LONDOÑO ENUNCIA ASPECTOS DE REFORMA A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Bogotá, 11 oct (CNE).- El ministro del Interior y encargado del despacho de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, enunció hoy en la Universidad Externado de Colombia algunos aspectos de lo que será el proyecto de reforma a la administración de justicia que presentará ante el Congreso de la República.

Londoño Hoyos expresó que el propósito del Gobierno es entregarle al país una justicia pronta y oportuna, "pues si algo resulta costoso es una justicia tardía, con procesos largos y lentos, que no utiliza sus mejores recursos y aún tiene mecanismos del siglo XIX".

Agregó que "las decisiones de los jueces deben venir en un tiempo histórico adecuado, para que un proceso penal tarde no más de tres meses, llegando a los procesos verbales y breves y con sentencias oportunas".

Al intervenir en un foro organizado por el Externado, Londoño Hoyos explicó que la reforma es densa y ambiciosa y busca un nuevo Derecho que le dé a la gente posibilidades por las vías de la conciliación, la composición y el arbitraje.

ALGUNOS PUNTOS DE LA REFORMA

Ante un nutrido grupo de estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, el Ministro expuso que en la reforma a la administración de justicia se establecerán los jueces de competencia múltiple, encargados de las pequeñas causas, las de las personas más humildes, que requieren de una justicia ágil y eficaz. Afirmó que el 95 por ciento de los procesos judiciales son conflictos individuales hoy acumulados en diferentes juzgados.

Agregó que los llamados jueces de paz, que no son jueces porque no tienen jurisdicción y son un "remedo" de la judicatura, deben convertirse en jueces de competencia pública, localizados en los barrios, en los municipios pequeños, donde la gente pueda acudir en demanda de justicia por sus pequeñas causas.

El ministro Londoño Hoyos se refirió también a las reformas que se introducirán en el funcionamiento de los juzgados de circuito, hoy dedicados, según sus palabras, "a llevar casos de las entidades financieras contra sus clientes, en procesos también lentos, en los que los jueces deben cumplir actos como el remate de bienes, una materia en la que no son conocedores".

Dijo que los remates deben ser funciones de las cámaras de comercio, las lonjas de propiedad raíz o las notarías. "Debemos dejar que los jueces de circuito se dediquen a lo suyo", agregó.

LAS CORTES

También se refirió al caso de las Altas Cortes, que deben convertirse en hacedoras de jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia, "que hoy falla recursos de casación 15 años después de sucedidos los hechos, debe crear jurisprudencia en materias civil, penal, laboral y comercial", según el Ministro.

Agregó que lo mismo debe ocurrir con el Consejo de Estado en materia de lo contencioso administrativo y la Corte Constitucional en los términos de la Carta y especialmente en fallar sobre los derechos fundamentales de la persona.

Dijo que tres decisiones uniformes de la Corte y del Consejo, en sus competencias, deben convertirse en jurisprudencia real, no probable, obligatorias para las mismas Cortes, los tribunales, los jueces y la gente. Sus sentencias deben ser una forma de entender e interpretar el Derecho, afirmó.

Agregó que el Gobierno se ha vuelto el creador de la congestión en los tribunales contencioso administrativos, porque los destinatarios de los fallos del Consejo de Estado no los creen y siguen haciendo siempre lo mismo, obligando a que dicho Tribunal se pronuncie 50 veces sobre hechos similares. "Sus fallos deben ser obligatorios para la administración", dijo Londoño Hoyos.

LA TUTELA

Reiteró lo que ya ha explicado en el Congreso sobre la necesidad de concederle a la acción de tutela la función para la que fue creada, con miras a proteger los derechos fundamentales de la persona, explícitos en la Constitución Nacional, y se eviten desbordes por la vía de la conexidad, que han permitido a los jueces suplantar a las autoridades administrativas.

Admitió que la acción de tutela ha demostrado que los jueces pueden dictar sentencias en diez días, y que ese ejemplo debe trasladarse a otras instancias judiciales para que de manera sumaria y breve se adelanten procesos y se produzcan sentencias en otros campos.

Consideró que es un remedio excepcional y extraordinario para casos especiales, que se ha extendido ante la lentitud de la administración de justicia.

"Hoy todo lo resolvemos a tutelazo limpio", afirmó, y agregó que su abuso ha permitido que jueces municipales estén cambiando la jurisprudencia de la Cortes.

El proyecto de reforma debe conducir a que el recurso extraordinario se realice por los canales adecuados en los campos laboral y civil con los jueces de esa especialidad.

Reiteró que no se permitirá abusar de la figura de la conexidad, que ha congestionado la administración de justicia e invadido la competencia de las autoridades administrativas, entre otras cosas porque los procesos ordinarios tardan hasta 15 años en resolverse y la justicia tardía ha desesperado a la gente.

Pero adicionalmente, aseguró, se evitarán los perjuicios inminentes por la violación de un derecho fundamental, otorgándole a los jueces las funciones preventivas y precautelares, como la suspensión provisional de las normas o acciones, figura que hoy no utilizan, por ejemplo, los tribunales contencioso administrativos.

CONSULTORIOS JURIDICOS

Ante la pregunta escrita de una estudiante, Londoño Hoyos se refirió a las acciones que desarrollan los consultorios jurídicos, atendidos por estudiantes de Derecho próximos a graduarse y abogó por su reforma.

Dijo que a los estudiantes los envían a litigar causas perdidas en procesos que nunca se resuelven. Enunció como ejemplo el caso de un ciudadano que perdió la tarjeta de crédito y debe interponer un denuncio para que le crean y le entreguen una nueva tarjeta.

"Esto se vuelve un proceso penal interminable, en el que nadie está interesado y al que asignan a un estudiante que nada va a practicar ni aprender", dijo.

Sostuvo que los estudiantes de los consultorios jurídicos deben convertirse en defensores de oficio de los pobres, en auxiliares del Ministerio Público y en apoyo de los jueces en ciertas causas, dándole un sentido y un alcance que hoy está desperdiciado.

Concluyó que la reforma a la justicia es un esfuerzo por la simplificación y la síntesis de los procesos, que se volverá más productiva en términos económicos porque el juez no tendrá que dedicarse a un prolongado proceso ejecutivo de un banco contra un cliente, sino a producir sentencias.

"Es un recurso que tiene que estar al alcance de todos y es una justicia que cuesta poco, pues al país lo que más le cuesta es una justicia tardía", concluyó.