El Referendo es una herramienta para derrotarla, dice el Presidente
GOBIERNO LE PONDRÁ EL TATEQUIETO A LA CORRUPCIÓN
Salgar (Antioquia), 30 nov (CNE). Al sostener hoy que el Referendo es una de las herramientas que tendrá el Gobierno para luchar contra la corrupción y la politiquería, el presidente Álvaro Uribe Vélez destacó que esta iniciativa propone la muerte civil de los corruptos para que no puedan volver a ser nombrados en cargos públicos, ni elegidos por el voto popular, ni contratar con el Estado.
El Jefe de Estado confió en que esta y otras herramientas incluidas en el Referendo serán aprobadas por el Congreso y aceptadas por la base popular colombiana, “para que la política nacional se enaltezca y deje de ser una rebatiña por puestos burocráticos”.
Durante el XVI Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, el Mandatario se refirió también a otros elementos del firme propósito del Gobierno por erradicar de la administración las prácticas corruptas.
Citó el ejemplo del Decreto 2170, mediante el cual se obliga a que en todos los contratos del Estado haya veeduría comunitaria y audiencia pública, con lo cual se “empieza a ponerle tatequieto a las cooperativas y asociaciones de bolsillo”.
El Presidente de la República confió en que muy pronto quede aprobada la reforma a la Ley 80, “para que sea otro paso en la dirección correcta hacia derrotar la corrupción y la politiquería”.
Indicó asimismo que 25 mil colombianos se han inscrito para participar en los concursos de méritos, con miras a seleccionar transparentemente a los gerentes regionales de los Seguros Sociales, el Sena y otras entidades.
Uribe Vélez preguntó: “¿Vamos a permitir que el Estado siga derrotado en burocracia y clientelismo o lo convertiremos en un Estado moderno, eficiente, reducido, austero, para que pueda disponer de recursos para invertir en lo social?”.
Dijo que por esto el Gobierno tomó la decisión de cerrar un buen número de embajadas y consulados, al tiempo que aspira a que con la Reforma Administrativa, Colombia tenga un Estado cuya prioridad sea la transparencia, la eficiencia y la inversión social.
