COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA SOBRE NICARAGUA
Bogotá, 9 may (CNE). La Cancillería de Colombia expidió el siguiente comunicado:
“En relación con la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el equipo de Colombia, compuesto por distinguidos juristas nacionales e internacionales, viene revisando la memoria presentada por Nicaragua el 28 de abril de 2003, día en que venció el plazo fijado por la Corte. Mediante providencia del 26 de febrero de 2002, la Corte fijó el plazo para la presentación de la contramemoria de Colombia, el cual expira el 28 de junio de 2004.
Cabe advertir que en la etapa escrita, en la que nos encontramos ahora, todas las piezas procesales que producen las partes tienen carácter estrictamente reservado. Solamente en la fecha de apertura de la etapa oral, pero en ningún caso antes, la Corte puede decidir, en consulta con las partes, si los alegatos se pueden hacer públicos. Esto ha sido recientemente recordado por el Secretario de la Corte al Gobierno de Colombia. El Gobierno tiene la obligación de cumplir con esta exigencia, aplicable igualmente al Gobierno de Nicaragua.
De tiempo atrás un equipo de la Cancillería, encabezado por el Ex-Canciller Julio Londoño Paredes, quien es el Agente de Colombia ante la Corte, y el Ex Magistrado, Ex Presidente de la Corte Constitucional y Embajador en La Haya, Vladimiro Naranjo Mesa, quien es el Coagente, ha venido estudiando el tema en todos sus aspectos. Este equipo se ha beneficiado de aportes de entidades como la Armada Nacional, la Sociedad Geográfica de Colombia, la Dirección General Marítima, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —igac—, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura —inpa—, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —coralina—, la Gobernación de San Andrés, entre otras, y se ha beneficiado también de valiosos estudios encomendados a prestigiosos juristas colombianos.
También forman parte de este equipo asesor reconocidos internacionalistas, con vasta experiencia y conocimiento de la actividad de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entre ellos están algunos de los más prestigiosos juristas del mundo, incluido el abogado y tratadista británico Sir Arthur Watts, quien ha litigado en varios casos ante la Corte; el abogado estadounidense Stephen Schwebel, Ex Presidente de la Corte Internacional, y el abogado francés Prosper Weil, autoridad mundial en el tema del derecho del mar, así como el abogado colombiano Eduardo Valencia Ospina, quien fue por espacio de más de quince años, Secretario General de la propia Corte Internacional de Justicia.
En su solicitud del 6 de abril de 2001, documento éste que sí tiene carácter público, Nicaragua reclama la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y le pide también a la Corte trazar una frontera marítima. Colombia demostrará ante la Corte que las pretensiones de Nicaragua son infundadas, puesto que le asisten razones jurídicas e históricas que le han permitido el ejercicio continuo e ininterrumpido de su soberanía territorial y de su jurisdicción marítima, reconocida además por tratados celebrados con pleno apego a las normas y principios del Derecho Internacional, que ha venido cumpliendo de buena fe.
La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, órgano que ha sido permanentemente informado sobre el particular, será convocada para que, por tercera vez durante el presente Gobierno, se ocupe del caso con Nicaragua. La defensa de la soberanía, como propósito nacional, ha constituido tradicionalmente política de Estado. Preservando el cuidado y la discreción con que debemos actuar en este momento, se hace imprescindible el apoyo de todos los colombianos, sin distingos de ninguna índole, a la acción gubernamental. El Gobierno Nacional convoca a las ramas del poder público y demás instituciones del Estado, a los partidos y movimientos políticos, a los medios de comunicación, a la academia y a la ciudadanía en general, a sumarse al propósito común de defender los intereses nacionales de Colombia, asumiendo la responsabilidad histórica que ello implica. Es deber de todos trabajar en esa dirección.
En esta delicada materia, el Gobierno continuará procediendo con la máxima responsabilidad y mantendrá debidamente informado al país, teniendo el cuidado de que no se afecte la estrategia adoptada para la defensa del interés nacional. En esta tarea nos asiste la solidez de nuestros títulos y de los derechos incontestables sobre nuestro archipiélago que son de todos los colombianos. En asuntos como estos, que tocan con la defensa de la soberanía, la unidad nacional es imperativa.
Palacio de San Carlos.
Bogotá D.C., 9 de Mayo de 2003”.
