Por solicitud de Minagricultura
GOBIERNO INVESTIGARÁ ANOMALÍAS EN PRODUCCIÓN DE PANELA
Bogotá, 11 mar (CNE). El ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano Sánz, pidió hoy al Ministerio de Hacienda revisar la facturación de los productores de azúcares en el país, tras encontrar irregularidades en las empresas fabricantes de panela.
El funcionario recordó que la Ley 40 de 1990, que reglamenta la producción y comercialización de panela, prohíbe el uso de azúcares y mieles provenientes de los ingenios.
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca detectó la adición de azúcar en la producción de panela en algunas zonas del departamento, desde el año 2000 hasta la fecha.
Estas irregularidades fueron dadas a conocer por el jefe de la cartera agrícola en carta enviada a su colega de Hacienda, Roberto Junguito Bonet, a quien solicitó que instruya a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para que revise la facturación de azucares y el destino de sus productos, con el fin de aplicar las sanciones que la ley establece por violación a la normatividad vigente.
Cano Sánz recordó que en los departamentos funcionan los Comités Departamentales de Control y Vigilancia para la Calidad de la Panela, los cuales se encargan de establecer actividades y operativos en los establecimientos que derriten azúcar o utilizan mieles para producir panela adulterada.
Dichos comités están integrados por Secretarías de Salud, Agricultura y Gobierno, Policía Nacional, Fiscalías Regionales, Procuraduría Delegada y representantes de los productores de panela.
Cálculos de Fedepanela indican que el 30 por ciento del consumo total nacional proviene de estos establecimientos, generando un acto económico negativo, especialmente sobre los pequeños productores.
Este comportamiento, además de ir contra la ley, representa un engaño al consumidor final. Además, por ser un producto de menor precio, desplaza del mercado a los productores tradicionales y genera desempleo.
El ministro Cano aclaró que por fortuna son muchos más los ingenios que controlan el uso irregular de sus productos y que ven como “seriamente lesiva” para sus intereses la venta ilegal a los derretideros de panela
