A través del Decreto 1350
PONEN REGLAS AL CHANCE
· Permitirá recaudar 250 mil millones de pesos adicionales para salud.
Bogotá, 30 may (CNE). Para brindar mayor seguridad a los apostadores, disminuir la evasión de aportes e incrementar los recursos para el sector salud, el Gobierno expidió el Decreto 1350 del 27 de mayo de 2003, que regula las normas de juego y los aportes del chance en Colombia.
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, explicó que la reglamentación contempla nuevos requisitos para los operadores del juego, que permiten mantener un margen de solvencia, acreditar patrimonio mínimo, otorgar garantías y cumplir oportunamente con los aportes al sector salud.
A todos los operadores del juego se les exigirá llevar registros de control sobre ventas diarias, discriminadas por puntos de venta, puestos fijos y colocadores. Así como entregar únicamente a los ‘chanceros’ inscritos ante la entidad concedente, los formularios de apuestas permanentes, y asumir los riesgos derivados de la operación del contrato de concesión, sin que éstos se trasladen al comercializador o punto de venta.
“La expedición de este Decreto define condiciones especiales que deben cumplir los operadores y establece mecanismos que permiten asegurar la disminución de la evasión”, agregó.
El titular de la cartera informó que en el 2002, por este concepto, el sector de la salud recibió recursos por 154 mil millones de pesos. Con la nueva norma el Ministerio espera recaudar 100 mil millones de pesos adicionales.
“Aspiramos que durante el primer año de vigencia del Decreto podamos recaudar cerca de 250 mil millones de pesos para el sector salud. Un 70 por ciento más en recursos para este sector”, añadió.
Palacio explicó que, adicionalmente, la norma contempla un Formulario Único Nacional de Apuestas Permanentes, para la declaración, la liquidación y el pago de derechos de explotación, gastos de administración e intereses. “Formulario que será suministrado por las administradoras de lotería tradicional”.
Respecto a las sanciones, el Decreto contempla cierre de establecimientos e intereses de mora del 200 por ciento para quienes no declaren el impuesto
