Junio de 2003

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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL DURANTE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL REFERENDO

UNIDAD DE PROPÓSITO

"Quiero agradecerle señor Presidente, esta importante oportunidad para la democracia participativa, para la pedagogía de la liberación, para la pedagogía de que nuestro pueblo se pueda liberar del debate solo en función de la obsecuencia a los armados y pueda estimular el debate en función del respeto exclusivamente de los argumentos.

Celebro esta oportunidad como una oportunidad para incentivar una Colombia deliberante, una Colombia fraterna, una Colombia que encuentre en sus formas pluralistas, los canales necesarios para que se expresen todas las tendencias del pensamiento.

Soy conciente de que todo este proceso hace doctrina. No solamente para el referendo en curso sino para los del futuro. Soy conciente de que se ensaya la figura de que un gobierno proponente, al entrar a defender el texto propuesto, adelante una acción prosélita que exige la más cuidadosa actitud para no maltratar los derechos de los gobernados. Por eso, pensando en el presente y en el futuro, en este y en los venideros referendos, quiero como Presidente de los colombianos participar activamente cabalgando sólo en el lomo del argumento.

Ojalá con capacidad para rechazar la tentación de la ironía del argumento peyorativo, de la descalificación. Aspiro, que al final de este Gobierno, haya una Nación más unida alrededor de la discrepancia fraterna.

Voy a referirme fundamentalmente a algunas de las intervenciones que han hecho mis ilustres antecesores en el uso de la palabra hoy.

El procedimiento discursivo. Como candidato, en todos los momentos, sin importar el grado de respaldo de la opinión en un momento u otro, propuse los lineamientos de está reforma.

Realizada la elección nos dedicamos con un equipo a concretarla. Con celo hicimos el esfuerzo para que quedara radicada a consideración del Congreso el 7 de agosto. Es concordante y coherente con el programa que ofrecí a los colombianos como candidato -que se difundió ampliamente- y con la brújula conductora de la acción de este Gobierno que se acaba de aprobar en el Plan de Desarrollo. Creo que esos son elementos esenciales para referir cuando se tenga el interés de despejar si ha habido procedimiento discursivo o no.

Propuse a los colombianos un Estado Comunitario, que no es la sustitución del Estado constitucional. Que no es una creación al margen o en contra de la Constitución. Que es una manera fiscal, política, económica y social de como debe proceder nuestro Estado constitucional.

¿Y en qué lo fundamenté? He visto la discusión de la operatividad del Estado estancada en los últimos lustros. De un lado atrincherado en nombre de tendencias de la social democracia sectores que, detrás del bello escudo de la social democracia, simplemente enseñorearon el Estado clientelista y corrupto. Y de otro lado, el extremo antagónico, la ilusión neoliberal. No comparto ni lo uno ni lo otro.

El clientelismo no ha permitido que la social democracia -y esto es muy importante para el procedimiento discursivo- cumpla con los objetivos iniciales, con la equidad distributiva, con la descentralización, con la universalización de la seguridad social. Y el mercado, en sus excesos sin rienda, ignora la cláusula social.

Por eso he propuesto el Estado Comunitario como una expresión del Estado Constitucional, en el cual haya más participación de la ciudadanía para la toma de decisiones del Estado, para la ejecución, para su vigilancia. Todo con el propósito de que el gran beneficiario del Estado no sea un grupo de poder determinado, protegido en determinado momento histórico o el favorecido por la elección del mercado, sino la comunidad en un derrotero de mejoramiento de la equidad.

Unidad de Propósitos

Y es bien importante examinar el tema de la unidad de propósitos, que trasciende el marco más reducido de la unidad de materia y frente a la cual los constitucionalistas suelen converger alrededor de aquella tesis derivada de la definición constitucional de La Salle, que dice que la Carta es la regla de convivencia que se dan los poderes reales y pacíficos de una sociedad, y por supuesto todo lo que esa sociedad determine válido para que participe en su regla de convivencia, hace parte de la unidad de materia. Déjenme entonces hablar y ejemplificativamente de la unidad de propósitos.

