Por violar libertad de expresión y derecho al trabajo

GOBIERNO OBJETÓ LEY DEL PERIODISTA

Bogotá, 27 dic (CNE). Por considerar que limita la libertad de expresión y viola el derecho al trabajo, el Gobierno Nacional objetó hoy el proyecto de ley que “reconoce legalmente la profesión de comunicador social y periodista”.

En opinión del Ejecutivo, la iniciativa de origen parlamentario viola los Artículos 20, 25 y 26 de la Constitución referentes al derecho al trabajo y a la libertad que tienen todos los colombianos de expresar libremente sus pensamientos.

El Gobierno también adujo que con la creación de un Fondo Mixto para el Desarrollo del Periodismo se violan los Artículos 347, 356 y 387 de la Carta Política que establecen la regulación de estos órganos. Igual ocurre con los Artículos 151, 154 y 352 que tratan asuntos presupuestales.

Bajo razones de inconstitucionalidad, la objeción fue hecha por el presidente Álvaro Uribe Vélez y sus ministros de Hacienda, Roberto Junguito, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Luis Londoño.

En carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, William Vélez Mesa, el Gobierno recordó que la mencionada ley establece que “se reconocerá la categoría de periodista a las personas que acrediten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o ante la entidad que haga sus veces, el ejercicio profesional de su trabajo, como periodista o comunicadores sociales en forma remunerada, mediante un contrato de trabajo, durante un término no menor de 10 años”.

“Así las cosas, en la medida que el legislador pone condicionamientos como la acreditación de la categoría para ejercer el periodismo o la comunicación social, está limitando la libertad de expresión y desconociendo su naturaleza como un instrumento para divulgar el pensamiento”, asegura el Gobierno.

“Igualmente –agrega– debemos recordar que la norma de normas dispone que no habrá censura a la libre opinión, situación por la cual se considera que se están desconociendo los postulados constitucionales en la medida que se están imponiendo condicionamientos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

En la misiva el Gobierno también considera que el articulado del mencionado proyecto de ley “viola el derecho al trabajo en la medida que establece una discriminación contra las personas que a pesar de poseer el conocimiento, la vocación, el interés, la disponibilidad y otras tantas cualidades para expresar su opinión, ven coartado su derecho por no poder cumplir los requisitos que se exigen para que los acrediten en la categoría de periodistas profesionales o comunicadores sociales”.

Finalmente el Gobierno Nacional afirma en su objeción del proyecto que es inconstitucional el Artículo 6 que autoriza la creación del Fondo Antonio Nariño como un Fondo Mixto para el desarrollo del periodismo.

“Teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley no establece la adscripción del Fondo Mixto Antonio Nariño a ninguna entidad nacional, departamental o municipal, se podría dar que en el momento de realizar el aporte de la Nación, se infrinja el Sistema General de Participación establecido por la Constitución y la Ley, si el fondo que se pretende crear perteneciera al orden territorial”, concluyó el Gobierno.