En primero de ocho debates en el Congreso
APRUEBAN FACULTADES DE POLICÍA JUDICIAL PARA FF.MM. EN CASOS EXCEPCIONALES
Bogotá, 7 may (CNE). La Fiscalía General de la Nación podría conformar Unidades Especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, el DAS o la Policía Nacional para atender aquellos casos en donde no exista una autoridad judicial y/o para combatir el terrorismo.
Estas facultades, así como la posibilidad de hacer detenciones con fines de identificación y el registro de domicilios para combatir el terrorismo, tendrán una vigencia de tres años, prorrogables por otros tres si así lo aprueba el Congreso de la República.
Así quedó establecido en el proyecto de acto legislativo que modifica los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Nacional y que fue aprobado hoy por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el primero de ocho debates.
Según la reforma, al artículo 250 se la agregaría un segundo parágrafo que quedaría de la siguiente manera: “Para combatir el terrorismo y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación podrá conformar Unidades Especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, el DAS o la Policía Nacional, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las Fuerzas Militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la Unidad Especial”.
Al modificar el artículo 15 de la Constitución, el proyecto de acto legislativo establece que a través de una ley estatutaria se reglamentaría la forma como las autoridades administrativas podrán interceptar la correspondencia y demás formas de comunicación.
De la misma manera, se facultaría a las autoridades administrativas a realizar detenciones con fines de identificación o registros domiciliarios sin orden judicial previa.
Sin embargo, el texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes establece estrictos controles para evitar desmanes de la Fuerza Pública al hacer uso de estas facultades.
Según el texto, cuando se intercepten comunicaciones, se detengan personas o se registren domicilios, cuando se trate de casos de terrorismo, se debe informar de manera inmediata a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza el control respectivo.
Así mismo estos hechos deben ser puestos en conocimiento de una autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes para que se resuelva la situación jurídica.
La célula legislativa aprobó que cada seis meses el Gobierno deberá presentar un detallado informe sobre la manera como se han aplicado estas facultades.
El ministro o ministros que sean políticamente responsables del mal uso de estas herramientas podrán ser objeto de moción de censura por parte del legislativo.
“Los funcionarios de la Procuraduría o del poder judicial que no ejerzan debidamente los controles a que se refiere este artículo incurrirán en pérdida del empleo, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar”, dice el texto aprobado hoy.
En cuanto a la prórroga de las facultades, la Comisión determinó que después de los tres años iniciales éstas podrán extenderse por el mismo período de tiempo si el Congreso en pleno, con una votación superior a las dos terceras partes, lo aprueba.
Finalmente, se incluyó un nuevo inciso al actual artículo 24 de la Constitución, a través del cual el Gobierno Nacional “podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional”.
Este proyecto de acto legislativo pasará en las próximas dos semanas a la plenaria de la Cámara de Representantes para su trámite. Por ser una reforma constitucional se necesita de dos vueltas para que sea promulgada.
Según el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, estas herramientas jurídicas le permitirán a las Fuerzas Armadas combatir con mayor eficacia el terrorismo y la tecnología con la que los grupos armados ilegales planifican sus acciones violentas.
El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Javier Ramiro Devia, afirmó que la aprobación de este proyecto es “un mensaje político claro del Congreso de apoyo a la gestión y a la política del Gobierno en la lucha contra los violentos”.