Yo veo que Colombia ha tenido un Estado derrochón en lo burocrático y en lo clientelista y enano en lo social. Aquí ha habido toda la plata del mundo para sistemas privilegiados de pensiones, para sueldos del Congreso, para auxilios parlamentarios y tenemos tres millones de niños sin cupos escolares -para no seguir haciendo todas las comparaciones entre el Estado burocrático derrochón y el Estado de las carencias sociales-.

En los últimos años los departamentos y los municipios hicieron un esfuerzo, plausible pero incompleto: la aplicación de la Ley 617, que hace falta en la Nación. Por eso estamos adelantando la Reforma Administrativa.

Le propuse a mis compatriotas en la campaña que había que dar ejemplo desde las cumbres del Estado. Que nosotros no podíamos avanzar en el recorte del Estado burocrático solamente allá en el municipio y en el departamento si no dábamos ejemplo en la Nación, y entonces, propusimos la disminución del Congreso y propusimos un sistema unicameral. No fue posible en la concertación con el Congreso obtener la aprobación del sistema unicameral, pero si una reducción sustancial del Congreso y una serie de normas de austeridad que van a ayudar a transformar al Congreso.

Con todo respeto, yo le pido una rectificación a quienes creen que este referendo ignora temas esenciales. Uno no puede pensar que lo esencial para Inglaterra tiene que ser lo esencial para Colombia. Aquí relegitimar un Congreso es de la esencia para la sostenibilidad de esta democracia. Este referendo trae aspectos muy importantes para recuperar la legitimación del Congreso, el apoyo permanente de la ciudadanía a la institución a través de sus reformas.

¿Cómo no van a ser esenciales esas reducciones? Hoy hay una trampa. No se ha aprobado un censo y por eso no tenemos un Congreso de casi 400 personas. El referendo no acogió exactamente lo que yo propuse, pero mantuvo unidad de propósito. Un Congreso que estaría hoy elevadísimo por el censo, lo reduce a 218 personas. ¿Qué afecta la representación? No. Nuestro país ha venido estimulando la democracia regional y local, la representación hay que mirarla en su conjunto.

Nuestro país ha venido creando un balance muy equilibrado entre democracia participativa y representativa. En ese universo la austeridad en el Congreso, para dar ejemplo, no afecta la representación.

La unidad de propósitos. El servicio militar. Yo quisiera decirle a mis compatriotas que queda suprimido ya el servicio militar obligatorio. Soy un convencido de que a los grupos terroristas hay que enfrentarlos con tecnología y con equipos humanos profesionales. Las circunstancias fiscales no nos lo permiten en el corto plazo. La Ley que hoy está a consideración del Congreso que busca eliminar muy graves discriminaciones, que busca que frente al servicio militar no haya exclusión por rango económico entre los varones, también prevé que en algún momento posterior, cuando las circunstancias lo permitan, se podrá eliminar el servicio militar obligatorio.

No proponemos servicio militar para las mujeres, como hoy se ha dicho aquí. Proponemos un servicio social, que está bien. Este Estado de Derecho, en 1991, tomó la decisión de denominarse Estado Social, y que todo ciudadano preste el servicio social armoniza con ese Estado Social.

El congreso introdujo modificaciones que el Gobierno aceptó producto de una profunda y extensa deliberación, pero no desnaturalizó la unidad de propósitos.

Voy a referirme ahora a algunas de las preguntas, para formular algunos comentarios sobre lo que hoy se ha dicho aquí.

El tema del bloque de constitucionalidad. Los tratados internacionales. Déjenme, honorables Magistrados, en una casa del derecho como es nuestra Corte Constitucional, por mis obligaciones de Presidente de la República, expresar conceptos jurídicos que no debería hacer si hiciera una interpretación parcial a los diálogos, a los cuales mi buen amigo y profesor se refirió esta tarde.

Los tratados internacionales no son tratados a perpetuidad. Esta tarde releía los de la OIT. Tienen unas reglas de denuncia. Así como los países signatarios se convierten en adherentes o formadores obligados por esos tratados, también pueden denunciarlos.

