Aprobada en plenaria del Senado

REFORMA CONSTITUCIONAL ANTITERRORISTA CUMPLIÓ PRIMERA VUELTA

Bogotá, 18 jun (CNE). La plenaria del Senado de la República aprobó esta noche la reforma constitucional antiterrorista, que le da mayores herramientas a la Fuerza Pública para combatir el terrorismo y permite la creación de unidades de policía judicial en las Fuerzas Militares, coordinadas por la Fiscalía General de la Nación.

Con esta determinación, el proyecto de acto legislativo completó su primera vuelta, por lo que deberá ser estudiado de nuevo por el Congreso de la República en la próxima legislatura, que comienza el próximo 20 de julio.

"Con estas facultades vamos a poder trabajar mucho más en prevención del terrorismo, y lo más importante es que los ciudadanos van a tener la garantía que no van a implicar arbitrariedades ni amenazas para los ciudadanos", expresó la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón.

El proyecto, propuesto por el Gobierno Nacional, modifica los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política, con el fin de crear las bases jurídicas para una Ley Estatutaria que reglamente los cambios que permitirán aumentar la eficacia en la lucha contra el terrorismo.

Así las cosas, la iniciativa propone que se permita la interceptación de llamadas, correspondencia y otras formas de comunicación privada para prevenir actos terroristas.

También permitirá la detención con fines de identificación o el allanamiento de inmuebles sin previa orden judicial, con el fin de evitar actos terroristas. En cualquiera de los casos, estas acciones deberán ser puestas en conocimiento de los jueces dentro de las 36 horas siguientes al operativo, para que ellos resuelvan la situación jurídica.

De la misma manera, permitirá el empadronamiento. Es decir el registro de los habitantes de un municipio o zona del país en donde el Gobierno lo considere necesario.

En cuanto a las facultades de policía judicial para las Fuerzas Militares, el proyecto establece que estas unidades serán creadas, capacitadas y coordinadas por la Fiscalía General de la Nación.

El Congreso de la República incluyó dentro de la iniciativa lo que se ha denominado "salvaguardas democráticas", consistentes en el informe que el Gobierno deberá presentar al Legislativo cada 6 meses sobre el uso de estas facultades.