Comisionado de Paz en audiencia pública:
‘PROYECTO DE ALTERNATIVIDAD PENAL RESPONDE A ESFUERZOS COLECTIVOS DE PAZ’
Bogotá, 23 sep. (CNE).- El proyecto de alternatividad penal presentado a consideración del Congreso, no es una iniciativa en favor de los grupos de autodefensa sino una propuesta relacionada con los esfuerzos de paz colectivos que incluye a las Farc, al Eln, y a las autodefensas por igual, advirtió hoy el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
“No estamos legislando para un grupo, esa no es nuestra pretensión”, sostuvo el Comisionado, durante la audiencia pública realizada en la Comisión Primera del Senado.
Restrepo señaló que el propósito del Gobierno es el de buscar salidas negociadas y abrir la puerta a la reincorporación de grupos armados para que puedan, en el seno de la democracia, expresarse como opositores políticos y no armados.
Insistió en que los esfuerzos de paz son integrales, y reiteró que desde la política de seguridad democrática se espera la oportunidad de avanzar, simultáneamente, con los tres grupos al margen de la ley y consolidar la paz en el país.
“Estamos decididos a negociar la paz ya, tenemos toda la voluntad para hacerlo ya, queremos esos instrumentos adecuados para saber hasta dónde podemos llegar”, enfatizó Restrepo.
El Comisionado invitó a realizar un debate pedagógico con argumentos profundos y dijo que si finalmente, el Congreso decide que el proyecto no es el instrumento adecuado, el Gobierno quedará tranquilo porque el debate se habrá dado de una forma democrática.
Precisó que aunque en la actualidad se cuenta con un marco jurídico importante, como es la ley 782, se necesita un instrumento adicional y complementario que ofrezca penas alternativas a la cárcel, para aquellos acusados de cometer delitos atroces.
“Creemos que es importante hacerlo ahora cuando no se cuenta con la presión de estar en la fase final de un proceso de paz, ni cuando no se ha llegado a pactar con ningún grupo armado ilegal cuáles son los beneficios judiciales que se les quiere conceder”, dijo.
El Comisionado consideró que es la sociedad democrática y el Congreso, de una manera libre y espontáneamente, los que deben fijar cuáles son los criterios y normas eficaces para encontrar una salida negociada.
Sostuvo que es necesario alcanzar un nivel de verdad y preguntarse hasta dónde puede llegar la sociedad concediendo algún tipo de beneficio judicial a personas que han incurrido en delitos graves, en procura de la paz nacional. “Ese es el sentido de este proyecto”, aseguró
