En Cartagena
DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE EN FORO ANTICORRUPCIÓN
Cartagena, 12 dic (CNE). El siguiente es el texto del discurso pronunciado por el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, en el foro ‘Avances y dificultades en la lucha contra la corrupción’, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena.
“Trabajar, trabajar, trabajar!
Mucha gente bromea con esa frase que resume el intenso ritmo de actividad que impuso el Presidente Álvaro Uribe a su equipo de colaboradores.
La verdad es que frente al tamaño de los retos y desafíos que tiene el Gobierno, hasta esas jornadas de 15 o más horas de trabajo a las que ya estamos acostumbrados, resultan insuficientes.
Un país con casi 30 mil homicidios, más de 3.000 secuestros al año y más de un millón de desplazados no es viable. Tenemos que construir la seguridad democrática en Colombia.
La compleja situación económica en la que estamos se resume en las siguientes cifras: nos proponemos ejecutar en el 2003 un presupuesto de 67 billones, y sólo tenemos ingresos de 32,8. La diferencia entre los gastos no financieros y esos ingresos exhibe el déficit de 13 billones 900 mil millones, al cual hay que agregarle el costo de las amortizaciones internas y externas, lo cual señala que el faltante de recursos es de 27 billones 800 mil millones.
Si logramos desembolsos cercanos a los 21 billones, en parte provenientes del sector externo, sumadas las agencias multilaterales y el mercado abierto y en otra parte de la capacidad de reciclar casi 9 billones en el mercado interno y de adicionar otros cuatro más una transferencia de utilidades del Banco central al Gobierno del orden del billón de pesos, todavía nos faltarían cerca de 6 billones y medio.
¿Cómo podemos enfrentar esta situación tan crítica en un país tan martirizado por la violencia y con la economía en crisis?
El presidente Álvaro Uribe Vélez ha señalado tres caminos: nuevos ingresos, control del gasto y apoyo financiero.
De ahí tantas y tan importantes reformas en marcha. Para que el país recupere la senda del crecimiento económico y del progreso la agenda del Gobierno consiste en construir la seguridad democrática y la seguridad jurídica.
En esta coyuntura esto hace indispensable el impuesto al patrimonio, el referendo, la reforma tributaria, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma pensional y la reforma laboral.
La creación de nuevos impuestos es siempre una mala noticia para la gente. Frente al gravísimo panorama de las finanzas públicas y ante la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad no tuvimos otra opción.
El Gobierno aprecia y reconoce el gran aporte que están realizando los colombianos. Al mismo tiempo estamos cumpliendo a fondo con nuestras responsabilidades y compromisos para hacer una verdadera causa común.
Tenemos por ejemplo importantes resultados que mostrar en temas cruciales como la reducción del gasto público. Para no ir más lejos la Presidencia de la República redujo sus gastos de 50 mil a 30 mil millones. Está en marcha una reforma administrativa a través de la cual esperamos lograr un ahorro de 0,3 por ciento, que en etapas ulteriores se extenderá a un punto del PIB.
Si bien no es un resultado significativo frente al tamaño del déficit envía un mensaje muy profundo a la sociedad para cambiar la mentalidad burocrática y clientelista que ha dominado a nuestro Estado por una mentalidad productiva.
La burocracia es doblemente costosa para la sociedad porque además de los costos de los salarios inmoviliza a miles de mujeres y hombres cuya iniciativa y trabajo son indispensables en actividades productivas.
También buscamos reducción del gasto a través del referendo que busca por ejemplo eliminar totalmente los auxilios parlamentarios. También que en adelante las pensiones públicas no superen 20 salarios mínimos. Hoy se reconocen pensiones públicas de 12, 13, 14, 15 millones. Y el Congelamiento del Gasto, uno sólo de cuyos componentes representaría en el primer año un ahorro de billón y medio de pesos y en el segundo de billón 300.
Pero el frente en el cual el gobierno y la sociedad tenemos que fortalecer nuestro trabajo conjunto para utilizar correctamente y donde se necesitan los dineros públicos es la lucha decidida e inteligente contra la corrupción.
