DISCURSO DE LA CANCILLER ANTE LA OEA
Santiago de Chile, 9 jun (CNE). La siguiente es la intervención de la ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, durante el período número 33 ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA):
“LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LAS AMÉRICAS
En primer lugar, deseo agradecer al Gobierno de Chile la invitación que nos hiciera para celebrar la 33ª Asamblea General de la OEA en esta bella y hospitalaria ciudad. También quiero agradecerle a usted, señora Ministra, su propuesta de discutir el tema de la Gobernabilidad Democrática en las Américas, así como la presentación que hizo ante el Consejo Permanente el pasado 30 de abril, cuyo contenido representa un aporte significativo para nuestro debates sobre un tema que es del mayor interés para el fortalecimiento de la democracia en el hemisferio.
Permítanme expresar que comparto sus planteamientos sobre la necesidad de elaborar una Agenda de Gobernabilidad Democrática de las Américas. Como usted bien lo señaló, los avances recientes en la recuperación de la democracia representativa en las Américas aún no han logrado ser traducidos en progreso económico y social para nuestros pueblos. Se requiere ahora añadirle la dimensión de la “gobernabilidad” como un factor esencial de estabilidad a fin de lograr el progreso y la paz.
Las democracias del continente se enfrentan cada día a múltiples y nuevos desafíos. La legitimidad de los gobiernos, su capacidad para abordar las problemáticas sociales de toda índole, el imperativo de reconstrucción de los tejidos sociales, la recuperación de los contenidos políticos en el diseño de las políticas publicas, de su la necesidad de fortalecer las instituciones, y ampliar la presencia del Estado y la seguridad para todos los ciudadanos son, entre otros, las grandes cuestiones con las que tienen que lidiar cada día nuestros gobiernos para preservar y defender la democracia.
De igual manera, la búsqueda de una sociedad cada vez más participativa, de partidos políticos más fuertes y transparentes que puedan transmitir y encauzar las justas necesidades de los pueblos, son también importantes retos para nuestras democracias.
En este sentido, se entiende que la agenda de gobernabilidad democrática incluye no solo los temas de transparencia y buen gobierno, sino toda una serie de asuntos que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, la construcción de sociedades más equitativas y justas, la prioridad para atender las demandas sociales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los partidos políticos.
Uno de los grandes desafíos de las sociedades democráticas en América Latina tiene que ver con el desencanto de las poblaciones por la política y su búsqueda de respuestas a sus demandas y lideres capaces de asegurarles un futuro mejor.
Las colectividades políticas, en cambio de adoptar estrategias apropiadas que les permitan defender los intereses que representan en el marco de las nuevas realidades globales, se han resistido al cambio y se desactualizaron. La clientelización de sus gestiones y los actos de corrupción en que han incurrido algunos de sus representantes, lo mismo que la falta de eficacia en el propósito de ofrecer realidades de bienestar a las comunidades, les hicieron perder credibilidad y apoyo.
Pero no hay sustitutos para los Partidos, ni las fallas en que han incurrido sus miembros y especialmente sus dirigentes se puede atribuir a las Instituciones. Por eso hay que propiciar situaciones que permitan su mejor organización, estimular la renovación de sus cuadros directivos, profundizar el debate ideológico y crear condiciones para que se conviertan en los más sólidos soportes de la democracia y la estabilidad social.
Los Estados del hemisferio tenemos la responsabilidad de asumir estos retos en beneficio de nuestros pueblos. Pero también contamos con un acervo hemisférico de instrumentos jurídicos y políticos para la promoción, defensa y consolidación de la democracia, como son, entre otros, la Carta de la OEA, la Resolución 1080, la Carta Democrática Interamericana, la amplia gama de instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Debemos darle plena aplicación a estos instrumentos y construir una agenda integral de Gobernabilidad Democrática en el seno de la OEA, que comprenda toda la gama de acciones políticas, económicas y sociales que requieren hoy nuestras democracias.
Permítame ahora hacer una referencia al caso colombiano. El caso de Colombia es paradójico. Colombia es el país de América Latina con la democracia más duradera y estable. La sociedad colombiana ha preferido siempre los gobiernos civiles, ha defendido su derecho al voto y ha creído en sus instituciones. Las fuerzas Militares siempre han actuado dentro del marco consagrado por la Constitución Política.
