PRESENTADA PONENCIA MAYORITARIA SOBRE EL TEXTO DEL REFERENDO
Bogotá, 23 sep (CNE).- En la Comisión Primera del Senado de la República fue radicado hoy el informe de los ponentes sobre el texto del Referendo contra la corrupción y la politiquería, presentado por el Gobierno Nacional el 7 de agosto de 2002.
La ponencia mayoritaria fue presentada por la bancada que apoya al presidente Alvaro Uribe Vélez, el liberalismo y el conservatismo, aunque los dos partidos tradicionales dejaron constancias sobre algunos temas.
El primer tema que se consultará a los colombianos se refiere a la pérdida de derechos políticos. Quienes sean condenados por la comisión de delitos contra el patrimonio público no podrán ser elegidos ni designados servidores públicos. Tampoco podrán celebrar contratos con el Estado.
La segunda pregunta busca responsabilizar al elegido por voto popular en cualquier corporación pública, frente a la sociedad y a sus electores, por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura, con voto nominal y público.
El punto tercero del Referendo elimina las suplencias en las corporaciones públicas de elección popular. Los elegidos sólo podrán ser suplidos en caso de muerte, incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo o renuncia justificada.
Los gobiernos Nacional, departamental y municipal convocarán audiencias públicas en sus respectivas órbitas, para organizar los correspondientes proyectos de presupuesto, según el punto cuarto del Referendo, que busca asegurar la adecuada intervención del Congreso, de las asambleas y de los concejos municipales en la inversión pública global y regional y en los ingresos del Estado.
La quinta pregunta del Referendo busca rescatar la majestad del Congreso, impedir su dedicación a preocupaciones subalternas y evitar toda forma interna de clientelismo político, suprimiendo su injerencia en la parte administrativa de las cámaras.
El punto sexto del proyecto de Referendo se refiere a la reducción del número de congresistas, mientras que en la pregunta siguiente se plantea endurecer las causales de pérdida de la investidura de los congresistas, diputados y concejales que no cumplan con las funciones para las cuales fueron elegidos.
Como medida de solidaridad de los altos dignatarios con el pueblo colombiano para reducir las desigualdades sociales y controlar el gasto público, el punto octavo del proyecto pide limitar el máximo de las pensiones de los ex funcionarios públicos en no más de 20 salarios mínimos mensuales, al tiempo que congela hasta diciembre de 2006 el valor de los salarios de los altos dignatarios del Estado.
En los puntos noveno y décimo se suprimen, respectivamente, las contralorías departamentales y municipales y las personerías municipales y distritales, dejando las funciones que actualmente tienen dichas instituciones para que sean ejecutadas, en su orden, por la Contraloría General de la República y por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En el punto once se prohíben totalmente los auxilios con recursos de la Nación, los departamentos o los municipios, sus entidades descentralizadas o las empresas industriales y comerciales o las sociedades de economía mixta, para apoyar campañas políticas. Quien resulte beneficiado con dádivas perderá su investidura, mientras que se aplicará la "muerte política" al servidor público que los promueva, tolere o ejecute.
Los puntos doce y trece asignan para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad, en educación preescolar, básica y media, o el saneamiento básico, todos los recursos que se ahorren por concepto de la reducción de cargos y salarios previstos en el Referendo.
El punto catorce promueve la congelación de los gastos del Estado durante los próximos dos años, exceptuando los referentes al sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios, los gastos destinados a la expansión de la Seguridad Democrática diferentes de los correspondientes a salarios, el pago de nuevas pensiones y las nuevas cotizaciones a la seguridad social o las compensaciones a que haya lugar.
La ponencia incluye como punto quince una propuesta del Partido Liberal para mejorar y racionalizar el sistema de partidos políticos, tema sobre el cual hay una salvedad del Partido Conservador.
El texto del Referendo incluye como punto final una pregunta para que el electorado apruebe o no, integralmente, el texto de la reforma propuesto.
ANTECEDENTES DEL REFERENDO
La propuesta del Referendo fue la primera que presentó el Gobierno al Congreso una vez tomó posesión del cargo el presidente Alvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2002, para depurar las costumbres políticas, reducir el tamaño del Legislativo, eliminar los auxilios parlamentarios y acabar sus privilegios en pensiones y salarios.
El 'Manifiesto Democrático', que condensa el programa de gobierno del presidente Uribe Vélez, contempla los aspectos esenciales de la reforma política que propuso a los colombianos durante su campaña y que fueron incluidos en la consulta que se someterá al pueblo mediante el Referendo contra la corrupción y la politiquería.
El Manifiesto Democrático expresa la reducción del número de congresistas con el consecuente ahorro de recursos para invertir en educación y salud, contempla la eliminación de privilegios salariales y pensionales y prevé que el menor tamaño del Congreso no afecte la representación de las regiones ni las minorías políticas.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado de la República y la Cámara de Representantes sesionarán conjuntamente a partir de esta semana, para iniciar las discusiones del temario propuesto en la ponencia.
Las sesiones conjuntas se realizan en virtud del mensaje de urgencia que presentó el Gobierno Nacional, para darle prioridad y agilizar el estudio de la iniciativa.