Somos un país lleno de potencialidades y de riquezas, pero en la fría realidad de las cifras, un país todavía bastante pobre. Un país pobre que gasta muy mal sus recursos. Destinamos un margen muy pequeño a inversión mientras cada vez gastamos más en funcionamiento y en el pago de intereses de la deuda. Esto equivale a decir que en la Colombia de hoy no es posible alcanzar metas de interés público a través de la acción gubernamental.
Tenemos un Estado capturado por los políticos y por intereses de algunos particulares. Un Estado que no rinde cuentas. Un Estado cerrado que trabaja para sí mismo. Un Estado burocrático e ineficiente, carcomido por la corrupción. Un Estado que parece ir en dirección contraria a los derechos y a las necesidades de las mayorías.
Que nadie se llame a engaño: hay que romper ese círculo vicioso de frivolidad y de egoísmo. Mantener un Estado en franco crecimiento, con una vocación productiva tan limitada y decreciente, es una locura insostenible.
Queremos y necesitamos un gobierno y una sociedad civil unidos, para tratar enfrentar este formidable reto que tiene la sociedad. Una nueva alianza que abarque todas las fases de la administración, planeación, presupuestación, ejecución, control y veeduría de la gestión pública.
Las Cámaras de Comercio realizan una extraordinaria labor en esta materia uno de cuyos principales instrumentos son los Pactos de Transparencia que viene realizando Confecámaras con el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –UNDP-.
Se trata de establecer una alianza entre la sociedad civil y los gobernantes locales, con miras a incrementar la participación concertada de la ciudadanía en los procesos de control social a la gestión pública y rendición de cuentas, de una manera sostenible y efectiva. Ustedes los cartageneros conocen los excelentes resultados que arroja esta tarea de generar escenarios de confianza que realmente le permitan a la sociedad formar parte activa en el conocimiento y seguimiento a los procesos críticos de la gestión pública local, y así, fortalecer los dos pilares fundamentales de la transparencia, como son el control social y la rendición de cuentas.
A la fecha, se han suscrito 65 Pactos por la Transparencia y se han ratificado 38, en los que los gobernantes locales y la ciudadanía confirman su interés de trabajar conjuntamente por el mejoramiento continuo de la administración pública y en pro de la lucha contra la corrupción.
Respondiendo al tema que me han pedido desarrollar en este foro, me es grato anunciarles otras iniciativas que pondrá en marcha el Programa durante los próximos meses. Por ejemplo, estamos construyendo un índice público mensual de corrupción, paralelo al IPC, que permita conocer su evolución y discriminarla por sectores y áreas geográficas para propiciar acciones correctivas.
También queremos crear un sistema de información sobre el estado y avance de los procesos administrativos y judiciales contra la corrupción. Y que haya información a la vista sobre todas las actuaciones y procedimientos de las entidades públicas para facilitar la vigilancia de procesos.
Por instrucciones del Presidente Álvaro Uribe durante todo el cuatrienio habrá gestión por resultados en todas las entidades públicas, con la consiguiente rendición de cuentas y mecanismos para la vigilancia ciudadana. Y de acuerdo con la voluntad del Presidente queremos tener veedurías ciudadanas funcionando en todo el país apoyadas por esos mismos sistemas de información: gestión por resultados, información a la vista, índice de corrupción, estado de procesos por corrupción.
El Estado Burocrático es un gran destructor de posibilidades actuales y futuras y es el enemigo por excelencia de la acción pública y de la posibilidad de reivindicar metas de interés colectivo.
Necesitamos más participación ciudadana, que profundice nuestra democracia, permita una más rápida construcción de equidad y garantice que la inversión pública cumpla su cometido de erradicar la pobreza.
El nuevo estado debe ser un Estado Comunitario que vincule al ciudadano a la gestión pública.
Un Estado con vocación de servicio público, en el cual no existan funcionarios públicos sino servidores públicos.
Un estado que utilice enfoques gerenciales y administrativos en el cumplimiento de las tareas.