¿Qué ocurre a mi juicio si en una reforma constitucional se entra en pugna con uno de esos tratados? El Constituyente le está dando al Ejecutivo, el mandato imperativo de proceder a cumplir con las formalidades para la desafiliación del país a ese tratado.

Pero quiero avanzar más. Esos tratados de la OIT hacen parte del nivel legal interno. Así lo hemos entendido muchos. En la pirámide normativa no están en el nivel constitucional, sino en el legal. Es obvio que la Constitución puede reformar la Ley, pero quiero ir más allá, honorables magistrados. A mi juicio no los violamos, ni los desconocemos en la propuesta del Referendo.

Estaba leyendo el uno y el otro. Confío que Colombia salga bien librada en las semanas que vienen en Ginebra. Cuando el mundo conozca lo que venimos haciendo en Emcali con los sindicatos de trabajadores para salvar esta empresa y para hacer el tránsito del sindicalismo reivindicativo al participativo. Para sacar adelante figuras tan importantes para unir esta sociedad, como el contrato sindical. Para no quedarnos en la alternativa con dos opciones de lo estatal -con riesgo de quebrarse- o privatizarlo todo para buscar la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas estatales.

Confío que la OIT conozca qué estamos haciendo para salvar a Paz del Río y que sus trabajadores sean fundamentalmente sus dueños Confío en que la OIT sepa qué estamos haciendo para impulsar capitalismo social en las empresas de servicios públicos.

Confío que la OIT registre las estadísticas, la disminución de los asesinatos de líderes sindicales en Colombia. Es muy grave que asesinen uno, pero la tendencia hay que reconocerla. Cuando este Gobierno asumió estaban asesinando 114 por año. En los últimos meses la estadística más pesimista me habla de que han asesinado a nueve. Ni uno sólo por razones políticas.

Para demostrar nuestro compromiso con esa Seguridad Democrática estamos haciendo especiales esfuerzos para proteger el sindicalismo, el periodismo. Claro que en el Gobierno uno se preocupa y se tensiona cuando una ONG dice que estamos violando el DIH porque tenemos soldados campesinos. ¿Cuál ha sido mi respuesta? Hay que insistir con los soldados campesinos. Explicarle a la ONG, respetar la discrepancia y que esta democracia colombiana, en esta etapa fundamental donde queremos derrotar el terrorismo, se muestre ante el mundo como un libro abierto. Hay que protegerlos así tengamos todas las discrepancias con ellos. La orden es una: protegerlos totalmente y proteger el periodismo. Confío que la OIT reconozca esos esfuerzos y que definitivamente superemos la amenaza que viene desde hace mucho rato de que a Colombia le asignen la Comisión de Encuesta.

Hay unos temas que ofrecí en la campaña. Otros que ahora están en el texto del Referendo y no los mencioné expresamente en la campaña.

Veamos los fiscales. Pero preguntémonos: ¿se violó la unidad de propósitos? NO. Hace parte de la propuesta esencial de derrotar el Estado burocrático y clientelista, para poder llevar nuestro Estado a que tenga mayor capacidad de inversión social. Que el país escoja entre clientelismo y educación. Entonces acepto. Sí, son temas que no mencioné expresamente en la campaña, pero guardan unidad de propósito con todo lo que se dijo en la campaña.

