Bogotá, 24 sep (CNE).- El Consejo de Estado declaró ajustada a las normas legales y constitucionales la reglamentación del pago del impuesto al patrimonio para preservar la Seguridad Democrática, contemplada en el Decreto 1949 de 2002.

El presidente del Consejo de Estado, Jesús María Carrillo, informó que esta decisión se adoptó hoy, por votación unánime, en la Sala Plena del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Para adoptar esta decisión el Consejo de Estado tuvo en cuenta la competencia que constitucionalmente le corresponde al Gobierno, el destino único de la contribución y la presunción de legalidad del decreto legislativo reglamentado.

Sobre uno de los parágrafos del Decreto, el alto tribunal precisó que si durante el 2002 el patrimonio de una persona natural se ha transformado o modificado, tendrá que demostrarlo ante el fisco de manera fehaciente.

"La competencia del Consejo de Estado para estudiar la legalidad de este tipo de normas es precisa y hemos obrado en consecuencia", puntualizó el consejero Jesús María Carrillo.