En dos semanas pasa a la Cámara de Representantes
PLENARIA DEL SENADO APROBÓ REFORMA POLÍTICA
Bogotá, 6 may (CNE). La plenaria del Senado de la República aprobó el texto de la reforma política que introduce cambios en las costumbres políticas del país y modifica la elección del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil.
El proyecto, de 14 artículos, incluye el voto preferente, considerado por el Gobierno como un retroceso en la reforma política y que, a juicio del presidente Álvaro Uribe Vélez, “anarquiza” los partidos políticos en lugar de reorganizarlos, como es el propósito de su administración.
En ese sentido, el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, explicó en declaraciones a Radionoticias CNE que el voto preferente contradice el primer artículo de la reforma, que establece los lineamientos para que los partidos, movimientos políticos y grupos de ciudadanos organizados conformen sus listas para los cargos de elección popular.
“Ahora volveremos a hablar de partidos, volveremos a hablar de organización, que es lo mismo que hablar de ideas, de compromisos con la gente. Ya la política no se va a hacer para llevar a la Cámara, al Senado, a la Asamblea o a los Concejos a un personaje, sino para llevar una fuerza política que garantice que se harán allá las cosas que se prometen en las campañas”, dijo el Ministro.
Lo anterior, agregó, queda contradicho con el voto preferente que “vuelve la discusión de la política no en los partidos ni en los temas, sino en los personajes”.
Así las cosas, Londoño anunció que el Gobierno buscará eliminar este artículo de la reforma política durante la discusión en la Cámara de Representantes.
Londoño indicó que si el voto preferente se mantiene, el Gobierno demandará el artículo ante la Corte Constitucional, ya que éste no fue discutido en la primera vuelta del proyecto.
El texto aprobado en la plenaria del Senado mantiene el esquema de financiación de las campañas políticas a través del sistema de reposición de votos, pero sanciona con pérdida de investidura a los candidatos que excedan los gastos autorizados por el Consejo Nacional Electoral.
Al respecto se derrotó la proposición de hacer la financiación de las campañas de manera “preeminentemente estatal”, lo cual representaría desembolsos cercanos al billón de pesos, que saldrían del bolsillo de los contribuyentes.
En cuanto a los derechos de la oposición, el texto aprobado establece que los partidos y movimientos políticos cuyos candidatos hayan obtenido más del 5% de los votos en la última elección presidencial y ejerzan la oposición, “podrán usar el espectro electromagnético en tres ocasiones distintas durante el año, con las mismas condiciones que el Presidente de la República, con el fin de hacer pronunciamientos de interés público.
Así mismo establece el derecho de réplica para los partidos y movimientos políticos de oposición, que hayan sido víctimas de “tergiversaciones graves y evidentes” hechas a través de los medios de comunicación, por parte del Presidente o de sus ministros, para lo cual podrán hacer uso por una sola vez de los medios.
La reforma política también simplifica los requisitos para que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley o reformas constitucionales a consideración del Congreso, al reducir del 5% al 2% del censo electoral, la cantidad de ciudadanos que deberán suscribir estas iniciativas.
El Consejo Nacional Electoral ya no será elegido por el Consejo de Estado. Sus nueve integrantes serán escogidos por el Congreso de la República. Por su parte, el Registrador Nacional del Estado Civil no será seleccionado por el Consejo Electoral, sino a través del Consejo de Estado y tendrá un período de cinco años