Quiero disipar esta duda, eso no lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Aquí está el Ministro de Hacienda, cuando nosotros logramos formar el convenio con el FMI, el Congreso ya había aprobado el Referendo. Y les voy a decir qué encontramos nosotros: encontramos un déficit en el sector central del Estado del seis por ciento. Históricamente se maneja con el superávit del sector descentralizado, entonces no se le asignaba mucha importancia al déficit central porque se decía: eso se resuelve. Se enjuga con las utilidades de Ecopetrol, con las de Telecom, con las del Seguro Social, poniendo utilidades muy ficticias que empiezan a desvanecer. Como lo voy a referir, ese déficit se rebajaba al 4,1 por ciento del PIB. Le he preguntado a muchos de mis amigos que piensan diferente en cuestiones económicas: ¿Para qué conseguimos un techo de déficit más alto con el Fondo Monetario, si no tenemos con qué financiarlo? ¿Las alternativas de financiación: que el crédito externo? Nosotros encontramos los mercado cerrados, porque muchos habían entendido que el Estado había copado su capacidad de endeudamiento. Otros que la moratoria de la deuda. Yo no voy a cometer la irresponsabilidad de cambiar la vía colombiana. Colombia ha sabido reciclar, ganándose la confianza de los mercados. Además el 50 por ciento de esa deuda es de ahorradores colombianos, de pensionados colombianos y nadie sabe lo que es reparar una confianza perdida.

Miren, vamos por buen camino en medio de estas dificultades. Colombia, este año, es el país con mayor desembolso en el Banco Interamericano. Cuando yo llegué, el BID se proponía desembolsarnos este año 300 millones de dólares y le teníamos que pagar mil. Gracias a todas estas reformas, ahora nos va a desembolsar más de lo que tenemos que pagar. Hemos recuperado la confianza de los mercados. ¿Qué tal perderla? Pregúntenle a nuestros vecinos del sur, que vienen de escuelas económicas de izquierda, ¿cómo quisieran estar en nuestra situación con los organismos internacionales?. Se resuelve el problema, por algunos, con emisión. Miren lo sensible que es la inflación. Un aumento de impuestos, una tasa más competitiva de cambio -por la que hemos peleado, que ha ayudado bastante al cafetero, al agricultor nacional, al exportador. Una economía con mayor dinamismo e inmediatamente aparecen amenazas inflacionarias. ¿Qué tal que cometiéramos la irresponsabilidad de inundar al país de emisión? Si con estos esfuerzos se pone en amarillo el semáforo inflacionario, nos da señales de alarma, ¿qué tal que cometiéramos esas irresponsabilidades?

No es fácil nosotros en el Gobierno mantenemos una profunda deliberación, en el buen sentido, yo le peleo a toda hora al Ministro Junguito, deliberamos. A la Junta del Banco de la República a ver cómo tenemos más dinero para lo social. Pero creo que vamos bien, en medio de estas grandes dificultades que vamos a ir sorteando.

¿Qué propuestas me presentaron a mí como presidente electo? Una de ellas, ¡óigase bien! gravar todos los bienes y servicios, como tarifas de energía, gastos médicos y educación con un 16% de IVA o subir todo lo que estaba en el 16 al 34 por ciento. ¿Qué buscamos nosotros? Una canasta de soluciones, unas reformas tributarias más moderadas y, al mismo tiempo, unos mayores esfuerzos en control del gasto y eso nos llevó a tener tres escalas en el IVA : 16 %, 7% , 2%. Con la tarifa del dos aplicable a partir del primero de enero del 2005 para lo que está en el corazón de la canasta familiar. Muy diferente al 16%, pero teníamos que compensar el esfuerzo con el gasto público. Entonces vino la congelación de salarios. ¿El proceso? Yo no tengo claridad de que nosotros lo podamos hacer sin norma constitucional. Si lo pudiéramos hacer, lo hago por Decreto y asumo la responsabilidad y se la quito al Congreso y al Pueblo. ¿Por qué no tengo claridad? porque lecturas de jurisprudencias de la Corte me han hecho pensar lo contrario. Entonces por eso tuvimos que acudir al nivel constitucional.

Veamos el efecto de esa congelación de salarios: dos años para aquellos funcionarios públicos que devenguen por encima de dos salarios mínimos legales mensuales. Por debajo de ese tope está el 71 por ciento de los trabajadores. Es decir, que afecta sólo al 29%. Cuatro años de congelación para los funcionarios públicos que devenguen por encima de 25 salarios mínimos mensuales. Son 1.800. Ese sacrificio no es mucho, pero ayuda mucho.

