COLOMBIA NO ACEPTA INMUNIDAD INDISCRIMINADA

Bogotá, 24 sep (CNE).- Los ciudadanos estadounidenses que a nombre del Gobierno de su país trabajen o hayan trabajado en el marco de acuerdos bilaterales están protegidos por el Convenio General para la Ayuda Técnica, Económica y Afín, suscrito en el año de 1962 y que les reconoce privilegios e inmunidades frente a
tribunales internacionales.

De esta manera, el Gobierno Nacional contestó la petición del Gobierno de Estados Unidos de suscribir un acuerdo bilateral que excluya a sus nacionales de los alcances de la Corte Penal Internacional.

En una carta que el presidente Alvaro Uribe Vélez envió el viernes 20 de septiembre al mandatario estadounidense, George W. Bush, Colombia deja claro que el tema de la inmunidad estará delimitada a los acuerdos de cooperación y que no será indiscriminada.

"Conforme al Convenio General para la Ayuda Técnica, Económica y Afín, suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América el 23 de julio de 1962, se establecen privilegios e inmunidades para aquellas personas que se envíen en el marco de estos acuerdos para desempeñar responsabilidades a nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América, a los cuales también se refiere el anexo suscrito el 27 de septiembre de 2000", dice el comunicado.

"Los compromisos establecidos bajo estos acuerdos --agrega la carta-- vigentes entre las Partes, se continuarán cumpliendo de buena fe, como hasta la fecha".

En la misiva, el Mandatario colombiano reafirma la intención de su Gobierno de investigar y sancionar a los culpables de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y reafirma que a la luz del Estatuto de Roma, la CPI es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales.

El Presidente recordó que el Estatuto establece que es necesario "requerir el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado".

"Dicho consentimiento también será necesario para entregar o trasladar a una persona a un tercer Estado, con el fin de que sea entregada o trasladada a la Corte Penal Internacional", puntualizó la carta.