GOBIERNO FIJÓ LÍMITE PARA VENTA DE GASOLINA EN ZONA DE FRONTERA
Bogotá, 2 oct (CNE).- El Gobierno Nacional estableció un límite legal de hasta 10 galones de gasolina o sus derivados como volumen máximo para las operaciones comerciales realizadas por los particulares en las zonas de frontera.
El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 2180 del 30 de septiembre de 2002, que modifica dos artículos del Decreto 1900 del 23 de agosto de 2002, en el que se establece el límite para la penalización del contrabando del combustible y su favorecimiento.
Con esta medida, el Gobierno busca penalizar verdaderamente el delito de contrabando, sin perjudicar las operaciones comerciales que realizan, con la gasolina o sus derivados, los minoristas en las ciudades de frontera.
Las penas por el contrabando en cantidades superiores a 10 galones de combustible recibirán una pena de 3 a 8 años de cárcel y una multa adicional de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Entre 3.090.000 y 15.450.000 pesos).
La norma establece castigos de 4 a 8 años de cárcel y el pago de una multa entre 800 a 6 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quienes sean capturados con marcadores, detectores o reveladores de combustibles.
La ley castiga también a quienes favorezcan el ilícito a través de la adquisición, transporte, almacenamiento, suministro, venta o comercialización.
El Decreto establece penas de 4 a 8 años de cárcel y multas que van de 500 a 4 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes posean, transporten, almacenen, vendan, ofrezcan o comercialicen con cantidades superiores a 10 galones de hidrocarburos o sus derivados.
Los combustible o recursos recuperados serán entregados a la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol-.
La entidad deberá realizar un estricto control de calidad a la gasolina o Acpm recuperado para ponerlo nuevamente en el mercado.
Con el producto de estas ventas, Ecopetrol destinará un 5 por ciento a las autoridades competentes para el pago de recompensas a las personas que brindaron información y permitieron la incautación.
Así mismo, se destinará un 34 por ciento al municipio donde se desarrolló la incautación con destino exclusivo a la inversión social en educación, saneamiento básico y en proyectos contemplados en su plan de desarrollo.
El 65 por ciento restante, ingresará a la Tesorería de Ecopetrol, quién destinará estos recursos a la reparación, mantenimiento y protección de la infraestructura.
El Gobierno expide las anteriores medidas con el fin de reprimir los actos terroristas y criminales de las organizaciones delincuenciales que han multiplicado sus ataques contra la infraestructura energética de la Nación.