Yo recuerdo, en las discusiones en el Congreso, se decía que eso afectará el crecimiento de la economía. Como va la economía, creemos que nos está demostrando que no la afecta, por el contrario, el juicio en el manejo de ese tema nos va a ayudar a hacer más obras públicas, a invertir en lo social.

Educación, salud y pensiones

Miren en la educación, los aparentemente afectados, los mastros, tienen una salvaguardia que es el escalafón. El escalafón no queda congelado.

En la salud, es una gran contribución que salvemos los hospitales públicos. Este Gobierno se ha comprometido a salvarlos, por eso se creó, por parte del Congreso a propuesta del Gobierno, un impuesto a la telefonía móvil adicional para salvar los hospitales públicos.

¿Saben para dónde van los ahorros del sector salud y del sector educación? A los fondos departamentales de pensiones, para salvar las pensiones del sector salud y del sector educación.

Las pensiones. El 80 por ciento de los colombianos tienen pensiones por debajo de dos salarios mínimos, a ellos no les conviene. Unos poquitos las tienen por encima por encima de 25 salarios mínimos. A los últimos se les congelan por cuatro años. A los primeros, por dos años. En ambos casos son una minoría.

Pero miren lo más triste, apenas una mínima cantidad de colombianos puede aspirar a tener una pensión. Hoy sólo tenemos afiliados al sistema pensional a 4 millones de ciudadanos y un poco más de un millón de pensionados. Eso es una tristeza.

Esta reforma tuvo mucha concertación. Yo tengo buena memoria, ahora que uno de los ilustres antecesores en el uso de la palabra decía que estábamos afectando la autonomía de las regiones, recuerdo que uno de los pedidos del Congreso -y lo compartí plenamente y de inmediato-- fue que la congelación no cobijara las transferencias, y no las cobijó. Al otro día, un distinguido vocero de la oposición cobraba eso en las emisoras como un gran logro suyo. Espero que no nos abandone a la hora de sacar el referendo adelante.

Con los maestros, hay que mirar todo el proceso legislativo. Acabamos de tener una gran concertación. Prácticamente en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo queda definido el nuevo sistema de pensiones del magisterio, nos pusimos de acuerdo con ellos, se les preserva su Fondo: a los antiguos se les mantienen sus condiciones, pero se comprometen a aumentar cotizaciones. Los nuevos entran con las condiciones del sistema general y los que están en transición quedan sometidos al régimen general de transición del referendo, que elimina los sistemas general, pero con una transición hasta el 2007. Salvo el del Presidente de la República que lo eliminaría de inmediato y sería el primer ex presidente sometido al régimen general de pensiones.

Esto no ha sido una aplanadora contra sectores sociales. Aquí estamos buscando alternativas para sortear una situación muy difícil que hemos tenido que enfrentar.

Quiero referirme al Literal i. No al tema de unidad de materia, sino al tema de unidad de criterio, de propósitos. Todos los artículos del referendo están conectados con el propósito de derrotar la politiquería, de derrotar la corrupción. Cuál más, cuál menos. Hay unidad de propósito, están conectados con el concepto social, económico del Estado Comunitario.

Le decía yo al doctor Camilo Ospina: ¿cúal le parece que tenga bien difícil conexión y me decía: el de la prórroga de los periodos de los senadores y los alcaldes. Dije ¿usted sabe que implica eso? De pronto, es más pesada la carga en la compañía de ellos, que sin la compañía de ellos porque ¡como están de desgastados los gobiernos al final del mandato! De pronto políticamente sería mejor buscar a los candidatos que aparecen bien colocados en las encuestas, pero a mi me parece un ejercicio pedagógico bien importante. Le dije a la Federación de Alcaldes y de Gobernadores: pónganse las pilas tienen que conseguir el apoyo popular y eso hoy no es comprado. Hoy no es con gamonalismo, miren a ver donde han errado, corrijan equivocaciones reconcíliese con el pueblo. Ese reto está profundamente ligado con un proceso de limpieza en las administraciones locales.

