GOBIERNO PLANEA ENTREGAR UNA COLOMBIA RENOVADA
Bogotá, 15 nov (CNE). Las bases del Plan Nacional de Desarrollo trazan para 2002-2006 el camino para adelantar un proceso integral de Renovación de la Administración Pública y asumir la transformación del ordenamiento territorial con nuevo esquema de relaciones entre los municipios, los departamentos y la Nación.
El Plan establece dos grupos a través de los cuales se acometerá el desarrollo de esa estrategia de renovación administrativa:
1) REFORMAS VERTICALES. Abarca los ministerios y entidades adscritas. Se trata de que mantengan una línea ascendente en materia de vigilancia, cumplimiento y mejora de la gestión, con eficiencia en el servicio y rediseño de cada entidad.
2) REFORMAS TRANSVERSALES. Abarca a todas las entidades del Estado. Se trata de que mantengan un modelo ascendente sobre la atención, la importancia y responsabilidad que representa el cargo público, el control interno y la defensa jurídica del Estado. Garantiza un solo sistema para compras y contratación estatal, manejo administrativo electrónico y gestión con resultados.
A estos dos grupos se les brindarán incentivos para que contribuyan a la renovación de la administración pública. Se reconocerán los índices de eficiencia a nivel directivo y de funcionarios de todas las dependencias sin excepción.
PLAN DE AUSTERIDAD
Al presentar las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno plantea la puesta en marcha de programas que se consideran claves para reducir los niveles de exceso del gasto, la duplicidad de funciones y el desgreño administrativo.
La renovación de la administración pública fija de manera prioritaria un Plan Austeridad, coordinado por Planeación Nacional y que seguirá las directrices de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se plantea la licitación como el mecanismo que se utilizará para la adquisición de bienes y la contratación de servicios, para lo cual inicialmente se seleccionará un número plural de proveedores idóneos.
En esta lucha contra la corrupción se establece la subasta pública, cuyo propósito es que todos los sectores económicos y sociales del país conozcan precios, valores totales y nombres de empresas interesadas en participar en la convocatoria.
El programa Gobierno en Línea promoverá la oferta de información y servicios del Estado para garantizar transparencia en la contratación de obras, servicios y suministros en todas las instituciones estatales.
El Gobierno promoverá concursos abiertos para la contratación de personal con seleccionadores ajenos a la entidad en la que desempeñarán sus funciones
En las instituciones del Estado desaparecen los mecanismos de promoción automática de funcionarios, se establece la selección de servidores públicos, se incluye la exigencia de la calidad y la preparación de los funcionarios y se fija una medición para escoger a quien deba desempeñarse en un determinado cargo.
De acuerdo con el documento, se crean veedurías al interior de las entidades estatales, como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano para denunciar conductas irregulares y manejos administrativos dolosos.
DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL
Esta línea de funcionamiento administrativo en el sector público establece varias estrategias: fortalecimiento de la democracia local con participación de la ciudadanía frente a decisiones o realización de obras y programas.
Obliga a descentralizar el manejo fiscal y delega en las autoridades el ordenamiento territorial.
RENDICIÓN DE CUENTAS
De acuerdo con el principio de impulsar la búsqueda de un modelo de Estado Comunitario, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno vincula sin exclusión a todos los sectores de la ciudadanía en el derecho a la participación para seleccionar proyectos, fijar prioridades en su ejecución, conocer quiénes serán los ejecutores de los mismos y hacerle seguimiento a la calidad de las obras, los servicios o los contratos y al cumplimiento de los proveedores en cada lugar del territorio nacional.
Los mandatarios en departamentos y municipios, así como en cada una de las entidades del Estado, deberán garantizar la rendición de cuentas, hacerlas públicas y responder por los manejos de recursos, con el fin de rescatar la gobernabilidad territoria
