominación, número y orden de precedencia;
b)
Señalar o modificar los objetivos y la estructura orgánica
de las entidades y organismos administrativos del orden nacional,
creados o autorizados por la ley;
c)
Reasignar funciones y competencias orgánicas entre las
entidades y organismos de la administración pública
nacional;
d)
Escindir entidades u organismos administrativos del orden nacional
creados o autorizados por la ley;
e)
Señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura
orgánica de las entidades u organismos resultantes de las
fusiones o escisiones y los de aquellas entidades u organismos
a los cuales se trasladen las funciones de las suprimidas;
f)
Crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar
los objetivos que cumplían las entidades u organismos que
se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya
lugar; y
g)
Determinar la adscripción o la vinculación de las
entidades públicas nacionales descentralizadas.
Para
el efecto, se solicita a los ministros y directores de departamentos
administrativos que interactúen con el DNP con el fin de
definir la lista de entidades candidatas a supresión, fusión
o reestructuración inmediata. Este procedimiento deberá
ejecutarse a la mayor brevedad posible, con base en los lineamientos
establecidos por el DNP. Posteriormente, el Presidente de la República
expedirá los actos administrativos correspondientes.
2.
Reforma de mediano y largo plazo
La
consolidación del Estado Comunitario exige la implementación
de reformas de carácter estructural. En este sentido, la
reforma de la administración pública contempla objetivos
intermedios y finales. Los objetivos intermedios consisten en
la creación y consolidación de una política
de Estado -permanente y gradual- de modernización y gestión
de la administración pública, y en el establecimiento
de un Estado gerencial que se caracterice por su responsabilidad
fiscal. El logro de estos objetivos intermedios hará posible
el cumplimiento de los objetivos finales de eficiencia y calidad
en la prestación de los servicios públicos, en la
promoción de la equidad, la eliminación de la corrupción
y la legitimidad del Estado.
Con
el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del ejercicio de
la función pública, de optimizar el proceso de decisión
de la administración, de fortalecer las relaciones entre
el ciudadano y el Estado, y de racionalizar el gasto público,
se implementarán acciones de tipo vertical y transversal
en el mediano y largo plazo.
Las
reformas verticales tienen que ver con las acciones que cada ministerio
o entidad adopte en su interior. Las reformas transversales son
de alcance multisectorial, es decir, que incumben a todos los
ministerios y a todas las entidades. Las principales iniciativas
de carácter transversal son las siguientes: organización
de la administración nacional, empleo público, sistemas
de información, Gobierno electrónico, sistemas de
compras y contratación estatal, organismos de control externo
e interno, nuevo sistema presupuestal y gestión por resultados,
gestión de activos fijos, defensa jurídica del Estado,
simplificación y calidad normativa, y funciones de reglamentación
y supervisión.
El
propósito de esta directiva no es desarrollar cada una
de las iniciativas de carácter transversal, pero sí
hacer énfasis en los siguientes objetivos fundamentales:
2.1
Responsabilidad en la administración de lo público
A
continuación se enuncian algunos de los propósitos
a los cuales debe apuntar una administración responsable
de lo público.
a)
Manejo íntegro y visible de la contratación estatal:
Una gestión contractual íntegra y visible requiere
herramientas gerenciales que identifiquen y minimicen los factores
de riesgo que se presentan en esta operación.
Con
ese objetivo se compilará la normatividad existente en
la materia y se establecerán instrumentos eficaces para
vigilar y controlar a los proponentes y contratantes de la administración.
Deberá garantizarse la más amplia publicidad de
los procesos contractuales, así como una capacitación
oportuna de los funcionarios llamados a intervenir en dichos procesos.
Los
contratos estatales se deberán planificar y celebrar en
forma transparente. Para cumplir con este propósito se
implementará en el mediano plazo una política transversal
del Estado en materia de adquisiciones públicas. En dicha
política se prestará una particular atención
a la participación de las veedurías comunitarias
y a la realización sistemática de audiencias públicas
en la adjudicación de contratos.
Como medida complementaria, se controlarán los índices
de desempeño de la contratación estatal de las entidades.
b)
Compromiso de todos los funcionarios en el control de la gestión
de lo público: En coordinación con el DNP y la Vicepresidencia
de la República, y con el propósito de mejorar la
cultura organizacional, cada entidad deberá implementar
instrumentos que permitan el pronunciamiento libre e independiente
de sus servidores. Esto con la finalidad de consultar la transparencia
e integridad de la gestión al interior de cada entidad.
Se
le dará apoyo privilegiado a la celebración de pactos
o a la adopción de instrumentos de transparencia con entidades
nacionales o internacionales.
Se dará visibilidad al manejo de los fondos públicos
por medio del fortalecimiento de los mecanismos de control sobre
la rentabilidad y destinación de los recursos públicos
y se promoverán las auditorías externas en la materia.
c)
Sistema de apoyo a los servidores públicos en su labor
de gestión: Con la finalidad de prestar un apoyo útil
a los servidores públicos en el ejercicio de su misión
de gestión responsable y transparente, la Vicepresidencia
de la República prestará particular atención
al perfeccionamiento y eficacia de los sistemas de control interno
existentes.
Todos
los ministros, directores de departamento administrativo y directores,
gerentes o presidentes de entidades administrativas centralizadas
o descentralizadas del orden nacional, se comprometerán
con el fortalecimiento del sistema de control interno en cada
una de sus entidades, para que éste sea ejercido en forma
permanente y se constituya en el elemento fundamental de la política
de transparencia de la gestión pública. Deberá
concentrarse, además, en la armonización de los
diferentes controles internos y externos existentes, según
la naturaleza de cada tipo de control.