Yo creo que es más difícil adelantar un referendo, que si bien no tiene que coincidir en fecha electoral --o de pronto no puede, no conozco bien el punto jurídico-- con elección de gobernadores y alcaldes este año, por lo menos va a coincidir en campaña si no se permitiera la prórroga por un año. Eso si que es más difícil para el referendo, porque ahí si que van a meter a la gente en la refriega local y de acuerdo con las conveniencias, unos se van a acomodar a favor del referendo y otros en contra del referendo.

El tema de las personerías, de las contralorías. El de las personerías, el artículo 161, mi lectura elemental de esta Constitución del artículo 161 me dice que el concepto de discrepancia no se excluye con el concepto de contradicción. Si ambos proyectos están aprobados por ambas Cámaras, pero la una le dijo a un artículo no y la otra sí, hay aprobación del proyecto y discrepancia en algunos textos.

Y el articulo 161 dice claramente que: "si después de repetición del segundo debate persisten las diferencias se considerará negado el proyecto".

Las cámaras tienen la oportunidad de volverse a pronunciar sobre lo que les propongan las comisiones de conciliación. Miren, nosotros no estamos afectando la autonomía de las regiones. Ya había avanzado la Ley 617 en esto, obligó a reducir los costos de personerías y contralorías. Hoy quedan muy poquitas personerías en Colombia, las más costosas están en las grandes ciudades empezando por Bogotá.

Si este referendo se aprobara en su totalidad, para Bogotá equivale más que una Reforma Tributaria y siempre es mejor sacar esa platica de la eliminación de la politiquería, que de nuevos gravámenes a los ciudadanos. Para el pueblo bogotano eso es de gran importancia.

Repasando la lucha colombiana por la descentralización, aquí durante un siglo se batalló por la elección popular de alcaldes y después más tarde se empezó a batallar por la de gobernadores, por la descentralización política, por la descentralización administrativa, por descentralización de manejo de recursos, porque poco hemos avanzado en la posibilidad de descentralizar tributos.

Se dio un paso bien importante cuando el doctor Jaime Castro era ministro de la administración Betancourt en esa materia y bastante avanzó en materia de transferencias la Constitución de 1991.

El control no ha sido punto esencial en la discusión de la descentralización, entonces hoy estaríamos centralizados porque quedan pocas contralorías y unas pocas personerías. Y lo digo: las hay buenas, pero la norma es que se han utilizado para degenerar con clientelismo la política local.

Yo le consulté al señor Procurador y al señor Contralor si con la misma planta podían prestar esas funciones y ambos me dijeron que sí. Yo no fui improvidente al presentar la propuesta. Y qué bueno que esos dineros se puedan utilizar en educación. Además lo propusimos en la campaña. Ahí no solamente hay identidad de propósitos, sino identidad en el discurso de campaña y el texto.

Yo fustigué duramente como candidato presidencial el manejo de las regalías y me declaro inconforme porque desde la Presidencia de la República no hemos podido derrotar la corrupción de las regalías. Qué bueno que se aplique este referendo para que las regalías tengan que atender lo primero que se necesita: mejorar la equidad distributiva que es la educación. No estamos afectando los principios descentralistas de la Constitución.

Se ha dicho que la propuesta de Reforma Política afecta a las minorías. De ninguna manera, problema esencial de la política colombiana ha sido la dispersión. Aquí hay un reagrupamiento prudente. La Cámara de Representantes tendrá que ver esta semana que le conviene más al país, si el reagrupamiento prudente del Referendo o el excesivo del Congreso. El reagrupamiento prudente del Referendo corrige la dispersión sin afectar a las minorías. El umbral prudente va en la misma dirección, concepto en la lista repartidora de la cifra repartidora.

Hombre, la verdad es ésta: es muy difícil manejar el texto de un Referendo. Si uno explica eso en el Referendo, le dicen que es una norma abstracta que los campesinos se van a enredar leyéndola y si no la explica le dicen que está engañando a la gente, que tiene un tapado. Yo presumo que el pueblo colombiano ha madurado sustancialmente en materia política. Yo presumo que al pueblo colombiano no lo van a seguir arriando para que vote de una u otra manera.

