MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE A SEMINARIO SOBRE DESPLAZADOS
Bogotá, 3 oct (CNE).- El siguiente es el mensaje del vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, enviado al seminario 'Compromiso de solidaridad con los desplazados', organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia, la Arquidiócesis de Bogotá y la Fundación Konrad Adenauer.
"El Gobierno que preside el Doctor Alvaro Uribe Vélez tiene claro y presente que el de los desplazados es actualmente uno de los problemas sociales más grave del país. Basta considerar que alrededor de 2 millones de personas han sido desplazadas como consecuencia del conflicto armado y que 49% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina para entender la complejidad de este fenómeno.
Este evento se realiza en unas coordenadas muy afortunadas en el tiempo pues coincide con el momento en que se comienzan a hacer públicos los resultados del gran esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado. Las política del gobierno en esta materia se nutre de la experiencia de la Iglesia, los Gremios, las ONGs y las organizaciones de desplazados. Y a la vez quiere convocar e integrar esfuerzos para lograr verdaderas soluciones para los desplazados.
Desde luego la principal solución al desplazamiento sería la consecución de la paz. En ese sentido quiero decir con toda claridad que en el gobierno consideramos la política de seguridad democrática como un instrumento esencial para impedir y prevenir la generación de nuevos desplazamientos forzados.
La política del Gobierno Nacional frente al drama del desplazamiento ya quedó expresada en las exposiciones del señor Presidente de la República y del gerente de la Red de Solidaridad Social. Me limitaré a subrayar la importancia de algunos de sus componentes.
En la Vicepresidencia estamos trabajando activamente para perfeccionar articular y mejorar los mecanismos de prevención (sistema de alertas tempranas) y protección de los desplazados.
Por instrucciones del Presidente Alvaro Uribe se sigue ampliando la presencia estatal en las zonas de riesgo a través del fortalecer la capacidad institucional. Y se adelantan programas que no sólo responden a la promoción de acciones como seguridad alimentaría, salud, agua potable y saneamiento básico, sino también a la reincorporación de las víctimas del desplazamiento a una vida social, política y económica plenas.
También quisiera destacar los planes de desarrollo regional; la necesidad de la concurrencia de la sociedad, el gobierno, las autoridades regionales, la comunidad internacional, la empresa privada y las iglesias para enfrentar esta crisis; el énfasis en reestablecer las condiciones que hagan posible el retorno; la integralidad de la atención y la transparencia y la eficacia en la gestión.
Como ustedes saben, la intervención integral del Estado sobre la zonas del país afectadas por este fenómeno, para garantizar el retorno de miles de familias desplazadas y prevenir el aumento del desplazamiento, implica muchos retos. Y dado el tamaño y la gravedad del problema es muy urgente acometerlos. Por ejemplo las autoridades municipales del Oriente antioqueño, estiman que no menos de 15% del total de su población han sido desplazados y que en algunos municipios como Granada, el 30% de la población podría haber sido obligada a desplazarse.
Para que estas intervenciones tengan efecto se requiere que sean integrales. Ninguna inversión pública o privada se puede mantener sin seguridad. Tampoco es sostenible el crecimiento económico de una región sin el funcionamiento democrático, legítimo y transparente de las instituciones. Por lo tanto, seguridad, justicia, institucionalidad democrática, fortalecimiento de la ciudadanía, inversión social, desarrollo de infraestructura y crecimiento productivo deben ser componentes simultáneos de estas intervenciones.
Igual importancia reviste tener una estrategia y propósitos claros. Con gran esfuerzo el Estado colombiano ha invertido cientos de miles de millones de pesos que no han transformado las regiones que recibieron esos dineros. Miremos por ejemplo los 133.000 millones del plan Urabá o las regalías de Arauca para mencionar sólo dos casos. Vistas así las cosas se impone definir la recuperación de las condiciones para la gobernabilidad democrática y el desarrollo, como el eje articulador de los programas, proyectos y esfuerzos.
Es muy importante garantizar la sostenibilidad de la seguridad, la economía y la institucionalidad. Y sólo se puede conseguir si se fortalecen los valores democráticos de la ciudadanía, su participación, el sentido de pertenencia con la región, las instituciones locales y los mecanismos de control.
La crisis fiscal del Estado y su ineficacia, la dispersión de esfuerzos y la magnitud de estas intervenciones aconsejan unificar esfuerzos. Poner en la misma dirección la cooperación y los objetivos del Gobierno Nacional con los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad, las iglesias, los gremios económicos, la academia y la comunidad internacional. No tiene sentido que sigamos trabajando sin eficacia, duplicando esfuerzos, sin afectar a fondo las estructuras y sin lograr soluciones definitivas. La tarea es de todos porque nos animan los mismos sueños de democracia, seguridad y prosperidad.
Intervenir sobre la zona, la región, el territorio es el otro reto destacable pues permite aprovechar la diversidad de recursos y experiencias, conjurar la problemática de manera más eficiente y potenciar la integración con mercados regionales, nacionales o internacionales.
En este momento tan crítico para Colombia cambiar favorablemente la historia de los desplazados convoca y reta poderosamente la capacidad y el compromiso del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
Poner al servicio de esta estrategia la inmensa capacidad administrativa y tecnológica de la sociedad contribuye a tener certeza en los resultados y al desarrollo de la solidaridad para lograr las transformaciones que a diario demandamos.
El control ciudadano a las inversiones y acciones del Estado para evitar la corrupción permite aumentar los resultados con los mismos esfuerzos y avanzar en una cultura de respeto a los bienes públicos y de responsabilidad estatal y ciudadana.
La experiencia de los empresarios es muy valiosa para identificar las áreas de la producción que convenga estimular e integrar estas regiones con los mercados.
Los liderazgos sociales se deben esforzar por lograr la integración de esfuerzos entre el Estado y la sociedad.
Por encima de estos propósitos e ideas, el paso decisivo para superar la crisis humanitaria, la pobreza, el atraso tecnológico y fortalecer la democracia sería terminar el inútil, fratricida y atroz conflicto armado interno. El Gobierno nacional está empeñado en disuadir de manera definitiva a quienes persisten en acceder al poder por las armas y mantiene su disposición a un diálogo serio.
Mientras este deseo se convierte en realidad los invito a no permanecer indiferentes ante la tragedia del desplazamiento, a pasar de la indignación a las acciones para aliviar este drama, a trabajar unidos, con inteligencia y sin descanso para lograr soluciones estables y a ejercer el derecho a la solidaridad".
