Apunto de cumplir primera vuelta
COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO APROBÓ REFORMA CONSTITUCIONAL ANTITERRORISTA
Bogotá, 5 jun (CNE). La Comisión Primera del Senado de la República aprobó de manera unánime la reforma constitucional antiterrorista, que modifica los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Carta Política, y que entrega mayores herramientas a la Fuerza Pública para combatir y prevenir todas las modalidades del terrorismo y la delincuencia en Colombia.
Este proyecto de acto legislativo entrega facultades a la Fiscalía General de la Nación para conformar Unidades Especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares que, bajo la dirección y coordinación del organismo investigador, cumplirán funciones operativas de apoyo, protección y auxiliares de las mismas.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, resaltó que “lo importante es que va a ser la Fiscalía la que va a estar al frente de las Unidades de Policía Judicial, y que las Fuerzas Militares van a cumplir un papel de auxiliares de policía judicial, condicionado a que sean miembros de las Fuerzas Militares que hayan recibido entrenamiento especial en policía judicial. Será entonces la Fiscalía la que determine qué labores judiciales desarrollarán los militares”.
Con la reforma a los artículos 15 y 28 de la Constitución, se daría autorización a las autoridades administrativas para realizar capturas con fines de identificación, así como allanamiento e interceptación de comunicaciones de manera preventiva sin orden judicial.
Cualquiera de estas acciones deberá ser informada en un plazo máximo de 36 horas a las autoridades competentes.
“Los allanamientos e interceptaciones quedan para casos totalmente excepcionales y sujetos a una ley estatutaria que establecería los procedimientos y los controles”, señaló el senador Rafael Pardo.
La manera como se realicen los allanamientos y las interceptaciones será reglamentada a través de una ley estatutaria que será radicada por el Gobierno en el Congreso en la próxima legislatura.
La reforma constitucional antiterrorista también permitirá la realización de un informe de residencia de los habitantes del territorio colombiano.
Dicha información sería recolectada y administrada por los alcaldes municipales en aquellos sitios donde el Gobierno lo solicite, por razones de orden público, y podrá ser consultada para desarrollar funciones de policía judicial bajo la vigencia de quien haga las veces de Ministerio Público.
“Este empadronamiento no va a ser manejado directamente por la Fuerza Pública sino por autoridades civiles. La información sí podrá servir para prevenir actos terroristas y adelantar pruebas judiciales”, resaltó la Ministra de Defensa.
El proyecto de acto legislativo pasa ahora a la plenaria del Senado para completar el trámite en primera vuelta. Por ser una reforma constitucional, la iniciativa deberá cursar la segunda vuelta en la próxima legislatura –a partir del 20 de julio–, para que pueda ser promulgada
