POLÍTICA ENERGÉTICA Y PETROLERA DEBE BENEFICIAR A ESTRATOS BAJOS
Cartagena, 22 ago (CNE).- En las actuales condiciones, para el Gobierno es necesario ajustar las tarifas de energía, pero sin causar impactos negativos en los estratos menos favorecidos. Esto en consonancia con las directrices del presidente Alvaro Uribe Vélez, quien estima que los consumos mínimos de subsistencia no deben superar los índices de la inflación.
Así lo expuso hoy ante la Andi el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, quien ratificó el desmonte de los subsidios para la gasolina corriente y el ACPM, con miras a redireccionar los 1,5 billones de pesos anuales que el Estado destina a los combustibles. Estos recursos se trasladarán al Fondo de Solidaridad Eléctrica y al Sisbén, en beneficio de los estratos 1, 2 y 3 de la población colombiana.
"Un 50 por ciento del subsidio a la gasolina beneficia a los propietarios de vehículos que cuentan con ingresos promedio de cinco salarios mínimos mensuales. Es necesario que los que tengan mejores ingresos hagan un esfuerzo en favor de quienes no tienen las mismas oportunidades", adujo el Ministro de Minas y Energía.
Mejía anunció también el lanzamiento de una campaña intensiva de masificación del Gas Natural Vehicular (GNV), con el fin de llevar este combustible al servicio público y abaratar los costos de mantenimiento. En esta dirección, informó que está bajo estudio el sistema tarifario imperante en el interior del país y se evalúa la posibilidad de eliminar aranceles para la importación de kits de conversión.
En materia petrolera, el Ministro se refirió a la posibilidad de que 14 proyectos de exploración que están en vigencia produzcan nuevos hallazgos. Indicó que 62 nuevos contratos de asociación permitirán aumentar las reservas en mil millones de barriles.
El funcionario consideró que con la nueva política petrolera y la Ley de Ragalías, Colombia ofrece la estabilidad jurídica que se necesita para brindar confianza a los inversionistas extranjeros.
Reconoció las dificultades que vive Colombia para garantizar la seguridad de la infraestructura productiva de la Nación e invitó a los empresarios colombianos a contribuir con el pago del impuesto al patrimonio para la seguridad democrática.