Paralelamente,
en desarrollo de la iniciativa gubernamental de crear un cuerpo
único de defensa jurídica del Estado, se promoverá
una defensa proactiva para apoyar a aquellos servidores del Estado
cuya responsabilidad se vea comprometida en procesos disciplinarios
o penales relacionados con el ejercicio de sus funciones, salvo
que se trate de una vinculación procesal definitiva relacionada
con corrupción.
2.2
Gestión pública orientada por resultados
Considerando
las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
y la actual situación fiscal del Gobierno nacional, es
necesario incorporar en la gestión pública nuevas
prácticas gerenciales que permitan la definición
de las áreas estratégicas, la optimización
del uso de los recursos y la generación de resultados eficientes.
A
continuación se enumeran los propósitos específicos
para cumplir con el objetivo de gestión pública
orientada por resultados y algunos de los instrumentos más
eficaces para lograrlo:
a)
Mejorar las prácticas gerenciales en las entidades públicas:
Se incorporarán conceptos y prácticas de gerencia
moderna para la gestión de las entidades públicas.
Conceptos como presupuesto orientado por resultados, mejoramiento
continuo e incremento de la productividad serán objeto
de definición y de desarrollo instrumental para que sean
incorporados en todas las entidades del Gobierno nacional.
Se
deberá construir un sistema de apreciación ex ante,
con la finalidad de dotar a los funcionarios que toman las decisiones
de un método ordenado de raciocinio que les permita tener
solidez y seguridad en los procesos decisorios sometidos a su
consideración.
Se
implementarán sistemas de documentación que permitan
construir una memoria institucional y la identificación
de mejores prácticas de gestión pública.
Se verificará la continuidad de políticas y programas
exitosos de administraciones anteriores.
b)
Contractualización por resultados: Con el fin de optimizar
la producción y prestación de bienes y servicios
públicos, se establecerá un sistema de contractualización
por resultados, conforme a las siguientes reglas:
i.
Imputabilidad de la responsabilidad: La responsabilidad de la
gestión y de la rendición de cuentas será
imputable a cada ministro, director de departamento administrativo
y director, gerente o presidente de entidades administrativas
centralizadas o descentralizadas del orden nacional.
ii.
Documentos CONPES de compromiso: Cada ministro, director de departamento
administrativo y de entidad cabeza de sector del orden nacional,
suscribirá un documento CONPES de compromiso a más
tardar el 30 de noviembre de 2002. En éste quedarán
establecidas sus metas y compromisos en términos de resultados
para la gestión del cuatrienio 2002-2006, conforme a los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
iii.
Sistema de evaluación de gestión y resultados: Los
resultados de la ejecución del documento CONPES de compromiso
se vincularán a incentivos y sanciones a partir de los
lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión
y Resultados -SINERGIA- del DNP. Para el efecto, el DNP elaborará
un informe semestral de resultados para cada sector, ministerio
y departamento administrativo. Este informe será presentado
oficialmente al Presidente de la República y al CONPES.
Al final del período presidencial se evaluarán los
resultados del cuatrienio 2002-2006. Los resultados de dichos
informes y evaluaciones tendrán una amplia difusión
nacional y local.
c)
Utilización del presupuesto como instrumento de gestión:
Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias en el
sistema presupuestal, se determinará la asignación
presupuestaria a partir de los resultados obtenidos en las áreas
prioritarias establecidas en el documento CONPES de compromiso,
la reducción de gastos de funcionamiento, la reducción
de la contingencia pensional y la adecuación de la planta
a las necesidades misionales.
Con
base en estos resultados habrá un premio al ahorro y al
logro de metas que se destinará primordialmente a mayores
inversiones.
d)
Responsabilidad en la administración y uso de los bienes
públicos: El dinero y los bienes públicos no sólo
se manejarán con pulcritud, sino que además se utilizarán
para la creación de valor público, expresado éste
en bienes, servicios y condiciones que hagan de Colombia una sociedad
cada vez más justa, productiva y competitiva.
Se fortalecerán los mecanismos de control sobre los índices
de racionalización de los activos fijos de la administración
pública, incluyendo un inventario y valoración de
los mismos. Se harán auditorías externas aleatorias
para verificar el buen uso de los bienes públicos. Así
mismo, se establecerá un mecanismo de participación
social efectiva en el control de la administración y uso
de los bienes públicos.
Los destinatarios de la presente directiva deberán informar
y promover directamente entre los funcionarios a su cargo el contenido
de la misma, así como tomar las medidas necesarias para
su inmediato cumplimiento. Los ministros y directores de departamentos
administrativos cabeza de sector deberán presentar un informe
consolidado de los avances en sus respectivas áreas. Éste
deberá ser remitido al Director del DNP el 31 de enero
de 2003 a más tardar.
Cada
ministerio, departamento administrativo y entidad centralizada
y descentralizada de la administración pública nacional
deberá conformar un equipo a cargo de un funcionario del
más alto nivel, quien dará cumplimiento a todas
las instrucciones relacionadas con la reforma de la administración
pública y prestará el más inmediato apoyo
al DNP y demás entidades involucradas.
Por
último, vale la pena recordar que todos los servidores
de la administración pública nacional tenemos una
gran responsabilidad con este programa de Gobierno. La racionalización
y mejoramiento de las instituciones públicas y de su gestión
sólo busca facilitar el ejercicio de la función
pública y mejorar las relaciones entre el ciudadano y el
Estado Comunitario. Estos propósitos merecen todo nuestro
concurso y compromiso.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA