GOBIERNO REINTEGRARÁ A TRABAJADORES QUE POR ERROR SEAN DESVINCULADOS

Bogotá, 31 ene (CNE). El Departamento Nacional de Planeación anunció hoy que si se cometen errores en el proceso de desvinculación de empleados al servicio del Estado, el Gobierno no tiene ningún problema en reintegrar a esos trabajadores a los mismos cargos que ocupaban.

Así lo anunció hoy Claudia Jiménez, directora del programa de Reestructuración del Estado, quien dijo que todas las entidades públicas hicieron un juicioso análisis para evitar cometer errores con los trabajadores que serán desvinculados.

Según Jiménez, las madres cabezas de familia sin alternativa económica, los discapacitados y las personas próximas a jubilarse no pueden ser desvinculadas del Estado.

“Si eso sucedió o sucede en alguna entidad no tenemos ningún problema en rectificar y corregir el error. El funcionario afectado debe acreditar ante la entidad donde trabajaba que hace parte del grupo cobijado por el denominado Retén Social”, explicó.

La funcionaria dijo que las personas que crean tener derechos para continuar en los cargos, deben presentar el requerimiento ante la entidad donde laboraban, para que sean reintegradas con la misma remuneración.

Explicó que tanto a los empleados públicos de carrera administrativa como a los trabajadores oficiales o funcionarios de libre nombramiento o remoción se les aplicará el Retén Social o mecanismo de apoyo que ofrece al Gobierno para proteger a la población más vulnerable.

Aclaró que el reconocimiento económico que entregará el Gobierno a los funcionarios desvinculados sólo cobijará a los de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa provisional.

“El reconocimiento económico no cobija a los empleados públicos de carrera administrativa o a los trabajadores oficiales que tienen una convención colectiva. A estas personas, de llegar a ser desvinculadas, se les pagará la indemnización a que tienen derecho por ley”, explicó.

Claudia Jiménez afirmó que la reducción del tamaño del Estado es una necesidad ante los graves problemas fiscales que tiene el país y para hacer más eficiente la gestión pública.

Señaló que los ahorros que se obtengan de este proceso ascenderán a partir de 2005 a 1.2 billones de pesos (0.5 por ciento del PIB), recursos que destinará el Gobierno a capacitación e inversión social.