Bogotá, 20 jun. (CNE).- La política de Seguridad Democrática exige que el gobierno esté totalmente apegado al principio normativo de tomar decisiones discrecionalmente, sin motivaciones, por exclusivas razones de buen servicio público.

EL Gobierno tiene que acatar y cumplir las decisiones que emanen de la justicia sobre la Fuerza Pública, además debe colaborar con dicha rama de acuerdo con el mandato Constitucional.

El Gobierno no debe motivar ni en los decretos, ni en el Congreso, ni en los medios de comunicación las decisiones discrecionales sobre la Fuerza Pública que exige la garantía del buen servicio público