Un Estado productivo. Que oriente los recursos a actividades de proyección social y eficacia publica.
Un Estado austero en todos los niveles de la administración.
Por eso estamos estimulando y acompañando a los municipios y departamentos en la tarea de implantar en forma permanente el plan y presupuesto participativo con el objeto de que sea la comunidad quien decida lo que considera pertinente ejecutar con los recursos públicos.
Frente a una historia de exclusión el gobierno quiere una nueva realidad de inclusión. Frente a una historia de deterioro permanente de la institucionalidad el gobierno pretende una nueva realidad de construcción colectiva de institucionalidad.
Pero además de estas tareas que resumen en buena parte los objetivos generales del Programa vamos a orientar los mayores esfuerzos en dos acciones que aportarán un avance verdaderamente histórico en la lucha contra la corrupción en Colombia: crear un portal único del Estado a través del cual se realicen tanto las licitaciones como la contratación directa. Y un sistema único, confiable y seguro para la plena identificación de los ciudadanos colombianos así como de empresas, inmuebles y vehículos.
La actual cédula de ciudadanía es un instrumento precario, muy fácilmente manipulable, y da origen, entre otras imprecisiones a suplantaciones y dobles identidades. Tener en el corto plazo un documento de identidad de alta tecnología solucionaría rápidamente graves problemas de ineficiencia y corrupción en los sistemas de salud, pensiones, educación, entre otros, y representaría un gran avance para los organismos de seguridad y control del Estado.
Las tecnologías no producen cambios por si mismas pero sí crean facilidades que los posibilitan. El cambio del sector público nace de transformaciones institucionales, es decir, de acuerdos sobre nuevas reglas del juego en la gestión gubernamental y compromisos colectivos para lograr mejores resultados en beneficio de todos los ciudadanos.
En ese marco político, las nuevas tecnologías hacen posible la interacción directa entre el gobierno y los ciudadanos, su pleno acceso a información y servicios, y óptimas facilidades de vigilancia y participación. De este modo se puede contrarrestar la tendencia a la separación entre gobierno y población que tiene la gestión pública tradicional.
Gobierno en Línea ha sido una expresión con significados diversos y en ocasiones abstractos. Nosotros queremos darle una dimensión de bienestar para todos los ciudadanos. Por eso Gobierno en Línea significa para la administración del Presidente Álvaro Uribe, el reto de crear las condiciones para que todos los habitantes de Colombia tengan oportunidades iguales de acceso a los servicios del gobierno, sin privilegios o exclusiones; para que los servicios y la información sean directos, sin colas o intermediarios; para que información sea inmediata, en todas partes, 24 horas al día y 7 días a la semana; y para que las acciones del gobierno estén a la vista de todos y sean vigiladas por todos.
Por eso estamos construyendo los fundamentos legales y tecnológicos indispensables para que muy pronto y para siempre todas las compras y las licitaciones del Estado sean públicas.
También crearemos un sistema electrónico integral de contratación, como herramienta que integre, combine y proporcione en un solo sitio la información relevante acerca de los procesos, que promueva la interacción entre las entidades contratantes, de control y contratistas, que facilite la selección objetiva de estos últimos, la celebración de contratos electrónicos y la vigilancia ciudadana de los procesos.
Nada más importante para lograr estos propósitos que la participación de la gente.
El predominio de lo público sólo se logra con ciudadanos que participen con decisión y con entusiasmo en la construcción y gestión de lo público. Una sociedad civil, fuerte, institucionalizada y organizada.
La construcción de la autoridad democrática sólo será posible si derrotamos la corrupción y el despilfarro. Si salvamos para el beneficio común los cuantiosos recursos públicos que hoy se desvían de los fines sociales del Estado.
De este modo se puede contrarrestar la tendencia a la separación entre gobierno y población que tiene la gestión pública tradicional. De este modo se puede recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno y mejorar el bienestar colectivo. De este modo, gracias al compromiso de cambio de una nación, a la participación masiva de la gente y al aporte de la tecnología, fortaleceremos la democracia y construiremos la paz.
Muchas gracias”
