Mininterior confía en que Corte se pronuncie en abril sobre exequibilidad
REFERENDO PERMITIRÁ A ALCALDES CULMINAR PROGRAMAS DE GOBIERNO
Bogotá, 11 mar (CNE). La ampliación por un año del período de los alcaldes y gobernadores, contemplada en el Referendo contra la Corrupción y la Politiquería, les servirá a estos mandatarios para culminar sus programa de gobierno, en beneficio de las comunidades.
Así lo manifestó hoy el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, a los alcaldes que participan en Bogotá en el Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios.
Al mismo tiempo, el funcionario expresó su confianza en que a más tardar en abril la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del trámite de la ley, para que la Registraduría pueda preparar la jornada de votación.
“El referendo goza de salud perfecta porque los elementos que lo originaron siguen igualmente vitales desde el momento en que el Referendo se diseñó: la voluntad de hacer alta política y la decisión de hacer una economía austera”, dijo el Ministro.
Para el funcionario, ninguna pregunta del Referendo debe ser objetada por la Corte, pues todas surtieron el trámite previsto en la ley.
Londoño defendió la prórroga por un año del período de alcaldes y gobernadores como medida para unificar de una vez el término de estos funcionarios, establecido en cuatro años a través de una reciente reforma constitucional.
Según Londoño, actualmente hay más de 150 municipios desfasados del calendario electoral.
Además de la prórroga del período para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, el Referendo busca castigar de por vida a los funcionarios públicos que malversen dineros públicos, destituyéndolos fulminantemente e impidiendo su regreso al Estado.
Para combatir la crisis fiscal por la que atraviesa el país, el referendo propone la congelación por dos años de los salarios de los funcionarios públicos que ganen más de dos salarios mínimos legales mensuales.
Los altos funcionarios del Estado, como el Presidente de la República, congresistas y magistrados de las Cortes, tendrán una congelación salarial por cuatro años.
Estas medidas buscan reducir el déficit fiscal y garantizar la existencia de recursos para pagar las pensiones futuras de los colombianos