Obras de riego serán para agricultores, no para constructores
GOBIERNO INVERTIRÁ $5.500 MILLONES EN DISTRITO DE RIEGO DE MARIALABAJA
Bogotá, 21 may. CNE - Con el fin de reactivar el distrito de riego de Marialabaja, en el departamento de Bolívar, el Gobierno anunció que invertirá 5.500 millones de pesos para rehabilitar 9.660 hectáreas.
Así lo anunció el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, en Cartagena donde confirmó que el Gobierno asumirá la administración del distrito durante seis meses.
La intervención demandará recursos adicionales por 264 millones de pesos, para los gastos de personal, funcionamiento y adecuación de maquinaria, una vez sea liquidada la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Marialabaja (Asodimar), su actual operador.
La decisión fue adoptada con base en la concertación del Gobierno, las autoridades del departamento de Bolívar y los cultivadores de palma de aceite y ganaderos de la zona.
El objetivo es crear una entidad más eficiente, ya que la actual tiene capacidad para atender cuatro mil hectáreas de las casi 20 mil que podría irrigar el distrito si se utilizara en su totalidad la infraestructura existente, que incluye las represas Matuya y Arroyo Grande con 227 millones de metros cúbicos de agua.
Cano consideró que el Gobierno insistirá en esquemas autosostenibles y económicamente viables, que promoverán el sentido de pertenencia entre los usuarios con el fin de derrotar la cultura del no pago.
“En este Gobierno las obras de riego que se construyan serán para los agricultores, y no para beneficio de los ingenieros constructores. Tendrán entonces que tener una positiva relación de costo beneficio frente a la actividad agrícola y ganadera”, dijo.
El Ministerio de Agricultura, la Gobernación y los usuarios estudian si el esquema de concesión es el adecuado para el futuro del distrito de riego, tras la liquidación e intervención de seis meses que hará el Gobierno.
El director general del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), Carlos Altuzarra, explicó que las obras, realizadas entre 1967 y 1972, costaron 20.1 millones de dólares, de los cuales el 31 por ciento fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 69 por ciento restante por el Gobierno
