Fue radicado hoy en el Senado
VICEPRESIDENTE EXPONE PROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A VÍCTIMAS DEL SECUESTRO
--Contempla pago de salarios, cese de obligaciones y otros beneficios en materia económica, laboral, tributaria, educativa y de protección social a víctimas de secuestro y sus familias.
Bogotá, 10 nov (SNE). La más completa e integral respuesta humanitaria a las víctimas del secuestro y a sus familiares, fue radicada hoy en el Congreso de la República.
Se trata de un proyecto de ley concertado entre el legislativo y otras entidades del Estado con el Programa de Lucha contra el Secuestro de la Vicepresidencia de la República.
Esta iniciativa estructura un sistema de protección a las víctimas del secuestro en Colombia y aporta importantes soluciones en materia económica, laboral, tributaria, educativa y de protección social a las víctimas del secuestro y sus familiares.
La norma establece, entre otras disposiciones, la interrupción durante el tiempo del secuestro y un periodo adicional no superior a un año, contado a partir de la fecha en que el deudor recuperó su libertad, de todos los plazos de vencimiento de sus obligaciones monetarias, tanto civiles como comerciales, siempre y cuando no se encuentren en mora al momento del secuestro.
Además se propone que cuando tales obligaciones tengan como codeudores a cónyuges, compañeros o parientes del secuestrado, el cobro frente a ellos tampoco proceda. Y dispone que después de que el secuestrado recupere la libertad, las entidades financieras deberán reestructurar o renegociar las obligaciones en condiciones de viabilidad financiera para el afectado.
El proyecto de ley establece igualmente la prohibición a las empresas de despedir a las personas que sean víctimas de un secuestro durante el tiempo que estén en cautiverio, y que los familiares del secuestrado reciban los beneficios salariales, sin importar si el secuestrado tenía un contrato a término fijo o indefinido. Con esto se busca no dejar desprotegidas a las familias, pues si bien en la legislación actual existen normas para este propósito, es necesario unificar, aclarar y hacer funcionales los criterios y el sentido de este beneficio.
El proyecto propone un tope máximo de 25 salarios mínimos para el sueldo que se pagará a la familia del secuestrado, un valor justo y adecuado para mantener las condiciones de vida dignas sin generar un costo excesivo para el sistema productivo del país. En compensación propone una reducción del impuesto a la renta a las empresas que deban pagar salarios de personas secuestradas.
Por último y para proteger a los hijos de los secuestrados, la norma busca garantizar que las entidades educativas permitan a los estudiantes como mínimo la terminación del año lectivo o del semestre académico que se encuentren cursando en la misma institución, y que en caso de no ser posible el pago de los costos académicos ofrezcan facilidades de pago para las familias.
"Colombia es el país del mundo con mayor índice de secuestros y cada vez que ocurre un hecho como este, se desencadena una serie de problemas y calamidades para las víctimas y sus famillas como pérdida de ingreso, acumulación de compromisos y obligaciones que todavía no tienen respuestas adecuadas en nuestro ordenamiento jurídico, pese a que muchas veces ocasionan la ruina del grupo familiar. Este proyecto de ley es una respuesta adecuada para remediar esa situación", expresó el Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón.
El Proyecto de Ley - que fue radicado en el Senado por los congresistas Claudia Blum, Jairo Clopatoksky, José Renán Trujillo García y Hernán Andrade - es el resultado del esfuerzo y concertación de una mesa intersectorial de trabajo, en la que participaron además de la Vicepresidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, la DIAN, el Fondo para la Libertad Personal -Fondelibertad- del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Protección Social, algunos gremios de la producción y organizaciones no gubernamentales como la Fundación País Libre y la Fundación Nueva Esperanza.