Además ¿qué es la cifra repartidora? Es una expresión moderna de las garantías de las minorías, como son el cociente y el residuo. Sobre eso no ha habido mayores discrepancias. En el Congreso no las hubo. Había discrepancias cuantitativas sobre el umbral, pero sobre la cifra repartidora y sobre la necesidad de utilizar instrumentos de esta naturaleza para corregir la dispersión no hubo mayores discrepancias, hasta donde pude seguir los debates del Congreso.

Entonces ¿por qué le creamos suspicacias a una norma sana? No es fácil de entender, pero es mejor tener la franqueza de ponerla en el Referendo que ocultarla y que todo mundo está convencido de que es útil para la democracia.

El tema de la droga. Alguna vez le oí decir al general Rosso José Serrano que la droga en Colombia corrompió hasta la guerrilla. Aquí tengo las cifras, las voy a dejar en la Secretaría de la Corte. Respetable la sentencia de 1993, pero a partir de ese momento aumenta sustancialmente el consumo de droga en Colombia y se debilita la preocupación de los jóvenes por la droga.

Muchos candidatos presidenciales en el 94 propusieron la reforma constitucional para que esto se pudiera sancionar y abandonaron el tema. Del tema hablamos en la Campaña, no lo propusimos en el texto inicial del Referendo, pero entró en las discusiones en el Congreso. Sano, uno no puede estar fumigándole los cultivos a los campesinos, extraditando colombianos y enseguida con una actitud permisiva frente a los consumidores de droga.

Además, ahí no hay sanciones napoleónicas, apenas unas sanciones políticas y morales, se excluye la pena privativa de la libertad. Entonces uno encuentra que estos temas son bastante defensables, pero habrá tiempo.

Los derechos del elector, un tema jurídico. El artículo 378, dice: "Será presentado de manera que los electores puedan escoger en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente".

Yo no veo que haya una contradicción entre esa redacción y el espíritu que denota el voto en bloque, que se permite en la Ley estatutaria de los mecanismos de participación.

Déjenme decir esto: La libertad del elector no se puede circunscribir al texto. Hay que mirarla en el contexto, en el país, es una cuestión de Estado. La libertad al elector la están protegiendo ustedes. La libertad al elector la protegió el Congreso con el debate. La libertad del elector la protegió este largo periodo de Referendo en Colombia. Hace 10 meses lo radiqué en el Congreso y todavía, le falta una etapa procesal tan importante como el control de la honorable Corte.

Este país tiene libertad de independencia de la televisión. Yo he sido un enemigo de que la comisión de televisión se gaste 20 mil millones, tiene que ser austera, pero soy un defensor de la institución de la televisión independiente. Miren, si analizamos este Referendo en concordancia con las otras propuestas del Gobierno, con lo que pasa en el país, en Colombia tenemos el mayor desafío terrorista del mundo y la mayor libertad de prensa.

A mi se me dijo que una de las propuestas que tenía que hacer era modificar los estados de excepción para darle al ejecutivo la facultad de suprimir transitoriamente libertades como la de prensa y me negué a hacerlo.

Si ustedes ven las normas que hemos propuesto para la lucha antiterrorista, verán que no afectamos las libertades. La Registraduría, es independiente. Por Dios, yo ruego que la libertad del elector se mire en el contexto de lo que pasa en Colombia.

Tengan la certeza que recuerdo claramente las lecciones de mi ilustre profesor, el hoy senador Carlos Gaviria sobre el Estado de Derecho y he procurado, a pesar de las discrepancias, aplicarlas, especialmente, dos para él puntos fundamentales de la estructura del Estado de Derecho: el sometimiento del gobernante a la Ley y la libertad y la garantía de las libertades públicas.

Quiten el temor de que aquí hay tentaciones napoleónicas o plebiscitarias. Yo soy un demócrata con autoridad, pero sé y he practicado, que es aquello que diferencia la autoridad del autoritarismo. Fundamentalmente ese límite lo traza el sometimiento del gobernante a la Ley.

Gracias, señores Magistrados".

Junio 4 de 2003

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