MINSALUD PIDE A PROCURADURÍA ESCLARECER CASO CAPRECOM
Bogotá, 7 oct (CNE).- El ministro de Trabajo y Salud, Juan Luis Londoño, se declaró sorprendido por el vencimiento de los términos en las investigaciones disciplinarias contra el ex director de Caprecom, Hernán José Mogollón Bacca, y la ex subdirectora jurídica de la misma entidad, Martha Elena Rodríguez de Turbay.
En comunicación escrita, el Ministro le solicitó al procurador general de la Nación, Edgardo Maya, adelantar las indagaciones respectivas para establecer los motivos que llevaron a la prescripción de la acción disciplinaria, con lo que cesa todo procedimiento y se archivan las diligencias contra los ex funcionarios.
Dijo que para lograr eficacia en las entidades públicas, es necesario esclarecer estos hechos y otros que son conocidos por la opinión pública.
La Procuraduría General de la Nación debe indagar por qué se dejaron vencer los términos, para no permitir que suceda lo mismo con otras investigaciones, aseguró el ministro Londoño de la Cuesta.
A Mogollón y Rodríguez se le formularon pliegos de cargos por "el desconocimiento del deber de selección objetiva al celebrar procesos de contratación que tenían como objeto la adquisición e instalación de programas de computador para la entidad", en hechos sucedidos entre junio de 1996 y mayo de 1997.
Según la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, se tomó la decisión de establecer cinco años como límite de tiempo para que la acción disciplinaria se pudiera adelantar. Transcurrido este tiempo, se debía declarar la prescripción y archivarla.
La Sala Disciplinaria consideró que el 7 de mayo de 2002, cuando operó la prescripción de las acciones disciplinarias, la providencia de primera instancia no se encontraba ejecutoriada, por cuanto faltaba por notificar al implicado Hernán José Mogollón Bacca, es decir, se encontraban surtiéndose las notificaciones.
Por su parte, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública deberá evaluar si existe o no mérito para ordenar investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de la entidad, supuestos responsables por la demora en la tramitación del proceso que originó la prescripción de la acción disciplinaria.