Si estuviéramos mirando el tema de Gobernabilidad desde un punto de vista clásico, podríamos decir que Colombia es un país con unos niveles de gobernabilidad dentro del promedio. Su Gobierno goza de legitimidad, es una democracia con instituciones legítimas, sólidas y respetadas. A pesar de las dificultades en Colombia hay un Estado de Derecho, un Gobierno transparente dispuesto a compartir con los ciudadanos los aciertos y errores y existe la más amplia libertad de expresión.
Sin embargo es necesario reconocer que hay ciertos problemas de gobernabilidad. Los partidos políticos tradicionales han perdido terreno y ha habido fragmentación y proliferación de partidos políticos. La abstención y la apatía son altas y recientes esfuerzos de descentralización, si bien han tenido resultados positivos, han aumentado los casos de corrupción. Así mismo, no hay presencia gubernamental efectiva en todo el territorio y se presentan frecuentes incidentes de violencia política que generan temor al disenso y desestimulan la participación democrática.
En Colombia la violencia y la inseguridad generadas por el terrorismo y financiadas por el negocio transnacional de las drogas ilícitas y sus delitos conexos, así como por actividades criminales como el secuestro y la extorsión, comprometen el desarrollo económico y social de la nación, vulneran el Estado de Derecho, debilitan la institucionalidad democrática y victimizan a la población civil. Este es un ciclo que sólo podrá romperse si a los esfuerzos y sacrificios del Gobierno y del pueblo colombianos, se une el compromiso firme y decidido de la comunidad internacional.
La gobernabilidad democrática implica necesariamente el fortalecimiento del Estado de Derecho y el restablecimiento del imperio de la Ley. Esto es lo que el Presidente Uribe ha denominado su programa de Seguridad Democrática.
Ello conlleva, entre otras acciones, confrontar el terrorismo, hacer eficiente la Administración de Justicia, e integrar a toda la comunidad en el respeto y acatamiento a unas reglas del juego dentro de las cuales se puedan dilucidar con el mayor pluralismo las contradicciones partidistas y sociales.
El reto de hoy para Colombia es defender su democracia y sus instituciones. Es recuperar la seguridad del pueblo colombiano. Es fortalecer la presencia del Estado en todos los lugares de Colombia. Es darle opciones a los colombianos para su desarrollo. Es disminuir las inequidades, devolverle el hogar a los desplazados, sacar a los niños de la guerra, permitir a los campesinos regresar a sus lugares de trabajo.
Es necesario también realizar cambios profundos en el campo político. Se requiere entonces el fortalecimiento y la renovación de los partidos políticos, una forma más sana de ejercer la política, una mayor transparencia en la gestión publica, profundizar la lucha contra la corrupción, darle mayores opciones de participación a la sociedad civil. El Gobierno colombiano es consciente de sus responsabilidades en este campo y las ha venido cumpliendo.
Así mismo, el Gobierno del Presidente Uribe ha propuesto el Plan Nacional de Desarrollo con el cual busca hacer frente a la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la corrupción. El Plan Nacional de Desarrollo busca mejorar la gobernabilidad mediante programas para incrementar la transparencia y eficiencia del Estado, renovar la administración pública, fortalecer la democracia local y la participación de la sociedad civil en la gestión pública.
El pasado 24 de mayo, con ocasión de la XVII Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río realizada en la ciudad del Cusco en Perú, los países miembros del Grupo de Río emitieron una declaración en la cual instan al Secretario General de las Naciones Unidas a que utilice sus buenos oficios para impulsar decididamente un proceso de paz en Colombia, exhortando a los movimientos guerrilleros que operan en el territorio a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y entrar a un diálogo abierto y transparente que permita llegar a una solución pacífica y definitiva al conflicto colombiano, que cada vez afecta más a los países vecinos de la región. El Grupo de Río también aclaró que si este proceso no tiene el éxito deseado, buscarán en coordinación con el gobierno colombiano otras alternativas de solución. El Gobierno colombiano agradece la solidaridad demostrada por el Grupo de Río y espera que la misma sea compartida por los demás miembros de la OEA.
No quisiera terminar sin expresar mis agradecimientos más sinceros al señor Presidente Ricardo Lagos por su sentido llamado a la solidaridad con Colombia y por su generoso apoyo a la solución del conflicto que afecta mi país.
Mi gratitud quiero hacerla extensiva a todos mis colegas que han hecho público su acompañamiento a los esfuerzos del Gobierno colombiano en su búsqueda de la paz.
La paz de Colombia contribuirá a los deseos de fortalecer la gobernabilidad en las Américas.
Muchas gracias”.
